Combate al Huachicol

La acometida que ha emprendido el gobierno federal contra el robo de combustibles a Pemex, constituye un combate a la corrupción e impunidad tanto en el ámbito gubernamental como en la iniciativa privada, que irremisiblemente debe pasar por el combate a las instancias y procesos de carácter financiero, que hacen tan atractivo y rentable el negocio del robo de combustibles.

Es evidente la campaña de desinformación y alarmismo emprendida por gran parte de los medios de comunicación masiva, con el objetivo de desacreditar esta iniciativa del Ejecutivo Federal; se extraña que durante años esos medios, ahora tan críticos con el gobierno, hayan hecho caso omiso a este gravísimo problema.

Si bien la incitativa gubernamental ha causado un desabasto transitorio en algunas regiones del país, no existe ante la medida un hartazgo generalizado, como pretenden imponer los citados medios informativos en calidad de opinión pública; en cambio, los beneficios a mediano y largo plazo serán mucho mayores, pues el erario público recuperará enormes recursos económicos, que podrá destinar a inversión productiva respetuosa del medio ambiente, lo que a su vez contribuirá a disminuir las desigualdades sociales en el país.

Habría que destacar que para la ofensiva en contra de los saqueadores de Pemex, el gobierno federal ha contado y está contando con el respaldo de las fuerzas armadas, así como con la solidaridad de millones de ciudadanos que sí han manifestado su hartazgo, ante la prevalencia y dominio de los delincuentes en la vida pública.

A diferencia de lo hecho ante el problema por al menos los tres últimos gobiernos federales, que por acción u omisión permitieron la proliferación de este ominoso delito, el actual gobierno de la nación está poniendo en evidencia que el respeto al estado de derecho y la supremacía de la vida lícita, pueden ser una realidad en nuestro país.

La magnitud del robo, la corrupción e impunidad alrededor de Pemex es enorme y sin precedentes en la vida moderna del país; de modo que el primer logro de la iniciativa presidencial ha sido que los mexicanos por primera vez estamos siendo informados de lo que sucede en el seno de la principal empresa del país, el segundo logro es que se está combatiendo de manera frontal el saqueo; falta que los responsables sean ejemplarmente castigados conforme a derecho; asimismo, fortalecer a las instituciones para que ese delito no se vuelva a cometer.

Para combatir este delito no sólo se necesita apelar a la ley, hay que tener sobre todo autoridad moral, tal vez por eso nuca antes se había emprendido ese camino.

Derechos humanos y justicia en México

Ayer, 10 de diciembre, se conmemoraron los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948 en Paris, una vez concluida la lucha armada y las masacres de la Segunda Guerra Mundial.

En sus 30 artículos se hace referencia a los derechos inalienables de todo ser humano, como al derecho a la vida, la igualdad, la seguridad, la educación, la salud, el trabajo, la libertad de expresión, de movimiento, de acceso a la justicia.

De aquella fecha en que México signó ese documento declarativo a la fecha, la situación de los derechos humanos en nuestro país es deplorable, baste retomar las cifras recientemente presentadas por José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch: más de 238 mil homicidios dolosos desde 2006 y un promedio de 90 asesinatos diarios en el último año; datos que habilitan a concluir que la situación en México es dramática, especialmente por la ausencia de justicia.

Por su parte, José Antonio Guevara, miembro del grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, ha destacado tres condiciones imprescindibles para que el país avance en el respeto a los derechos humanos: desmilitarizar la seguridad, contar con una fiscalía autónoma, e instalar un mecanismo internacional contra la impunidad y la corrupción.

Habría que subrayar por tanto la importancia de que México disponga de un sistema de justicia autónomo, independiente de los poderes económico y político, que se aboque de tiempo completo a terminar con la impunidad que lacera la vida institucional; pues la realidad que reflejan los datos antes citados, pone en evidencia que la procuración e impartición de justicia en nuestro país es inaccesible e incompetente.

Frente a esta realidad de injusticia e impunidad resulta por demás contradictoria e injustificable la postura de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de suspender la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impulsada por los legisladores federales de Morena, que de aplicarse les representaría una gran disminución en el monto de sus salarios.

El principal argumento que han esgrimido los integrantes del poder Judicial es que con dicha ley se viola la autonomía y la división de poderes; lo extraño es que dicha autonomía no la hayan puesto en tela de juicio cuando fueron propuestos por el poder Ejecutivo para ocupar el cargo que ostentan, y seleccionados por el Legislativo.

