Autoridad moral para gobernar

Han pasado las elecciones intermedias para renovar a la Cámara de Diputados, quince gubernaturas, 30 congresos estatales y las autoridades de los ayuntamientos en igual número de estados, con un saldo relativamente positivo, pues en general fue posible salir a votar y se ha respetado la voluntad popular.

Se puede ahora hacer una proyección sobre el rumbo que seguirá el debate nacional, bajo la nueva correlación de fuerzas que decidió la ciudadanía mediante su voto, focalizando a la Cámara de Diputados ya que su nueva composición, refleja en gran medida el clima político en el que actualmente estamos viviendo.

En ese sentido se puede afirmar que una de las principales características que habremos de observar en dicha soberanía, será la continuidad de la polarización entre dos grandes grupos, sustentada en descalificaciones: uno en respaldo al Presidente de la República, y otro intentando bloquear toda iniciativa que provenga del Ejecutivo Federal.

Desafortunadamente no será la deliberación lo que medie la interacción entre ambas posiciones antagónicas, ni la ciudadanía podrá incidir de manera directa sobre las grandes reforma legales que requiere el desarrollo del país, tanto en materia de generación de riqueza, como en la distribución de la misma, así como sobre los mecanismos para que las autoridades efectivamente garanticen el libre ejercicio de todos los derechos.

Esa polarización auspiciada por ambos polos les ha redituado electoralmente, de manera especial a la coalición opositora, pues la campaña propagandística basada en esa estrategia, contribuyó en mucho para que vaya a disponer de un mayor número de escaños, mientras los líderes de los partidos coligados han advertido que seguirán por ese camino.

Cabe observar que a esa polarización exacerbada han contribuido poderes extranjeros, presumiblemente asociados con intereses radicados en el país, fenómeno que ilustra la portada del diario The Economist, en la que se relacionó al Presidente de la República con un falso mesías, en alusión a su estilo de gobernar, que estaría constituyendo un engaño para el pueblo mexicano, al cual en consecuencia se le coloca en calidad de fanático, creyente y torpe.

En la misma partitura se puede leer el mensaje del gobierno norteamericano en Guatemala, de que seguirá financiando a asociaciones civiles dedicadas al tema de la transparencia, que en el caso de México han asumido una posición beligerante en contra del gobierno federal. Estos hechos de propaganda originada allende nuestras fronteras, no parecen estar aislados de información como la que ha difundido el Sistema de Administración Tributaria, en el sentido de que la mitad de los impuestos no entregados al fisco, pertenecen a grandes contribuyentes plenamente identificados por dicha autoridad, producto de defraudación fiscal y actos de corrupción. Esa cifra asciende a un billón 400 mil millones de pesos, que equivale aproximadamente a una quinta parte del gasto público de este año.

Ese minoritario sector privilegiado con tentáculos en los centros de poder internacional, seguramente está molesto con un gobierno que los amenaza con poner límites a esas prácticas nocivas; sin embrago, constituye una pésima estrategia de la autoridad federal, seguir ventilando información en ese sentido, sin que medien las denuncias legales respectivas, pues si no se transita del plano especulativo a la aplicación de la ley, sólo se abona a la citada polarización. De cara a esa polarización, desde el ámbito de la ciudadanía nos corresponde exigir que, quienes han llegado al poder legislativo federal, comiencen por hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.

De ser atendida esa exigencia, se podría derivar una señal de que están dispuestos a superar el encono electoral y, con autoridad moral, enfocarse en ir resolviendo los grandes problemas nacionales, mediante la deliberación de ideas.

A final de cuentas, se trata de ir disponiendo de criterios de evaluación a los representantes durante su mandato, que permitan tomar decisiones más razonadas al momento de ejercer el voto.

La elección del seis de junio

Un nivel de participación del 52.6% de la lista nominal de electores, se registró en la elección intermedia del domingo seis de junio, en la que no obstante este umbral de votación que rebasó el antecedente anterior inmediato, sigue siendo muy significativo el abstencionismo ciudadano, en esta ocasión de alrededor del 47%.

