Los contrapesos en el sistema de partidos mexicano

La dirigencia nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena,
sigue en disputa luego de varios meses de controversias internas, que motivaron la
intervención del Poder Judicial, cuyo tribunal electoral decidió que fuera
seleccionada mediante encuestas, mandatando al INE a organizarlas. El último
episodio de la película, fue el denominado empate técnico entre dos de los
aspirantes en la segunda encuesta, cuyo desempate se deberá dilucidar mediante
una tercera encuesta que está en curso.

La intervención del Tribunal Electoral y sobre todo sus decisiones al respecto,
resultan polémicas e incluso contrarias al fortalecimiento de la vida pública nacional,
pues de inicio se violentaron los estatutos del partido, ya que en ellos no se
contemplaba la vía de las encuestas para designar a su dirigencia.

Por otra parte, para la realización de los estudios demoscópicos mediante los
cuales, primero se identificó a los aspirantes más conocidos y luego se indagaron
las preferencias sobre quién de ellos debía encabezar al partido, el INE deslindó la
responsabilidad en empresas privadas; a lo cual hay que sumar que se abrió la
consulta de manera indistinta a militantes y simpatizantes, autodeclarados como
tales, con el gran margen de error y dolo que ello posibilitó.

Cabe subrayar el agravante de que la deliberación programática e ideológica en el
seno del partido, que debió preceder a la elección de su dirigencia nacional, fue
menospreciada a favor de la selección del más popular, como si lo que estuviera en
disputa fuera la imagen del dirigente, es decir, la selección del personaje más
popular.

Frente a esta práctica que se ha ido imponiendo en la vida de los partidos políticos,
es menester reivindicar la importancia de la discusión pública sobre trayectorias
personales, sobre planes y programas de gobierno; la cual tiene una repercusión
directa en la cultura política, en la civilidad y en la construcción de los contrapesos
inherentes a todo sistema democrático.

De ahí lo cuestionable en el proceder del Poder Judicial al respecto, pues además
de abonar a los déficits que viene acumulando el modelo democrático, ha abierto la
puerta para que participen y arriben a ese instituto, personajes que no
necesariamente representan sus causas y programa de gobierno.

Más allá de filias y fobias ideológicas, al sistema político mexicano le urge la
presencia de un auténtico contrapeso al paradigma neoliberal hoy hegemónico, que
tanta desigualdad, violencia e inseguridad social ha generado en el mundo entero.
En el espectro ideológico mexicano, se echa de menos una alternativa que entienda,
asuma y organice de manera distinta la convivencia política, fortaleciendo la
deliberación pública de las ideas, replanteando al papel del representante político a
favor del protagonismo de los diversos colectivos, escindiendo la acción política de
la actividad meramente lucrativa.

12 de octubre

El día de ayer 12 de octubre, conmemoramos un aniversario más del arribo a tierras americanas de la desorientada expedición española, encabezada por Cristóbal Colón, que abrió brecha al proceso de conquista efectuado años después por el ejército español, comandado por Hernán Cortés, y que culminaría con la caída de Tenochtitlan en 1521, dando paso al proceso de colonización de los pueblos originarios.

La llegada de los españoles a tierras americanas ha sido denominada de distintas maneras, en su mayoría cargadas de eufemismos para evitar aludir a la sanguinaria y destructiva conquista, que costó millones de vidas a los pueblos autóctonos, e implicó despejo, saqueo, explotación e intento de exterminio de quienes osaron oponerse a la invasión.

La espada y la cruz fueron los instrumentos utilizados por los conquistadores para imponer y luego legitimar su cultura, sus tradiciones y su dominio, que incluyó la denominada Santa Inquisición, para quienes rechazaron la hegemonía de la religión católica.

Cabe subrayar que el mestizaje fue básicamente de carácter biológico, pues el intento por destruir todo vestigio del mosaico cultural de los dominados no tuvo límites, salvo el de conservar mano de obra esclava.

