A CONTRA CORRIENTE / Una nueva reforma fiscal

Ha trascendido que el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, prepara el borrador de lo que será una nueva reforma fiscal, que propondrá en septiembre próximo a la Cámara de Diputados, en el marco de la miscelánea fiscal para el 2022, sobre la cual cabe hacer algunas sugerencias tanto de forma como de fondo, a fin de que el erario federal capte más pero en forma más equitativa.
Para comenzar es recomendable que se abra un periodo para una discusión pública nacional, extensa e intensa sobre el tema, en la que se convoque no sólo a las cámaras que agrupan a los grandes empresarios, sino a las de micros y pequeños emprendedores, así como a las organizaciones civiles particularmente a las de fiscalistas, a las de comerciantes y a las de consumidores, también a las de académicos que investigan y publican sobre el particular.
La estrategia debe ser que se recoja la opinión del mayor número de los sectores productivos y del de los servicios, con el objetivo de que la nueva propuesta de reforma fiscal refleje, en alguna medida, dichas opiniones, en el entendido de que será difícil satisfacer las propuestas de cada sector, pues incluso habrá ideas opuestas, pero esta estrategia permitirá establecer un equilibrio entre la variedad de opiniones y necesidades, al tiempo que otorgará mayor legitimidad a la propuesta final de la autoridad hacendaria.
El otro gran criterio que debiera orientar la redacción de la reforma fiscal, debe ser el de sacar de la pobreza, de manera permanente, a las millones de familias mexicanas que hoy sobreviven en esa condición, para lo cual la solución no parece ser el incremento del número de impuestos, sino una recaudación más justa, que acabe con los privilegios de las exenciones y, con el error de imponer tasas iguales a contribuyentes desiguales.
Asimismo, para alcanzar el objetivo de combatir de manera efectiva a la pobreza, es fundamental la reducción de la informalidad, baste observar que en la actualidad el 56% de la población ocupada está en esa condición, de acuerdo con el INEGI, lo que deriva en que ese mayoritario sector no contribuye al gasto e inversión pública, pero tampoco recibe los beneficios de la seguridad social.
A propósito del debate sobre la población calificada como aspiracionista, el Presidente de la República ha declarado que uno de sus objetivos es construir una nueva clase media que tenga valores morales, más humana, más fraterna, más solidaria, más consciente, más politizada y menos susceptible a la manipulación mediática; así como acabar con las injusticias y los privilegios.
En ese sentido se requieren del gobierno federal medidas que trasciendan la coyuntura y, que sienten bases firmes para un progreso social ampliamente
compartido; entre ellas, fomentar el valor de la generación de riqueza sostenible, con un fin de bienestar colectivo, lo que demanda disponer de un esquema fiscal
que capte más de quienes más perciben y más poseen, así como garantizar la implementación de políticas públicas redistributivas, orientadas a la producción de
dicha riqueza.
En forma paralela, la autoridad hacendaria debe conseguir que contribuyan los millones de informales que hoy no lo hacen, pues ello también constituye un
privilegio, sobre todo para quienes los organizan y controlan al margen de la autoridad formal o, al menos, al margen de los mecanismos formales para la
rendición de cuentas.
Es cierto que se requiere reactivar el crecimiento económico, para lo cual resulta básico el desempeño gubernamental austero y honesto, pero igual de importante
es garantizar un desempeñó gubernamental responsable con el medio ambiente y, que pondere la equidad. Eso es algo de lo que esperamos de la nueva reforma fiscal
para el 2022.

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