Hace unos días Enrique Peña Nieto, aún presidente de México, aunque a veces pareciera que ya se ha ido, dado el protagonismo anticipado del presidente electo, afirmó que nuestro país cuenta con un sistema de transparencia y de combate a la corrupción sólido, amplio y robusto; no obstante que su dicho carece de elementos suficientes que lo puedan sustentar.
Cabe recordar que el 27 de mayo del 2015 fue promulgada la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, con el objetivo, según se dijo, de coordinar y homologar en los tres órdenes de gobierno, las políticas sobre prevención, detección, investigación y sanción de dichos actos. En ese marco fue creado el Sistema Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, a la luz de los precarios resultados del sistema se puede anticipar que está impedido para cumplir sus ambiciosos objetivos, dado que desde su diseño institucional respondió al interés de simular para preservar las necesidades y privilegios de un régimen corrupto, bajo la lógica histórica de cambiar para que todo siguiera igual.
Para comprobar lo anterior, baste señalar que lo aprobado por los legisladores y publicado por el Presidente Peña, además de que no le es aplicable a éste, no garantizó la autonomía de las instancias encargadas de tal tarea, de hecho hasta el momento no se dispone de un fiscal anticorrupción, y su autonomía sigue siendo un dilema con un previsible desenlace poco halagüeño; asimismo, no se estipularon sanciones ejemplares para quienes incurran en actos de corrupción, en ese sentido hubiera fortalecido al sistema que esos delitos se tipificaran en el ámbito de lo penal, y se sancionaran con cárcel, dejando atrás su carácter de faltas administrativas castigadas con inhabilitación y multas, que resultan irrisorias.
Un combate frontal y efectivo contra la corrupción y la impunidad en el gobierno y sus socios privados, requiere garantizar que el sistema funcione con absoluta independencia de los tres poderes, así como con oportunidad, eficacia y eficiencia en el castigo a los infractores, lo cual a la fecha no se ha cumplido y por tanto su vigencia resulta contraproducente, pues lejos de inhibir esas conductas las incentiva.
Otra acción del actual gobierno en la materia, que merece ser señalada por su insuficiencia y magros resultados, es la Plataforma Nacional de Transparencia, que ha sido un ejemplo de opacidad y por ende un fracaso, de acuerdo con datos de la propia Auditoria Superior de la Federación; asimismo, habría que señalar la vinculación partidista inicial de los directivos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que contaminó su autonomía.
Frente a la lógica del derroche de dinero como medio para alcanzar los objetivos, propia del actual sexenio, habría que observar que en la presente administración México pasó del lugar 105 al 135 entre los países más corruptos, de acuerdo con Transparencia Internacional. Como una de las ironías del actual modelo político, hay que observar que en la actualidad y sin precedentes, dados los alcances que posibilita la tecnología, las personas son vigiladas a través de cámaras en la vía pública, de monitoreo a los intercambios en las redes sociales, de intervención a los correos electrónicos, entre otros mecanismos; siendo que quienes deberían ser vigilados de manera sistemática y obligados a rendir cuentas de manera oportuna, expedita, transparente y suficiente son los servidores públicos en su función de gobierno; lo cual sigue siendo un tema pendiente en la agenda nacional.
Tan está pendiente esa asignatura que alrededor del ámbito gubernamental seguimos enterándonos de actos de corrupción, de falta de transparencia, de impunidad aún en el marco de la ley, como lo ejemplifica el caso Duarte. De modo que si bien es cierto que las reformas legales e institucionales son importantes para hacer frente a este flagelo nacional, hay que tener presente también el factor cultural, pues el principal obstáculo para la materialización del Sistema Nacional Anticorrupción, es la falta de congruencia así como de autoridad moral entre la clase política.
La herencia del gobierno que se va en materia de transparencia y combate a la corrupción, representa en esencia una simulación que se replica en la mayoría de las entidades del país, como un problema sistémico; por lo cual es válido concluir que más que la legalidad es la legitimidad de las instituciones la que está en crisis en el país, debido esencialmente a la falta de credibilidad de los ciudadanos en quienes las encabezan y dicen representarles.