Ante el contexto nacional de creciente inseguridad y violación sistemática de los derechos fundamentales a la vida, a la libertad y a la propiedad no sólo material, se han venido planteando diferentes alternativas que irremisiblemente, pasan por la renovación del marco jurídico.
Desde el poder federal se ha responsabilizado de la presente situación al ideario del neoliberalismo, que ha fomentado la corrupción, el individualismo, la pérdida de valores y, por ende, la degradación de la sociedad.
En ese marco, el Ejecutivo Federal ha insistido en la urgencia de disponer de lo que ha denominado una Constitución Moral, como una guía de valores que estimule mejores patrones de conducta; no obstante, cabe advertir que al no poderse convertir en un documento de carácter jurídico, sólo tendría un alcance orientativo cuya repercusión podría observarse en el largo plazo, por lo cual hace falta paralelamente recurrir a otras opciones.
En ese sentido se han venido realizando planteamientos básicamente desde la academia, sobre modificaciones sustantivas al orden jurídico básico, a fin de revertir muchas de las modificaciones que en particular los últimos gobiernos federales, han hecho a la Constitución y a las leyes reglamentarias, que han derivado en la instauración de privilegios en detrimento del interés general.
Uno de esos esfuerzos lo ha coordinado el Dr. Luis Ponce de León Armenta, en el que han participado muchos investigadores y representantes sociales para construir un nuevo orden jurídico, partiendo de la tesis de que nuestro país enfrenta un desorden generalizado que lo propicia y cobija el propio marco constitucional, a cuyo amparo se ha enquistado en el poder de la nación un gobierno de y para pocos.
Para sustentar la iniciativa apelan a argumentos de tres tipos: inicialmente proponen cambiar de nombre al país recurriendo a la denominación de México, como generalmente se le conoce incluso allende nuestras fronteras; de tal manera que la justificación sociológica jurídica, estribaría en que a una nueva persona jurídica le correspondería una nueva acta constitutiva.
El argumento propiamente jurídico lo toman del Artículo 39 constitucional, que a la letra dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Asimismo, en el Artículo 135 de la misma, se establece que ésta puede ser adicionada o reformada, observando el procedimiento que ahí se prevé.
Finalmente los autores de la iniciativa aportan un argumento que califican de revolucionario, relacionado con la inconformidad creciente del pueblo con el actual sistema político y económico, que ha generado el cotidiano derramamiento de sangre a lo largo y ancho del país, según lo subrayan.
Esta iniciativa producto de la realización entre 2016 y 2017, del Congreso Constituyente Ciudadano, ha sido presentada bajo el formato de libro, y constituye en suma una propuesta de nueva Constitución Política para México, en la que a través de ocho títulos se plantea dotar al país de nuevas leyes e instituciones, que den orden, certeza jurídica, eficiencia, transparencia y justicia.
En este espacio de opinión se ha coincidido en que nuestro país enfrenta graves problemas estructurales, acumulados a lo largo de siglos y relacionados en esencia, con la inequitativa distribución de la riqueza material y cultural; problema que se ha acentuado para hacer crisis en distintas etapas, particularmente desde los últimos lustros del siglo XX cuando nos fue impuesto el modelo económico neoliberal, cuyos componentes exacerbados de competencia, rivalidad, individualismo, violencia e injusticia, han propiciado un sistemático encono social.
Ante este contexto, la propuesta de crear una nueva Constitución Política es encomiable, en la medida en que mediante ella se establezca un orden con apego a Derecho, que a su vez garantice a los ciudadanos y a las comunidades contextos propicios para crear de manera lícita riqueza social y distribuirla equitativamente.
De otra manera, el esfuerzo por cimentar una nueva moral republicana, puede convertirse en un distractor para encubrir por ejemplo la impunidad, que tanto nos ha lacerado socialmente.