Asimismo, resulta aberrante que digan los juzgadores que su autonomía está garantizada precisamente por los enormes salarios que perciben, monto que por cierto no tiene comparación con el que perciben por la misma función sus pares en los países más ricos del planeta; mientras aquí el salario mínimo, la precarización laboral, la informalidad, la concentración de capital y el desempleo, permiten que haya alrededor de 50 millones de pobres que perciben menos de 30 mil pesos al año.

Además de lo discutible, en términos de legitimidad, del concepto de justicia que hace posible que un servidor público obtenga como salario alrededor de 500 mil pesos mensuales, cabría considerar que no existe evidencia empírica que demuestre que los altos salarios garantizan imparcialidad, prontitud y eficiencia en la impartición de justicia, en cambio, lo que sí se puede comprobar empíricamente es el fracaso del sistema de impartición de justicia en México. De modo que la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituye una extraordinaria oportunidad para colocar en la mesa del debate, la ilegitimidad de las remuneraciones en el sistema de impartición de justicia nacional que, aunque legales, constituyen en sí mismas un agravio al interés general y, por esa vía, un atentado a la justicia, a la que todo ser humano tiene derecho según la ONU.

Inicia el gobierno de la Cuarta Transformación Nacional

En el recinto de San Lázaro en la Ciudad de México, donde hace poco más de 13 años y ocupando el cargo de Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, fue desaforado con la intención de impedir que compitiera por la Presidencia de la República, el pasado 01 de diciembre Andrés Manuel López Obrador, tomó protesta del cargo más importante en el gobierno de la nación; en una ceremonia que distó radicalmente de las que protagonizaron sus dos predecesores: en el caso del panista Felipe Calderón, le bastaron unos segundos para que le tomaran la protesta de ley, en medio de un tumulto y con un presídium tomado por la oposición, ante el presunto fraude electoral que le permitió resultar ganador; mientras la ceremonia del priista Enrique Peña, se realizó teniendo como telón de fondo la represión a la protesta civil masiva en contra de su ascenso, que se realizaba en los alrededores del mismo recinto.

Otra gran diferencia con sus antecesores inmediatos fue que tras tomar protesta como Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, López Obrador dirigió ahí mismo un discurso a los representantes populares, a invitados y a la nación en su conjunto, en el cual bajo un tono conciliador pero sin dejar de hacer las puntualizaciones sobre la crítica situación que atraviesa el país, refrendó los compromisos que han despertado una enorme expectativa entre los mexicanos: acabar con el México oprobioso de la corrupción, la impunidad, la pobreza, la desigualdad, la violencia e inseguridad, los privilegios, que durante los últimos 36 años han dejado los gobiernos orientados por el neoliberalismo.

Asimismo, en un hecho sin precedentes modificó el ostentoso ritual del presidencialismo mexicano, participando en la ceremonia de purificación de la investidura presidencial, en la que representantes de los pueblos originarios le dispensaron sus consagraciones y le entregaron el bastón de mando, en un templete colocado en la Plaza de la Constitución, frente a Palacio Nacional, la nueva residencia oficial del poder Ejecutivo Federal.

En sus discursos de aquel sábado, el presidente López Obrador subrayó los grandes males de México, iniciando por la política neoliberal; la corrupción que se convirtió en la principal función del poder político; el paupérrimo salario de los mexicanos; los déficits en la balanza comercial, señaladamente nuestras oprobiosas importaciones de maíz y petróleo; la migración obligada; la violencia; el robo de las riquezas de la nación por parte de los poderes político y económico.

De igual forma enunció sus 100 compromisos, de los cuales cabría rescatar la cancelación de la reforma educativa, la austeridad de la burocracia, no privatizar el agua, fijar el salario mínimo por encima de la inflación, contratación como aprendices de 2 millones 300 mil jóvenes, entrega de 10 millones de becas a estudiantes en todos los niveles de escolaridad, cien nuevas universidades públicas, créditos a la palabra para productores, evitar afectaciones al medio ambiente, castigar con cárcel los delitos electorales, revocación del mandato y no reelección, cancelar fueros, creación de la Guardia Nacional, respetar contratos y garantizar inversiones, construir una refinería y rehabilitar las existentes, construcción de los trenes maya y del istmo, así como el nuevo aeropuerto, creación de zona libre de 3 mil kilómetros en la frontera con Estados Unidos, cooperación con este país y con Canadá para promover el desarrollo económico en México y Centroamérica, convertir a la corrupción en delito grave y que el presidente de la república pueda ser juzgado aun estando en funciones, así como la creación de una comisión de la verdad que investigue el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la cual fue creada ayer.

