En la época de los derechos humanos que nos toca vivir, es decir, en este contexto occidental donde se ha colocado a los derechos como un baluarte del individuo, que el Estado debe reconocer, procurar y garantizar; cualquier acción que pueda ser interpretada como un intento por limitarlos, provoca una repulsa generalizada sin que medie mayor reflexión al respecto.
Esta priorización de los derechos humanos en la actualidad, sobre todo a nivel discursivo, que en gran medida es justificable a la luz del cúmulo de violaciones que hemos enfrentado por parte de dictaduras y de gobiernos autoritarios, particularmente en América Latina, ha dejado del lado el debate sobre las obligaciones de los humanos en contextos y ante problemas concretos, como en el caso del uso de las plataformas digitales, hoy determinantes ante el confinamiento para intentar disminuir los riesgos de contagio del coronavirus.
El asunto del acceso y uso de las plataformas digitales es importante, no sólo en esta larga coyuntura que parece no tener un fin próximo, sino porque se han convertido en productos de primera necesidad para la convivencia en cualquier escenario, a tal grado que el acceso a internet se ha colocado como parte de los derechos consagrados en la ley fundamental, pero sin que se establezcan en leyes secundarias criterios específicos y sanciones sobre su comercialización y uso; lo cual ha hecho posible la generación de negocios monopólicos multimillonarios, en manos de uno pocos que se han arrogado el derecho de determinar contenidos y vetar usuarios.
Estamos ante un fenómeno social cuyas dimensiones en sus diversas vertientes nos reclama análisis profundos; ya que no sólo importa la cuestión económica, sino también la política y la cultural, en tanto son millones de personas las que tanto reciben como emiten información, cuya veracidad resulta cada vez más difícil de comprobar, pero que tampoco es un tema que tome relevancia, en esta lógica de defensa a ultranza de la libertad de expresión.
Cabe reflexionar que la recepción pasiva del cúmulo de información que hoy posibilita y facilita la tecnología, y que desde inicios del 2020 en el contexto de la pandemia se ha incrementado de manera incuantificable, expone a los millones de receptores a una progresiva disminución de las facultades de pensar, criticar, imaginar y construir colectivamente.
En ese sentido basta mirar a las gigantes empresas comercializadoras de productos digitales, como Google, Amazon, Facebook y Netflix, que en este tiempo de pandemia y confinamiento han aumentado el número de usuarios, suscriptores y ganancias económicas de manera exponencial, captando inconmensurables cantidades de datos personales de millones de usuarios en el mundo, con el control comercial y el dominio político que ello implica.
Este capitalismo global del siglo XXI, ha transitado de manera significativa hacia la explotación del ámbito digital, produciendo y comercializando intangibles cada vez más centrados en lo sensorial, en el hedonismo, en el individualismo, con grandes dosis de violencia simbólica, que atentan contra los propios derechos humanos tan ensalzados por los gobiernos democráticos.
De tal forma que más allá de represalias políticas e intentos por censurar a las divergencias ideológicas, ha llegado el momento de al menos establecer líneas generales sobre la explotación, acceso y uso de las plataformas digitales, de lo contrario y operando con una lógica de autorregulación, sólo se seguirá favoreciendo a los monopolios, mientras los más perjudicados seguirán siendo quienes carecen de garantías jurídicas para hacer valer sus derechos legalmente reconocidos.
