Tercer año de gobierno de AMLO

Ante una concentración multitudinaria de alrededor de 250 mil personas, colocadas en el Zócalo de la Ciudad de México y calles aledañas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió un mensaje con motivo del tercer año de gobierno, que marca la mitad del periodo para el que fue electo.

De su alocución destacan varias ideas, como que su gobierno está de pie a pesar de la pandemia. Subrayó que se han resistido las adversidades y que se sigue avanzando en la transformación de la vida pública del país, debido esencialmente a la fórmula que ha venido aplicando, de gobernar con honradez; destacando la lucha contra la corrupción, que ha dado como resultado el mejoramiento de las finanzas públicas.

Habló de hacer realidad su sueño de que, al final de su gobierno cualquier persona, sin importar su condición económica, social o cultural, reciba atención de calidad y que la salud deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho universal del pueblo

. Subrayó que el 86% de las personas mayores de edad, han podido acceder gratuitamente a la vacuna contra el covid-19, y ofreció que en el 2022 México contará con la vacuna “Patria”, contra el citado virus. Aseguró que durante su gobierno no se permitirá maíz transgénico, ni se otorgarán nuevas concesiones mineras, ni se sobreexplotarán los mantos acuíferos, y que no se permitirá la tala de bosques. Asimismo, indicó que se ha podido mantener el precio de las gasolinas y de la electricidad.

Destacó que México tiene finanzas públicas sanas y suficientes, lo cual permitirá que sin contratar deuda pública, se continúe con obras como: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y la modernización de refinerías e hidroeléctricas. Anunció que el 21 de marzo será la inauguración del Aeropuerto “Felipe Ángeles”.

De igual forma, que el sector energético dejará de comprar en el extranjero, ya que será autosuficiente, y que el litio será propiedad de la nación, según comprometió con los presentes en el mitin. Ponderó que por consenso, se logró un aumento del 22% al salario mínimo para el siguiente año, el cual durante su gobierno ha aumentado en un 65%.

En ese sentido, dijo que a pesar de la pandemia, se han recuperado 21 millones de empleos formales, según registros del IMSS.

Su política asistencialista la vinculó con el desarrollo de los jóvenes, que justifica la implementación de programas del bienestar, para evitar que sean enganchados por los grupos criminales. En esa tesitura, aseguró que se han reducido los delitos, como el robo de combustible, también conocido como huachicol.

Al amparo de estos datos, destacó el apoyo de todos los partidos en el Congreso de la Unión, para la creación de la Guardia Nacional, que cuenta con 207 cuarteles en el país y tiene más de 100 mil elementos.

Dijo que su gobierno respeta la Constitución, que hay transparencia y derecho a la información, además de que no se censura a nadie. Se refirió a la consulta para la revocación de mandato, asegurando que respetará la decisión de los mexicanos ya que, “el pueblo pone y el pueblo quita”.

Asimismo, se comprometió a continuar con la investigación para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Habló de la importancia del cambio de mentalidad de la población, destacando que eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible; e insistió en que por el bien de todos, primero los pobres.

Más allá de las filias y las fobias partidistas, sobre esta primera mitad del gobierno de la 4T, a pesar de la afirmación del presidente en el sentido de que no hay sustento para decir que se está militarizando al país, constituye un motivo de alerta que se esté implicando a las fuerzas armadas en una gran diversidad de actividades propias del ámbito civil, dotándolas de gran poder político y económico; pues además de lo complejo que resultará revertir esa tendencia, representa una contradicción frente a la eticidad de no violencia, que ha enaltecido el presidente.

Para frenar esa peligrosa tendencia y no para defender intereses de grupo, deberían servir los contrapesos que la ciudadanía ha habilitado en el Congreso de la Unión.

Luchar contra la violencia hacia las mujeres

El pasado 25 de noviembre se conmemoró el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, instituido en el año 2000 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); con la finalidad de visibilizar la violencia contra las mujeres y las niñas, a nivel mundial.

