Mientras los casos de oprobiosa corrupción en el seno de la administración pública continúan aflorando y, mientras desde todos los órdenes de gobierno se promete que se combatirá y erradicará, se sigue echando de menos la implementación de medidas contundentes y efectivas, con base en las cuales se vayan sentando las bases institucionales para transitar, del voluntarismo del jefe en turno a la obligatoriedad con apego a la ley.
En ese sentido es imprescindible que los gobernantes, particularmente los legisladores, tomen en cuenta con absoluta responsabilidad cívica, la necesidad de implementar a plenitud el servicio profesional de carrera en toda la administración pública, incluidas las instituciones y los órganos que gozan de autonomía.
El antecedente de esta iniciativa se ubica en el servicio civil alemán, luego en la India e Inglaterra, basado en el principio del mérito profesional, de manera que en ese esquema los servidores públicos no dependen de la voluntad o el favor del jefe; su ingreso, promoción y permanencia están sujetos a evaluaciones transparentes y periódicas, sus relaciones con todas las esferas del gobierno están reglamentadas, sus obligaciones debidamente establecidas, sus derechos están a salvo y son responsables, es decir, rinden cuentas por lo que hacen o dejan de hacer.
El servicio civil es propio del Estado moderno, lo que implica que está sujeto a la ley.
La carrera administrativa es por tanto la parte esencial del servicio civil, que en aquellas regiones ha gozado de amplio reconocimiento social, y cuyas primicias básicas son: ingreso a edad temprana, seguridad en el empleo, salarios determinados en función de los ascensos, revisiones salariales anuales, oportunidad en el ascenso hasta las categorías más altas, movilidad geográfica, programas de formación y actualización, neutralidad partidista y jubilación.
La otra cara de la medalla es la copia incompleta, e incluso la simulación que se ha implementado en varias partes de nuestro país, a pesar de las disposiciones constitucionales y legales al respecto.
Pues prevalece el hecho de que el jefe en turno, asume como patrimonio propio el ámbito de la administración que le es conferido, repartiendo cargos administrativos en calidad de cuotas de poder, sin más mérito que la amistad, el compromiso o la complicidad; incurriendo incluso en nepotismo.
En este contexto es común la improvisación, el derroche, la opacidad, la corrupción, la connivencia con grupos de poder y el cálculo en la acción u omisión, con base en el calendario electoral; en detrimento de la garantía de que deberían gozar los ciudadanos de que sus necesidades colectivas y sociales habrán de ser atendidas con oportunidad, sin distinción y con eficiencia, por servidores públicos debidamente preparados y evaluados con criterios académicos y, de experiencia en la administración de lo público.
De modo que ante el deleznable contexto de corrupción que estamos enfrentando, la impartición de justicia y el combate a la impunidad deberían ir acompañados de la implementación a plenitud, del servicio profesional de carrera en toda la administración pública, en los tres órdenes de gobierno, lo que permitiría ir sentado bases institucionales firmes para transformar de fondo la concepción y la administración de lo público; sus resultados habrían de irse materializando a lo largo de varios lustros, pues esa medida implica un cambio en la cultura política, lo cual debería ser un componente toral de la nueva realidad mexicana.