Sustentado en el gran impulso popular que ningún mandatario nacional había tenido desde la época de Lázaro Cárdenas, López Obrador sentenció no tener derecho a fallar al pueblo, cuyo cumplimiento, habría que subrayar, dependerá en gran medida de que, en lo personal, su estatura sea la de un estadista no la de un redentor, mientras en lo social deberá crear y fortalecer el andamiaje institucional que paulatinamente frene la corrupción y la impunidad, rehabilite el estado de derecho y ponga freno a la violación sistemática a los derechos humanos, garantice producción amplia y distribución equitativa de la riqueza, evite la concentración y centralización del poder económico pero también del político, amplíe el debate público inclusivo. Esos serán los indicadores de que se está poniendo en marcha la Cuarta Transformación Nacional.

Cae eltelón del sexenio peñista

El gobierno federal que comenzó aquel 1 de diciembre del 2012, teniendo como antesala la represión a la sociedad civil que protestaba en las afueras del palacio de San Lázaro en la Ciudad de México, ante la inminente toma de protesta de Enrique Peña Nieto como titular del Poder Ejecutivo Federal, terminará en tres días con cifras que evidencian su fracaso en el combate a los tres problemas lacerantes que enfrenta el país: la corrupción, la desigualdad social y la inseguridad.

El problema de la corrupción marcó al propio presidente, a familiares cercanos, a subordinados del gabinete y a militantes del mismo partido político, que en su gran mayoría sobreviven bajo el manto de la impunidad; la que por cierto amenaza con dejar intacta el nuevo gobierno. Incluso en un hecho sin precedentes, el 11 de octubre de este año, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional contra posibles actos de investigación, iniciados por las autoridades locales en contra de funcionarios federales.

En ese tenor, baste citar el índice Global de Corrupción de febrero de este año, elaborado por Transparencia Internacional, en el cual México ocupa el lugar 135 de 180 países, observando una caída sistemática; es uno de los peores evaluados de América Latina, del grupo de las 20 economías más grandes y, de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El fracaso en el combate a la pobreza y la desigualdad social, tiene una vinculación directa con los magros resultados para el grueso de la población, de las denominadas reformas estructurales, que constituyeron la piedra angular del sexenio que fenece; asimismo este fracaso tiene una relación puntual con la insistencia en confundir de manera deliberada, entre políticas de desarrollo social y programas asistenciales, pues en lugar de generar riqueza suficiente y garantizar su distribución equitativa entre la población, el asistencialismo al amparo de instituciones como el DIF, lo único que ha garantizado ha sido que el número de pobres no disminuya, mientras se incrementa la dependencia de éstos de la ayuda gubernamental de coyuntura, que abre un amplio margen al manejo clientelar y electorero de la miseria.

El fracaso del gobierno federal saliente en el combate a la inseguridad es de dimensiones trágicas. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el sexenio termina con: 122 mil muertos, 37 mil desaparecidos y una tasa de impunidad del 98%; lo que pone en evidencia que las autoridades correspondientes, no sólo no avanzaron en la resolución de los innumerables casos heredados por la administración panista de Felipe Calderón, sino que durante este sexenio aumentó de manera considerable el número de víctimas; realidad a la que subyace la falta de profesionalismo, autonomía e imparcialidad de las fiscalías, otro punto medular en la agenda del nuevo presidente, que de no resolver en el corto plazo impedirá materializar la llamada cuarta transformación.

De modo que salir el presidente Peña Nieto a vanagloriarse en redes sociales por según él, haber cumplido el 97% de los compromisos hechos durante su campaña proselitista en 2012, resulta irrisorio e insultante para la población mayoritaria del país, que sigue enfrentando en su cotidianeidad las consecuencias de los graves problemas de corrupción, pobreza e inseguridad.

En consecuencia, estos son los tres grandes desafíos que enfrentará el nuevo Ejecutivo Federal. Le deseamos y exigimos claridad, imparcialidad, transparencia, sensibilidad, contundencia y legalidad para enfrentarlos; características de las que ha adolecido el gobierno saliente.

Plan nacional de paz y seguridad

Nuestra forma de gobierno de carácter republicana, tiene como uno de sus principios esenciales la división de poderes, que históricamente ha tenido como premisa establecer frenos y contrapesos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, de modo que en los hechos funcionen como diques a la concentración de atribuciones y facultades en un solo poder.

