Por Guadalupe Escobedo Conde
Por méritos propios, capacidades probadas y por atender una exigencia ciudadana para la paridad de género en los cargos públicos, la administración de la 4T inició con un gabinete federal casi equitativo, pero ese equilibrio ahora está en riesgo y es que algunas mujeres seleccionadas para trabajar en la política pública no están dispuestas a solapar la inacción y omisión gubernamental ante graves problemas sociales.
Las funcionarias públicas que han decidido tirar el arpa, lo hacen decepcionadas de la actual gestión, se van con la frente en alto, pero quién más pierde por esta dimisión, es la nación.
Estaban colocadas estratégicamente en puestos de atención ciudadana, donde se ocupa mucha sensibilidad y conocimiento de causas sociales. No son cargos políticos o de gran proyección personal, pero sí áreas que demandan mucho trabajo y acción por el bien común, pero son oficinas que no le interesan al presidente, de las primeras que sufren recorte presupuestal y si es posible de las que desaparecerá o fusionará.
Del Consejo para Prevenir la Discriminación se fue Mónica Macisse; de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Mara Gómez y de la Subsecretaria de Integración y Desarrollo de Salud, Asa Cristina Laurell. Las tres mujeres hicieron lo políticamente correcto, al ser denostadas por el alto mando, su jefe. Nos van a hacer mucha falta, aunque son comprometidas en colectivos sociales, donde seguramente seguirán luchando por causas sociales.
Estudios recientes que hablan de la participación femenina en el ámbito de la administración pública confirman que la mujer es menos corruptible, que son más eficientes y sensibles para atender tareas de comunidad. Por eso no es de extrañarse que renuncien a sus cargos cuando no están de acuerdo en la rectoría gubernamental.
También análisis internacionales dan cuentan de los avances en las naciones que son gobernadas por mujeres, en México aún estamos muy lejos de que sea una mujer la que llegue a la presidencia, el sistema de partidos políticos actuales está aliado con el patriarcado y solo avanzan en escaños políticos los pares que se echan la mano. Muy a fuerzas y renegando han permitido la incursión de la mujeres en asuntos políticos.
Por eso, las pocas funcionarias que logran alcanzar un cargo de primer nivel son elementos importantes para la nación, le imprimen un sello más humanista a la gestión pública, son más sororas y solidarias, administran mejor el recurso y por lo que se ve, resuelven con más sentido común y sin encono, como se ejecuta ahora la gestión presidencial.
Aunque la ley actual obliga a la paridad, la ciudadanía exige más participación de mujeres en la política y están mejor preparadas para los cargos, estamos ante un sexenio abiertamente misógino y machista, con un líder político que no tiene la mínima intención de deconstruir vicios estructurales en el poder, al contrario, desde su imagen los fortalece.
El techo de cristal o el piso pegajoso es lo de menos en estos tiempos para cualquier servidora pública, es la cabeza en el poder el gran impedimento para avanzar, no sólo en la equidad de género, sino prosperar como país.