Durante la jornada electoral se eligieron a los diputados federales, a 15 gobernadores, a los congresos locales en 30 estados, a 1,926 presidencias municipales y, a las 16 alcaldías de la Ciudad de México. De acuerdo aún con cifras preliminares del INE, sobre los resultados cabe hacer los comentarios siguientes: En cuanto a la Cámara de Diputados, Morena obtuvo la mayoría de votos, de modo que tendrá legisladores en un rango de entre 190 y 203 de los 500; seguido del PAN cuyo margen oscilará entre 106 y 117; el PRI tendrá entre 63 y 75; el PVEM entre 40 y 48; el PT entre 35 y 41; Movimiento Ciudadano entre 20 y 27; finalmente el PRD entre 12 y 21.

Los otros tres partidos de reciente fundación y los independientes, no alcanzaron representación dada su exigua votación. En lo que hace a las gubernaturas, Morena ganó 12 de las 15 en disputa, Movimiento Ciudadano una al igual que el PAN, mientras que a San Luis Potosí lo gobernará la alianza del PT y el PVEM, con un candidato del que se han especulado vínculos con la delincuencia organizada, sin que hasta el momento se hayan comprobado.

Focalizando a Tamaulipas, cabe registrar que para el congreso local, Morena ganó 16 de las 22 curules disponibles por el principio de mayoría relativa, de tal forma que para la siguiente legislatura habrá en la entidad federativa la figura del gobierno dividido, es decir, que el partido político en el ejecutivo estatal, en este caso del PAN, no tendrá mayoría en el poder legislativo, que ahora la tendrá Morena; lo cual en términos de contrapesos, característica propia de la democracia, es sano, pues obliga a los actores políticos a la conciliación de intereses. Algo similar le pasará a Morena en la Cámara de Diputados, pues cuando pretenda emprender reformas constitucionales, tendrá que conciliar para construir una mayoría calificada, que las elecciones por mandato constitucional no otorgan.

Sobre las alcaldías en Tamaulipas, si bien el PAN ganó la mayoría de las 43 en disputa, las más pobladas y con mayor desarrollo social las ha ganado Morena, incluida la capital de la entidad; lo cual expresa un cambio importante en cuanto a la tendencia del voto, que obligará a los dos principales partidos a replantear sus estrategias y acciones: uno para gobernar y el otro para asumir el papel de oposición constructiva.

En general cabe destacar que se vivió una jornada cívica pacífica, tanto a nivel federal como en lo local, lo que constituye un aliciente significativo para seguir por el sendero de la democracia electoral, dado que veníamos de un escenario de polarización y de violencia, pues no se puede dejar de señalar que en este proceso electoral, al menos 35 contendientes fueron asesinados, además de los múltiples atentados que sufrieron varias candidatas y candidatos, en distintas regiones del país.

Asimismo, hay que insistir en que uno de los grandes desafíos para partidos políticos, candidatos y para el sistema electoral en su conjunto, es el alto abstencionismo, pues ello significa que para cerca de la mitad de los potenciales electores, la democracia electoral no representa la vía para resolver sus problemas ni para expresar sus opiniones.

Este fenómeno revela un problema de legitimidad, es decir, de credibilidad, de confianza y de aceptación por parte de la ciudadanía, que el sistema político nacional debe resolver para bien de todos.

De tal forma que es imprescindible que la clase política asuma este reto y se comprometa a ir resolviéndolo, consultando y aceptando las propuestas de la ciudadanía y de las organizaciones autónomas; lo cual irremisiblemente pasa por debatir y resolver el problema de la baja representatividad de los candidatos y, de la escasa capacidad de la ciudadanía para decidir quién quiere que le represente; lo que por cierto la tergiversada figura de los candidatos independientes, por parte de los propios partidos políticos, no ha contribuido a resolver.

Sugerencias para votar

A unos días de la elección del próximo seis de junio, que para Tamaulipas representa participar en la elección de quienes integrarán la Cámara de Diputados, así como de las y los alcaldes e integrantes de los 43 ayuntamientos; es necesario hacer un llamado a la ciudadanía para que ejerza su derecho al voto, establecido en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La ciudadanía tiene el derecho pero también la obligación de participar en la vida cívica, en este caso para elegir a quienes le representarán en los órganos más inmediatos, es decir, más cercanos de gobierno, no obstante que uno de los temas que abonan al abstencionismo electoral, sea precisamente la desvinculación entre representantes y representados.

