La pobreza sigue siendo uno de los principales problema que enfrentamos como país, en tanto pone de manifiesto el nivel de desigualad social que nos caracteriza, como consecuencia, en otras razones, del alto nivel de concentración de la riqueza en pocas manos.
De acuerdo con el último reporte del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, difundido el 05 de agosto del presente año, del 2008 al 2018 el número de pobres en México pasó de 49.5 a 52.4 millones de personas.
Los estados de la república con mayor rezago en diferentes indicadores, como empleo estable, vivienda, acceso a la canasta básica y a los sistemas de salud, entre otros, siguen siendo Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz; de modo que no es casualidad que sea en esas entidades federativas, donde con mayor frecuencia se exacerban los conflictos sociales.
Comparando la desigualdad entre zonas, cabe observar que en las rurales el 55.3% de las personas sobreviven en pobreza, mientras en las urbanas está en esa condición el 37.6%. Asimismo, hay que registrar que siguen siendo las mujeres de las poblaciones originarias de las zonas rurales, las que enfrentan las peores condiciones de vida. De modo que frente al problema histórico de la pobreza en México, los programas presuntamente de desarrollo social de los diferentes gobiernos, lejos de contribuir a la solución del problema, parecen ser máquinas para la generación de más pobres; pues de acuerdo con el Coneval en los últimos 10 años, 2.9 millones de mexicanos ingresaron al rango de pobres.
Estas cifras deben servir para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, reflexionen sobre la necesidad de replantear dichos programas, pues en esencia sólo son programas asistenciales con los que en el mejor escenario, logran paliar de manera coyuntural algunas necesidades básicas de poblaciones focalizadas, sin constituir fuentes para la generación de riqueza colectiva.
En ese sentido, hace falta diferenciar con claridad entre crecimiento económico y desarrollo social, pues esos programas asistenciales al no estar directa y permanentemente vinculados con programas productivos, que garanticen la distribución equitativa del producto, no permiten que los beneficiarios abandonen de manera permanente la condición de pobres.
En suma, si bien es loable que los gobiernos repartan el ingreso entre los más pobres, es imperativo que lo hagan en el marco de una vida institucional con una visión productiva, dejando de derrochar recursos con los que se intenta aminorar por unos meses la situación individual o familiar de unos cuantos; pues además esa política pública termina por generar más dependencia de los pobres hacia los presuntamente benefactores, los cuales suelen explotar esa subordinación en épocas electorales.