La reunión de la CELAC

Después de tres años de inactividad pública, el sábado 25 de septiembre se realizó en México, la VI reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), fundada en 2010 en nuestro país, cuyo éxito fundamental fue precisamente la reactivación del mecanismo regional, tan necesario para la vida política y social de los pueblos ahí representados.

Por encima de las discrepancias internas que desde su origen han sido evidentes, producto esencialmente de las diferencias ideológica de los gobiernos integrantes, así como de la presencia indirecta y velada del gobierno norteamericano alrededor del organismo, se avanzó en un amplio documento de 44 pronunciamientos, que van de las cuestiones de salud pública y la defensa de un orden internacional más justo, hasta el uso de la tecnología para la protección del medio ambiente ante el cambio climático, pasando por la lucha contra la corrupción y la pobreza.

Algunas de las diferencias ideológicas en el seno de la CELAC, quedaron expuestas en la cumbre del sábado, cuando se confrontaron el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y sus homólogos de Uruguay, Luis Lacalle y, de Paraguay, Mario Abdo Benítez, por cuestiones internas de esos países; no obstante, sirvieron para reflejar los intereses subyacentes, superables en tanto la mayoría esté dispuesta a consolidar un mecanismo, que podría posicionar a la región como una de las más potentes del mundo, dada la diversidad y abundancia de recursos disponibles aquí, pero que históricamente han sido extraídos y usufructuados por potencias extranjeras.

A pesar de que hace algunas semanas, el gobierno de México había puesto sobre la mesa, la necesidad de repensar a la anacrónica Organización de Estados Americanos (OEA), a fin de alcanzar un entendimiento distinto con los Estados Unidos de América, al término de la reunión, el canciller Ebrard señaló que no hubo definiciones sobre el futuro de la OEA, dado que ese tema no era un punto a discusión en esta cumbre.

Cabe destacar como logro específico de la reunión sabatina, que las naciones de la región negociarán en bloque la obtención de fármacos para combatir a la pandemia del COVID; con el objetivo de asegurar un abasto oportuno que les permita hacer frente de mejorar manera, a una crisis que ha dejado 22 millones de pobres y, una caída económica del 8%.

Algunos mandatarios aludieron a la necesidad de revisar las causas por las que la vida de la CELAC ha sido incierta, no obstante, para no despertar susceptibilidades no profundizaron en ello; de modo que cabría recordar que los lazos que unen a las naciones que integran a la región, están atados por un pasado colonial, así como por el factor de la deuda externa, que ha limitado el desarrollo de la zona.

Por estos antecedentes, es imprescindible que se avance en la formalización del mecanismo, mediante un marco de Derecho internacional que establezca derechos y obligaciones para todos los miembros, como negociar tratados comerciales y políticos en bloque, tal cual lo hace la Unión Europea, lo que obligaría a las contrapartes a flexibilizar y ceder en sus posiciones.

En ese sentido, en el corto plazo habría que sustituir a la obsoleta y obstructora OEA, ideada para tiempos de la Guerra Fría, que pretende seguir operando bajo una lógica favorecedora de las políticas intervencionistas del gobierno norteamericano; consolidando un mecanismo autónomo formal, que coloque a los países de la región en igualdad de circunstancias para interactuar con los otros bloques y potencias mundiales.

El gobierno de México, en calidad de presidente temporal de la CELAC, debe por tanto avanzar con las naciones que así lo deseen, dejando que las circunstancias vayan obligando a la integración de quienes por ahora asumen posiciones escépticas, e incluso de franco boicot.

El 11 de septiembre en la memoria mundial

El 11 de septiembre ha quedado grabado en la memoria colectiva, ante el recuerdo de hechos trágicos que han marcado la historia mundial, pues en más de una ocasión ha sido un día en el que población civil ha padecido el inicio de sucesivas tragedias por diversas violaciones a los derechos humanos, destacando los asesinatos, las desapariciones y múltiples medidas autoritarias.

La vasta estrategia mediática implementada desde la capital de los Estados Unidos de América posicionó, no sólo al pueblo estadunidense que efectivamente fue víctima, sino al propio gobierno en calidad de mártir, de los execrables atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001; que fueron utilizados para justificar una sangrienta persecución en Afganistán de los presuntos responsables y, que simultáneamente le permitieron al imperio norteamericano y a las empresas armamentistas de ese país, mantener una guerra por 20 años, sin que la comprometida instauración de la democracia en el país asiático se hubiera cumplido.

