Por Guadalupe Escobedo Conde
El INEGI nos cuenta que, de la población usuaria del Internet en México, 21 por ciento ha sido víctima de ciberacoso en el último año, y son las mujeres jóvenes las que sufren más esta situación. En nota de prensa Mileno revela que de cada cien denuncias por acoso en oficinas gubernamentales, solo seis se castigan y el organismo de la Función Pública reserva el nombre de los acosadores. Para ambos casos ya existe una legislación que pretende prevenir, castigar y erradicar ese tipo de violencias de género, pero hay resistencia en un sistema político, público y privado sustentado en el poder masculino. Como mafia en el poder, se protegen entre ellos.
El ciberacoso creció en los últimos doce meses pandémicos en Colima, Tabasco y Tlaxcala, mientras que, en la CDMX, Tamaulipas y Coahuila se reportó menor prevalencia, que no quiere decir que no exista, sino que la respuesta ante la encuesta así lo revela.
Las mujeres que reconocen sufrir este tipo de violencias señala que han recibido insinuaciones o propuestas sexuales en casi 36 por ciento de las agresiones que se dan en la red; también comentan sobre identidades falsas, recibir mensajes o llamadas ofensivas. En casi el 60 por ciento de los casos no se identifica al acosador, mientas que en el 24 por ciento se detecta que son personas conocidas o cercanas a la víctima y el resto serían desconocidos.
Estos nuevos datos presentados apenas este mes, muestran el incremento del delito, mayormente cometido por los hombres, en periodo censado del 2019 al 2020.
Y en el acoso físico o presencial, ejecutado en oficinas públicas, a pesar del tiempo de trabajo a distancia, este también va al alza, según las estimaciones que revela al medio la Secretaria de la Función Pública.
Desde el año pasado, poco antes de la pandemia, se difundió en el gobierno federal un protocolo que emana del INMujeres para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamientos Sexual y Acoso Sexual, de entonces a la fecha se han recabado casi 600 denuncias por malas conductas de los servidores públicos, pero poco se hace al respecto, solo sanciones administrativas y conciliación entre agresor y víctima.
¿De qué sirve conocer estos otros datos? La autoridad explica que para crear más leyes que prevengan, sancionen y eliminen todo tipo de violencia hacia la mujer. ¿Entonces porque no avanzamos? Quizás sea que la estrategia que emana de las oficinas de los hombres, apunta sólo a ellas, se dan recomendaciones para evitar ser acosadas, se establecen reglamentos para denunciar, pero se protege más al agresor que a la víctima y se socializan campañas enfáticas para ellas, sutiles para ellos, los que tienen el sartén por el mango.
Son solo simulaciones de que algo va a cambiar, que se van a erradicar las violencias, pero sus cifras, las oficiales, remarcan que el acoso digital o presencial va en aumento, a pesar de la pandemia, de las campañas de sensibilización y las pocas denuncias que pueden llegar a consolidarse ante un juez cívico.
Estas malas prácticas que están normalizadas y están a la vista socialmente, son conductas “pasables” de las que todos llegamos a conocer un caso cercano y lo dejamos en visto, no nos involucramos, invisibilizamos el problema provocando que escale a mayores violencias y se perpetúen las conductas machistas y misóginas.
Conocer los datos nos debe llevar a la reflexión social para cambiar de hábitos en la convivencia social y limpiar muchos espacios públicos que hoy son dominados por ellos, los agresores, acosadores, con creencias primitivas.
