Como ha venido ocurriendo desde hace décadas e incluso siglos, los problemas sociales se agravan y perduran más tiempo, en las regiones donde prevalece una mayor desigualdad social; de modo que ante la pandemia causada por el Covid-19, diversos pronóstico vaticinan que la región más inequitativa del planeta, América Latina, será donde se agudicen los problemas de salud, de economía y de disminución del bienestar social.
Tanto la Organización Mundial de la Salud, como el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, están aportando cifras en el sentido de que habrá una caída drástica del PIB en los países de la región; asimismo, que el virus se ha venido desplazando hacia las zonas urbanas marginadas, que pululan en las grandes ciudades de esta zona del continente; donde existe la mayor densidad de población, que no dispone de acceso a los servicios de salud, que sobrevive mediante la economía informal, y que carece de los mínimos de bienestar social.
Estos diagnósticos permiten comprender que en México, los principales focos de contagio estén ubicados en dichas zonas marginadas, que suelen rodear a los grandes centros urbanos, de modo que estas zonas con un grado de complejidad mayúsculo y donde se registran los niveles de pobreza más altos, se han convertido en el principal desafío para las autoridades gubernamentales en materia de combate al Covid-19.
En este marco habría que subrayar que si el principal objetivo no de coyuntura para los gobiernos democráticos latinoamericanos, es revertir la enorme desigualdad social en la región, la cual luego de la llamada década pérdida de los años 80, lejos de disminuir se ha agudizado en las últimas tres décadas, resulta por demás contradictorio escuchar voces que dicen pretender un resultado diferente pero aplicando las mismas recetas.
En contraparte, para enfrentar las consecuencias en materia de pobreza por la improductividad que ha propiciado la pandemia, resulta prioritario frenar al capital especulativo, proteger los recursos naturales, impulsar de manera masiva programas regionales de desarrollo productivo sustentable, con inclusión de los más pobres, focalizando a las micro y pequeñas empresas; hace falta universalizar los servicios de salud y de educación pero de calidad, todo ello a fin de combatir al principal flagelo para América Latina que es la desigualdad social.
Lo anterior sólo será posible con la presencia de gobiernos legítimos con visión de Estado independiente, dotados de lo que los clásicos grecolatinos llamaban juicio político, lo que llanamente significa, con capacidad para diferenciar entre el interés particular y el bienestar general; juicio ético que les obligue a optar invariable e incontrovertiblemente por el bienestar general, por ende, a garantizar que todos los representados mejoren sus condiciones de vida de manera permanente y que, por tanto, consigan que la brecha entre pobreza y opulencia sea cada vez más corta.