De cara a este principio fundamental de los gobiernos democráticos, llama la atención que en el Plan Nacional de Paz y Seguridad del Ejecutivo Federal, que iniciará funciones el próximo 1 de diciembre, se contemple la puesta en marcha de una Guardia Nacional Militar para las tareas de seguridad pública; pues su diseño institucional implicará una extraordinaria concentración de poder en la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la claudicación a la esencia civilista, prevista en el artículo 21 de la Constitución para las instituciones de seguridad pública; no obstante que el mando de las fuerzas armadas recae por ley en el presidente de la república, es decir, en un civil.

Cabe precisar que la Guardia Nacional con un carácter civil estipulada en la Fracción XV del artículo 73 constitucional, otorga la facultad al Congreso de organizarla, armarla y disciplinarla, reservando a los ciudadanos que la formen, el nombramiento de jefes y oficiales, en tanto las entidades federativas tienen la facultad de instruirla; empero, ese contrapeso nunca se ha implementado.

Por otra parte y aunque con un enorme retraso a fin de no incomodar al sexenio que fenece, el pasado jueves 15 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional a la Ley de Seguridad Interior del gobierno peñista, argumentando que la Constitución limita a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad nacional, así como que el Congreso no está facultado para legislar en materia de seguridad interior; no obstante, con su propuesta de Guardia Nacional Militar, el futuro gobierno federal pretende sobreponerse a esta discusión.

Diversas experiencias nacionales allende nuestras fronteras, han demostrado la virtud de que incuso el mando de las secretarías o ministerios de Defensa, estén en manos civiles, como una forma tanto física como simbólica de evidenciar que la toma de decisiones en la materia enfrenta el contrapeso de la política; es decir, que se tiene presente la obligación de asumir que antes de la violencia física, se debe recurrir a los mecanismos del diálogo y la conciliación, a fin de encontrar en las diferencias sociales, los puntos de confluencia que hagan posible la convivencia constructiva.

Afortunadamente el Plan Nacional de Paz y Seguridad contempla otros aspectos fundamentales para pacificar al país, como el combate a la corrupción en el seno de las instituciones de gobierno; garantizar empleo, salud, educación y bienestar a los más pobres; respeto y promoción de los derechos humanos; la regeneración ética, que imprescindiblemente debe comenzar por la clase gobernante; reformular la prohibición de las drogas; adopción de modelos transicionales de justicia; así como la citada reorientación de la labor de las fuerzas armadas en temas de seguridad púbica.

Frente a la crisis de inseguridad en el país, así como de la evidente debilidad de las fuerzas civiles en estados y municipios para hacer frente al caos; sería plausible que además de la referida reorientación de las fuerzas militares en las tareas de seguridad pública, cuya participación directa debería ser temporal, lo cual comprometería a establecer objetivos por cumplir en tiempos específicos, se emprendiera una tarea profunda de saneamiento y fortalecimiento institucional, que rebase el ámbito de las buenas intenciones a título personal.

La violencia exacerbada que enfrenta el país genera miedo, y el miedo inacción individual y colectiva, de tal forma que militarizar aún más el espacio de lo civil no parece ser el mejor camino para fortalecer las redes vecinales; es deseable que ni por acción ni por omisión, el nuevo gobierno contribuya a la generación de más temor entre la población, pues la inacción civil es el caldo de cultivo para la corrupción, y ésta junto con la impunidad, el móvil de muchos de los problemas que nos aquejan.

Las caravanas de migrantes centroamericanos

Fueron alrededor de 300 hondureños, quienes convocados a través de Facebook aquel 12 de octubre decidieron emprender la huida de su país, en busca de una vida digna para ellos y sus familias. A la fecha suman alrededor de 7,000 y en breve serán 10,000, entre hondureños, salvadoreños, y guatemaltecos, los que hayan ingresado a nuestro territorio en su marcha hacia la Ciudad de México, con destino a los Estados Unidos de Norteamérica.

Han decidido emprender la huida en grupo y no de manera solitaria, pues las historias de quienes les antecedieron les han enseñado que en su trayecto al sueño americano, particularmente en México, les ha ido muy mal, pues han padecido violaciones físicas, secuestros, extorsiones, asesinatos, decapitaciones, por parte de bandas criminales coludidas o al menos solapadas, por autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Los motivos que los han orillado a abandonar sus lugares de origen son varios y complejos, entre ellos destacan: la exacerbada violencia que incluye crímenes por homofobia, la enorme desigualdad social causada por la falta de empleo y de salarios suficientes para tener una vida digna, la corrupción en los ámbitos gubernamental y empresarial que anula el derecho elemental a una vida segura, la fragmentación de sus familias, los daños materiales a su precario entorno que les han provocado fenómenos naturales como sequías y huracanes, y de manera superlativa, la prevalencia de una clase política parasitaria, voraz, depredadora, impune, e insensible a los problemas de los sectores pobres.