Con esta iniciativa se pretende fomentar la ejecución de políticas públicas, por parte de los gobiernos miembros de la ONU, en forma coordinada con organizaciones privadas y sociales, para hacer frente a la violencia de género en todas sus manifestaciones, así como para brindar apoyo a las víctimas y, generar conciencia sobre la estigmatización que éstas padecen.

Como principal antecedente de esta efeméride, cabe recordar que la fecha fue elegida para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana, que fueron brutalmente asesinadas en 1960, por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo.

Asimismo, cabe destacar que las estadísticas actuales indican que una de cada tres mujeres sufre violencia sexual, física o psicológica, en su mayoría, por parte de su pareja, aunado a la dificultad que afrontan estas mujeres al permanecer confinadas en casa con sus agresores, ante el confinamiento decretado por las autoridades sanitarias con motivo de la pandemia del COVID-19; contexto en el que se ha intensificado la violencia en el hogar, de tal forma que paralelamente al coronavirus, se ha desarrollado otra pandemia, la de la violencia hacia las niñas y las mujeres.

En ese sentido, cabe observar que en general cuando se habla de violencia contra las mujeres, se piensa básicamente en la violencia física que infringen los hombres a ellas, en diversos escenarios y bajo diferentes argucias, ligadas con la dependencia histórica de ellas hacia ellos por razones físicas, económicas, culturales y religiosas, entre otras.

Sin embargo, pocas veces se trasciende a la demagogia gubernamental, y se repara en la violencia simbólica, en muchos casos fuente de la violencia física, que se inculca a través de las instituciones más arraigadas y que más lealtad inspiran a la sociedad en su conjunto.

Por ejemplo, me refiero a la violencia hacia las mujeres por parte de las instituciones religiosas, de inicio profundamente misóginas y discriminadoras de las mujeres; en cuyo marco, ellas a lo más que pueden aspirar es a casarse y llegar a ser la mujer de, es decir, a convertirse en objeto poseído.

O la violencia que se transmite en el seno de la institución de la familia, preferentemente la que profesa una religión, en cuyo seno se inculcan los denominados valores de la sumisión y la obediencia al hombre, así como la dedicación a las labores del hogar, que en el fondo están ideadas para complacer a la pareja masculina.

O la violencia que se reproduce en el seno de las instituciones educativas, donde a las mujeres se les instruye en oficios, que se dice son propios de su sexo, como la cocina, la belleza o la confección; asimismo, donde se les condiciona a formar parte de los grupos de animación o porristas, comparsa de los caballeros quienes compiten en las actividades deportivas; o son alentadas a incorporarse a los grupos de edecanes, para servir de objeto de decoración en las ceremonias encabezadas por los varones.

O la violencia contra las mujeres que sistemática y profusamente se transmite en los medios de comunicación masiva, bajo el formato de programas de entretenimiento y en las telenovelas, en los cuales se difunden y reproducen variados estereotipos que agreden, denigran y discriminan a las mujeres, particularmente a las pobres, morenas y dedicadas a los oficios y cuidados en el hogar.

Estas son algunas de las violencias simbólicas y físicas contra las mujeres que el Estado, en los tres órdenes de gobierno, debería contrarrestar de manera puntual y efectiva, garantizando la integridad de las mujeres mediante una educación laica, incluyente, científica, que erradique mitos, prejuicios y discriminaciones, al tiempo que fomente una convivencia constructiva en la diversidad, propia de las sociedades contemporáneas.

IX Cumbre de Líderes de América del Norte

Una vez más el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sorprende con la posición que asume en cuanto a la relación comercial con las naciones de América del norte, pues cuando era candidato al cargo que ahora ocupa, cuestionaba la extrema dependencia de nuestro país del mercado norteamericano, en tanto desde que asumió el cargo actual, así como durante la pasada IX Cumbre de Líderes de América del Norte, ha insistido en lo esencial y estratégico que resulta consolidar la integración entre Canadá, Estados Unidos y México.

