De nueva cuenta nos encontramos inmersos en procesos electorales en el país, en cuyo marco cabe observar que la política educativa invariablemente ha estado presente en la agenda de los candidatos y luego de los gobiernos. Si bien se han podido registrar avances sobre el tema, particularmente en materia de alfabetización y cobertura, la calidad en todos los niveles educativos sigue siendo una tarea inconclusa, que en los últimos lustros ha quedado en evidencia mediante las polémicas pruebas estandarizadas de aplicación general.
Ante la misma coyuntura electoral, es conveniente reflexionar que en el discurso de los candidatos y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, ha estado presente la ecuación crecimiento económico y bienestar social; sin embargo, la evidencia empírica permite afirmar que los gobiernos no han reparado en que, esa ecuación sólo se materializa en la medida en que la educación y el empleo formal están presentes.
En ese sentido interesa destacar que la educación, desde el nivel básico hasta el superior, con un enfoque para el empleo socialmente útil, debe constituir el basamento de todo esfuerzo gubernamental por procurar bienestar a la población en general, de ahí la importancia de reflexionar sobre la concepción de la educación y la función social que debe cumplir, particularmente en un país como México, donde los niveles de empleo y de formación académica siguen siendo muy insuficientes, y que en el contexto de la pandemia se han agravado.
La estadística del INEGI contribuye a dimensionar estos problemas, por ejemplo la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo arroja que la población de 15 años y más económicamente activa (PEA), es decir que se encuentra ocupada o desocupada pero en posibilidad de trabajar, pasó del 60.2% en octubre del 2019 al 57.4% un año después. Mientras la población de 15 años y más no económicamente activa (PNEA), pasó de 39.8% en octubre del 2019 a 42.6% en el mismo mes del 2020.
Focalizando al sector de ocupación, el terciario, es decir, el de servicios, sigue concentrado la mayor ocupación laboral a octubre del 2020, con una participación del 61.5%; en el sector primario, que alude al agropecuario incluyendo silvicultura, caza y pesca, la ocupación a octubre del año pasado fue del 12.7%; mientras en el secundario, es decir, el industrial, destacando la manufactura, la ocupación laboral en el mismo mes y año fue del 25.3%. En cuanto al ámbito y tamaño de la unidad económica, a noviembre del 2020 destaca el no agropecuario con el 83.1%, representando los micronegocios el 49%.
En materia de ingreso, el 57.8% de la población ocupada en octubre del 2020, se ubicó entre menos de uno y hasta dos salarios mínimos; y sólo el 2.7% percibió 5 salarios mínimos. La población ocupada en la informalidad, es decir, aquella que incrementa su vulnerabilidad en razón de que la unidad económica para la que trabaja no reconoce vínculo laboral, en octubre del 2020 fue de 29.7 millones de personas, 1.6 millones más que en septiembre del mismo año; y tomando como referente un agregado urbano de 32 ciudades, la tasa de desocupación en el país fue de 5.9% durante octubre del 2020, superior en 1.7% a la del año anterior.
Frente a este panorama laboral en el país, cuyos destellos se ubican en el sector servicios y en la informalidad, cabe observar que en el ciclo escolar 2019-2020, tan sólo en las universidades públicas estatales estaban matriculados 1,264,508 estudiantes y, en ese ciclo escolar egresaron 173,266 personas, de acuerdo con cifras de la ANUIES; sin que estos estudiantes y egresados tengan certeza alguna sobre su destino laboral. Cabe añadir que la educación superior pública atiende esencialmente a la población de las grandes ciudades y municipios, pues el 69% de éstos no tiene educación pública de ese nivel.
En suma, la educación pública en el país carece de un enfoque al empleo productivo localmente útil, que permita ir revirtiendo la pobreza y la desigualdad imperante. De eso deberían hablar los candidatos y a eso se deberían comprometer formalmente.