La teórica Pitkin desde 1967, en su ya clásico libro sobre las dimensiones de la representación política, ha destacado algunos atributos que todo representante debería cumplir, para que pueda ser asumido como tal por los representados, y que se sintetizan en: recibir el consentimiento voluntario, tener una afinidad física y simbólica, rendir cuentas y, realizar una acción sustantiva, en otras palabras, actuar en razón de los intereses de los representados.

Estas apreciaciones sobre lo que significa representar, constituyen un basamento para el ejercicio del derecho al voto, pues en gran medida cada una de ellas alude a los antecedentes del aspirante al cargo de representación popular, que se deberían ponderar antes de decidir el sentido del sufragio. En contraparte, sería un despropósito dar la autorización de representar, a alguien que no tiene forma de acreditar antecedente alguno, sobre su disposición y capacidad para gestionar y para atender las necesidades e interese de quienes aspira a representar.

Asimismo, recurrir a estas dimensiones permite a los electores disponer de criterios más menos objetivos, sobre la trayectoria y, en su caso, sobre los resultados observables de las actuaciones públicas de los aspirantes a ocupar el cargo o a repetir en la función, antes de comprometer un contrato que la ley no permite disolver, sino hasta que se concluye el periodo para el cual se elige al representante.

Frente a este catálogo de criterios que se han propuesto desde la academia, de lo que ahora mismo los potenciales electores puede echar mano y que, desafortunadamente suele ser el principal factor que se toma en cuenta para decidir el sentido del voto, es el cúmulo de descalificaciones que se arrojan entre partidos políticos y candidatos, cuyo vendaval fluye tanto por medios tradicionales como por las plataformas digitales, el cual sólo permite distinguir a dos bandos: uno atacando de manera dogmática a quienes gobiernan y, otro defendiendo con la misma vehemencia a quienes dicen ser los salvadores de la patria perdida.

En esa polarización que sin precedentes se ha apropiado del debate público, no es posible distinguir a la pluralidad inherente al México actual, pues somos un país multicultural que lejos está de expresarse en esos dos polos, cuyos protagonistas pretenden arrogarse la representación de la sociedad en su conjunto. No obstante la estrechez en la que nos sigue colocando la democracia representativa, incluido el modelo de comunicación política que hace posible esta polarización, al día de hoy constituye la vía institucional y pacífica de que se dispone para mediar los conflictos y, para ir resolviendo los históricos problemas nacionales.

De tal forma que ante la magra contribución de ambos polos, sobre argumentos y propuestas concretas alrededor de los grandes problemas que aquejan a México, puede ser una opción para el electorado recurrir a las dimensiones de Pitkin, a fin de tomar una decisión lo más razonada y razonable posible, para votar el próximo domingo seis de junio.

Nuevos ricos y millones de pobres, saldo de la pandemia

Desde finales del año pasado, el Banco Mundial previó que en el 2020, la pobreza extrema mundial aumentaría, como no se había visto en más de 20 años, como resultado de las perturbaciones ocasionadas por la pandemia del COVID-19, agravada por la fuerza de los conflictos sociales y por el cambio climático, que ya estaban desacelerando los magros avances en la reducción de la pobreza.

Asimismo, el Banco Mundial estimó que la actual pandemia empujaría a entre 88 y 115 millones de personas a la pobreza extrema en el 2020, mientras que la cifra llegaría a los 150 millones en este 2021, dada la contracción económica que han enfrentado sobre todo los países con mayores índices de pobreza. Pese a este devastador impacto social en todo el mundo por el coronavirus, el número de nuevos multimillonarios en el mismo periodo registró un incremento significativo, según se informa en el afamado listado anual de la revista Forbes, sobre las personas más ricas del mundo, en esta ocasión compuesto por 2,755 afortunadas personas.

Forbes subraya que en medio de la actual crisis, un 86% de ellos mejoró su estatus financiero, habiendo 493 nuevos nombres en su lista del 2021, incluidos 210 de China y 98 de Estados Unidos de América.