Debido a dicha estrategia mediática que a la fecha pervive y, con la que se intenta imponer la narrativa de que, la barbarie sólo proviene de los pueblos musulmanes, muchas personas habrán pasado por alto que precisamente, un 11 de septiembre pero de 1973, el gobierno democrático de Chile encabezado por Salvador Allende, fue víctima de un cruento golpe de estado militar, que le costó la vida al propio presidente chileno.

Liderado por la Armada y la Fuerza Aérea, el golpe militar fue planificado para ese día, debido a que el ejército se encontraba concentrado en Santiago. Los cabecillas del golpe contaron con el apoyo de Augusto Pinochet, quien a la sazón se haría con el poder e instauraría una ominosa dictadura que duró 17 años. Cerca de las once de la mañana, el Presidente Salvador Allende dirigió su último mensaje al país, a través de una cadena de radioemisoras simpatizantes del gobierno.

En este mensaje manifestó su decisión de no abandonar la casa de gobierno, y que se mantendría firme en su postura de defender a Chile de las oligarquías y los golpistas. Allende se había refugiado con sus partidarios en el palacio presidencial de La Moneda, luego de que éste fuera asediado por tanques y bombardeado por aviones de la Fuerza Aérea, cuando las tropas irrumpieron en el palacio para capturarlo, el presidente se suicidó de un tiro.

Salvador Allende había asumido como mandatario de Chile en 1970, siendo en ese momento el primer presidente en América Latina electo de manera democrática. Su gobierno de tendencia socialista, generó el descontento de las clases sociales históricamente privilegiadas, así como de la administración del entonces presidente Richard Nixon, quien veía en Allende una amenaza para la hegemonía norteamericana en la región.

De ese sangriento golpe de Estado, emanaría una de las dictaduras más brutales de la historia del continente americano, baste señalar que según las cifras oficiales del gobierno chileno, durante la dictadura militar al menos 3,095 personas fueron asesinadas y, decenas de miles más fueron torturadas y encarceladas por disentir con la dictadura. Cabe subrayar que el golpe de Estado, que por 17 años revirtió el proceso democrático en el país andino, fue financiado y orquestado con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos.

Esto se desprende de los documentos desclasificados de esa agencia, pudiendo registrar que el exsecretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, jugó un papel clave en el golpe militar que derrocó al gobierno democrático chileno.

De modo que el 11 de septiembre debe ser recordado por las condenables acciones violentas, con las que se ha atentado contra la dignidad humanidad libertaria; en las que gobiernos norteamericanos han tenido una responsabilidad directa, más allá de su pretendido papel de víctima. A fin de que no se repitan estos hechos, es importante mantenerlos en la memoria colectiva.

Ley de revocación de mandato

El pasado tres de septiembre el Senado de la República aprobó por 101 votos a favor y dos en contra, la Ley de Revocación de Mandato, reglamentaria del artículo 35 constitucional, que fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y, en su caso, aprobación.

Luego de modificar la propuesta del Ejecutivo Federal, en cuanto a la pregunta que será sometida a la consideración de la ciudadanía, la iniciativa propone que la pregunta sea la siguiente: “¿Estás de acuerdo en que a, en este caso se leerá Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o, que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?” Las dos posibles respuestas serán: “Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza” o; “Que siga en la Presidencia de la República”.

Tanto en la pregunta como en las respuestas, en cuanto a la pérdida de confianza, se ha dado un matiz parlamentario al tema, lo cual se inscribe en una lógica de complementariedad de ese sistema político, eminentemente europeo, con el presidencial que nos rige.

En la iniciativa se establece que el Instituto Nacional Electoral será el encargado de la organización, el desarrollo y el cómputo de la votación. Asimismo, el INE realizará el monitoreo de medios de comunicación, prensa y medios electrónicos, a fin de garantizar la equidad en los espacios informativos, de opinión y/o de difusión, asignados a la discusión del tema.

Cabe precisar que de acuerdo con la iniciativa del Senado, para que proceda una solicitud de Revocación de Mandato, se requiere del aval de al menos el tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, así como que estos estén distribuidos en por lo menos diecisiete entidades federativas, cada una aportando como mínimo el tres por ciento de sus respectivas listas nominales de electores.

Otro candado se encuentra en que, sólo cuando la declaratoria de validez emitida por el Tribunal Electoral, indique que la participación total de la ciudadanía fue al menos del 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para el titular de la Presidencia de la República. Este ejercicio cívico se podrá solicitar por una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, de quien ostente el cargo.