En dicha cumbre celebrada en la Casa Blanca, el pasado 18 de noviembre, los presidentes de México y Estados Unidos, así como el primer ministro de Canadá hablaron de amistad y cooperación, poniendo especial interés en el combate a la pandemia del Covid-19, en el desarrollo económico, así como en el cambio climático y el fenómeno migratorio; con buenos propósitos más que con propuestas concretas.

Llama la atención que López Obrador dijera que la firma y ratificación del tratado de libre comercio entre las tres naciones, al inicio de su gobierno, fue una acertada decisión en bien de los pueblos de las tres naciones, subrayando que “la integración económica con respeto a las soberanías, es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia, derivada del crecimiento de otras naciones, en particular de China”; con quien, como candidato, había sugerido intensificar las relaciones comerciales.

El mandatario mexicano pidió no olvidar que mientras Estados Unidos, Canadá y México representan el 13 por ciento del mercado mundial, China domina el 14.4 por ciento de ese mercado, destacando que ese desnivel deriva de apenas 30 años, pues en 1990 la participación de China en el mercado mundial, era de sólo el 1.7 por ciento.

De acuerdo con la proyección del mandatario mexicano, de mantenerse esa tendencia, en 2051 China tendría el dominio del 42 por ciento del mercado mundial y, Norteamérica se quedaría con el 12 por ciento, lo cual además de ser una “desproporción inaceptable en el terreno económico, mantendría viva la tentación de resolver la disparidad con el uso de la fuerza, lo cual nos pondría en peligro a todos”, en alusión al poder militar de ambas potencias.

Ante ese escenario, López Obrador expresó que lo más conveniente es fortalecer la economía de la región norteamericana, ponderando las ventajas que son muchas, sobre todo en cuanto a mano de obra, recursos naturales, distancias cortas que permiten ahorrar en transporte, además de una amplia demanda.

Se pronunció por establecer objetivos precisos y eliminar prejuicios, como el de rechazar a migrantes; pues para crecer se necesita fuerza de trabajo que no se tiene de manera suficiente ni en Estados Unidos ni en Canadá.

Por ello, se pronunció por abrir el flujo migratorio de forma ordenada, abogando así por las caravanas de migrantes centroamericanos, que siguen atravesando nuestro país con la idea de llegar a la vecina potencia. La respuesta por parte de China no se retrasó, pues el vocero de la embajada de ese país en México, señaló que existe complementariedad económica entre ambas naciones.

Destacó que somos más socios que competidores, que la relación ha experimentado un importante avance en los últimos años, tanto en materia de exportación como en importación.

En suma, la supremacía del mercado, en el marco del dominio neoliberal, fue en los hechos ensalzada una vez más por el Presidente López Obrador, no obstante que en el discurso para consumo interno, ha insistido en que su gobierno se distancia de esa lógica.

Lo que sigue sin quedar claro es, en qué se beneficia el pueblo de México con ese viraje sustantivo.

El origen de las grandes fortunas en México

México es un ejemplo fehaciente de que actividades tradicionalmente en manos de capitalistas extranjeros, siguen siendo las fuentes más lucrativas que permiten amasar grandes fortunas, lo que simultáneamente ha contribuido a ensanchar las inconmensurables brechas de desigualdad social en el país.

De tal forma que las fortunas de las familias más ricas de México, están sustentadas en sectores tradicionales como la minería y los servicios financieros, que son de los negocios más rentables en el país, los cuales históricamente han sido usufructuados por capitalistas extranjeros, aunque ahora también participan algunos nacionales. En contraste, las fortunas de las personas más acaudaladas allende nuestras fronteras, tienen como fuente a la tecnología.