En el marco de esta evocación que cada año se realiza a nivel internacional, la presidencia de la república ha informado que a través de la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller, le fue entregada una misiva al Jefe del Estado Vaticano, conminándolo a que, en su calidad de máximo representante de la Iglesia Católica y, junto a la corona española, ofrezcan una disculpa pública a los pueblos originarios de México, que para someterlos padecieron oprobiosas atrocidades.

La reiterada solicitud presidencial debe ser colocada en su justa dimensión, pues le son inherentes al menos dos hechos de suma relevancia nacional, que no deben seguir siendo escamoteados: en primer lugar, los 3,000 años de desarrollo civilizatorio en Mesoamérica, colocan a ésta como una de las grandes culturas de la humanidad, junto con China, Egipto y Mesopotamia.

En segundo lugar, es imprescindible que se reconozcan los deleznables hechos de masacre, sometimiento y saqueo que le fueron inherentes a la conquista, negados por la corona española y la iglesia católica, quienes han conseguido que en la propia educación oficial se reproduzca la versión de los vencedores; ese reconocimiento oficial de los hechos comprobados por historiadores y arqueólogos, abonará a que quede constancia en el mundo de lo que no debe repetir imperio o gobierno totalitario alguno, como por ejemplo lo ha conseguido el pueblo judío a propósito del genocidio nazi.

En ese sentido resulta por demás patético que aquí y ahora sigan proliferando voces que insisten en la intrascendencia de los hechos remembrados, o incluso que se tache de obsoleta la solicitud presidencial en comento; pues esas posiciones arropadas en la ignorancia, ponen en evidencia que goza de cabal salud la negación de nuestro pasado como estrategia de dominio y, por ende, que continúa vigente el lastre de observar como normal el dominio de los pueblos por los regímenes más poderosos, proceso histórico que hoy sigue su curso de manera sigilosa por la vía cultural.

Consultar la aplicación de la ley

El pasado jueves 01 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió validar la constitucionalidad de la consulta popular, a que está convocando el Presidente de la República, en torno al tema de investigar y, en su caso, procesar a los expresidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, por actos de corrupción que pudieran haber cometido durante sus respectivas administraciones.
 
La resolución de la Corte ha generado múltiples comentarios de diversos actores políticos, empresariales y sociales, pues constituye un tema de gran relevancia para el desarrollo de la vida pública en el país, particularmente en materia de justicia; de tal suerte que desde la academia, cabe hacer algunas reflexiones.
 
En primer lugar, resulta insólito que el Presidente esté convocando a la consulta para dicho tema, pues investigar y en su caso procesar a quien presumiblemente cometió un delito, no debiera quedar sujeto a una votación popular, en tanto constituye un derecho de las víctimas que el presunto delincuente sea investigado conforme a Derecho. La ley obliga a los servidores públicos y a los ciudadanos en general, a denunciar ante el Ministerio Público, cuando se tienen elementos que permiten presumir la comisión de un delito; actuar en consecuencia es una obligación legal, no una decisión discrecional y, menos una acción que la autoridad pueda dejar supeditada a una consulta popular.
 
En segundo lugar, inquieta que el Ejecutivo Federal vuelve a monopolizar la apelación a dicho mecanismo de participación ciudadana, previsto en la Constitución Federal y en la propia ley en la materia.
 
Ya que ese derecho que fue ideado para que los ciudadanos se impliquen de manera directa en las decisiones de gobierno, al menos en la conformación de la agenda pública, vuelve a quedar en manos de la máxima autoridad de la nación.
 
Los mecanismos de participación ciudadana tienen como objetivo trascender al ámbito electoral, es decir, llenar los vacíos inherentes a la democracia representativa; por tanto y con las salvedades que determina el propio marco jurídico, debería ser la ciudadanía organizada la que determine los temas que debieran ser consultados popularmente, en aras de garantizar su participación en el rumbo del país; mediando a las consultas un intenso y amplio proceso de deliberación, pues sólo así se podría ponderar el mejor argumento a favor del bienestar general, dada la insuficiencia del voto para expresar la diversidad de opiniones.
 
