El gobierno federal que comenzó aquel 1 de diciembre del 2012, teniendo como antesala la represión a la sociedad civil que protestaba en las afueras del palacio de San Lázaro en la Ciudad de México, ante la inminente toma de protesta de Enrique Peña Nieto como titular del Poder Ejecutivo Federal, terminará en tres días con cifras que evidencian su fracaso en el combate a los tres problemas lacerantes que enfrenta el país: la corrupción, la desigualdad social y la inseguridad.
El problema de la corrupción marcó al propio presidente, a familiares cercanos, a subordinados del gabinete y a militantes del mismo partido político, que en su gran mayoría sobreviven bajo el manto de la impunidad; la que por cierto amenaza con dejar intacta el nuevo gobierno. Incluso en un hecho sin precedentes, el 11 de octubre de este año, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional contra posibles actos de investigación, iniciados por las autoridades locales en contra de funcionarios federales.
En ese tenor, baste citar el índice Global de Corrupción de febrero de este año, elaborado por Transparencia Internacional, en el cual México ocupa el lugar 135 de 180 países, observando una caída sistemática; es uno de los peores evaluados de América Latina, del grupo de las 20 economías más grandes y, de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El fracaso en el combate a la pobreza y la desigualdad social, tiene una vinculación directa con los magros resultados para el grueso de la población, de las denominadas reformas estructurales, que constituyeron la piedra angular del sexenio que fenece; asimismo este fracaso tiene una relación puntual con la insistencia en confundir de manera deliberada, entre políticas de desarrollo social y programas asistenciales, pues en lugar de generar riqueza suficiente y garantizar su distribución equitativa entre la población, el asistencialismo al amparo de instituciones como el DIF, lo único que ha garantizado ha sido que el número de pobres no disminuya, mientras se incrementa la dependencia de éstos de la ayuda gubernamental de coyuntura, que abre un amplio margen al manejo clientelar y electorero de la miseria.
El fracaso del gobierno federal saliente en el combate a la inseguridad es de dimensiones trágicas. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el sexenio termina con: 122 mil muertos, 37 mil desaparecidos y una tasa de impunidad del 98%; lo que pone en evidencia que las autoridades correspondientes, no sólo no avanzaron en la resolución de los innumerables casos heredados por la administración panista de Felipe Calderón, sino que durante este sexenio aumentó de manera considerable el número de víctimas; realidad a la que subyace la falta de profesionalismo, autonomía e imparcialidad de las fiscalías, otro punto medular en la agenda del nuevo presidente, que de no resolver en el corto plazo impedirá materializar la llamada cuarta transformación.
De modo que salir el presidente Peña Nieto a vanagloriarse en redes sociales por según él, haber cumplido el 97% de los compromisos hechos durante su campaña proselitista en 2012, resulta irrisorio e insultante para la población mayoritaria del país, que sigue enfrentando en su cotidianeidad las consecuencias de los graves problemas de corrupción, pobreza e inseguridad.
En consecuencia, estos son los tres grandes desafíos que enfrentará el nuevo Ejecutivo Federal. Le deseamos y exigimos claridad, imparcialidad, transparencia, sensibilidad, contundencia y legalidad para enfrentarlos; características de las que ha adolecido el gobierno saliente.