En su caso, la votación se celebrará el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la emisión de la convocatoria, en fecha que no coincida con las jornadas electorales federales o locales. Finalmente cabe destacar por ahora que, los senadores aprobaron que los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de Revocación de Mandato, lo cual puede terminar por opacar a la precaria organización ciudadana autónoma.

En esa tesitura, resulta básico que el INE se comprometa a promover una intensa y extensa discusión sobre el mandato que se pretende revocar, al margen de la polarización tradicional que caracteriza a las discusiones de los partidos políticos, pues no se puede esperar una votación copiosa y objetiva, sin una vasta información y una deliberación previa.

La formalización en el marco jurídico de este instrumento de participación ciudadana directa, es encomiable, en tanto, obligará al representante popular a una rendición de cuentas objetiva y oportuna sobre su labor, al tiempo que permitirá a la ciudadanía valorar la permanencia de un servidor público a la mitad de su mandato, sin tener que esperar otros tres años para, en su caso, reprobar dicha gestión.

No obstante y ya que se trata de una figura propia de la ciudadanía, la Cámara de Diputados, que aún revisará la iniciativa, en una muestra de autenticidad democrática, debería atar las manos a los partidos políticos y al propio Ejecutivo, en el proceso de promoción de la Revocación de Mandato, pues de lo contrario, habrá de suceder lo mismo que con otras figuras de participación ciudadana, como las Consultas Populares, que han quedado en manos de las propias autoridades y de los partidos políticos, quienes las habrán de invocar con fines de revancha.

Repensar la caída de México-Tenochtitlan

El pasado 13 de agosto recordamos una vez más la caída de México-Tenochtitlan acontecida en 1521, frente a un ejército español engrosado por pueblos originarios, particularmente por los Tlaxcaltecas, los Otomíes y los Xochimilcas, que durante muchos años habían sido sometidos por los Mexicas, y que vieron en su alianza con los invasores ibéricos, la posibilidad de librarse de ese dominio.

Si bien es cierto que es impreciso denominar a ese acontecimiento, como la conquista de México, pues no existía la nación mexicana como tal, también lo es que es justo referir a ese hecho histórico, como parte de la resistencia de los pueblos originarios frente al invasor; pues incluso como he mencionado, hubo resistencia de los tlaxcaltecas frente al dominio mexica, aunque a la postre a estos vencedores de aquellas alianzas, se les revertiría el éxito y terminarían engrosando las filas de los conquistados.

Asimismo, cabe precisar que a lo largo de los tres siglos de colonización española, se produjo un fenómeno de mestizaje que en esencia fue de carácter biológico, pues lo que se vivió en los territorios conquistados, sobre todo en las primeras dé

cadas, fue la imposición de una cultura sobre las otras, con el inherente intento de exterminio de todo rasgo de las culturas originarias; lo que afortunadamente para nosotros no se logró del todo. En el marco de la conmemoración del hecho que nos ocupa, actualmente se ha suscitado otra polémica, sobre la conveniencia de renombrar ciertos lugares, como el de la “plaza de la noche triste”, por el “de la noche victoriosa”, asimismo, ante el reclamo de algunos de reivindicar figuras como la de Moctezuma y la de Malinche; todo lo cual tiene sentido si se inscribe en una lógica de resignificación, que nos ayude a entender hechos sociales más que acciones personales.

En esa tesitura es que también toma sentido la solicitud presidencial, de una disculpa pública de la corona española y del Vaticano, ante las masacres y saqueos que fueron cometidos durante el proceso de colonización, como una forma de evidenciar y significar lo sucedido en Mesoamérica, en aras de que la lógica imperialista, aún presente, sea racionalizada y sistemáticamente contrarrestada.

Es imprescindible subrayar que la vida de los pueblos originarios no se detuvo en aquel 1521, sino que durante siglos y hasta nuestros días, ha continuado con un carácter de lucha por el respeto a sus tradiciones, al autogobierno, y a la forma de entender la existencia humana en armonía con el medio ambiente, lo cual trasciende con mucho a los actos oficiales y a las disputas partidistas.

De modo que constituye una desgracia nacional que a la fecha, sigamos teniendo noticias sobre la violación sistemática a los derechos de los pueblos originarios, víctimas de asesinatos impunes y, convertidos en criminales cuando se han visto involucrados en la defensa de sus tierras, frente a proyectos públicos y privados que atentan contra los equilibrios naturales, señaladamente los de la industria minera, heredera de la lógica extractivista de aquella conquista.