En tercer lugar, en un país como México donde sigue prevaleciendo la centralización de las decisiones políticas en los poderes ejecutivos, constituye una acción contraria al objetivo de la democracia participativa, que sean las propias autoridades las que acaparen las convocatorias y las temáticas de las consultas; pues de esa manera, se abona a la tentación de las autoridades de recurrir a las consultas para legitimar decisiones, que pudieran contravenir el ejercicio de los derechos humanos.
 
Es exigible por tanto, que los legisladores federales modifiquen la ley de Consulta Popular, a fin de poner un dique a la tergiversación que se está cometiendo, del principio de la participación ciudadana; oportunidad que deberían aprovechar los representantes políticos, para ampliar los temas sobre los que el pueblo pueda decidir, como la propia forma de gobierno, lo cual ya se establece en el artículo 39 de la carta constitucional, pero que irónicamente ha sido obstaculizado con la citada ley.

De violencias e impunidad

Entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014, 43 normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados, con la presunta participación de elementos de las fuerzas de seguridad del Estado Mexicano, sin que hasta el momento se tenga la certeza de su paradero; de modo que los autores intelectuales siguen gozando de impunidad.

En otro ejercicio de retrospectiva, estamos a unos días de conmemorar un aniversario más de la masacre del 02 de octubre de 1968, cometida de igual forma contra estudiantes, en la plaza de la Tres Culturas, en la hoy Ciudad de México, y del mismo modo, aún no se dispone de una versión oficial que brinde certeza sobre los autores intelectuales de esos asesinatos.

En la misma tesitura, nos estamos enterando de marchas y plantones de diversos colectivos de feministas, que están protestando por la insolencia, las omisiones y las agresiones de diferentes autoridades, frente al cúmulo de violencias físicas y simbólicas que a diario padecen, más ahora en los contextos de confinamiento obligado y, a las cuales hay que sumar la histórica violencia de no poder decidir sobre sus cuerpos, a reserva de ser criminalizadas.

En este escenario convulso, no es casual que sigan apareciendo, reapareciendo e incluso consolidándose grupos conservadores de ultra derecha, fundados y auspiciados por oligarcas empresariales y por jerarquías religiosas, que intentan a toda costa imponer su dogma intolerante, negador de los derechos humanos, de la diversidad y del pensamiento crítico.

De modo que mientras del poder político se sigue echando de menos una acción contundente a favor de la verdad, sobre hechos que han lastimado profundamente la vida social y, la credibilidad de los ciudadanos hacia las instituciones, con sus omisiones e injusticias esas mismas autoridades siguen abonando a que irrumpan en el espacio público dichas fuerzas intransigentes.

Son organizaciones que irremisiblemente intentan frenar el avance de la pluralidad, de la civilidad y de la acción colectiva, en defensa de los derechos de las eufemísticamente llamadas minorías vulnerables, aunque tratándose de los derechos de las mujeres, estamos hablando de los derechos de las mayorías de este país, sobre los que siguen decidiendo los hombres y algunas mujeres, que irónicamente reproducen esa misoginia y homofobia.

Habrá que voltear a Europa, particularmente a España, Francia y Alemania, para observar este fenómeno de retorno a las esferas de gobierno de esa derecha ultraconservadora e intolerante, lo que ya está ocurriendo en América Latina y, lo que parece no estar tan lejos de ocurrir en México, ahora que el INE le devolvió su registro a un partido con bases de fundamentalismo pentecostal, no obstante el mandato constitucional sobre el Estado laico.

Las reglas del juego democrático

Las reglas para el acceso al poder en el marco de la democracia representativa, establecen que el ganador será quien en una competencia libre y transparente obtenga el mayor número de votos, debiendo recibir la constancia de mayoría respectiva, de la instancia que para tal efecto se instituye.

