Mientras en Perú persiste la incertidumbre por aún no conocer al ganador de los comicios, mediante los cuales se renovaría la presidencia de la república andina, el pasado fin de semana Chile puso la noticia, luego de que dieran inicio los trabajos de la Convención Constituyente, que deberá poner fin al sistema institucional heredado por la sanguinaria dictadura de Augusto Pinochet.
La continuación de las protestas populares en diversas ciudades del país, ha puesto en evidencia que los sectores que impulsaron la demanda de una nueva Constitución, mantendrán la presión social para que el nuevo documento permita al país transitar, del paradigma neoliberal y autoritario propio de la Constitución de 1980, a un orden institucional auténticamente democrático, que posibilite una mejor distribución de la riqueza nacional y una paz duradera.
Cabe recordar que a los trabajos de la Convención, le antecede un amplio movimiento de insubordinación iniciado hace año y medio, en contra del mercantilismo pinochetista que aún impera en la legislación chilena, así como frente a la sistemática y cruenta represión aplicada por el presidente Sebastián Piñera, con la cual ha intentado poner fin a las protestas sociales, que ha derivado en decenas de muertos, miles de lesionados y muchos presos políticos.
Frente a esos reclamos en defensa de los derechos sociales y de las libertades individuales, los sectores oligárquicos, la derecha partidista y el poder de las cúpulas militares, lograron acotar la demanda de una asamblea constitucional, que terminó en una convención con facultades limitadas.
Tras los comicios del 15 y el 16 de mayo para la elección de los integrantes de la Convención, Piñera logró colocar a gente de su confianza en el organismo, no obstante, la Convención tiene una composición paritaria de 78 hombres y 77 mujeres, con 17 escaños reservados a representantes de los pueblos originarios y, una amplia proporción de constituyentes que no procede de la clase política privilegiada, sino del movimiento popular que durante meses se ha mantenido en las calles.
En ese sentido, hay que observar que la elección de Elisa Loncón, como presidenta de la Convención Constituyente, está llena de simbolismos que auguran un desenlace positivo para el pueblo chileno. Loncón es una profesora, lingüista y activista Mapuche, la etnia mayoritaria en Chile; fue elegida por mayoría absoluta en segunda vuelta en la sesión inaugural de la Convención, que se detuvo durante casi una hora por la protesta de un grupo de constituyentes, tras los enfrentamientos en el centro de Santiago entre policías y manifestantes.
En sus primeros tres meses el organismo deberá definir su reglamento, la integración de mesas y comisiones temáticas, así como las reglas bajo las cuales deberán conducirse sus integrantes; a partir del 4 de septiembre dispondrán de un plazo máximo de nueve meses para elaborar la nueva Constitución.
Lo que ahora está en juego es la definición de un modelo de país basado en una economía con orientación social, respetuoso de los derechos humanos, de las minorías y de los grupos vulnerables, orientado por el desarrollo sostenible, regido por normas democráticas que incentiven la participación ciudadana más allá de lo electoral, que combata la desigualdad y la marginación.
Es deseable en suma que, la larga e intensa lucha del pueblo chileno, por divorciarse del régimen autoritario y neoliberal del pinochetismo, se cristalice con una nueva Constitución, que sea un ejemplo para las naciones latinoamericanas de un nuevo contrato social, donde las personas y no el mercado, el desarrollo y no el crecimiento, la distribución y no la acumulación, la sostenibilidad y no la depredación, la justicia y no la arbitrariedad, la democracia y no el autoritarismo, sean las prioridades nacionales.
