Luego de la gira que realizó en octubre Beatriz Gutiérrez Müller, para gestionar en Francia, Italia, El Vaticano y Austria, el préstamo de piezas arqueológicas y códices de las civilizaciones prehispánicas que habitaron nuestro territorio, con el objetivo de ser expuestas aquí el próximo año, con motivo del Bicentenario de la Independencia y de los 500 años de la caída de Tenochtitlan; el pasado tres de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto, por el que se adiciona el artículo 37 ter al Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con lo cual se podrán solicitar y traer temporalmente al país bienes como los citados, incluido el Penacho de Moctezuma.
Cabe recordar que después de la gira de Gutiérrez Müller por Europa, el Nuncio Apostólico en México, Franco Coppola, declaró que El Vaticano no podría prestar los códices, porque las leyes entonces vigentes en México no clarificaban la obligación de devolver esas piezas a los actuales poseedores, añadiendo que algunos juristas le habían comentado que el préstamo sería en los hechos un regalo, lo cual no estaban dispuestos a realizar.
Como respuesta a la posición del Nuncio, en el citado decreto se estableció que la Secretaría de Cultura, previo acuerdo con el Presidente de la República y con la opinión favorable de la Secretaría de Relaciones Exteriores, podrá celebrar acuerdos interinstitucionales con órganos gubernamentales extranjeros, o con organizaciones o instituciones internacionales, que tengan por objeto el traslado temporal al territorio nacional, de bienes muebles que se consideren o pudieran declararse como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, con fines de estudio o exhibición pública.
La decisión gubernamental traducida en ley resulta por demás cuestionable, pues con la vista puesta en la coyuntura de un festejo, “con la nueva disposición jurídica ahora ya podremos traer prestado a México, el patrimonio arqueológico del cual fuimos despojados, para luego devolverlo a las potencias coloniales que nos lo arrebataron”, según ha interpretado el arqueólogo Leonardo López Luján, director del Proyecto Templo Mayor.
En el mismo sentido, López Luján ha destacado que la modificación a la ley fue una decisión individual improvisada, pues no mediaron consultas a especialistas, en tanto dicha ley tendrá múltiples y adversas implicaciones para la recuperación del patrimonio cultural de México, de modo que se ha sacrificado la dignidad de una nación libre y soberana, por un mezquino y coyuntural interés político electoral.
Habría que subrayar que la cultura constituye el alma de una nación, por lo cual el ultraje histórico de bienes culturales por las potencias colonizadoras, ha privado a los pueblos saqueados de una parte significativa de su historia y su tradición. La restitución de ese patrimonio constituye el único medio digno y legal, para paliar el daño y restaurar la dignidad de los pueblos originarios. A propósito de la narrativa sobre derechos humanos y respeto a la soberanía de las naciones, que tanto se propaga en aquellos países europeos, hace falta recordar a las potencias en cuestión que, es imprescindible abolir la jerarquía de facto ente civilizaciones y culturas.