Quien por la vía electoral obtiene un cargo político, está obligado a cumplir el periodo de la representación popular, salvo que por voluntad propia decida solicitar licencia temporal o permanente al cargo.

De modo que la permanencia en el puesto durante el periodo que corresponda, no queda sujeta a la voluntad de los representados, salvo que el representante pretenda ser reelecto y siempre que la ley lo permita, en cuyo caso se deberá someter a una nueva votación.

No obstante, en la actualidad se ha introducido en la legislación federal la figura de la revocación de mandato, que posibilita que a la mitad del periodo de gobierno, sea sometida a votación popular la permanencia en el cargo del Presidente de la República, y en caso de obtener el respaldo para continuar, lo deberá hacer sólo por el tiempo que le reste para cumplir su sexenio.

Considerando estas reglas elementales del sistema democrático, resulta por demás extraño que unas personas azuzadas por algunos acaudalados empresarios, se estén manifestando particularmente en la capital del país, solicitando la dimisión inmediata del jefe del ejecutivo federal; pues por más que dichas personas estén en desacuerdo con las políticas y las acciones del mandatario, jurídicamente es inviable esa demanda.

Para la civilidad política y por ende para la convivencia en una nación, es fundamental que se respete el Estado de Derecho, pues es el único instrumento del que se dispone para garantizar que sea la vida institucional y no los caprichos personales o de grupo, los que determinen el rumbo del país; ésta es también una regla fundamental de la democracia, que los citados manifestantes dicen defender.

El teórico Juan Linz en su clásico libro sobre la Quiebra de las Democracias, había alertado sobre el riesgo que representa para esta forma de gobierno, la ausencia de autenticidad democrática, lo que implica que los actores políticos no respeten las reglas del juego democrático. Asimismo, el sociólogo español llamaba la atención sobre el aire de familia que existe entre esta reprobable conducta y los golpes de Estado, que durante la segunda mitad del siglo XX fueron comunes en América Latina, con el respaldo de la Agencia Central de Inteligencia del gobierno norteamericano.

Es por tanto exigible a los actores políticos, a los empresarios y a la sociedad civil en general, que se observe una auténtica conducta democrática; de tal forma que se respeten las reglas del juego democrático, tanto cuando los resultados favorecen a sus candidatos, como cuando éstos nos resultan ganadores en las contiendas electorales.

En consecuencia, si bien todos tenemos el derecho a la libre manifestación de las ideas, no se debe tergiversar este derecho utilizándolo para denostar a las instituciones, pues ello atenta contra la estabilidad y la convivencia en nuestro país.

Recordando el Grito de Independencia.

Sería en las primeras horas del 16 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo acompañado de los militares Allende y Aldama, dio lo que se ha denominado el Grito de Independencia, es decir, el llamado a los presentes en la plaza de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, a que se levantaran en armas contra el dominio de la Corona Española. Los antecedentes de la gesta de independencia podríamos dividirlos entre externos e internos.

En cuanto a los primeros, referentes a movimientos sociales y políticos que inspiraron la iniciativa independentista, habría que destacar a la ilustración cultural en la Europa Occidental, que tuvo como objetivos luchar contra los fanatismos, las monarquías despóticas y, la defensa de la legitimidad racional del poder.

Las ideas de la ilustración habrían de incidir de manera directa en el movimiento de independencia de las trece colonias en Norteamérica, y en la Revolución Francesa, las cuales asimismo tuvieron como denominador común el ascenso económico de la burguesía, que cuestionaba los privilegios de la nobleza, en tanto pugnaba por un poder representativo que permitiera colocar sus intereses en la agenda pública.

En cuanto a los factores internos que desde España influyeron y favorecieron el movimiento de independencia en México, cabe destacar las reformas borbónicas que si bien pretendían reactivar la economía de las colonias mediante un mayor impulso a actividades como la minería, también implicaron un incremento de la recaudación fiscal, el desplazamiento de los criollos a favor de los peninsulares en los puestos administrativos, así como medidas profundamente conservadoras a fin de endurecer el control social de la población, que incluyó la expulsión de los jesuitas.

