México cuenta con un mayor número de investigadores con relación al año anterior inmediato, según se desprende de la información que ha difundido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), sobre los resultados de la convocatoria 2020 para ingreso o permanencia, en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
De acuerdo con dichos resultados, fueron aprobados 9,186 investigadores nacionales en esta última convocatoria, lo cual es una excelente noticia, pues se había especulado en los medios informativos que, a raíz de que fueron cancelados varios fideicomisos en distas áreas de la actividad productiva nacional, el sector de investigación se vería afectado; sin embargo, al menos en las instituciones públicas nacionales de educación superior, las y los integrantes del SNI serán más.
Cabe reconocer que durante el presente siglo se ha registrado una tendencia ascendente en el número de integrantes del SNI, los cuales hasta enero de 2019 eran 30, 548. Si bien el número puede parecer óptimo, hay que subrayar que esa cantidad representaba una tasa de alrededor de 23 investigadores por cada 100 mil habitantes, mientras la tasa en los países más desarrollados suele estar en alrededor de 400 investigadores por cada 100 mil habitantes.
El avance en esta materia, como en todas, no debiera limitarse a cuestiones cuantitativas, pues hace falta que la investigación que se desarrolla en las instituciones públicas del país, esté directamente vinculada con las áreas productivas y los problemas que aquejan a la nación. Es decir, el gobierno federal debería impulsar como política de Estado, la vinculación obligatoria de la investigación que patrocina, con los sectores público y social, de modo que atrás de toda investigación patrocinada por el CONACYT vía el SNI, debería existir un proyecto individual y/o colectivo que esté contribuyendo a atender una problemática local, regional o nacional.
De ahí la importancia de que de manera paulatina pero ascendente, todas y todos los investigadores nacionales estén adscritos a centros de investigación, a través de los cuales se de impulso y seguimiento a su labor, sin demérito de su contribución a la formación de recursos humanos vía la docencia. Lo anterior implica que tengamos efectivamente investigadores de tiempo completo, con un salario digno integrado, que no estén supeditados a las fluctuaciones administrativas por cambios de gobiernos, ni a las evaluaciones discrecionales y cuantitativas.
Hace falta que los investigadores tengan estabilidad laboral y posibilidades de dedicación íntegra a esta imprescindible labor, para un país auténticamente independiente por su generación de conocimiento socialmente útil.