Las conmemoraciones de acontecimientos como la caída de México-Tenochtitlan, no deben ser vistas como un fin, ni como arena para las disputas maniqueas entre partidos políticos, sino como grandes oportunidades para la reflexión colectiva, que nos permita retomar las lecciones sobre lo que hicimos o dejamos de hacer, en este caso, para tomar conciencia sobre la necesidad de recuperar el enorme y valioso patrimonio, que nos legaron las culturas prehispánicas, como la Olmeca, la Tolteca o la Maya, en materia de astronomía, medicina herbolaria y matemáticas, entre muchas otras aportaciones para la humanidad.

El imprescindible nuestra reconciliación con lo que orgullosamente fuimos, una gran cuna de civilización mundial, superar de una vez por todas las herencias coloniales profundamente racistas y jerarquizantes, que tanto nos han dividido; pues no nos dañan quienes vienen a sumar, nos han lastimado quienes han venido a saquear y a dividirnos.

Con base en el conocimiento de ese gran pasado precolombino, debemos trabajar a favor de mejores niveles de bienestar social para todos los mexicanos, que tanta falta nos hacen, para poder vivir como una auténtica nación independiente.

Los Estados Unidos fuera de Afganistán

Ante la inminente retirada total de Afganistán de las tropas de los Estados Unidos y de sus aliados, vino la ofensiva relámpago de El Talibán para hacerse con el control del país, cuyo nuevo gobierno ha declarado una amnistía general, tratando de calmar la incertidumbre de la población en la tensa Kabul. Aunque no hay reportes significativos de abusos o combates en la capital, gran parte de los residentes se han quedado en sus casas y siguen atemorizados, luego de que la toma del poder por los insurgentes implicó vaciar cárceles y armerías.

Aún está presente el recuerdo de las ideas islamistas del anterior mandato, que incluían lapidaciones, amputaciones y ejecuciones públicas. Mientras el presidente Afgano Ashraf Ghani huyó del país durante el avance insurgente y se desconoce su paradero, el presidente norteamericano Joe Biden, ha dicho que enfrentaba la disyuntiva entre cumplir el acuerdo de retirada, negociado por la administración Trump, o enviar miles de soldados más para iniciar una tercera década de guerra.

Para los 38 millones de afganos que han sufrido décadas de guerra, el desastre humano se intensifica: Miles de inocentes muertos, la intolerancia religiosa, la opresión de la mujer, millones de refugiados, serán algunos de los resultados inevitables del colapso del gobierno de Afganistán y, del fracaso de las potencias mundiales que lo sostenían.

Lo sucedido en Afganistán es una contundente derrota del proyecto de “creación de naciones,” el sueño de los neoconservadores norteamericanos incluidos los liberales, que proponían mediante el uso de las armas, transformar a países para crear estados modernos, seculares y, desde luego, capitalistas dependientes.

Pese a las lecciones de los años 70, después de la larga y cruenta guerra en Vietnam, Estados Unidos intervino en Nicaragua, Líbano, Honduras, El Salvador y muchos otros países.

Hay que subrayar que la actual situación en América Central, caracterizada por la corrupción, la pobreza, la violencia, el narcotráfico y los regímenes autoritarios, ha sido abonada y exacerbada por la intervención sistemática estadunidense en la región.

Ninguna de esas experiencias fracasadas, han propiciado cambios en los métodos del sistema imperial norteamericano, consistente en alianzas con fuerzas nacionalistas de centro o derecha, creación de ejércitos siguiendo el propio modelo, integración en una economía mundial basada en tratados de libre comercio, inversión directa, devastación de los ecosistemas, un desmedido y banal consumo, así como la promoción de la democracia electoral y el individualismo neoliberal.

Si bien la guerra nunca ha sido una solución, desafortunadamente tras Afganistán, Biden y el presidente del partido que sea que le suceda, enfrentarán el mismo reto y propondrán la misma solución militar.

En poco tiempo, se habrá de imponer la lógica del poder imperial, de modo que la popularidad que surge del inicio de una nueva guerra y del uso de sus gigantes fuerzas militares, habrá de provocar mayor amnesia entre las élites gobernantes. En plazo perentorio, Estados Unidos con su política de guerra permanente, se habrá de manifestar en un nuevo escenario, que seguramente ya está focalizado.

