El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, dirigió un mensaje a la nación el pasado domingo 1 de septiembre desde el Palacio Nacional, con motivo de la presentación de su Primer Informe de Gobierno, que está obligado a rendir por escrito al Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fue un tercer recuento de gobierno, pues el primero lo realizó a los 100 días de asumir el cargo, mientras el segundo lo hizo cuando se cumplió un año de haber ganado la elección presidencial.
Sobre el formato del informe, es deseable que el mandatario se comprometa a impulsar su transformación, no solo retomando la obligación de asistir personalmente a la soberanía nacional, sino obligándose a debatir con los congresistas sobre el estado que guarda la administración pública federal.
En esta ocasión, si bien el mensaje estuvo enmarcado por cifras positivas sobre su desempeño en los nueve meses que lleva como Ejecutivo Federal, también reconoció que en una de las principales tareas que debe cumplir, y que es garantizar la seguridad pública en el país, el resultado no es positivo en cuanto a la disminución de la incidencia delictiva.
En contraparte, el mandatario habló de la creación de 300,000 empleos; de un ahorro de 500,000 millones de pesos, al suprimir lujos y privilegios en la burocracia; del envío de 58,600 elementos de la Guardia Nacional a puntos rojos del territorio; así como de que están operando 100 nuevas universidades. El Ejecutivo informó que de cada 10 hogares mexicanos en cinco están llegando los que denominó apoyos, mientras en comunidades indígenas en 9 de cada 10 está sucediendo lo propio; asimismo, que el salario mínimo aumentó 16%, lo que constituye una acción sin precedente.
En torno a dichos apoyos cabe reflexionar que en efecto, uno de los principales problemas históricos que enfrenta el país, es la inequitativa distribución de la riqueza, por lo cual resulta loable implementar políticas públicas redistributivas a favor de los que menos tienen; sin embargo, es imprescindible que el gobierno federal vincule de manera institucional e integral, la distribución de recursos con la generación de riqueza de manera permanente, pues de otra forma se convierten en paliativos que no resuelven el problema social de fondo.
Esos programas asistencialistas para redistribuir recursos públicos, a los que suelen recurrir los gobiernos de los tres órdenes, con independencia del partido de origen, constituyen más que una solución otro problema para la nación en su conjunto, ya que convierten a los beneficiados en más dependientes de los presuntos benefactores, al tiempo que los coloca en calidad de mercancías intercambiables.
De modo que en las dos grandes responsabilidades que debe asumir todo gobierno, el federal sale debiendo hasta el momento, y si bien es prematuro hacer juicios determinantes al respecto, es imprescindible que el gobierno de la nación haga diagnósticos más profundos sobre las causas de esos problemas, de modo que le permitan implementar medidas que en efecto vayan al fondo de los mismos.