El pasado 14 de febrero, el presidente de la república dio a conocer el interés de su gobierno de suprimir los apoyos económicos a las asociaciones de la sociedad civil, a la luz de los desfalcos y desvíos de recursos que por esa vía se cometían y que presumiblemente han sido detectados; sin embargo, habría que señalar que el tema está siendo enfocado de manera limitada, y que la implementación de dicha medida podría provocar un problema mayor del que se pretende resolver.
Si bien es plausible que el gobierno federal ponga freno al enorme desvío de recursos públicos, opacidad y corrupción en que incurrieron anteriores gobiernos, mediante algunas de las 40 mil asociaciones registradas, algunas de las cuales han sido plenamente identificadas y que en su mayoría estaban enfocadas presuntamente al asistencialismo social, favoreciendo con ellas a intereses individuales y de grupos afines al gobierno en turno; constituiría un grave desacierto propiciar un decremento generalizado de las asociaciones, en tanto muchas de ellas vienen cumpliendo diversas tareas fundamentales para la salud pública de la nación.
El gobierno federal debería tomar en cuenta que históricamente el asociacionismo, definido en el ámbito académico como capital social, ha jugado un papel central en el impulso y el desarrollo de la implicación ciudadana en los asuntos públicos; en ese sentido se puede plantear a este capital como un prerrequisito social de la democracia liberal.
El capital social está constituido por las redes sociales y las normas de reciprocidad que las sustentan, en donde están implícitos valores sociales como la educación, la buena voluntad, la camaradería, la tolerancia, el respeto y la cooperación entre los miembros de un grupo o una comunidad; de modo que su existencia y evolución estarían determinadas por las condiciones culturales y de organización social prevalecientes.
Asimismo debía tener presente el gobierno federal que las condiciones sociales que hacen viable el desarrollo de la democracia son la reciprocidad, la cohesión social, la lealtad, la identidad, la horizontalidad en la organización de la vida pública; y precisamente, al fomento de estas condiciones contribuyen de manera fundamental las organizaciones sociales autónomas.
El movimiento asociativo civil y autónomo pone de manifiesto tanto la cultura cívica de la población, como su capacidad para organizar, articular y gestionar la atención de sus demandas e intereses. En ese sentido es importante considerar que las características específicas de las redes asociativas, repercuten en la salud de las comunidades y en la organización de la vida política.
Ha sido ampliamente demostrado por experiencias allende nuestras fronteras nacionales, que la interacción de las personas a través de organizaciones sociales autónomas, ayuda a los individuos a resolver problemas de acción colectiva, reduce de manera simultánea los incentivos para frenar el oportunismo y la corrupción en los ámbitos de gobierno, al tiempo que fortalece la capacidad de esas organizaciones para influir en la toma de decisiones de gobierno.
Es cierto que a la luz de las asimetrías culturales, educativas, económicas y políticas prevalecientes entre grupos y comunidades en nuestro país, el capital social suele estar más extendido entre grupos que disfrutan de ventajas comparativas respecto de la mayoría de la población, como su cercanía al poder; sin embargo, debía ser el gobierno un decidido impulsor de la organización de la sociedad al margen de los poderes políticos y económicos, lo cual no impide ser escrupulosos en la manera y en los montos como se apoya esta iniciativa, esencial para la salud de nuestra endeble democracia.