Ayer, 10 de diciembre, se conmemoraron los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948 en Paris, una vez concluida la lucha armada y las masacres de la Segunda Guerra Mundial.
En sus 30 artículos se hace referencia a los derechos inalienables de todo ser humano, como al derecho a la vida, la igualdad, la seguridad, la educación, la salud, el trabajo, la libertad de expresión, de movimiento, de acceso a la justicia.
De aquella fecha en que México signó ese documento declarativo a la fecha, la situación de los derechos humanos en nuestro país es deplorable, baste retomar las cifras recientemente presentadas por José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch: más de 238 mil homicidios dolosos desde 2006 y un promedio de 90 asesinatos diarios en el último año; datos que habilitan a concluir que la situación en México es dramática, especialmente por la ausencia de justicia.
Por su parte, José Antonio Guevara, miembro del grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, ha destacado tres condiciones imprescindibles para que el país avance en el respeto a los derechos humanos: desmilitarizar la seguridad, contar con una fiscalía autónoma, e instalar un mecanismo internacional contra la impunidad y la corrupción.
Habría que subrayar por tanto la importancia de que México disponga de un sistema de justicia autónomo, independiente de los poderes económico y político, que se aboque de tiempo completo a terminar con la impunidad que lacera la vida institucional; pues la realidad que reflejan los datos antes citados, pone en evidencia que la procuración e impartición de justicia en nuestro país es inaccesible e incompetente.
Frente a esta realidad de injusticia e impunidad resulta por demás contradictoria e injustificable la postura de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de suspender la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impulsada por los legisladores federales de Morena, que de aplicarse les representaría una gran disminución en el monto de sus salarios.
El principal argumento que han esgrimido los integrantes del poder Judicial es que con dicha ley se viola la autonomía y la división de poderes; lo extraño es que dicha autonomía no la hayan puesto en tela de juicio cuando fueron propuestos por el poder Ejecutivo para ocupar el cargo que ostentan, y seleccionados por el Legislativo.
Asimismo, resulta aberrante que digan los juzgadores que su autonomía está garantizada precisamente por los enormes salarios que perciben, monto que por cierto no tiene comparación con el que perciben por la misma función sus pares en los países más ricos del planeta; mientras aquí el salario mínimo, la precarización laboral, la informalidad, la concentración de capital y el desempleo, permiten que haya alrededor de 50 millones de pobres que perciben menos de 30 mil pesos al año.
Además de lo discutible, en términos de legitimidad, del concepto de justicia que hace posible que un servidor público obtenga como salario alrededor de 500 mil pesos mensuales, cabría considerar que no existe evidencia empírica que demuestre que los altos salarios garantizan imparcialidad, prontitud y eficiencia en la impartición de justicia, en cambio, lo que sí se puede comprobar empíricamente es el fracaso del sistema de impartición de justicia en México. De modo que la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituye una extraordinaria oportunidad para colocar en la mesa del debate, la ilegitimidad de las remuneraciones en el sistema de impartición de justicia nacional que, aunque legales, constituyen en sí mismas un agravio al interés general y, por esa vía, un atentado a la justicia, a la que todo ser humano tiene derecho según la ONU.