En esa tesitura hay que subrayar la invasión a España por las tropas francesas de Napoleón, que en gran medida distrajo a la Corona de lo que acontecía en el virreinato, pues tuvo que focalizar su interés en la extracción de recursos para dicha guerra, lo que habría de ser utilizado por los criollos en la Nueva España para fraguar su levantamiento armado.

Si bien es cierto que los conspiradores criollos encabezados por Hidalgo, Allende, Aldama y Josefa Ortiz de Domínguez, denunciaban las condiciones de explotación y exclusión que padecía el grueso de la gente, incluida la esclava, también lo es que tenían el objetivo de lograr la independencia de la Corona que les permitiera arrogarse el control político en la Nueva España.

El desarrollo de la luchas armada, de las guerrillas inherentes, así como de los variados conflictos que se habrían de verificar durante los poco más de 10 años, que transcurrieron hasta que finalmente en 1921 se consumó dicha independencia, son demasiado extensos y complejos para reseñarlos en este espacio; baste recapitular que serían precisamente los criollos quienes más se beneficiaron, y que sería el pueblo el que más pérdidas de vidas padeció, en tanto éste seguiría enfrentando amplias carencias y exclusiones, que en alguna medida serían revertidas con el Movimiento de Reforma de mediados del siglo XIX.

En perspectiva, habría que subrayar que la independencia del país, entendida como autodeterminación y autosuficiencia desde lo más básico, como la alimentaria, así como la de determinar el rumbo del desarrollo nacional, sigue siendo una tarea por realizar, pues seguimos dependiendo de los capitales transnacionales y de sus designios para orientar nuestro rumbo.

Mientras nuestra principal dependencia del exterior sigue radicando en el ámbito cultural, donde reproducimos esquemas, estereotipos y valores que nos hacen intentar ser lo que nos somos, con los consecuentes sentimientos de frustración y desánimo. Celebremos entonces esta noche el Grito de Independencia, tomando conciencia de que nuestro principal reto consiste en independizar nuestro ideario del que nos imponen quienes se benefician del dominio cultural que enfrentamos; un Grito que sea a favor de un desarrollo autónomo con dignidad y justicia.

Para eso deben servir nuestros gobiernos, los que esta noche nos habrán de invitar a gritar ¡Viva México!

Fuero y enjuiciamiento de los presidentes

El pasado dos de septiembre la Cámara de Diputados aprobó modificar los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el titular del Poder Ejecutivo Federal pueda ser enjuiciado por cualquier delito que cometa, para lo cual deberá ser acusado ante la Cámara de Senadores, mediando la presentación de pruebas.

Cabe tener presente que el tema ha sido varias veces postergado, y que este dictamen apenas fue enviado al Senado para ser analizado y votado. Con la ley aún vigente, el presidente de la república sólo puede ser procesado ante la presunción de que ha cometido el delito de traición a la patria u otros graves del orden común; lo cual además de la ambigüedad inherente a la conceptualización del delito de traición a la patria, implica colocarlo en un estadio de excepción frente a los demás ciudadanos.

El tema cobra mayor importancia en el contexto de la propuesta que ha venido repitiendo el presidente López Obrador, de someter a consulta popular si deben ser enjuiciados los ex presidentes de la república, ante la presunción de que han cometido delitos graves de corrupción, en detrimento del patrimonio nacional.

Ante ello, es necesario precisar que en la misma Constitución se prevé la autonomía de la Fiscalía General de la República y del Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones, lo cual implica que deben actuar con apego estricto a su marco jurídico y sin dependencia o injerencia de voluntades o potestades externas.

De modo que la decisión de procesar a algún ex mandatario debe quedar supeditada, a que sea denunciado en las instancias correspondientes, ante la presunción de que ha cometido un delito.