Asimismo, cabe observar que gracias a las vacunas contra el COVID-19, hay nueve multimillonarios nuevos en el sector farmacéutico: El precio de las acciones de Moderna aumentaron más de 700% desde febrero de 2020; el de BioNTech se disparó un 600%; mientras las acciones de CanSino Biologics aumentaron aproximadamente un 440%, durante el mismo período.

En la cúspide de la lista de Forbes está el fundador de Amazon, Jeff Bezos, el más rico del mundo por cuarto año consecutivo, con una fortuna estimada en US$177.000 millones, gracias a la subida del valor de las acciones de su empresa, en el contexto de aislamiento obligado y de vida virtual, al que nos han confinado mundialmente.

Al segundo lugar de la lista ascendió el norteamericano nacido en Sudáfrica, Elon Musk, fundador de Tesla; quien registra un aumento de 705 % en las acciones de su compañía de vehículos eléctricos; negocio donde el litio juega un papel fundamental, lo que nos obliga a reflexionar que México dispone de grandes reservas de ese metal, que son explotadas por industrias trasnacionales.

Completan los primeros cinco puestos el francés Bernard Arnault, con un imperio familiar de 70 marcas; seguido del fundador de Microsoft, Bill Gates; y del creador de Facebook, Marck Zuckerberg. Es decir, entre los más ricos están los dueños de la virtualidad, a la que hoy están atadas millones de personas en todo el mundo, asumiéndola como la normalidad de la vida contemporánea.

La mujer Alice Walton aparece en el puesto 17, se trata de la hija del fundador de Walmart, que suma a sus negocios el arte. Este 2021, Forbes incluyó a 51 latinoamericanos en su lista, entre ellos, el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim, que se situó en el puesto 16 entre los más ricos del mundo.

El segundo lugar de los latinoamericanos más adinerados lo ocupa otro mexicano, Germán Larrea Mota Velasco, con su Grupo México, propietario de la compañía minera de cobre más grande del país, quien también tiene operaciones en Perú y Estados Unidos. Lo que implica subrayar que la explotación de los recursos naturales, le sigue haciendo cada vez más rico; sin importar el daño irreversible que se sigue provocando a los ecosistemas. De modo que la pandemia por el Covid-19 sigue haciendo crecer la selecta lista de los más ricos del mundo, e incrementando los millones de pobres que cada vez lo son más.

Se agraba el eterno conflcito entre judíos y musulmanes

La historia la cuentan los vencedores sintetiza la sabiduría popular, aforismo que toma gran vigencia en el perenne conflicto entre árabes e israelíes, del que ahora mismo seguimos recibiendo lamentables noticias, pues el ala judía con el respaldo de las potencias occidentales, ha convertido en victimario al pueblo palestino, al que despojó de su tierra en 1967, ante la perplejidad del mundo.

En aras de comprender las actuales circunstancias del conflicto histórico entre ambas civilizaciones, cabe recordar el plan de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante el cual el dominio británico palestino fue divido en dos partes, una árabe que permitió a los musulmanes conservar la parte oriental de Jerusalén y, otra judía que dio paso a la fundación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948.

No obstante, mediante la embestida militar en junio de 1967, conocida como la Guerra de los Seis Días, Israel se apropió de la península del Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordania que incluyó la parte oriental de Jerusalén y, los Altos del Golán; afectando a Egipto, Jordania y Siria.

Los enfrentamientos militares entre los aliados árabes e Israel seguirían, con triunfos parciales de ambas partes, como el acontecido en 1973 en la llamada Guerra de Yom Kipur, que derivó en otro triunfo militar de Israel, aunque con la devolución a Egipto del territorio ocupado por los judíos en los Altos del Golán. Las hostilidades en el campo diplomático y comercial continuarían, dando lugar a la crisis petrolera en la década de los 80 en occidente, ante la disminución del suministro del hidrocarburo por parte de varios países árabes.

En ese marco habría que registrar que a pesar de la resolución 478 del Consejo de Seguridad de la ONU, que por cierto contó con la abstención del gobierno de nuestra vecina potencia del norte, mediante la cual los Estados miembros rechazaron la anexión israelí de la parte oriental de Jerusalén, al calificarla contraria al derecho internacional, Israel no dio paso atrás, contando con el respaldo de los Estados Unidos de América.

