A lo largo del siglo XX y hasta nuestros días, el sindicalismo en México ha sido tanto el producto de auténticos liderazgos sociales, como el espacio donde han florecido esos liderazgos, que han luchado a favor de la democracia en el interior de sus organizaciones, por la justicia laboral y por la obtención de más y mejores prestaciones sociales, así como por la consolidación de una vida institucional que dé certeza a los trabajadores frente a los patrones.
En ese sentido, podemos recordar a dirigentes que han dignificado al sindicalismo, como los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, impulsores de las huelgas de Cananea y de Río Blanco, que fueron detonantes de la Revolución Mexicana; así mismo a los líderes ferrocarrileros Demetrio Vallejo y Valentín Campa, luchadores sociales incansables.
En esa tesitura, habría que recordar no sólo a personas sino a movimientos sindicales que sentaron precedentes a favor de los trabajadores, como el de los telegrafistas, el de los médicos, el Movimiento Revolucionario del Magisterio, y las luchas del gremio petrolero, entre otros, que en su momento representaron un dique a la intromisión y al autoritarismo de los gobiernos en turno.
Sin embargo, el sindicalismo independiente en México ha enfrentado al corporativismo de Estado, que históricamente ha implicado el control de los trabajadores mediante la imposición de dirigencias, las cuales a cambio de prebendas y privilegios básicamente de orden económico, han servido para garantizar respaldos electorales, así como para subordinar los intereses de los trabajadores al capital.
La segunda mitad del siglo XX, con la llegada de la visión liberal a los gobiernos de la república, aporta innumerables ejemplos de este tipo de dirigencias sindicales, integradas de manera corporativa a partidos políticos, que además de no representar los interese básicos de la clase trabajadora, se han dedicado a acumular fortunas económicas, ya mediante la apropiación de la cuotas sindicales sin la debida rendición de cuentas, ya a través de negocios legales e ilegales, por la venta de contratos y mediante la obtención de diversas prebendas de usufructo personal y grupal, incluidos los cargos de representación popular, bajo el cobijo de los gobiernos respectivos.
El caso de Carlos Romero Deschamps, ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, embona perfectamente en el prototipo de dirigente sindical antes descrito, que ha gozado de la impunidad que le otorgaron cinco ex presidentes de la nación, y que ahora enfrenta varias demandas judiciales.
Esta caída del líder sindical hace recordar lo que en su momento le pasó a Joaquín Hernández Galicia, en el inicio del sexenio de Carlos Salina de Gortari, o a Elba Esther Gordillo Morales, en el comienzo del mandato de Enrique Peña Nieto, quienes además de ostentar cuentas pendientes al menos en materia de democracia sindical, fueron encarcelados luego de desafiar al mandatario en turno.
Más allá de cuál sea el paradero de Romero Deschamps luego de enfrentar a la justicia, sería deseable que el gobierno de la Cuarta Transformación, desde su ámbito de competencia, impulsara, garantizara y consolidara la democracia en el seno de las organizaciones de los trabajadores, así como un auténtico ejercicio de rendición de cuentas de las dirigencias gremiales a las bases.
El sindicalismo no debe estar a discusión, lo que se debe debatir y exigir es la garantía de su autonomía con trasparencia, para beneficio de los representados.