Luego de más de 20 días de realizados los comicios en Perú para renovar al poder Ejecutivo de la nación andina, el Jurado Nacional de Elecciones sigue sin determinar al ganador de la contienda, mientras tanto circula información sobre golpistas que intentan descarrilar el proceso cívico y, por esa vía, a la endeble democracia peruana.
Ante los múltiples recursos de impugnación, la magistrada Elizabeth Salas, del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, ha determinado que no hubo fraude en las elecciones presidenciales del pasado seis de junio y, por tanto, que no hay argumentos para repetir los comicios, como lo ha solicitado la candidata perdedora, mediante el expresidente del poder Judicial del Perú, Javier Villa, conocido en aquel país por sus posturas conservadoras, convergentes con el desastroso fujimorismo.
De acuerdo con el escrutinio del 100% de los votos, por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el profesor y líder comunitario, Pedro Castillo, ganó con el 50.12% de los votos, frente al 44.17% que obtuvo Keiko Fujimori, hija del ex presidente, por una década, Alberto Fujimori, quien fuera apresado por escándalos de corrupción, violación de derechos humanos e incapacidad moral para gobernar, según declaratoria del Congreso de la república peruana. Mientras persiste el escenario de indeterminación ante las aún irresueltas impugnaciones, el ministerio público de Perú ha iniciado una investigación preliminar, en contra de un grupo de militares retirados, por los presuntos delitos de sedición, rebelión y conspiración, hechos que pueden ser enmarcados como acciones de conspiración con fines golpistas.
La decisión de iniciar la investigación fue tomada luego de que, los conspiradores enviaron una carta a los comandantes generales y al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la que hablan de fraude en los comicios y, acusan al actual gobierno de vulnerar la neutralidad electoral, sin aportar prueba alguna sobre su dicho. Asimismo, fue abierta otra investigación en contra de Vladimiro Montesinos, quien fuera asesor de inteligencia del expresidente Fujimori, sustentada en audios de llamadas telefónicas, presuntamente realizadas por el encarcelado Montesinos, en las que habría planteado sobornar con un millón de dólares a cada miembros del Jurado Nacional de Elecciones; en cuyo contexto llama la atención la sorpresiva renuncia de Luis Arce Córdova a dicha instancia, lo que ha abonado a la indeterminación de los resultados.
En dichas llamadas Montesinos sugiere a su interlocutor, un coronel en retiro de las fuerzas armadas, que la embajada de Estados Unidos de América podría ayudar a los conspiradores; sin que hasta el momento dicha embajada haya realizado algún pronunciamiento o desmentido. Cabe decir que Montesinos cumple a la fecha una condena en una prisión de máxima seguridad, por la comisión de múltiples delitos como secuestro, homicidio, tortura, terrorismo, desaparición forzada, tráfico de armas, asociación ilícita, extorsión, lavado de dinero y narcotráfico, entre otros.
Fue Montesinos el encargado de la política terrorista, con que Fujimori pretendió aniquilar a los grupos disidentes y a los movimientos sociales opositores, orquestando y ejecutando violaciones masivas a los derechos humanos, con impunidad durante muchos años.
El actual contexto peruano, caracterizado por el intento de los perdedores de quebrantar a la democracia, tan persistente en Latinoamérica, obliga a los organismos multilaterales como la ONU, a exigir a las autoridades locales celeridad en la determinación final del proceso electoral, reconociendo el triunfo legal y legítimo de Pedro Castillo, en estricto respeto a la voluntad popular peruana; así como a proceder de manera expedita, en contra de toda persona que esté participando en el intento de golpe de Estado, mediante la manipulación de las instituciones o a través de sembrar y exacerbar la violencia.