Esta situación ha originado que los enfrentamientos militares entre judíos y musulmanes, se hayan mantenido prácticamente de manera ininterrumpida, sobre los cuales una vez más estamos recibiendo noticias, que nos permiten conocer lo extraordinariamente sanguinarios que están resultando para la población civil, mientras el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dado más poderes a la policía para hacer cumplir los toques de queda en Israel.

Los ataques del ejército israelí en Cisjordania contra presuntos objetivos militares palestinos, han causado hasta el momento más de 160 muertos, entre mujeres y niños, así como miles de heridos y desplazados.

El ataque aéreo israelí sobre Gaza ha incluido la sede de agencias de noticias internacionales, como AP y Al-Jazeera, lo que puede interpretarse como un intento de bloquear las fuentes que estaban informando al mundo sobre las masacres que se están cometiendo. La escalada del histórico conflicto incluye la participación de Estados Unidos apoyando a Israel y, de Rusia secundando a la alianza árabe, respaldos que lejos de servir para dar seguimiento a los acuerdos de paz entre palestinos e israelíes, han jugado un papel preponderante para que, irónicamente, el entuerto no encuentre solución.

De modo que la posibilidad de que la disputa étnica alcance una vez más dimensiones globales está en puerta, en tanto Israel amenaza con una ofensiva terrestre que sería mortal para la población civil palestina.

Por ende, la ONU no debe permanecer impávida, debe actuar de manera enérgica, exigiendo el alto al fuego y la solución política del conflicto, que irremisiblemente pasa por el reconocimiento de la existencia de ambos Estados soberanos.

Inmersos en las campañas proselitistas

Inmersos en el periodo de campañas proselitistas de partidos y candidatos, en la perspectiva de que el próximo 6 de junio se elegirá a la Cámara de Diputados y, en el caso de Tamaulipas, al congreso local, a las presidencias municipales y a las alcaldías; experimentamos una saturación de mensajes incluidos los spots oficiales, a través de los cuales los contendientes parecieran estar compitiendo por el primer lugar en capacidad para desacreditar a sus adversarios.

Cabe recordar que entre otros factores que dieron pauta a la reforma electoral del 2007, relacionada con el modelo de comunicación política, fue la prevalencia de campañas saturadas de calumnias y descalificaciones entre los partidos políticos y sus candidatos, dejando a un lado la discusión ideológica y programática, que debe ser la esencia del debate público entre aspirantes a cargos de representación popular.

En ese sentido se realizó una reforma constitucional a través de la cual se previó que, a petición de parte, se sancionarían las expresiones denigratorias o difamatorias entre candidatos y partidos; lo cual no dejó de suceder, particularmente durante la elección presidencial del 2012. De modo que en la reforma constitucional del 2014 nuevamente se abordó el tema de la comunicación política, estableciendo que en la propaganda política o electoral que difundieran los partidos y los candidatos, deberían abstenerse de expresiones que calumniaran a las personas.

A pesar de estas reformas jurídicas y las que han sucedido, relacionadas con el contenido de las campañas electorales, seguimos escuchan y viendo mensajes de todos los partidos, en los cuales predomina el denuesto, la querella y los calificativos, con los cuales se fomenta la polarización de la opinión pública. Al día de hoy basta echar un vistazo a las redes sociales, para observar esta saturación perniciosa para la vida cívica.

Es conveniente recordar a los partidos políticos y a sus candidatos, que alrededor del 40% de la listan nominal, que con frecuencia no sale a votar, está mayoritariamente conformada por jóvenes, quienes se suelen abstener en tanto no consideran que los contendientes les representen y, por ende, que puedan atender sus demandas.

De modo que si con sus campañas los candidatos pretenden fomentar la participación electoral, como es su obligación, debieran abstenerse de seguir emitiendo contenidos calumniosos, como lo determina la ley electoral, dando prioridad a las propuestas y a los medios a través de los cuales las pretenden cristalizar.