De acuerdo con datos recientes de la revista Forbes, de las 10 familias multimillonarias en México, ocho han formado e incrementado sistemáticamente su fortuna, con base en negocios en la industria minera y sus derivados, o en el sector financiero. Habría que subrayar que el sector financiero mexicano, ha sido caracterizado como muy benévolo, por brindar a los bancos las mayores ganancias, en comparación con otros países de la región y, sobre todo, contrastada su ganancia con la que obtienen en los países donde reside su matriz.

Asimismo, hay que destacar que la mayor utilidad, la suelen obtener de los préstamos al consumo, así como de las comisiones bancarias. Detallando al respecto, cabe observar que la persona más rica del país es Carlos Slim, quien además de otros negocios cuenta con Banco Inbursa y Minera Frisco; le siguen Germán Larrea, con Grupo México y su división minera; Ricardo Salinas Pliego, con Banco Azteca; Alberto Baillères, con la minera Peñoles y, Antonio del Valle Ruiz, con el Banco Ve por Más. En la lista también están Carlos Hank Rhon, dueño durante muchos años de Banco Interacciones; Roberto Hernández Ramírez, cofundador de Accival Casa de Bolsa y accionista de Citibanamex y, Rufino Vigil González, cuya empresa es una de las principales productoras de acero del país. Las ocho familias con negocios en minería y servicios financieros cuentan con una fortuna conjunta de alrededor de 131 mil 300 millones de dólares; en moneda nacional, la riqueza de dichas familias asciende a alrededor de 2 billones 700 mil millones de pesos.

Para dimensionar esta fortuna, se puede decir que equivale a 20 por ciento del Producto Interno Bruto de México; en otra comparación, a más de la mitad de los ahorros para su retiro de 70 millones de mexicanos.

En el mismo sentido, se ha documentado que el uno por ciento de la población más acaudalada en México, es decir, las familias antes mencionadas, en 2020 concentró el 31 por ciento de la riqueza nacional; año en el que la pandemia incrementó el número de pobres de manera exponencial. Por si todo ello no fuera un agravante suficiente, hay que observar que la minería constituye una de las actividades que más ha contaminado el medio ambiente, y que ha afectado de manera irreversible a los ecosistemas, al tiempo que ha sido una de la que más conflictos sociales ha generado. Baste recordar el colapso de una mina en Pasta de Conchos con más de 50 vidas humanas perdidas, o el desastre ecológico en el río Sonora, o el derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés.

Así las cosas en el país con las dos actividades que han hecho posible, la acumulación de enormes riquezas en muy pocas manos, bajo la connivencia u omisión de las autoridades competentes.

El día de Muertos

El día de Muertos es una antiquísima festividad de los pueblos originarios de Mesoamérica, que bajo una cosmovisión constituía un reconocimiento a quienes habían retornado al vientre universal y, de esa forma, habían contribuido a la reproducción del ciclo de la vida.

Cada cultura desarrolló su propia celebración en calidad de culto a los antepasados, llenándola de variadas significaciones, rituales y mitos; entre estas culturas destacan la mexica, la maya, la zapoteca y la mixteca; pero en todas prevaleció el sentido de festividad ante la muerte.

Cabe subrayar que la morada de la esencia de quienes fallecían, estaba supeditada a la edad y a la forma como habían perecido.

De modo que estas tradiciones estaban muy distantes de la conmemoración hispana, que impondrían los colonizadores a los pueblos conquistados, la cual se basaba en el sentido moral del pecado y, por ende, en la lógica del premio o castigo, representados con el paraíso y el infierno; destinos a los que iban los difuntos dependiendo de su conducta terrenal, que era evaluada por un Dios con base esencialmente, en la fidelidad del difunto al dogma del catolicismo y a su moral.

Cabe sintetizar que para el pensamiento occidental, influenciado por el cristianismo, la muerte ha sido concebida de manera negativa, como algo indeseable que genera temor y frustración; mientras las civilizaciones prehispánicas, le dieron un sentido opuesto, e incluso le otorgaron un valor inconmensurable, creando mitos en los que a todos los difuntos le aguardaba un destino loable.

