Inmersos en el periodo de campañas proselitistas de partidos y candidatos, en la perspectiva de que el próximo 6 de junio se elegirá a la Cámara de Diputados y, en el caso de Tamaulipas, al congreso local, a las presidencias municipales y a las alcaldías; experimentamos una saturación de mensajes incluidos los spots oficiales, a través de los cuales los contendientes parecieran estar compitiendo por el primer lugar en capacidad para desacreditar a sus adversarios.
Cabe recordar que entre otros factores que dieron pauta a la reforma electoral del 2007, relacionada con el modelo de comunicación política, fue la prevalencia de campañas saturadas de calumnias y descalificaciones entre los partidos políticos y sus candidatos, dejando a un lado la discusión ideológica y programática, que debe ser la esencia del debate público entre aspirantes a cargos de representación popular.
En ese sentido se realizó una reforma constitucional a través de la cual se previó que, a petición de parte, se sancionarían las expresiones denigratorias o difamatorias entre candidatos y partidos; lo cual no dejó de suceder, particularmente durante la elección presidencial del 2012. De modo que en la reforma constitucional del 2014 nuevamente se abordó el tema de la comunicación política, estableciendo que en la propaganda política o electoral que difundieran los partidos y los candidatos, deberían abstenerse de expresiones que calumniaran a las personas.
A pesar de estas reformas jurídicas y las que han sucedido, relacionadas con el contenido de las campañas electorales, seguimos escuchan y viendo mensajes de todos los partidos, en los cuales predomina el denuesto, la querella y los calificativos, con los cuales se fomenta la polarización de la opinión pública. Al día de hoy basta echar un vistazo a las redes sociales, para observar esta saturación perniciosa para la vida cívica.
Es conveniente recordar a los partidos políticos y a sus candidatos, que alrededor del 40% de la listan nominal, que con frecuencia no sale a votar, está mayoritariamente conformada por jóvenes, quienes se suelen abstener en tanto no consideran que los contendientes les representen y, por ende, que puedan atender sus demandas.
De modo que si con sus campañas los candidatos pretenden fomentar la participación electoral, como es su obligación, debieran abstenerse de seguir emitiendo contenidos calumniosos, como lo determina la ley electoral, dando prioridad a las propuestas y a los medios a través de los cuales las pretenden cristalizar.
En lo que hace a las autoridades competentes, es deseable que cumplan con su cometido legal, encauzando el debate público que favorezca la formación de una opinión informada con veracidad y, en consecuencia, una ciudadanía que se implique en las jornadas electorales, con plena conciencia sobre la trascendencia de su voto. A petición de parte, se sancionarían las expresiones denigratorias o difamatorias entre candidatos o partidos