A unos días de la elección del próximo seis de junio, que para Tamaulipas representa participar en la elección de quienes integrarán la Cámara de Diputados, así como de las y los alcaldes e integrantes de los 43 ayuntamientos; es necesario hacer un llamado a la ciudadanía para que ejerza su derecho al voto, establecido en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La ciudadanía tiene el derecho pero también la obligación de participar en la vida cívica, en este caso para elegir a quienes le representarán en los órganos más inmediatos, es decir, más cercanos de gobierno, no obstante que uno de los temas que abonan al abstencionismo electoral, sea precisamente la desvinculación entre representantes y representados.
La teórica Pitkin desde 1967, en su ya clásico libro sobre las dimensiones de la representación política, ha destacado algunos atributos que todo representante debería cumplir, para que pueda ser asumido como tal por los representados, y que se sintetizan en: recibir el consentimiento voluntario, tener una afinidad física y simbólica, rendir cuentas y, realizar una acción sustantiva, en otras palabras, actuar en razón de los intereses de los representados.
Estas apreciaciones sobre lo que significa representar, constituyen un basamento para el ejercicio del derecho al voto, pues en gran medida cada una de ellas alude a los antecedentes del aspirante al cargo de representación popular, que se deberían ponderar antes de decidir el sentido del sufragio. En contraparte, sería un despropósito dar la autorización de representar, a alguien que no tiene forma de acreditar antecedente alguno, sobre su disposición y capacidad para gestionar y para atender las necesidades e interese de quienes aspira a representar.
Asimismo, recurrir a estas dimensiones permite a los electores disponer de criterios más menos objetivos, sobre la trayectoria y, en su caso, sobre los resultados observables de las actuaciones públicas de los aspirantes a ocupar el cargo o a repetir en la función, antes de comprometer un contrato que la ley no permite disolver, sino hasta que se concluye el periodo para el cual se elige al representante.
Frente a este catálogo de criterios que se han propuesto desde la academia, de lo que ahora mismo los potenciales electores puede echar mano y que, desafortunadamente suele ser el principal factor que se toma en cuenta para decidir el sentido del voto, es el cúmulo de descalificaciones que se arrojan entre partidos políticos y candidatos, cuyo vendaval fluye tanto por medios tradicionales como por las plataformas digitales, el cual sólo permite distinguir a dos bandos: uno atacando de manera dogmática a quienes gobiernan y, otro defendiendo con la misma vehemencia a quienes dicen ser los salvadores de la patria perdida.
En esa polarización que sin precedentes se ha apropiado del debate público, no es posible distinguir a la pluralidad inherente al México actual, pues somos un país multicultural que lejos está de expresarse en esos dos polos, cuyos protagonistas pretenden arrogarse la representación de la sociedad en su conjunto. No obstante la estrechez en la que nos sigue colocando la democracia representativa, incluido el modelo de comunicación política que hace posible esta polarización, al día de hoy constituye la vía institucional y pacífica de que se dispone para mediar los conflictos y, para ir resolviendo los históricos problemas nacionales.
De tal forma que ante la magra contribución de ambos polos, sobre argumentos y propuestas concretas alrededor de los grandes problemas que aquejan a México, puede ser una opción para el electorado recurrir a las dimensiones de Pitkin, a fin de tomar una decisión lo más razonada y razonable posible, para votar el próximo domingo seis de junio.