Al amparo de este criterio fundamental, es exigible que finalmente se cristalice la reforma constitucional, para eliminar las excepciones jurídicas obsoletas e injustificables que favorecen la impunidad del Ejecutivo en turno; de concretarse, la iniciativa debería ser reproducida en todas las entidades federativas, con el objetivo de que sea aplicable a todos los representantes populares, en los tres órdenes de gobierno.

En lo que hace al tema de la consulta popular, cabe conminar al titular del Ejecutivo Federal, a que se abstenga de tergiversar el sentido y la razón de ser de este mecanismo de participación ciudadana, pues además de que en el actual marco jurídico este mecanismo ha heredado amplias limitaciones, para garantizar la implicación directa del pueblo en el ejercicio de la soberanía que le es inalienable, el mandatario debería tener presente que es al pueblo organizado al que le asiste el derecho de decidir, sobre los temas que debieran ser sometidos a la opinión popular, mediando un proceso de deliberación intensa y extensa sobre el tema en cuestión, y siempre que el tema a consultar no implique la obstrucción de la aplicación de la ley, como en este caso, se pretende interferir la autonomía de los órganos responsables de investigar, perseguir y procesar a todo presunto delincuente.

La impartición de justicia debe ser expedita e igual para todos, y los primeros obligados a respetar la ley así como a observar un comportamiento honesto y escrupuloso en su función pública, son los representantes populares. Por tanto, la cristalización de estos preceptos no debe estar sujeta a la percepción de los ciudadanos, ni al capricho de los mandatarios.

Llevar a la práctica de manera plena estos principios del Estado de Derecho, implicaría un gran cambio en nuestro país, hacia una nueva realidad de civilidad política.

La deliberación sobre la vida pública

Junto con los derechos de asociación y de elección, la libertad de expresión que nutre a la deliberación pública, es una de las tres fortalezas del sistema democrático representativo, en tanto hace posible la ponderación del mejor argumento a favor de bienestar general, así como visibilizar la diversidad de intereses propios de nuestras sociedades complejas.
Asociadas con la imprescindible deliberación pública de la agenda pública, cabe referir noticias significativas de este martes 01 de septiembre, como que el nuevo periodo legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo habrá de presidir el Partido Revolucionario Institucional, no obstante el severo castigo que recibió en la última elección federal.

En la democracia representativa, el recinto legislativo constituye el espacio instituido para que los representantes populares, deliberen sobre los problemas del país y, acuerden las normas y acciones prioritarias para atenderlos, de ahí la relevancia de los actores que asumen la responsabilidad de orientar el rumbo de la agenda legislativa.
En la misma tesitura, hoy el Presidente Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje a la nación con motivo de su segundo informe de gobierno, en el que aludió a los logros que ha alcanzado su administración, a pesar del escenario mundial convulso que se vive ante la pandemia por el Covid-19. El contenido del informe será la materia prima para la deliberación no sólo de los congresistas, sino para el debate sobre vida de la república en las diferentes esferas públicas y privadas. De modo que la rendición de cuentas que subyace al informe presidencial, aporta a la discusión razonada sobre lo hecho y lo pendiente.
Asimismo, está en la agenda de esta semana la decisión del INE sobre el otorgamiento de registro a nuevos partidos políticos nacionales, que en el actual modelo de democracia son entes básicos para la conformación de la representación ciudadana y, para la conformación de la agenda pública mediante la deliberación extensa e intensa, aunque sobre estas tareas a la fecha los partidos arrastran déficits considerables; por lo cual la decisión de la autoridad electoral será trascendental, para propiciar con apego a la ley la emergencia de nuevos actores
políticos, que constituyan una auténtica alternativa de transformación de la vida nacional hacia más paz, desarrollo y justicia.
Como se ha comentado, para que haya deliberación pública es necesario disponer de las garantías contextuales, así como del acceso a la pluralidad de ideas, escenario donde los medios de comunicación juegan un papel de primer orden; por lo cual es alarmante que de una forma poco ética una revista como Proceso, haya prescindido de las colaboraciones del periodista Fabrizio Mejía y del cartonista Rocha, que cada semana abonaban al ejercicio cívico de la discusión razonada.
Confluyendo con el tema de la deliberación pública, cabe reseñar finalmente que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra Universidad, viene organizando un conjunto de foros académicos sobre temas nacionales y locales, tocando el turno la tarde de hoy al panel titulado: “Adaptación y alternativas ante la nueva normalidad“, al que concurrirán de manera virtual tres distinguidos docentes e investigadores, de igual número de universidades públicas del país.
El tema que se abordará en el panel de hoy a las 17:00 horas, al que se tendrá acceso libre a través de la página Block Búhos en Facebook, conmina a repensar nuestra existencia y sobrevivencia en el planeta, dada la realidad de exclusión y depredación que hemos vivido hasta ahora, y que ha resultado ominosa para millones de personas en el mundo. De tal forma que el panel representa una acción loable e imprescindible para la salud de la vida pública, en tanto la historia nos brinda muestras fehacientes de que es esencialmente en la academia, donde se han originado los paradigmas, es decir, los modelos, con base en los cuales se ha interpretado la realidad en un momento específico y, se han propuesto las soluciones a los problemas que la han determinado.