Este fenómeno de desplazamiento forzado de centroamericanos constituye una expresión diáfana de desesperación, de hartazgo, pero también de enorme valentía; representa un mensaje político categórico de rechazo a sus gobiernos, y por esa vía, de repudio a las políticas neoliberales impuestas por los capitalistas trasnacionales, que los han condenado a sobrevivir en condiciones infrahumanas.

Frente a este hecho de magnitud internacional, la posición del gobierno norteamericano ha sido utilizar el éxodo forzado como tema de campaña electoral, criminalizando, despreciando, humillando y amenazando a los migrantes; paralelamente ha desplazado tropas militares a la frontera con México, lo cual para una potencia bélica resulta muy beneficioso.

Por su parte, el gobierno mexicano lejos de emprender un análisis estructural sobre las causas del fenómeno, en el cual vienen participando de manera ininterrumpida, millones de mexicanos pobres, ha intentado paliar la situación tomando medidas de carácter humanitario y con programas asistenciales, que lejos de abonar a una solución de largo plazo, ubica a los desplazados en una posición humillante, además de complicarles aún más su situación al colocarlos en un estatus jurídico indefinido.

Ante el mensaje político contundente que representan los desplazados, es urgente una intervención diplomática de la ONU, a fin de propiciar y condicionar la toma de acciones de fondo, que permitan vigilar y depurar a esas clases políticas corruptas, así como emprender un ambicioso programa de desarrollo económico y social, que genere riqueza suficiente y que garantice su distribución equitativa.

Hay que tener presente que el problema del endeudamiento de los países latinoamericanos, ha sido la palanca para el sometimiento de la región a los designios de los organismos y gobiernos acreedores; por ende, cabría recuperar la estrategia emprendida por el gobierno norteamericano en la segunda posguerra, para reconstruir a los países perdedores de Europa occidental, que en esencia consistió en anulación de deudas, moratorias de largo plazo, los créditos del Plan Marshall sin intereses, aumento regular de los ingresos de los trabajadores, altos impuestos sobre altos ingresos para evitar la concentración de capital, límite de pago de deuda sujeto a un porcentaje de las exportaciones locales, entre otras medidas.

Se dirá que ahora el imperio norteamericano no enfrenta el desafío del comunismo, para adoptar medidas de este tipo, no obstante, enfrenta amenazas a su seguridad y, sobre todo, deudas históricas con los pueblos latinoamericanos, explotados por oligarquías y milicias auspiciadas por él; de no actuar en consecuencia el gobierno norteamericano, condicionado por los países asociados en la ONU, los éxodos masivos hacía su territorio habrán de continuar.

La rebelión de los límites

El proceso de globalización inherente al pensamiento neoliberal, que determina a la actual clase política hegemónica, ha propiciado que la humanidad enfrente hoy tres grandes problemas: 1) los fenómenos de exclusión social, que por ejemplo toman rostro con los hechos de migración masiva forzada, que en este momento vivimos en nuestro país; 2) la disolución de las relaciones sociales, atravesadas y fracturadas ahora por la virtualidad y la universalidad de lo digital, que irónicamente acaba por propiciar aislamiento, individualismo, insolidaridad, inmaterialidad; 3) la amenaza a la naturaleza ante la destrucción de los ecosistemas, la generación masiva de desperdicios, la cultura de lo desechable, inherentes a la sociedad de consumo global, impuesta por este modelo económico.

En ese contexto general habría que colocar e interpretar lo ocurrido en torno a la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México; convocada por el gobierno que oficialmente entrará en funciones el próximo 1 de diciembre, y celebrada el pasado fin de semana en el país, cuyos resultados, frente a las tres amenazas referidas, resultan alentadores.

Veamos: Del 1, 069, 870 participantes en la consulta, el 70% votó por la opción impulsada por el próximo gobierno, consistente en reacondicionar los actuales aeropuertos de la Ciudad de México y de Toluca, así como construir dos pistas en la base área de Santa Lucía; mientras el 29% prefirió la opción del gobierno que se va, consistente en continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual de la Ciudad de México. El 1% de votos fueron nulos.

Cabe subrayar que en todas las entidades federativas vecinas a la construcción y en el Estado de México, sede de la misma, ganó con claridad la primera opción, incluso en la entidad sede, el 64% de los participantes votó por la opción ofrecida por el nuevo gobierno. Cabe destacar dos casos: Guanajuato, porque la competencia fue más cerrada, y donde por cierto fue el único estado que Morena no ganó en la pasada elección presidencial; y Nuevo León, único estado donde ganó la propuesta de la continuidad, con una diferencia de 47 votos.