En lo que hace a las autoridades competentes, es deseable que cumplan con su cometido legal, encauzando el debate público que favorezca la formación de una opinión informada con veracidad y, en consecuencia, una ciudadanía que se implique en las jornadas electorales, con plena conciencia sobre la trascendencia de su voto. A petición de parte, se sancionarían las expresiones denigratorias o difamatorias entre candidatos o partidos

Socializar los beneficios del conocimiento ante el Covid-19

Mientras la Organización Mundial de la Salud sigue alertando sobre la intensificación de contagios por el Covid-19 en todo el mundo, legisladores y líderes sindicales entregaron al Presidente de los Estado Unidos de América, una petición con el apoyo de dos millones de firmas, para que ese gobierno se sume a las 100 naciones que están promoviendo poner a la gente por encima de las ganancias, de modo que se garantice el acceso universal a las recetas y a los materiales para producir vacunas anti-Covid-19.

Esta iniciativa implica en esencia, suspender las protecciones que otorga la Organización Mundial de Comercio (OMC), bajo la figura de las patentes, a las empresas farmacéuticas para controlar la fabricación y distribución de las inmunizaciones.

No se puede perder de vista que las farmacéuticas, están en el selecto grupo de las empresas que más han ganado ante el actual problema de salud mundial; cuyas utilidades ya venían siendo excesivas.

Cabe reflexionar que las farmacéuticas están obteniendo una ganancia desmedida, con sustancias cuya disponibilidad determina la vida o la muerte de miles de personas en el mundo, a lo cual habría que añadir que esta apropiación privada de las vacunas resulta injustificable, toda vez que muchas de las investigaciones que permitieron el desarrollo de los fármacos, fueron y están siendo subvencionadas con dinero público.

La campaña en cuestión recibió el pasado 14 de abril, el respaldo de 102 ganadores del Premio Nobel, así como de 79 ex jefes de Estado o de gobierno, quienes publicaron una carta abierta en la que se pronunciaron por salvar vidas e impulsar la inmunidad de rebaño a nivel global, compartiendo el conocimiento y la tecnología necesarios para la producción de los fármacos, que hasta el momento siguen escaseando en gran parte del mundo, sobre todo entre la población más pobre.

Esta iniciativa de vacunas para los pueblos, se justifica asimismo ante la lógica de mercado prevaleciente, a la que le es propia la especulación, la alta rentabilidad para las empresas y, las gestiones estatales parciales; escenario que evidentemente no permitirá resolver el problema a la gran mayoría de la humanidad.

De modo que hace falta una mayor inversión gubernamental eficaz y oportunamente focalizada, así como la cooperación y la solidaridad de las grandes farmacéuticas.

Es necesario en suma, trascender a la ideología neoliberal hoy hegemónica en todos los ámbitos de la vida productiva, particularmente en la investigación, a la cual le es propio el interés individualista con fines de lucro; para colocar en primer lugar, al bienestar general.

Este es un tema trascendental para la humanidad, que se deberían abordar en las cumbres mundiales; para que suceda ello será imprescindible la presión de la sociedad civil organizada.

Regular el uso de la telefonía celular

Hace una semana la Cámara de Senadores aprobó en lo general, el dictamen a la minuta que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El proyecto se aprobó con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, es decir, con una limitada mayoría; los proponentes destacaron que con la reforma se pretende frenar delitos como la extorsión y el secuestro, que en muchos casos, se cometen con la utilización de teléfonos celulares.

Para argumentar a favor de la reforma, la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Lucía Meza Guzmán, recurrió a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en las cuales se registra que en 2019, el 88.9 por ciento de las extorsiones se realizaron vía telefónica.

Estos delitos habrían generado al crimen organizado más de 12 mil millones de pesos en el año. De acuerdo con la minuta en cuestión, se creará una base de datos con información de las personas físicas y morales, titulares de líneas de teléfono móvil, con el objetivo de que sirva a las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, para hacer frente a la comisión de ilícitos, particularmente de los referidos.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones será el organismo encargado de instalar, operar, regular y mantener el Padrón; así como de procurar su buen funcionamiento e intercambio de información con las autoridades competentes.

