Se cumple un aniversario más de aquella noche trágica del 26 de septiembre del 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, fueron desaparecidos de manera forzada y hasta el momento se desconoce su paradero.
Al dolo convertido en indolencia de la administración de Peña Nieto, cuyas instancias de gobierno encargadas de las investigaciones fueron insolventes para esclarecer el caso, se suman los tres primeros años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que si bien al arranque de su gobierno instaló la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, así como una fiscalía ex profeso, con un nuevo fiscal que ha abierto nuevas líneas de investigación, a la fecha tampoco se han aportado avances significativos, que permitan conocer con veracidad lo que les sucedió a los estudiantes y, poder entonces procesar a los responsables materiales e intelectuales de tan deleznable delito.
Es evidente que el lento desarrollo de las investigaciones, sobre todo durante el pasado sexenio, ha estado mediado por el involucramiento de diversas instancias y actores de gobierno, que a lo largo de siete años han podido ocultar pruebas y alterar los escenarios, a fin de dificultar la resolución oportuna del caso conforme a Derecho.
De ahí la importancia de que en el seguimiento de las actuales investigaciones, sigan participando los propios familiares de las víctimas, así como fortalecer las indagatorias con investigadores pulcros, como los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pues hace falta que se actúe con prontitud, objetividad, profesionalismo y bajo el compromiso de deslindar las responsabilidades en quienes corresponda, sin importar los cargos que ocupen o hayan ocupado en los gobiernos de entonces o en los presentes.
La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa es una herida que sigue abierta, y que en gran medida seguirá determinando la credibilidad y la confianza que el pueblo de México pueda tener, en las instancias encargadas de administrar e impartir justicia.
Ya lo dijo el propio presidente, López Obrador, el éxito de su administración estará determinado esencialmente por los avances que consiga en materia de seguridad pública y de impartición de justicia, de tal manera que si no quiere verse colocado en el mismo sitio reprobatorio en tales materias, que ocupan las dos administraciones que le precedieron, debe empeñarse a fondo en obligar a sus colaboradores a dar resultados satisfactorios y fehacientes en ambos rubros, pues de hecho, no debe olvidar que otorgar las garantías para el ejercicio de los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad, es la tarea fundamental de todo gobierno, cabe subrayar, en los tres órdenes.