Decía yo que estos resultados representan un aliciente, pues la lógica mercantilista y depredadora inherente al proyecto de construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, constituye una expresión exacerbada de la idea neoliberal del crecimiento económico, que irremisiblemente ha implicado una gran concentración de capital y, por ende, una gran desigualdad social; en ese sentido, se puede decir que la continuación de ese proyecto, habría implicado ahondar las tres amenazas globales inicialmente apuntadas.

Me explico: La conceptualización del crecimiento económico desde la óptica del capitalismo financiero y especulativo, ha implicado históricamente convertir a las relaciones humanas en mercancías, intercambiables mediante el dinero; privatización de la riqueza social, es decir, socialización de costos y privatización de utilidades; así como una vasta acumulación de capital con una inequitativa distribución de la riqueza socialmente producida, que ha derivado en procesos de exclusión, violencia e inseguridad, sobre los que México tiene vastos testimonios.

A ello habría que agregar la profunda crisis del clima y consecuentemente de disponibilidad de alimentos para los más pobres, pues además de que se están erosionando suelos fértiles, y contaminando aguas y tierras, la lógica de apropiación y explotación irracional de los recursos naturales, para satisfacer intereses personales y de grupo, está normalizando hechos aberrantes, como que la producción de alimentos esté siendo desviada del consumo humano, hacia la producción de fuentes de energía, particularmente para la fabricación de combustibles para automóviles, de cuyas ganancias se apropian los hoy aterrorizados dueños de los mercados, ante los resultados de la consulta.

De modo que el rechazo popular a continuar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, constituye una expresión diáfana de los límites a los que ha llegado la racionalidad del crecimiento económico, que sustenta a la lógica de la globalización neoliberal, individualista y hedonista. Es, asimismo, una expresión de rebeldía cívica ante la lógica y supremacía del mercado, que trastorna y atenta contra la soberanía del pueblo, esencia de todo sistema auténticamente democrático.

La consulta sobre el nuevo aeropuerto

La consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México convocada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que se llevará a cabo el próximo fin de semana en 538 municipios del país, está en el centro de la agenda de todos los medios informativos, señaladamente en los que integran los monopolios de la comunicación masiva en México, con un manejo editorial que en general reprueba dicha iniciativa, argumentando que está en riesgo la inversión privada, la confianza de los mercados y la estabilidad macroeconómica de México.

En esos medios no se comentan las razones que dan sentido a la consulta, en cambio intentan extraviar a la audiencia con la discusión sobre el medio, es decir, la legalidad de la consulta, así como haciendo generalizaciones para todo el país sobre las presumibles consecuencias; sin precisar quiénes ganan con ese macro proyecto, cuáles son las consecuencias ambientales, territoriales, sociales de esa iniciativa.

Propongo incorporar los siguientes elementos, que contribuyen a entender lo que está en disputa:

1. Como beneficiarios directos hay que señalar a un selecto grupo de empresarios amigos del presidente Peña, particularmente y para variar, constructores relacionados vía familiar y de negocios con el priismo mexiquense, los cuales tienen como prioridad multiplicar sus ganancias con dicho proyecto, más no el desarrollo social del país; de otra manera no se podría explicar que el número de pobres en México siga creciendo con todo y sus inversiones, a pesar de que según el INEGI, con una nueva metodología aplicada desde 2016, diga que está sucediendo lo contrario.

2. El gobierno saliente ha comprometido una millonaria erogación con cargo al erario público, que implicará seguir desatendiendo por muchos años necesidades básicas para los millones de pobres, en salud, educación, vivienda, empleo estable y suficientemente remunerado, seguridad social, acceso al agua potable, a un medio ambiente sano, a la cultura.

3. Se está materializando una enorme devastación del medio ambiente y de los ecosistemas alrededor de la obra, que lleva un avance de menos del 30% y que sus costos se siguen elevando por encima de los inicialmente presupuestados; además del costosísimo mantenimiento permanente que tendría que realizarse en el aeropuerto en construcción, pues parece que se les sigue olvidando que ese terreno es extraordinariamente endeble, que está sobre una zona de lagos. Ese suelo débil aunado a que está en zona sísmica, explica que los daños ante fenómenos naturales, cada vez más frecuentes, sean asimismo cada vez más desastrosos.

