Hace una semana la Cámara de Senadores aprobó en lo general, el dictamen a la minuta que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El proyecto se aprobó con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, es decir, con una limitada mayoría; los proponentes destacaron que con la reforma se pretende frenar delitos como la extorsión y el secuestro, que en muchos casos, se cometen con la utilización de teléfonos celulares.
Para argumentar a favor de la reforma, la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Lucía Meza Guzmán, recurrió a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en las cuales se registra que en 2019, el 88.9 por ciento de las extorsiones se realizaron vía telefónica.
Estos delitos habrían generado al crimen organizado más de 12 mil millones de pesos en el año. De acuerdo con la minuta en cuestión, se creará una base de datos con información de las personas físicas y morales, titulares de líneas de teléfono móvil, con el objetivo de que sirva a las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, para hacer frente a la comisión de ilícitos, particularmente de los referidos.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones será el organismo encargado de instalar, operar, regular y mantener el Padrón; así como de procurar su buen funcionamiento e intercambio de información con las autoridades competentes.
El dictamen dispone que los concesionarios de telecomunicaciones o, en su caso, los entes autorizados, incurrirán en infracciones cuando efectúen extemporáneamente el registro de un número de línea telefónica móvil; no registren el número; o hagan uso indebido de las constancias, documentos y demás medios de identificación. Por su parte, legisladores de la oposición al dictamen externaron su preocupación, ante lo que calificaron como una reforma que propicia un sistema de vigilancia y hostigamiento a la ciudadanía; que invade la privacidad; y que restringe libertades y derechos.
Es cierto que la reforma adolece de mecanismos puntuales para proteger los datos personales, así como de la previsión de severas y ejemplares sanciones a las autoridades, por el mal uso que se pueda hacer de dicho padrón de datos personales. No obstante, llama la atención que esos legisladores se alarmen tanto ante una reforma cuyo contenido esencial, se ha venido llevando a cabo desde hace décadas en los llamados países del primer mundo, en los que dichos legisladores suelen pasear, pues los admiran y, por ende, nos suelen comparan para destacar lo que deberíamos imitar en cuanto a buenas prácticas de gobierno.
En aquellos países es impensable poder adquirir un teléfono celular con la facilidad con que se compra una bolsa de cacahuates en un minisúper, pues tienen claro el alcance potencial de esos aparatos, de tal forma que han previsto mecanismos básicos de control sobre el uso de esas herramientas. Mientras hoy en México, millones de personas adquieren y usan un celular de manera indiscriminada, sin control alguno y, con toda impunidad para poder cometer actos ilícitos.
Asimismo, llama la atención que se alarmen los legisladores por algo que en distintas partes del país los gobiernos locales ya han implementado, para la realización de diferentes trámites como la expedición de licencias de conducir.
Resulta irónico que bajo el argumento de preservar derechos individuales, esos legisladores federales se olviden de las obligaciones que, ciudadanos y autoridades tenemos con el orden público y la paz social.
De modo que regular este campo en las actuales circunstancias de inseguridad, es algo que la ciudadanía debe exigir a todas las autoridades, a fin de contrarrestar el control que sí están ejerciendo los poderes fácticos, particularmente los corporativos trasnacionales de la comunicación y la información. No se trata de conculcar derechos, sino de garantizar su ejercicio con certeza jurídica.