Si bien la violencia en sus diversas manifestaciones ha estado presente en toda organización humana, siendo interpretada y sancionada de acuerdo con las valoraciones culturales y jurídicas de cada sociedad, cabe observar que desde hace varias décadas ha venido ocupando un lugar preponderante en la vida social, a la luz de múltiples y complejos fenómenos.
Entre esos fenómenos habría que destacar el desarrollo científico y tecnológico, que asociado al armamentismo ha multiplicado las capacidades destructivas, como lo ilustran los actuales conflictos bélicos entre comunidades y naciones.
Asimismo, ese desarrollo aplicado a la comunicación masiva, ha hecho posible la existencia de internet y por ende de las plataformas digitales, en cuyos vastos contenidos con altas dosis de violencia que oscila entre lo sutil y lo burdo, permanecen inmersas las generaciones contemporáneas.
Para naciones como México, es factible sumar el fenómeno de la histórica desigualdad social cada vez más acentuada, el cual explica que en la violencia asociada con la inseguridad pública que enfrentamos desde hace varios lustros, estén inmersos amplios sectores sociales, particularmente los que han venido quedando al margen del desarrollo y del bienestar.
En este contexto y parafraseando al filósofo alemán Theodor Adorno, la extrema violencia vista como normalidad continúa siendo la patología moral más extendida en nuestro siglo, dado que en esa condición se suelen asumir las más aberrantes atrocidades que pueda producir el ser humano, como los asesinatos, los secuestros, las discriminaciones y, en general, las violaciones a los derechos humanos, que invariablemente se repiten en diferentes latitudes.
Ante ello, el monopolio sobre el uso de la violencia legítima para la conservación de la paz, que postulara Max Weber, como atribución esencial de la estructura del Estado, ha venido perdiendo vigencia en contextos como el mexicano, pues el recurso de la violencia tanto concreta como simbólica, es generada por diversos actores para imponer un orden, sin que en muchos casos la sociedad cuestione su validez.
De cara a este panorama que obstaculiza la convivencia constructiva en nuestro país, es de vital importancia el desarrollo del movimiento asociativo autónomo, entendido como el conjunto de relaciones sustentadas en la reciprocidad que se articula en las asociaciones civiles, mediante las cuales se pone de manifiesto tanto la cultura cívica de la población, como su capacidad para organizar, articular y gestionar la atención de sus demandas e intereses.
Como lo ha probado la evidencia empírica incluso en nuestro país, la calidad del asociacionismo incide de manera directa en la salud pública, así como en la calidad de sus gobiernos. Frente a la vía de la violencia y del golpismo, la política constituye el mejor mecanismo para ganar voluntades, de modo que es preciso que los pueblos hagan más política a partir de una mayor y mejor información.