El dictamen dispone que los concesionarios de telecomunicaciones o, en su caso, los entes autorizados, incurrirán en infracciones cuando efectúen extemporáneamente el registro de un número de línea telefónica móvil; no registren el número; o hagan uso indebido de las constancias, documentos y demás medios de identificación. Por su parte, legisladores de la oposición al dictamen externaron su preocupación, ante lo que calificaron como una reforma que propicia un sistema de vigilancia y hostigamiento a la ciudadanía; que invade la privacidad; y que restringe libertades y derechos.

Es cierto que la reforma adolece de mecanismos puntuales para proteger los datos personales, así como de la previsión de severas y ejemplares sanciones a las autoridades, por el mal uso que se pueda hacer de dicho padrón de datos personales. No obstante, llama la atención que esos legisladores se alarmen tanto ante una reforma cuyo contenido esencial, se ha venido llevando a cabo desde hace décadas en los llamados países del primer mundo, en los que dichos legisladores suelen pasear, pues los admiran y, por ende, nos suelen comparan para destacar lo que deberíamos imitar en cuanto a buenas prácticas de gobierno.

En aquellos países es impensable poder adquirir un teléfono celular con la facilidad con que se compra una bolsa de cacahuates en un minisúper, pues tienen claro el alcance potencial de esos aparatos, de tal forma que han previsto mecanismos básicos de control sobre el uso de esas herramientas. Mientras hoy en México, millones de personas adquieren y usan un celular de manera indiscriminada, sin control alguno y, con toda impunidad para poder cometer actos ilícitos.

Asimismo, llama la atención que se alarmen los legisladores por algo que en distintas partes del país los gobiernos locales ya han implementado, para la realización de diferentes trámites como la expedición de licencias de conducir.

Resulta irónico que bajo el argumento de preservar derechos individuales, esos legisladores federales se olviden de las obligaciones que, ciudadanos y autoridades tenemos con el orden público y la paz social.

De modo que regular este campo en las actuales circunstancias de inseguridad, es algo que la ciudadanía debe exigir a todas las autoridades, a fin de contrarrestar el control que sí están ejerciendo los poderes fácticos, particularmente los corporativos trasnacionales de la comunicación y la información. No se trata de conculcar derechos, sino de garantizar su ejercicio con certeza jurídica.

La contaminación en el contexto de la pandemia

Ante las catástrofes mundiales que estamos enfrentando como la pandemia, el deterioro del medio ambiente y el subsecuente cambio climático, así como la pobreza; una vez más se ha puesto de manifiesto la gran vulnerabilidad de la civilización hegemónica y, por tanto la necesidad de atender de manera urgente tres prioridades: la producción de riqueza de manera sustentable y su distribución equitativa, la protección del medio ambiente y, el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y de seguridad social.
Baste referir que el uso del cubrebocas se está convirtiendo en una práctica inercial, mecánica, sin que nos detengamos a reflexionar sobre su razón de existir y la necesidad de su uso, cuyas respuestas están directamente relacionadas con el daño que la humanidad ha propinado y que sigue causando al medio ambiente, al deteriorarlo y contaminarlo alterando sus equilibrios.
En ese sentido cabe tomar nota que apenas en 2019, la preocupación en el mundo ante la contaminación del medio ambiente se centraba en la reducción en el uso de plásticos por una ocasión, es decir, sin reciclarlos; no obstante, con la llegada de la pandemia la prioridad de la salud medioambiental ha cedido ante la preocupación por la salud humana, sin darnos cuenta que ésta es imposible sin un medio ambiente sano.
Los centros hospitalarios son el mejor ejemplo de cómo la pandemia, ha incrementado de manera exponencial la generación de desperdicios, particularmente plásticos, entre cubrebocas, mascarillas, guantes y anteojos. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ha calculado que una cama ocupada no-Covid genera un promedio de 1.5 Kilos de desechos diarios, mientras una cama con paciente enfermo por el Covid produce nueve Kilos diarios.
En la misma tesitura, investigadores canadienses y portugueses han estimado que, si el mundo se adapta al uso de un cubrebocas desechable diario por persona, la actual pandemia estará propiciando un consumo y desperdicio de 129 mil millones de mascarillas y 65 mil millones de guantes por mes.
Esto sin tomar en cuenta los desperdicios que se derivan de la vida cotidiana, y de la basura doméstica que ha aumentado ante las medidas de confinamiento obligado, que han hecho crecer a las industrias de empaques plásticos bajo el lema úsese y tírese; basura cuyo destino sigue sin resolverse a nivel global, con casos alarmante en varias entidades federativas de México, donde aún no se toman medidas de reciclaje generalizado y obligatorio.

