Hace unos días el gobierno federal hizo pública una lista de contratos por concepto de publicidad gubernamental, que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron signados, en la cual aparecen 36 contratos por un valor de 1,080 millones de pesos, de los cuales una quinta parte fue otorgada a cuatro medios propiedad de un periodista.
En la lista no se especifica el alcance de cada contrato, lo cual impide un análisis más preciso, no obstante por el monto, los destinatarios incluidas las empresas de las que forman parte, y el perfil editorial de éstas, se puede inferir que no se trató sólo de la contratación de publicidad para las acciones del gobierno de la república, sino que existió de manera implícita la compra de opiniones a favor de esa administración y en contra de sus opositores, particularmente de los que hoy detentan el poder federal.
En este marco cabe observar que se ha vuelto práctica común que algunos connotados columnistas, abran páginas electrónicas en calidad de plataformas de información, a cambio de las cuales suelen recibir recursos públicos; en otras palabras, se trata de la orientación de la información desde el poder a cambio de dinero público, páginas que por cierto suelen tener un nivel de consulta limitado y una vida efímera, o más aún, atada al destino de la gestión de gobierno en turno; de modo que mucha de la publicidad oficial se ha convertido en un medio para la cooptación.
Asimismo, este contexto permite traer a la discusión la práctica denominada coloquialmente en el medio periodístico como chayotear, en la que históricamente han incurrido los gobiernos de manera especial desde el Alemanismo, consistente en la transferencia de sobres con dinero a algunos periodistas, a fin de comprar sus simpatías y opiniones; la cual a la fecha pervive.
Retomando los datos que ha difundido el Ejecutivo federal sobre los contratos de publicidad gubernamental, habría que destacar que no basta con disminuir el monto de los cuantiosos recursos que el gobierno eroga por tal concepto, lo cual en sí mismo ya es cuestionable, pues de igual forma es importante y urgente que se comprometa a transparentar los criterios para la asignación de esos contratos, de tal manera que se acabe con la discrecionalidad actual que permite favorecer a los amigos.
Para un gobierno republicano, transparente y que rinde cuentas al pueblo que lo eligió, debe ser prioridad combatir de manera diáfana y eficaz la corrupción, vigente en el intercambio entre medios de comunicación y poder político, sobre la cual muchos gobiernos estatales también tienen una tarea pendiente.
Ahora que estamos inmersos en una nueva jornada electoral, habrá que tener presente que sin pluralidad de información y de opiniones en los medios de comunicación masiva, no es posible un ejercicio efectivo, pleno y razonado del derecho a elegir a los representantes populares.
