Emilio Lozoya Austin, colaborador muy cercano del ex presidente Enrique Peña Nieto, y quien dirigió a la estratégica Pemex durante la mayor parte de ese sexenio, está de vuelta en México para seguir un proceso judicial, luego de haber sido detenido y extraditado desde España, con motivo de que la Fiscalía General de la República le imputa los delitos de asociación delictuosa, operación con recursos de procedencia ilícita y cohecho.
Los actos de corrupción ligados con la constructora brasileña Odebrecht, son los que más han ocupado a la clase política y a los medios informativos, pues está en juego comprobar la tesis en el sentido de que, muchos de los recursos que esa empresa habría entregado a servidores públicos mexicanos en calidad de sobornos, para verse favorecida con jugosos contratos de obras públicas, habrían sido destinados para financiar de manera ilegal la campaña proselitista del entonces candidato Peña Nieto, en 2012.
Dado que las negociaciones y firma de contratos con la trasnacional brasileña datan de 2009, los señalamientos del hoy procesado Lozoya Austin, estarían alcanzando para investigar lo ocurrido entre dicha empresa y las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y del citado Peña Nieto; con el antecedente de que Odebrecht se ha visto involucrada en similares hechos de corrupción comprobados, en varios países de América Latina.
Las relaciones del gobierno mexicano con esa empresa se dieron en el marco de la apertura del sector energético nacional a la inversión extranjera, cuya cúspide se alcanzó con las denominadas reformas estructurales del sexenio de Peña, las cuales particularmente en este sector resultaron un fiasco; baste considerar que de acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación, Pemex cerró el 2018 con pérdidas patrimoniales de un billón siete mil millones de pesos, y una deuda de dos billones 82 mil millones de pesos, que representó un incremento del 85% en comparación con la que registraba en 2014.
Si bien como la sabiduría popular sintetiza, la cuerda siempre se revienta por lo más delgado, hace falta que con estricto apego a Derecho, la autoridad competente jale el hilo hasta deshacer la madeja de corrupción en los sectores público y privado, que presumiblemente está detrás de lo que viene declarando el ex director de Pemex.
Pues como en algún momento lo subrayó la ex defensa de Lozoya: él no se mandaba solo, sino que, como es práctica común en nuestro sistema político altamente centralizado en la figura del Ejecutivo, su tarea esencial era operar las instrucciones superiores.
En ese sentido, no es aceptable que en materia de combate a la corrupción, se intente seguir imponiendo la idea de que con enjuiciar a un eslabón se va a terminar con ese mal endémico; como tampoco es admisible que se procure justicia en función de los calendarios electorales.
Una verdadera transformación de la vida pública en México, implica transitar de manera efectiva de la voluntad personal del gobernante, a la observancia de las leyes que revisten a las instituciones, de modo que este caso deberá servir para que en nuestro país, la clase política asuma la necesidad y el compromiso ético de modificar sus prácticas y fines, a favor de la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la disimulación, la defensa del interés general y la democratización de la gobernabilidad.