Del sincretismo de estas dos lógicas para entender a la muerte, a la fecha pervive la tradición del día de Muertos, donde se combinan los variados rituales y ofrendas prehispánicas, con las connotaciones eminentemente religiosas y de duelo del cristianismo, que en estos dos días se puede observar en todo el territorio nacional, así como en el centro y sur del continente Americano.

Es de tal magnitud el valor de la tradición prehispánica sobre la muerte, que en el 2008, la celebración del día de Muertos en México fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), como patrimonio oral e intangible de la humanidad; pues constituye un factor de identidad cultural y social.

Es importante registrar que la muerte ha sido materia prima del arte universal, particularmente de la pintura y de la literatura, con vastos ejemplos; en el primer caso, una referencia obligada son las Catrinas del grabador mexicano José Guadalupe Posada, mediante las cuales satirizaba a la sociedad de su época, conformando una destacada crítica política y social al conservadurismo, prevaleciente a finales del siglo XIX.

En el ámbito de la literatura, es obligado aludir a la magistral reflexión del portugués José Saramago, quien en su libro Las intermitencias de la Muerte, narra de manera promisoria, como una comunidad pasa de la algarabía ante la ausencia de muertes durante un periodo prolongado, a la desesperación ante el caos generalizado que dicha ausencia va generando. Sigamos disfrutando de esta gran festividad mexicana, que nos enaltece ante el mundo.

Alfredo López Austin

Alfredo López Austin, el historiador que dedicó su vida académica y profesional, al estudio de las civilizaciones mesoamericanas, falleció el pasado 15 de octubre, a los 85 años, víctima de un cáncer que le aquejaba desde hacía varios años, lo cual no fue obstáculo para que siguiera investigando y escribiendo sobre el México antiguo.

Entre las muchas razones por las que López Austin fue y seguirá siendo reconocido, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, destacan su vasto conocimiento sobre la cosmovisión mesoamericana, y su lucha a favor de diversas causas sociales.

Investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, analizó la relación del mito con la legitimación de sistemas de dominio político, cuya revisión histórica partía desde el mito de Quetzalcóatl, hasta los que los distintos gobiernos posrevolucionarios han inventado, para intentar legitimar políticas y acciones de gobierno.

Fueron varias las ocasiones en que mediante sus escritos, el historiador lamentó que la sociedad mexicana contemporánea viviera aterrada por el futuro, es decir, con incertidumbre ante las enfermedades, el desempleo o la inseguridad; reflexión que cobra una extraordinaria vigencia y que, irremisiblemente nos conduce a las estrategias que adoptan los diferentes poderes, destacando los de facto, como mecanismo de control sobre la sociedad en su conjunto.

Su gran interés intelectual e investigaciones sobre los pueblos originarios, le llevaron a criticar y a deplorar a los distintos gobiernos que, más allá del discurso patriótico y de utilizar a las comunidades autóctonas como objeto decorativo de la narrativa oficial, han hecho poco o nada para mejorar las condiciones de vida de dichos pueblos.

Científico de izquierda democrática, lamentaba la perpetuación del racismo y de la explotación; hechos deleznables que conminan a recordar el planteamiento de Pablo González Casanova, sobre la colonización interna, concepto con el que explicaba la dominación de una clase social sobre las demás, y cuyo fundamento ideológico descansaba precisamente en la supremacía racial; fenómeno que a la fecha sigue por demás vigente.

Son innumerables las obra que el historiador nos ha legado, en ellas aborda los rituales aztecas, la medicina náhuatl, la educación y la religión prehispánicas, así como la mitología de Mesoamérica ligada con las ideologías.

Obtuvo múltiples reconocimientos, algunos junto con su hijo, el arqueólogo Leonardo López Luján, tanto en nuestro país como allende nuestras fronteras, lo cual nos habla de la trascendencia de su obra.