La pobreza en México entre 2018 y 2020 según el CONEVAL

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), ha dado a conocer los resultados de la medición multidimensional de la pobreza, a nivel nacional y por entidad federativa entre 2018 y 2020; cuyos datos, en varios rubros negativos, se pueden explicar a partir de la emergencia sanitaria por el COVID-19, que ha profundizado los desafíos para la política de desarrollo social en todos los ámbitos, especialmente, en cuanto al ingreso, la salud, la educación y la alimentación de la gente más vulnerable en México.

Entrando en los detalles del informe se puede observar que en dicho periodo, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%, de modo que el número de personas en esa situación pasó de 51.9 a 55.7 millones en el país.

Asimismo, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema aumentó, de 7% a 8.5% en el mismo periodo, por lo cual el número de personas en esta situación extrema pasó de 8.7 a 10.8 millones.

En términos de carencias sociales, el mayor cambio entre 2018 y 2020 fue un aumento de 12 puntos porcentuales en la carencia por acceso a los servicios de salud, que pasó de 16.2% a 28.2%.

Otras carencias que aumentaron fueron el rezago educativo, con un incremento de 0.25% y, la carencia por acceso a alimentación nutritiva y de calidad, en 0.31%. Durante este periodo, el porcentaje de la población en situación de pobreza en zonas rurales cambió de 57.7% a 56.8%; en contraste, en zonas urbanas este porcentaje aumentó 3.2%, al pasar de 36.8% a 40.1%, en el mismo periodo.

En esos dos años, el porcentaje de la población hablante de lengua indígena en situación de pobreza, aumentó un punto porcentual de 75.8% a 76.8% y, el de la población no hablante de lengua indígena en situación de pobreza también se incrementó, al pasar de 39.3% a 41.5%. Desagregado el análisis por entidades federativas entre 2018 y 2020, hay que observar que 19 estados aumentaron el porcentaje de la población en situación de pobreza. Las tres entidades con mayores incrementos fueron: Quintana Roo, de 30.2% a 47.5%; Baja California Sur, de 18.6% a 27.6% y; Tlaxcala, de 51.0% a 59.3%.

En el caso de Tamaulipas, de 2018 a 2020 la pobreza aumentó en 2.4%, mientras la población en pobreza extrema también registró un incremento de 29.8%. En esos 24 meses, el ingreso corriente total per cápita en el país disminuyó 6.9%; esta reducción es producto de la caída de todas las fuentes de ingreso, salvo las transferencias monetarias que aumentaron 16.2%.

Este indicador, deja ver con claridad que en muchas partes del país, se sigue dependiendo de las remesas, es decir, del dinero que envían a sus familias quienes trabajan allende nuestras fronteras, a fin de que puedan paliar las carencias más elementales que aquí siguen padeciendo.

Todos estos datos ponen en evidencia que las políticas redistributivas de carácter asistencialista, erróneamente denominadas de desarrollo social, que sigue poniendo en marcha el gobierno federal, tal cual lo hicieron sus antecesores, no han logrado ni lograrán sacar de la pobreza a la población más vulnerable del país, mientras no se acompañen de programas sostenibles para la generación y distribución equitativa de riqueza.

Lo más grave es que los tres órdenes de gobierno en todo el país, independientemente del partido en el poder, siguen incurriendo en ese grave error de política pública, lo cual permite inferir que lo hacen con premeditación, pues la pervivencia de la pobreza, material e ideológica, les representa un recurso explotable en términos electorales.

Una crisis más en Cuba

Cientos de cubanos salieron a las calles el pasado domingo, en una manifestación que comenzó en San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa, y que registró replicas desde la Habana hasta Santiago, de gente molesta luego de meses de crisis, restricciones por la pandemia y ante la presunta negligencia del gobierno de Miguel Díaz-Canel, quien paralelamente llamó a los simpatizantes de la revolución cubana a salir a las calles a defenderla, al tiempo que responsabilizó al gobierno norteamericano de un intento más por desestabilizar a la isla caribeña.

El hecho no se puede desligar de lo acontecido el pasado 23 de junio en Naciones Unidas, cuando fue emitida una nueva resolución del organismo multilateral en contra del bloqueo del gobierno norteamericano a la isla, la cual se suma a las 28 resoluciones que se han adoptado anualmente desde 1992, cuando la Asamblea General del organismo empezó a votar sobre la cuestión.

Ese miércoles Naciones Unidas votó de forma abrumadora contra el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba y, como cada año, exigió que se ponga fin a las medidas coercitivas unilaterales.

