El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), ha dado a conocer los resultados de la medición multidimensional de la pobreza, a nivel nacional y por entidad federativa entre 2018 y 2020; cuyos datos, en varios rubros negativos, se pueden explicar a partir de la emergencia sanitaria por el COVID-19, que ha profundizado los desafíos para la política de desarrollo social en todos los ámbitos, especialmente, en cuanto al ingreso, la salud, la educación y la alimentación de la gente más vulnerable en México.
Entrando en los detalles del informe se puede observar que en dicho periodo, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%, de modo que el número de personas en esa situación pasó de 51.9 a 55.7 millones en el país.
Asimismo, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema aumentó, de 7% a 8.5% en el mismo periodo, por lo cual el número de personas en esta situación extrema pasó de 8.7 a 10.8 millones.
En términos de carencias sociales, el mayor cambio entre 2018 y 2020 fue un aumento de 12 puntos porcentuales en la carencia por acceso a los servicios de salud, que pasó de 16.2% a 28.2%.
Otras carencias que aumentaron fueron el rezago educativo, con un incremento de 0.25% y, la carencia por acceso a alimentación nutritiva y de calidad, en 0.31%. Durante este periodo, el porcentaje de la población en situación de pobreza en zonas rurales cambió de 57.7% a 56.8%; en contraste, en zonas urbanas este porcentaje aumentó 3.2%, al pasar de 36.8% a 40.1%, en el mismo periodo.
En esos dos años, el porcentaje de la población hablante de lengua indígena en situación de pobreza, aumentó un punto porcentual de 75.8% a 76.8% y, el de la población no hablante de lengua indígena en situación de pobreza también se incrementó, al pasar de 39.3% a 41.5%. Desagregado el análisis por entidades federativas entre 2018 y 2020, hay que observar que 19 estados aumentaron el porcentaje de la población en situación de pobreza. Las tres entidades con mayores incrementos fueron: Quintana Roo, de 30.2% a 47.5%; Baja California Sur, de 18.6% a 27.6% y; Tlaxcala, de 51.0% a 59.3%.
En el caso de Tamaulipas, de 2018 a 2020 la pobreza aumentó en 2.4%, mientras la población en pobreza extrema también registró un incremento de 29.8%. En esos 24 meses, el ingreso corriente total per cápita en el país disminuyó 6.9%; esta reducción es producto de la caída de todas las fuentes de ingreso, salvo las transferencias monetarias que aumentaron 16.2%.
Este indicador, deja ver con claridad que en muchas partes del país, se sigue dependiendo de las remesas, es decir, del dinero que envían a sus familias quienes trabajan allende nuestras fronteras, a fin de que puedan paliar las carencias más elementales que aquí siguen padeciendo.
Todos estos datos ponen en evidencia que las políticas redistributivas de carácter asistencialista, erróneamente denominadas de desarrollo social, que sigue poniendo en marcha el gobierno federal, tal cual lo hicieron sus antecesores, no han logrado ni lograrán sacar de la pobreza a la población más vulnerable del país, mientras no se acompañen de programas sostenibles para la generación y distribución equitativa de riqueza.
Lo más grave es que los tres órdenes de gobierno en todo el país, independientemente del partido en el poder, siguen incurriendo en ese grave error de política pública, lo cual permite inferir que lo hacen con premeditación, pues la pervivencia de la pobreza, material e ideológica, les representa un recurso explotable en términos electorales.