La obra de López Austin es en suma, un extraordinario aporte a la formación de identidad nacional a partir de la ciencia y no del dogma; trasciende la instrucción para colocarse en el ámbito de la formación, es decir, de la educación. Abona a contrarrestar la indiferencia social ante las injusticias, al conocimiento amplio de lo que fuimos, de nuestras raíces.

Afortunados hemos sido por contar con historiadores como Miguel León Portilla y López Austin, que nos ayudan a entender y asumir nuestro componente indígena, tan vilipendiado mediante esa vigente colonización interna que tanto nos urge neutralizar.

La reforma eléctrica de López Obrador

La reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado un gran descontento entre los grupos empresariales que se beneficiaron con la reforma que, sobre la misma materia, se legisló durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; y no es para menos, pues gracias a contratos extraordinariamente ventajosos para dichos empresarios, mientras unos, al amparo de los permisos denominados “producción independiente de energía”, han vendido de manera obligatoria a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sus excedentes de energía, otros, bajo los permisos nombrados como “generadores de autoabasto”, han podido vender energía a particulares disfrazados de socios, usando la línea de transmisión de la CFE y, creando un mercado paralelo ilegal y sin controles oficiales.

Ambos esquemas se iniciaron en 1992, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero alcanzaron un estatus constitucional en 2010, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; en tanto se ampliaron con la reforma energética impulsada a inicios del sexenio de Peña Nieto, que derivó en la creación de 239 centrales eléctricas privadas.

Este esquema de venta de energía eléctrica por particulares, generó que a inicios del presente sexenio, 62% de la energía que se consume en el país la generara la iniciativa privada, mientras el restante 38% lo abasteciera la CFE; sin que la población en general se haya beneficiado con mejores precios, mientras se ha generado un mercado multimillonario que se reparten unos cuantos grandes capitalistas nacionales y extranjeros.

El nuevo esquema propuesto por el actual gobierno federal, pretende que la relación se invierta, de modo que la CFE podrá decidir si compra o no los excedentes de la iniciativa privada, en función de sus precios y de la ubicación de las centrales eléctricas privadas; al tiempo que podrá despachar más energía de la que produce y que, actualmente no lo puede hacer pues debe dar prioridad a los empresarios privados.

La mayoría de los contratos de “producción independiente de energía”, son de la empresa española Iberdrola, que de ser aprobada la nueva reforma, dejará de tener un mercado totalmente seguro. En contraparte, la CFE podrá recuperar autonomía para negociar las compras de energía, en función de un mercado más barato, ecológico y cercano, en beneficio de la población en general.

A final de cuentas lo que está de por medio en materia de energía, es la autonomía energética del país, sin depender del capital extranjero, que hoy en México se beneficia de manera extraordinariamente amplia; ante un entorno global donde todos los gobiernos están luchando por su seguridad energética. El Estado debe recuperar la rectoría de la economía y de las actividades estratégicas para el desarrollo nacional; tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de ello depende el ejercicio de nuestra soberanía como nación independiente.

El capital extranjero en México debe tener límites claros y contribuir al desarrollo y al bienestar del grueso de la población, no sólo venir a saquear en detrimento del pueblo mexicano, como históricamente ha sucedido.

Pandora Papers. Una más de alta corrupción en México

De la lista de Forbes, donde aparecen las personas más acaudaladas del mundo, a la lista de los Pandora Papers, donde aparecen los defraudadores más osados del planeta, han transitado miles de políticos y empresarios, nacionales y extranjeros; en una trama de corrupción puesta al descubierto por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), luego de más de un año de trabajo coordinado entre más de 600 periodistas del mundo.

La investigación global hecha pública aquí por la revista Proceso, revela los nombres ligados a las estructuras financieras offshore, es decir, empresas o entidades registradas en un país, en el que éstas no desarrollan actividad económica alguna.

Se trata de corporaciones que no tienen activos ni empleados, que se caracterizan por su completa opacidad, a través de ellas se hacen simulaciones de operaciones, mediante la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales.