La resolución de rechazo al embargo a Cuba obtuvo esta vez 184 votos a favor, dos en contra, de Estados Unidos y de Israel, su aliado militar en medio oriente, así como tres abstenciones, de Colombia, Brasil y Ucrania. Con los votos de Colombia y Brasil se fracturó por segunda vez la posición unánime de los países de América Latina y el Caribe de apoyo a Cuba; cabe recordar que la primera fue cuando Colombia se abstuvo y Brasil votó en contra, durante la sesión pasada sobre el tema en noviembre del 2019.

En el 2020 ante el contexto de pandemia, no se realizó la votación al respecto. En palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, el bloqueo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano, en tanto citando a la Convención de Ginebra de 1948, el diplomático agregó que el bloqueo constituye un acto de genocidio. Según las estimaciones del funcionario cubano, de abril del 2019 a diciembre del 2020, el bloqueo derivó daños por 9,157 millones de dólares y, en el último lustro las pérdidas superaron los 17,000 millones de dólares.

Los daños acumulados a Cuba en las seis décadas de bloqueo, ascienden a 147,853 millones de dólares. El bloqueo a Cuba ha significado que la isla vea truncados los lazos comerciales y financieros con el resto del mundo; a lo cual hay que sumar que en la actualidad son al menos dos, los problemas específicos a los que se ha referido el presidente cubano: el energético, que impacta directamente en el servicio eléctrico en los hogares y, el de los medicamentos, en un escenario de pandemia en el cual han aumentado los enfermos y, por tanto, el consumo de medicinas; no obstante que especialistas de la isla han desarrollado una vacuna para combatir al Covid-19.

El histórico bloqueo económico del imperio norteamericano a Cuba, por ser ésta el único contrapeso efectivo a sus designios en la región, resulta un anacronismo insostenible, por una nación que se jacta de defender la democracia y los derechos humanos.

Es una larguísima guerra perdida, que no quiere asumir el gobierno de la vecina potencia. El bloqueo es excesivamente dañino para el pueblo cubano; cuyo rechazo en Naciones Unidas también histórico, pone en evidencia la necesidad de replantear a este organismo mundial, pues de poco sirve que cientos de gobiernos se opongan a las políticas imperialistas de la potencia mundial, si ésta decide ignorarlos y seguirles chantajeando para que no impulsen otras acciones, violando flagrantemente la voluntad de los pueblo que esos gobiernos representan.

Más allá de si se está a favor o en contra del gobierno cubano, el gobierno mexicano debe promover un amplio pronunciamiento de los mandatarios de la región latinoamericana, de rechazó tajante al bloqueo norteamericano a la isla, que para el pueblo cubano sigue representando una literal asfixia, insoportable por más tiempo. Es una cuestión de humanidad.

Un nuevo contrato social para Chile

Mientras en Perú persiste la incertidumbre por aún no conocer al ganador de los comicios, mediante los cuales se renovaría la presidencia de la república andina, el pasado fin de semana Chile puso la noticia, luego de que dieran inicio los trabajos de la Convención Constituyente, que deberá poner fin al sistema institucional heredado por la sanguinaria dictadura de Augusto Pinochet.

La continuación de las protestas populares en diversas ciudades del país, ha puesto en evidencia que los sectores que impulsaron la demanda de una nueva Constitución, mantendrán la presión social para que el nuevo documento permita al país transitar, del paradigma neoliberal y autoritario propio de la Constitución de 1980, a un orden institucional auténticamente democrático, que posibilite una mejor distribución de la riqueza nacional y una paz duradera.

Cabe recordar que a los trabajos de la Convención, le antecede un amplio movimiento de insubordinación iniciado hace año y medio, en contra del mercantilismo pinochetista que aún impera en la legislación chilena, así como frente a la sistemática y cruenta represión aplicada por el presidente Sebastián Piñera, con la cual ha intentado poner fin a las protestas sociales, que ha derivado en decenas de muertos, miles de lesionados y muchos presos políticos.

Frente a esos reclamos en defensa de los derechos sociales y de las libertades individuales, los sectores oligárquicos, la derecha partidista y el poder de las cúpulas militares, lograron acotar la demanda de una asamblea constitucional, que terminó en una convención con facultades limitadas.

Tras los comicios del 15 y el 16 de mayo para la elección de los integrantes de la Convención, Piñera logró colocar a gente de su confianza en el organismo, no obstante, la Convención tiene una composición paritaria de 78 hombres y 77 mujeres, con 17 escaños reservados a representantes de los pueblos originarios y, una amplia proporción de constituyentes que no procede de la clase política privilegiada, sino del movimiento popular que durante meses se ha mantenido en las calles.