La obsesión por la autoría individual

La obsesión contemporánea por la autoría individual, propia del mundo mercantilizado en el que vivimos, fue materia de reflexión para la lingüista Yásnaya Elena Aguilar Gil, en su última colaboración dominical para el diario español El País.

Aguilar Gil analiza el impulso exacerbado a la acción creativa individual, que hoy caracteriza a la civilización en occidente, en una lógica de lucro y de acumulación material; esta iniciativa es arropada con un marco jurídico que la institucionaliza y que prevé un sistema de recompensas en esencia económicas, soslayando cada vez más la concepción de los procesos creativos como un legado colectivo.

En la colaboración periodística referida, se destaca que la traducción del sistema comunal al individual, alcanzó su momento cumbre cuando los relatos y los productos tangibles se convirtieron en mercancías, es decir, cuando entraron a la lógica del mercado, transformados en oferta de una empresa que se apropió del concepto y del producto.

Estos procesos de individualización que la escritora los denomina como de traducción o de conversión, son cada vez más comunes en la relación asimétrica entre la cultura occidental y las de los pueblos originarios, en los que las creaciones y las tradiciones se conciben fundamentalmente como procesos colectivos, y de ninguna manera como patrimonio individual.

Lo anterior no significa que las tradiciones comunitarias no sean constantemente intervenidas y trasformadas; empero, como Aguilar Gil subraya, estas innovaciones son resultado de la acción colectiva, por lo cual desde esta perspectiva, la idea de las patentes o los registros de autoría individual pierden sentido.

La noción sobre la vida en comunidad es descrita por la lingüista con las narraciones, los textiles y las tradiciones gastronómicas, particularmente en la cultura Mixe; donde la concepción de los mismos, las maneras de producirlos, los códigos para socializarlos, las creencias y los rituales asociados a ellos, se sustentan en una lógica colectiva, pertenecen a la colectividad y no a una persona.

La periodista ilustra de manera diáfana el vicio hegemónico de personalizar el proceso creativo, aludiendo al mundo de la gastronomía, donde se pondera la figura del chef, palabra que proviene del francés para referir al jefe, en este caso, al de cocina.

Ahora, es común atribuir al chef la autoría de algunas prácticas gastronómicas y de algunos platillos. Asimismo, Aguilar Gil nos describe la apropiación de estilos textiles oaxaqueños, que ha hecho una diseñadora francesa, arrogándose la autoría individual de los mismos.

En esta lógica mercantilista de apropiación con fines de lucro, se sublima la creación de autoría individual, depositando la carga simbólica en la marca y en la persuasión para su consumo masivo e inmediato.