Normalmente las estructuras financieras offshore, suelen estar registradas en paraísos fiscales, que son zonas geográficas, normalmente países, cuyos regímenes tributarios imponen cargas fiscales mucho más bajas, en comparación con las del resto del mundo. En lo que representa la colaboración de investigación más grande en la historia del periodismo, aparecen más de 3 mil mexicanos participando en estas estructuras radicadas en paraísos fiscales, a través de las cuales y de manera sistemática se realizan inversiones millonarias.

Son mexicanos que pertenecen a la élite de los poderes económico y político: dueños de medios de comunicación, grupos religiosos y hasta delincuentes.

Tan sólo en México, se esfuman cada año 9 mil 67 millones de dólares, equivalentes a 180 mil millones de pesos, que obviamente no pagan impuestos. Integrantes del poder político, del económico, del cultural o de varios de manera simultánea, estos personajes pertenecen al 1% de la población más adinerada, en uno de los países más desiguales del mundo, con fortunas que rebasan con mucho el millón de dólares, donde cuatro de cada diez personas ganan un ingreso inferior al costo de la canasta básica.

Entre los políticos de primer nivel jerárquico que aparecen en los Pandora Papers, 92 son de América, 90 de Europa, 68 de Asia, 49 de África y 37 de Medio Oriente; donde se puede encontrar lo mismo al escritor peruano premio nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, metido a defensor del conservadurismo español, pasando por prominentes jefes de Estado, hasta congregaciones religiosas como Los Legionarios de Cristo, quienes en julio de 2010 empezaron a constituir complejas estructuras offshore, mediante las cuales movieron más de 300 millones de dólares a paraísos fiscales.

Decenas de miles de hojas de actas constitutivas, órdenes de pago, estados de cuenta, contratos, correos electrónicos y otros documentos internos, de una gran cantidad de empresas han sido revisados y analizados por dichos periodistas, para desenmarañar esta escandalosa trama de corrupción a nivel mundial, en la que está involucrado México.

Mientras tanto en nuestro país, las fiscalías, ahora autónomas, siguen durmiendo la siesta de otoño.

Un aniversario más de la desaparición de los 43 normalistas

Se cumple un aniversario más de aquella noche trágica del 26 de septiembre del 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, fueron desaparecidos de manera forzada y hasta el momento se desconoce su paradero.
Al dolo convertido en indolencia de la administración de Peña Nieto, cuyas instancias de gobierno encargadas de las investigaciones fueron insolventes para esclarecer el caso, se suman los tres primeros años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que si bien al arranque de su gobierno instaló la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, así como una fiscalía ex profeso, con un nuevo fiscal que ha abierto nuevas líneas de investigación, a la fecha tampoco se han aportado avances significativos, que permitan conocer con veracidad lo que les sucedió a los estudiantes y, poder entonces procesar a los responsables materiales e intelectuales de tan deleznable delito.
Es evidente que el lento desarrollo de las investigaciones, sobre todo durante el pasado sexenio, ha estado mediado por el involucramiento de diversas instancias y actores de gobierno, que a lo largo de siete años han podido ocultar pruebas y alterar los escenarios, a fin de dificultar la resolución oportuna del caso conforme a Derecho.
De ahí la importancia de que en el seguimiento de las actuales investigaciones, sigan participando los propios familiares de las víctimas, así como fortalecer las indagatorias con investigadores pulcros, como los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pues hace falta que se actúe con prontitud, objetividad, profesionalismo y bajo el compromiso de deslindar las responsabilidades en quienes corresponda, sin importar los cargos que ocupen o hayan ocupado en los gobiernos de entonces o en los presentes.
La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa es una herida que sigue abierta, y que en gran medida seguirá determinando la credibilidad y la confianza que el pueblo de México pueda tener, en las instancias encargadas de administrar e impartir justicia.
Ya lo dijo el propio presidente, López Obrador, el éxito de su administración estará determinado esencialmente por los avances que consiga en materia de seguridad pública y de impartición de justicia, de tal manera que si no quiere verse colocado en el mismo sitio reprobatorio en tales materias, que ocupan las dos administraciones que le precedieron, debe empeñarse a fondo en obligar a sus colaboradores a dar resultados satisfactorios y fehacientes en ambos rubros, pues de hecho, no debe olvidar que otorgar las garantías para el ejercicio de los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad, es la tarea fundamental de todo gobierno, cabe subrayar, en los tres órdenes.