En ese sentido, hay que observar que la elección de Elisa Loncón, como presidenta de la Convención Constituyente, está llena de simbolismos que auguran un desenlace positivo para el pueblo chileno. Loncón es una profesora, lingüista y activista Mapuche, la etnia mayoritaria en Chile; fue elegida por mayoría absoluta en segunda vuelta en la sesión inaugural de la Convención, que se detuvo durante casi una hora por la protesta de un grupo de constituyentes, tras los enfrentamientos en el centro de Santiago entre policías y manifestantes.

En sus primeros tres meses el organismo deberá definir su reglamento, la integración de mesas y comisiones temáticas, así como las reglas bajo las cuales deberán conducirse sus integrantes; a partir del 4 de septiembre dispondrán de un plazo máximo de nueve meses para elaborar la nueva Constitución.

Lo que ahora está en juego es la definición de un modelo de país basado en una economía con orientación social, respetuoso de los derechos humanos, de las minorías y de los grupos vulnerables, orientado por el desarrollo sostenible, regido por normas democráticas que incentiven la participación ciudadana más allá de lo electoral, que combata la desigualdad y la marginación.

Es deseable en suma que, la larga e intensa lucha del pueblo chileno, por divorciarse del régimen autoritario y neoliberal del pinochetismo, se cristalice con una nueva Constitución, que sea un ejemplo para las naciones latinoamericanas de un nuevo contrato social, donde las personas y no el mercado, el desarrollo y no el crecimiento, la distribución y no la acumulación, la sostenibilidad y no la depredación, la justicia y no la arbitrariedad, la democracia y no el autoritarismo, sean las prioridades nacionales.

Las elecciones en Perú

Luego de más de 20 días de realizados los comicios en Perú para renovar al poder Ejecutivo de la nación andina, el Jurado Nacional de Elecciones sigue sin determinar al ganador de la contienda, mientras tanto circula información sobre golpistas que intentan descarrilar el proceso cívico y, por esa vía, a la endeble democracia peruana.

Ante los múltiples recursos de impugnación, la magistrada Elizabeth Salas, del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, ha determinado que no hubo fraude en las elecciones presidenciales del pasado seis de junio y, por tanto, que no hay argumentos para repetir los comicios, como lo ha solicitado la candidata perdedora, mediante el expresidente del poder Judicial del Perú, Javier Villa, conocido en aquel país por sus posturas conservadoras, convergentes con el desastroso fujimorismo.

De acuerdo con el escrutinio del 100% de los votos, por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el profesor y líder comunitario, Pedro Castillo, ganó con el 50.12% de los votos, frente al 44.17% que obtuvo Keiko Fujimori, hija del ex presidente, por una década, Alberto Fujimori, quien fuera apresado por escándalos de corrupción, violación de derechos humanos e incapacidad moral para gobernar, según declaratoria del Congreso de la república peruana. Mientras persiste el escenario de indeterminación ante las aún irresueltas impugnaciones, el ministerio público de Perú ha iniciado una investigación preliminar, en contra de un grupo de militares retirados, por los presuntos delitos de sedición, rebelión y conspiración, hechos que pueden ser enmarcados como acciones de conspiración con fines golpistas.

La decisión de iniciar la investigación fue tomada luego de que, los conspiradores enviaron una carta a los comandantes generales y al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la que hablan de fraude en los comicios y, acusan al actual gobierno de vulnerar la neutralidad electoral, sin aportar prueba alguna sobre su dicho. Asimismo, fue abierta otra investigación en contra de Vladimiro Montesinos, quien fuera asesor de inteligencia del expresidente Fujimori, sustentada en audios de llamadas telefónicas, presuntamente realizadas por el encarcelado Montesinos, en las que habría planteado sobornar con un millón de dólares a cada miembros del Jurado Nacional de Elecciones; en cuyo contexto llama la atención la sorpresiva renuncia de Luis Arce Córdova a dicha instancia, lo que ha abonado a la indeterminación de los resultados.

En dichas llamadas Montesinos sugiere a su interlocutor, un coronel en retiro de las fuerzas armadas, que la embajada de Estados Unidos de América podría ayudar a los conspiradores; sin que hasta el momento dicha embajada haya realizado algún pronunciamiento o desmentido. Cabe decir que Montesinos cumple a la fecha una condena en una prisión de máxima seguridad, por la comisión de múltiples delitos como secuestro, homicidio, tortura, terrorismo, desaparición forzada, tráfico de armas, asociación ilícita, extorsión, lavado de dinero y narcotráfico, entre otros.

