Recientemente en diversos medios informativos nacionales e internacionales, se ha venido comentando y sobre todo condenando implícita e incluso explícitamente, la posición asumida por el actual gobierno mexicano, frente a la declaración del Grupo de Lima sobre la crisis en Venezuela; Grupo multilateral formalmente creado para buscar una solución pacífica, ante la presunta violación sistemática a los derechos humanos, en el país gobernado por Nicola Maduro en un segundo periodo consecutivo.
Cabe precisar que este Grupo es auspiciado por el gobierno de Estados Unidos y avalado de manera especial por la Organización de Estados Americanos, afín a las directrices de la potencia norteamericana, lo integran países de la región con gobierno declaradamente de derecha, conservadores, simpatizantes con las posturas proteccionistas y xenófobas de Donald Trump, asimismo ha sido avalado por la Unión Europea, que también mantiene intereses económicos en la zona.
Ese Grupo acusa de igual forma al gobierno venezolano de una presunta ruptura con el orden democrático, que para la democracia liberal representativa se circunscribe a la realización de procesos electorales, condena que desde tiempos del extinto Hugo Chávez se le hacía al país Andino, no obstante que periódicamente ha realizado comicios para elegir a sus autoridades, incluso con la presencia de observadores internacionales.
Una queja más de ese Grupo, que evidentemente intenta aniquilar a uno de los pocos contrapesos al gobierno norteamericano que existe en la región, ha sido que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas; No obstante, la memoria selectiva de los gobiernos del grupo de Lima, intentan soslayar que la potencia norteamericana ha pasado por alto a la ONU en innumerables ocasiones, decidiendo unilateralmente invadir países de acuerdo a sus intereses económicos y militares.
Frente a ese contexto internacional, habría que subrayar la gravísima crisis de derechos humanos que experimenta México, heredada al actual gobierno de la nación particularmente por las dos pasadas administraciones federales; crisis que se expresa entre otras vertientes en que a la fecha, hay más de 40 mil personas desaparecidas, un número indeterminado de personas sin identificar, así como miles de delitos sin denuncia formal, mientras una altísima proporción de los casos denunciados espera turno para ser atendidos.
Por ende, México carece de autoridad moral para hacer condenas a un país en una materia en la que arrastra deudas de enorme magnitud y, en cambio, de pronunciarse en contra del gobierno venezolano, cuyo desempeño en efecto ha dejado mucho que desear, sólo le haría el juego a la vecina potencia sin beneficio alguno para el pueblo de México; potencia cuyo gobierno por cierto sigue criminalizando a los migrantes mexicanos, e insiste en construir un muro en nuestra frontera compartida que constituye un símbolo del rechazo, la repugnancia e insolidaridad hacia los mexicanos que carecen de dólares para derramarlos en sus centros de ocio y consumo, incluido el vicio.
De modo que en materia de política internacional, recuperar la esencia de la Doctrina Estrada, de no intervención, no violencia, solución pacífica de los conflictos, autodeterminación de los pueblos, y cooperación para el desarrollo, lejos de ser un anacronismo, parece ser la mejor estrategia para un gobierno al que le urge no abrir más frentes, sino dedicarse a atender los asuntos domésticos, que son muchos y apremiantes; además de que le deja abierta la puerta para incluso poder servir de intermediario en la solución del conflicto venezolano.