4. La lógica exclusivamente mercantilista, de especulación y de apropiación, que todo lo taza en dinero y que inspira a los referidos inversionistas, eufemísticamente llamados mercados, les impide oír los reclamos de los habitantes de esa región, quienes siguen alertando sobre los daños irreversibles al medio ambiente, a sus tierras y aguas, que para ellos constituyen un elemento esencial de identidad, de pertenencia, de reproducción de su cultura.

5. La zona metropolitana de la Ciudad de México ya no requiere más aeropuertos, está saturada, rebasada su capacidad, ahí están los ingentes problemas de agua y basura que enfrenta; requiere desatascarla, ya no es viable llevar más gente, de ahí la prudencia de pensar en descentralizar la vida administrativa; esos macro proyectos de miles de millones de dólares habría que realizarlos en otras partes del país.

6. Tal vez el punto más consistente que hace justificable la consulta, es el descrédito del actual gobierno federal, la desconfianza del pueblo hacia él, dados los incontables escándalos de corrupción, de conflicto de intereses, de uso indebido de atribuciones y facultades, de peculado, en que han incurrido los miembros de la llamada nueva clase política, así como la enorme impunidad de ellos aún en el marco de la ley.

Estos elementos, entre otros, son los que dan sentido a la consulta; sin embargo, habría que destacar que el nuevo gobierno ya goza del respaldo de 30 millones de mexicanos, que le han dado su confianza para transformar al régimen, ese es el cambio por el que votaron, ahora hay que hacerlo.

La consulta, en los términos y en las condiciones en que se está convocando, resulta poco útil e incluso puede resultar contraproducente, pues se desvirtúa y desgasta un mecanismo de participación ciudadana directa, que efectivamente es necesario tener a la mano, para materializar un ejercicio efectivo de la soberanía del pueblo, que se establece en el artículo 39 constitucional.

Transparencia y combate a la corrupción 2012-2018

Hace unos días Enrique Peña Nieto, aún presidente de México, aunque a veces pareciera que ya se ha ido, dado el protagonismo anticipado del presidente electo, afirmó que nuestro país cuenta con un sistema de transparencia y de combate a la corrupción sólido, amplio y robusto; no obstante que su dicho carece de elementos suficientes que lo puedan sustentar.

Cabe recordar que el 27 de mayo del 2015 fue promulgada la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, con el objetivo, según se dijo, de coordinar y homologar en los tres órdenes de gobierno, las políticas sobre prevención, detección, investigación y sanción de dichos actos. En ese marco fue creado el Sistema Nacional Anticorrupción.

Sin embargo, a la luz de los precarios resultados del sistema se puede anticipar que está impedido para cumplir sus ambiciosos objetivos, dado que desde su diseño institucional respondió al interés de simular para preservar las necesidades y privilegios de un régimen corrupto, bajo la lógica histórica de cambiar para que todo siguiera igual.

Para comprobar lo anterior, baste señalar que lo aprobado por los legisladores y publicado por el Presidente Peña, además de que no le es aplicable a éste, no garantizó la autonomía de las instancias encargadas de tal tarea, de hecho hasta el momento no se dispone de un fiscal anticorrupción, y su autonomía sigue siendo un dilema con un previsible desenlace poco halagüeño; asimismo, no se estipularon sanciones ejemplares para quienes incurran en actos de corrupción, en ese sentido hubiera fortalecido al sistema que esos delitos se tipificaran en el ámbito de lo penal, y se sancionaran con cárcel, dejando atrás su carácter de faltas administrativas castigadas con inhabilitación y multas, que resultan irrisorias.

Un combate frontal y efectivo contra la corrupción y la impunidad en el gobierno y sus socios privados, requiere garantizar que el sistema funcione con absoluta independencia de los tres poderes, así como con oportunidad, eficacia y eficiencia en el castigo a los infractores, lo cual a la fecha no se ha cumplido y por tanto su vigencia resulta contraproducente, pues lejos de inhibir esas conductas las incentiva.

Otra acción del actual gobierno en la materia, que merece ser señalada por su insuficiencia y magros resultados, es la Plataforma Nacional de Transparencia, que ha sido un ejemplo de opacidad y por ende un fracaso, de acuerdo con datos de la propia Auditoria Superior de la Federación; asimismo, habría que señalar la vinculación partidista inicial de los directivos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que contaminó su autonomía.