Fue Montesinos el encargado de la política terrorista, con que Fujimori pretendió aniquilar a los grupos disidentes y a los movimientos sociales opositores, orquestando y ejecutando violaciones masivas a los derechos humanos, con impunidad durante muchos años.

El actual contexto peruano, caracterizado por el intento de los perdedores de quebrantar a la democracia, tan persistente en Latinoamérica, obliga a los organismos multilaterales como la ONU, a exigir a las autoridades locales celeridad en la determinación final del proceso electoral, reconociendo el triunfo legal y legítimo de Pedro Castillo, en estricto respeto a la voluntad popular peruana; así como a proceder de manera expedita, en contra de toda persona que esté participando en el intento de golpe de Estado, mediante la manipulación de las instituciones o a través de sembrar y exacerbar la violencia.

Una nueva reforma fiscal

Ha trascendido que el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, prepara el borrador de lo que será una nueva reforma fiscal, que propondrá en septiembre próximo a la Cámara de Diputados, en el marco de la miscelánea fiscal para el 2022, sobre la cual cabe hacer algunas sugerencias tanto de forma como de fondo, a fin de que el erario federal capte más pero en forma más equitativa.
Para comenzar es recomendable que se abra un periodo para una discusión pública nacional, extensa e intensa sobre el tema, en la que se convoque no sólo a las cámaras que agrupan a los grandes empresarios, sino a las de micros y pequeños emprendedores, así como a las organizaciones civiles particularmente a las de fiscalistas, a las de comerciantes y a las de consumidores, también a las de académicos que investigan y publican sobre el particular.
La estrategia debe ser que se recoja la opinión del mayor número de los sectores productivos y del de los servicios, con el objetivo de que la nueva propuesta de reforma fiscal refleje, en alguna medida, dichas opiniones, en el entendido de que será difícil satisfacer las propuestas de cada sector, pues incluso habrá ideas opuestas, pero esta estrategia permitirá establecer un equilibrio entre la variedad de opiniones y necesidades, al tiempo que otorgará mayor legitimidad a la propuesta final de la autoridad hacendaria.
El otro gran criterio que debiera orientar la redacción de la reforma fiscal, debe ser el de sacar de la pobreza, de manera permanente, a las millones de familias mexicanas que hoy sobreviven en esa condición, para lo cual la solución no parece ser el incremento del número de impuestos, sino una recaudación más justa, que acabe con los privilegios de las exenciones y, con el error de imponer tasas iguales a contribuyentes desiguales.
Asimismo, para alcanzar el objetivo de combatir de manera efectiva a la pobreza, es fundamental la reducción de la informalidad, baste observar que en la actualidad el 56% de la población ocupada está en esa condición, de acuerdo con el INEGI, lo que deriva en que ese mayoritario sector no contribuye al gasto e inversión pública, pero tampoco recibe los beneficios de la seguridad social.
A propósito del debate sobre la población calificada como aspiracionista, el Presidente de la República ha declarado que uno de sus objetivos es construir una nueva clase media que tenga valores morales, más humana, más fraterna, más solidaria, más consciente, más politizada y menos susceptible a la manipulación mediática; así como acabar con las injusticias y los privilegios.
En ese sentido se requieren del gobierno federal medidas que trasciendan la coyuntura y, que sienten bases firmes para un progreso social ampliamente
compartido; entre ellas, fomentar el valor de la generación de riqueza sostenible, con un fin de bienestar colectivo, lo que demanda disponer de un esquema fiscal
que capte más de quienes más perciben y más poseen, así como garantizar la implementación de políticas públicas redistributivas, orientadas a la producción de
dicha riqueza.
En forma paralela, la autoridad hacendaria debe conseguir que contribuyan los millones de informales que hoy no lo hacen, pues ello también constituye un
privilegio, sobre todo para quienes los organizan y controlan al margen de la autoridad formal o, al menos, al margen de los mecanismos formales para la
rendición de cuentas.
Es cierto que se requiere reactivar el crecimiento económico, para lo cual resulta básico el desempeño gubernamental austero y honesto, pero igual de importante
es garantizar un desempeñó gubernamental responsable con el medio ambiente y, que pondere la equidad. Eso es algo de lo que esperamos de la nueva reforma fiscal
para el 2022.