La función que debe cumplir el Estado Mexicano en la economía, en el contexto de la emergencia sanitaria mundial por la que atravesamos, sigue siendo tema de debate en diversos foros, lo cual es sano para la vida pública del país; sin embargo, se ha ido polarizando en dos posiciones diseminadas por evidentes detractores y simpatizantes de la denominada Cuarta Transformación: los primeros, planteando que debe circunscribirse a apoyar económicamente a los sectores productivos incluidos los más solventes, mientras los otros argumentan que debe implicarse de manera directa en el impulso de la actividad productiva, privilegiando a los más pobres.
A los protagonistas de ese debate maniqueo que de manera cada vez más explícita se desarrolla en clave electoral, cabría recordar de inicio que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, a fin de garantizar que éste sea integral y sustentable, al tiempo que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, para lo cual en el artículo 26 de la misma, se prevé que dicha rectoría se debe materializar a través de un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.
En consecuencia, hay que subrayar que al Estado no sólo le corresponde garantizar el libre concurso de los particulares en el mercado; sino sobre todo orientar y regular ese concurso a fin de que la producción, la distribución, la comercialización y el consumo se den en un marco de sustentabilidad y reparto equitativo de los beneficios.
Para el logro de estos objetivos a los que les subyace un principio de justicia distributiva, es imprescindible la participación directa e indirecta del Estado en la economía, pues en las últimas décadas de capitalismo financiero y especulativo, ha quedado ampliamente demostrado que el mercado ni posee una mano invisible que lo autorregula, ni por sí mismo garantiza equidad en la distribución del ingreso, sino, más bien, propicia la lógica del incremento de la tasa de ganancia y la inevitable acumulación de riqueza en pocas manos.
Una de las grandes lecciones que nos está dejando esta crítica coyuntura de pandemia, es que como civilización necesitamos replantear nuestra relación con el medio ambiente, lo que implica contrarrestar de manera paulatina pero sostenida, el dominio sobre el mundo de las grandes corporaciones privadas que hoy vigilan y determinan hasta nuestra imaginación.
En ese sentido es prioritario que como nación avancemos hacia un modelo de convivencia constructiva y sustentable, lo que para el Estado Mexicano implica dar cumplimiento cabal a la rectoría que le mandata la Constitución, encausando y regulando con visión de largo plazo las áreas productivas fundamentales para la vida, de que aún disponemos, tal cual lo hacen las grandes potencias como Estados Unidos y China, por encima del mito de la libre competencia que ellos imponen a las economías dependientes.
Con base en esa rectoría, el Estado debe garantizar para todos, el derecho a una vida digna y a un medio ambiente más limpio, ponderando el interés colectivo por encima de los particulares, por legítimos que estos puedan ser.
De tal forma que la tarea para el Estado no es su retraimiento, sino su implicación directa para democratizar la gobernabilidad, fortaleciendo la vida institucional apegada a la ley, transparente, eficiente, oportuna y participativa; por ende, su compromiso verificable y sancionable debe ser la solución de los grandes problemas estructurales, que históricamente han impedido que el grueso de la población mexicana acceda a mayores niveles de bienestar, lo que el mercado y los particulares por sí mismos no lo aportarán.