La reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado un gran descontento entre los grupos empresariales que se beneficiaron con la reforma que, sobre la misma materia, se legisló durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; y no es para menos, pues gracias a contratos extraordinariamente ventajosos para dichos empresarios, mientras unos, al amparo de los permisos denominados “producción independiente de energía”, han vendido de manera obligatoria a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sus excedentes de energía, otros, bajo los permisos nombrados como “generadores de autoabasto”, han podido vender energía a particulares disfrazados de socios, usando la línea de transmisión de la CFE y, creando un mercado paralelo ilegal y sin controles oficiales.
Ambos esquemas se iniciaron en 1992, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero alcanzaron un estatus constitucional en 2010, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; en tanto se ampliaron con la reforma energética impulsada a inicios del sexenio de Peña Nieto, que derivó en la creación de 239 centrales eléctricas privadas.
Este esquema de venta de energía eléctrica por particulares, generó que a inicios del presente sexenio, 62% de la energía que se consume en el país la generara la iniciativa privada, mientras el restante 38% lo abasteciera la CFE; sin que la población en general se haya beneficiado con mejores precios, mientras se ha generado un mercado multimillonario que se reparten unos cuantos grandes capitalistas nacionales y extranjeros.
El nuevo esquema propuesto por el actual gobierno federal, pretende que la relación se invierta, de modo que la CFE podrá decidir si compra o no los excedentes de la iniciativa privada, en función de sus precios y de la ubicación de las centrales eléctricas privadas; al tiempo que podrá despachar más energía de la que produce y que, actualmente no lo puede hacer pues debe dar prioridad a los empresarios privados.
La mayoría de los contratos de “producción independiente de energía”, son de la empresa española Iberdrola, que de ser aprobada la nueva reforma, dejará de tener un mercado totalmente seguro. En contraparte, la CFE podrá recuperar autonomía para negociar las compras de energía, en función de un mercado más barato, ecológico y cercano, en beneficio de la población en general.
A final de cuentas lo que está de por medio en materia de energía, es la autonomía energética del país, sin depender del capital extranjero, que hoy en México se beneficia de manera extraordinariamente amplia; ante un entorno global donde todos los gobiernos están luchando por su seguridad energética. El Estado debe recuperar la rectoría de la economía y de las actividades estratégicas para el desarrollo nacional; tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de ello depende el ejercicio de nuestra soberanía como nación independiente.
El capital extranjero en México debe tener límites claros y contribuir al desarrollo y al bienestar del grueso de la población, no sólo venir a saquear en detrimento del pueblo mexicano, como históricamente ha sucedido.