De esa forma se difuminan los factores colectivos que sustentan a la creatividad, en detrimento de la propiedad común, es decir, de su historia comunal. En este mundo enfermo de amnesia y de hedonismo, el presente es lo único significativo.

De ahí la importancia de deliberar sobre las consecuencias sociales de la obsesión perniciosa en la autoría individual, que caracteriza a la civilización occidental dominante, en contraste con la lógica de otras culturas sobre la propiedad colectiva de los relatos, de las tradiciones textiles y de la gastronomía, algunas de las cuales a contracorriente perviven en México.

Este tema también debería ser parte medular de la reflexión sobre la nueva realidad mundial.

El servicio profesional de carrera frente a la corrupción en México

Mientras los casos de oprobiosa corrupción en el seno de la administración pública continúan aflorando y, mientras desde todos los órdenes de gobierno se promete que se combatirá y erradicará, se sigue echando de menos la implementación de medidas contundentes y efectivas, con base en las cuales se vayan sentando las bases institucionales para transitar, del voluntarismo del jefe en turno a la obligatoriedad con apego a la ley.

En ese sentido es imprescindible que los gobernantes, particularmente los legisladores, tomen en cuenta con absoluta responsabilidad cívica, la necesidad de implementar a plenitud el servicio profesional de carrera en toda la administración pública, incluidas las instituciones y los órganos que gozan de autonomía.

El antecedente de esta iniciativa se ubica en el servicio civil alemán, luego en la India e Inglaterra, basado en el principio del mérito profesional, de manera que en ese esquema los servidores públicos no dependen de la voluntad o el favor del jefe; su ingreso, promoción y permanencia están sujetos a evaluaciones transparentes y periódicas, sus relaciones con todas las esferas del gobierno están reglamentadas, sus obligaciones debidamente establecidas, sus derechos están a salvo y son responsables, es decir, rinden cuentas por lo que hacen o dejan de hacer.

El servicio civil es propio del Estado moderno, lo que implica que está sujeto a la ley.

La carrera administrativa es por tanto la parte esencial del servicio civil, que en aquellas regiones ha gozado de amplio reconocimiento social, y cuyas primicias básicas son: ingreso a edad temprana, seguridad en el empleo, salarios determinados en función de los ascensos, revisiones salariales anuales, oportunidad en el ascenso hasta las categorías más altas, movilidad geográfica, programas de formación y actualización, neutralidad partidista y jubilación.

La otra cara de la medalla es la copia incompleta, e incluso la simulación que se ha implementado en varias partes de nuestro país, a pesar de las disposiciones constitucionales y legales al respecto.

Pues prevalece el hecho de que el jefe en turno, asume como patrimonio propio el ámbito de la administración que le es conferido, repartiendo cargos administrativos en calidad de cuotas de poder, sin más mérito que la amistad, el compromiso o la complicidad; incurriendo incluso en nepotismo.

En este contexto es común la improvisación, el derroche, la opacidad, la corrupción, la connivencia con grupos de poder y el cálculo en la acción u omisión, con base en el calendario electoral; en detrimento de la garantía de que deberían gozar los ciudadanos de que sus necesidades colectivas y sociales habrán de ser atendidas con oportunidad, sin distinción y con eficiencia, por servidores públicos debidamente preparados y evaluados con criterios académicos y, de experiencia en la administración de lo público.

De modo que ante el deleznable contexto de corrupción que estamos enfrentando, la impartición de justicia y el combate a la impunidad deberían ir acompañados de la implementación a plenitud, del servicio profesional de carrera en toda la administración pública, en los tres órdenes de gobierno, lo que permitiría ir sentado bases institucionales firmes para transformar de fondo la concepción y la administración de lo público; sus resultados habrían de irse materializando a lo largo de varios lustros, pues esa medida implica un cambio en la cultura política, lo cual debería ser un componente toral de la nueva realidad mexicana.