Frente a la lógica del derroche de dinero como medio para alcanzar los objetivos, propia del actual sexenio, habría que observar que en la presente administración México pasó del lugar 105 al 135 entre los países más corruptos, de acuerdo con Transparencia Internacional. Como una de las ironías del actual modelo político, hay que observar que en la actualidad y sin precedentes, dados los alcances que posibilita la tecnología, las personas son vigiladas a través de cámaras en la vía pública, de monitoreo a los intercambios en las redes sociales, de intervención a los correos electrónicos, entre otros mecanismos; siendo que quienes deberían ser vigilados de manera sistemática y obligados a rendir cuentas de manera oportuna, expedita, transparente y suficiente son los servidores públicos en su función de gobierno; lo cual sigue siendo un tema pendiente en la agenda nacional.

Tan está pendiente esa asignatura que alrededor del ámbito gubernamental seguimos enterándonos de actos de corrupción, de falta de transparencia, de impunidad aún en el marco de la ley, como lo ejemplifica el caso Duarte. De modo que si bien es cierto que las reformas legales e institucionales son importantes para hacer frente a este flagelo nacional, hay que tener presente también el factor cultural, pues el principal obstáculo para la materialización del Sistema Nacional Anticorrupción, es la falta de congruencia así como de autoridad moral entre la clase política.

La herencia del gobierno que se va en materia de transparencia y combate a la corrupción, representa en esencia una simulación que se replica en la mayoría de las entidades del país, como un problema sistémico; por lo cual es válido concluir que más que la legalidad es la legitimidad de las instituciones la que está en crisis en el país, debido esencialmente a la falta de credibilidad de los ciudadanos en quienes las encabezan y dicen representarles.

Foros Participativos del nuevo gobierno

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha retomado la iniciativa de la participación ciudadana, más allá del derecho al voto; iniciativa que tiene como objetivo democratizar la toma de decisiones de gobierno.

No obstante que su mandato oficial comenzará hasta el 1 de diciembre próximo, el futuro gobierno ha convocado a diversos foros que han denominado participativos, particularmente en materia de educación y de pacificación.

Cabe precisar que la participación ciudadana implica que, una vez electos los representantes políticos, se establezcan mecanismos institucionales para facilitar la interacción periódica entre las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de corresponsabilizarse en la construcción de la agenda pública y, de las decisiones de gobierno para atender los diversos problemas que enfrentan las comunidades.

Tomando en cuenta la complejidad de las sociedades contemporáneas, para el futuro de la democracia resulta apremiante consultar periódicamente a los representados, a través de mecanismos horizontales que abonen a una convivencia constructiva, y que sustituyan a las tradicionales estructuras verticales de decisión.

En ese sentido se puede establecer que sin el poder para organizarse, deliberar, elegir y actuar en el espacio público, los individuos no son verdaderamente ciudadanos de su república.

Sin embargo, sería conveniente que el presidente electo y su equipo hicieran un alto en el camino, para analizar y aprender de lo que vienen haciendo en materia de participación ciudadana, pues además de actuar de manera prematura y apresurada; están reproduciendo los defectos de las experiencias de participación que se han implementado en México, sin reparar en la pérdida de credibilidad, es decir, de legitimidad que le están acarreando, cuando ni siquiera ha comenzado su mandato.

Esos errores se pueden sintetizar en que se habilitan instancias bajo un carácter absolutamente consultivo, es decir, sin que implique compromiso vinculante para la autoridad; además, en esas instancias sólo algunos ciudadanos exponen sus quejas y demandas, en muchos casos sin ser los directamente afectados, sobre temáticas y reglas previamente definidas y, sin poder verificar las consecuencias de su participación; de modo que con esos ejercicios, en el mejor de los casos, se está haciendo posible una catarsis colectiva y, en alguna medida, se están haciendo efectivos los derechos de audiencia y de petición, pero ante personas que no son aún autoridad.

Han sido de tal magnitud los errores en estos primeros ensayos de participación ciudadana, que han provocado que algunos ejercicios hayan abortado, mientras otros han tenido que ser pospuestos, como el caso del foro de pacificación que se había anunciado para Tamaulipas, donde estamos urgidos de que el tema sea abordado y resuelto.

Si bien ya Maquiavelo había sentenciado que el origen de la corrupción está en la exclusión de la participación del pueblo en los asuntos de gobierno; habría que subrayar ahora que esos ejercicios no deben ser simulaciones, engaños; pues de otra manera habrán de ser contraproducentes, al generar en el pueblo y especialmente en los directamente afectados, desconfianza, frustración y resentimiento, en la medida en que vayan tomando conciencia de que se les ha engañado, pues su participación no tendrá impacto alguno en la vida de sus comunidades, ni en la solución de sus problemas.