La reunión de la CELAC

Después de tres años de inactividad pública, el sábado 25 de septiembre se realizó en México, la VI reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), fundada en 2010 en nuestro país, cuyo éxito fundamental fue precisamente la reactivación del mecanismo regional, tan necesario para la vida política y social de los pueblos ahí representados.

Por encima de las discrepancias internas que desde su origen han sido evidentes, producto esencialmente de las diferencias ideológica de los gobiernos integrantes, así como de la presencia indirecta y velada del gobierno norteamericano alrededor del organismo, se avanzó en un amplio documento de 44 pronunciamientos, que van de las cuestiones de salud pública y la defensa de un orden internacional más justo, hasta el uso de la tecnología para la protección del medio ambiente ante el cambio climático, pasando por la lucha contra la corrupción y la pobreza.

Algunas de las diferencias ideológicas en el seno de la CELAC, quedaron expuestas en la cumbre del sábado, cuando se confrontaron el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y sus homólogos de Uruguay, Luis Lacalle y, de Paraguay, Mario Abdo Benítez, por cuestiones internas de esos países; no obstante, sirvieron para reflejar los intereses subyacentes, superables en tanto la mayoría esté dispuesta a consolidar un mecanismo, que podría posicionar a la región como una de las más potentes del mundo, dada la diversidad y abundancia de recursos disponibles aquí, pero que históricamente han sido extraídos y usufructuados por potencias extranjeras.

A pesar de que hace algunas semanas, el gobierno de México había puesto sobre la mesa, la necesidad de repensar a la anacrónica Organización de Estados Americanos (OEA), a fin de alcanzar un entendimiento distinto con los Estados Unidos de América, al término de la reunión, el canciller Ebrard señaló que no hubo definiciones sobre el futuro de la OEA, dado que ese tema no era un punto a discusión en esta cumbre.

Cabe destacar como logro específico de la reunión sabatina, que las naciones de la región negociarán en bloque la obtención de fármacos para combatir a la pandemia del COVID; con el objetivo de asegurar un abasto oportuno que les permita hacer frente de mejorar manera, a una crisis que ha dejado 22 millones de pobres y, una caída económica del 8%.

Algunos mandatarios aludieron a la necesidad de revisar las causas por las que la vida de la CELAC ha sido incierta, no obstante, para no despertar susceptibilidades no profundizaron en ello; de modo que cabría recordar que los lazos que unen a las naciones que integran a la región, están atados por un pasado colonial, así como por el factor de la deuda externa, que ha limitado el desarrollo de la zona.

Por estos antecedentes, es imprescindible que se avance en la formalización del mecanismo, mediante un marco de Derecho internacional que establezca derechos y obligaciones para todos los miembros, como negociar tratados comerciales y políticos en bloque, tal cual lo hace la Unión Europea, lo que obligaría a las contrapartes a flexibilizar y ceder en sus posiciones.

En ese sentido, en el corto plazo habría que sustituir a la obsoleta y obstructora OEA, ideada para tiempos de la Guerra Fría, que pretende seguir operando bajo una lógica favorecedora de las políticas intervencionistas del gobierno norteamericano; consolidando un mecanismo autónomo formal, que coloque a los países de la región en igualdad de circunstancias para interactuar con los otros bloques y potencias mundiales.

El gobierno de México, en calidad de presidente temporal de la CELAC, debe por tanto avanzar con las naciones que así lo deseen, dejando que las circunstancias vayan obligando a la integración de quienes por ahora asumen posiciones escépticas, e incluso de franco boicot.