En este contexto, nuestro país estará pasando de alrededor de 78 mil a 92 mil toneladas de basura generada al día.
En 2019 la ONU había advertido que entre ocho y trece millones de toneladas de plásticos llegan cada año a los océanos, atentando contra la diversidad marina, en tanto su fragmentación en diminutas partículas hace posible que el viento las esparza y regresen al ser humano, a través de productos de consumo cotidiano como la sal de mar, la miel y los mariscos, causando daños graves a la salud.
Si bien los plásticos y demás materiales afines son ahora imprescindibles para el control de la pandemia, e incluso para separar los mismos desechos, si cuando logremos prescindir del cubrebocas seguimos viviendo con los mismos problemas de contaminación, precariedad en los servicios de salud y desigualdad social, significará que no hemos aprendido y que, irremisiblemente habremos de enfrentar más catástrofes como la actual pandemia, ya que no puede existir la salud humana con un planeta enfermo de gravedad.

Seguridad Humana

Ahora que el discurso de los derechos humanos, no obstante sus generalidades e insuficiencias, se ha convertido en el parámetro para evaluar el desempeño gubernamental, cabe recuperar el concepto de la seguridad humana, acuñado en el seno de la Organización de Naciones Unidas, desde la cual en 2001 se instituyó una Comisión sobre el particular, con el objetivo de planificar las acciones tendentes a la protección del núcleo vital de las personas, que haga posible mejorar las libertades y la realización de los proyectos colectivos.

En esta Comisión se ha destacado que la seguridad humana implica proteger las libertades fundamentales, que son la esencia de la vida; en ese sentido, conlleva proteger a las personas de situaciones y amenazas graves y extendidas. Significa implementar procesos que se basen en las fortalezas y las aspiraciones de las personas; crear políticas sociales, medioambientales, económicas, militares y culturales que aporten a las personas los fundamentos para la vida, el sustento y la dignidad.

Desde esta perspectiva, la mirada y la acción se deben focalizar en la seguridad de las personas y en su empoderamiento, en consecuencia, mediante un enfoque integral y una acción coordinada, se pone de relieve la interconexión entre seguridad, desarrollo y derechos humanos; a fin de avanzar hacia la paz, la seguridad y el desarrollo tanto dentro de los países como entre éstos.

En este enfoque de la ONU, se plantea que la protección y el empoderamiento de las personas deben ser las dos caras de cualquier marco político, ya que la seguridad humana requiere que los Estados protejan a las personas de manera sistemática, integral y preventiva, ante amenazas que les rebasan. Por ende, la protección debe entenderse como el resultado de las estrategias establecidas por los Estados, las agencies internacionales, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales, para salvaguardar a las personas de las referidas amenazas críticas y persistentes, como el machismo. En cuanto al empoderamiento, la Comisión de la ONU alude a las estrategias que permiten a las personas desarrollar su resistencia a situaciones difíciles y complejas.

El empoderamiento implica un enfoque ascendente, pues se pretende desarrollar las capacidades de las personas y de las comunidades para tomar decisiones informadas y actuar por sí mismas. Al empoderar a las personas y a sus comunidades, se les permite desarrollar su potencial creativo, a fin de encontrar formas de participación para solucionar sus problemas, lo cual garantiza su propia seguridad y la de los demás.

Ahora que una vez más conmemoramos el día de la mujer, resulta conveniente reivindicar esta agenda, emitida en el seno de la ONU desde inicios del presente siglo, que se sintetiza en protección y empoderamiento, sobre la cual las autoridades en los tres órdenes de gobierno arrastran grandes déficits, que abonan a incrementar la frustración e indignación de millones de mujeres en México, cuyas legítimas protestas son sistemáticamente infiltradas para desvirtuarlas. En suma, hace falta pasar de los buenos deseos a las acciones de gobierno concretas.