Educación y empleo

De nueva cuenta nos encontramos inmersos en procesos electorales en el país, en cuyo marco cabe observar que la política educativa invariablemente ha estado presente en la agenda de los candidatos y luego de los gobiernos. Si bien se han podido registrar avances sobre el tema, particularmente en materia de alfabetización y cobertura, la calidad en todos los niveles educativos sigue siendo una tarea inconclusa, que en los últimos lustros ha quedado en evidencia mediante las polémicas pruebas estandarizadas de aplicación general.

Ante la misma coyuntura electoral, es conveniente reflexionar que en el discurso de los candidatos y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, ha estado presente la ecuación crecimiento económico y bienestar social; sin embargo, la evidencia empírica permite afirmar que los gobiernos no han reparado en que, esa ecuación sólo se materializa en la medida en que la educación y el empleo formal están presentes.

En ese sentido interesa destacar que la educación, desde el nivel básico hasta el superior, con un enfoque para el empleo socialmente útil, debe constituir el basamento de todo esfuerzo gubernamental por procurar bienestar a la población en general, de ahí la importancia de reflexionar sobre la concepción de la educación y la función social que debe cumplir, particularmente en un país como México, donde los niveles de empleo y de formación académica siguen siendo muy insuficientes, y que en el contexto de la pandemia se han agravado.

La estadística del INEGI contribuye a dimensionar estos problemas, por ejemplo la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo arroja que la población de 15 años y más económicamente activa (PEA), es decir que se encuentra ocupada o desocupada pero en posibilidad de trabajar, pasó del 60.2% en octubre del 2019 al 57.4% un año después. Mientras la población de 15 años y más no económicamente activa (PNEA), pasó de 39.8% en octubre del 2019 a 42.6% en el mismo mes del 2020.

Focalizando al sector de ocupación, el terciario, es decir, el de servicios, sigue concentrado la mayor ocupación laboral a octubre del 2020, con una participación del 61.5%; en el sector primario, que alude al agropecuario incluyendo silvicultura, caza y pesca, la ocupación a octubre del año pasado fue del 12.7%; mientras en el secundario, es decir, el industrial, destacando la manufactura, la ocupación laboral en el mismo mes y año fue del 25.3%. En cuanto al ámbito y tamaño de la unidad económica, a noviembre del 2020 destaca el no agropecuario con el 83.1%, representando los micronegocios el 49%.

En materia de ingreso, el 57.8% de la población ocupada en octubre del 2020, se ubicó entre menos de uno y hasta dos salarios mínimos; y sólo el 2.7% percibió 5 salarios mínimos. La población ocupada en la informalidad, es decir, aquella que incrementa su vulnerabilidad en razón de que la unidad económica para la que trabaja no reconoce vínculo laboral, en octubre del 2020 fue de 29.7 millones de personas, 1.6 millones más que en septiembre del mismo año; y tomando como referente un agregado urbano de 32 ciudades, la tasa de desocupación en el país fue de 5.9% durante octubre del 2020, superior en 1.7% a la del año anterior.

Frente a este panorama laboral en el país, cuyos destellos se ubican en el sector servicios y en la informalidad, cabe observar que en el ciclo escolar 2019-2020, tan sólo en las universidades públicas estatales estaban matriculados 1,264,508 estudiantes y, en ese ciclo escolar egresaron 173,266 personas, de acuerdo con cifras de la ANUIES; sin que estos estudiantes y egresados tengan certeza alguna sobre su destino laboral. Cabe añadir que la educación superior pública atiende esencialmente a la población de las grandes ciudades y municipios, pues el 69% de éstos no tiene educación pública de ese nivel.

En suma, la educación pública en el país carece de un enfoque al empleo productivo localmente útil, que permita ir revirtiendo la pobreza y la desigualdad imperante. De eso deberían hablar los candidatos y a eso se deberían comprometer formalmente.

Cambio de gobierno en EUA

Mañana 20 de enero tomará posesión de la presidencia de los Estados Unidos de América, el demócrata Joe Biden, luego de un recuento de votos ante las protestas de su contendiente, el aún presidente Donald Trump, quien será recordado por varios motivos, destacando los resultados de su gestión, poco halagüeños para el propio pueblo norteamericano, que incluyen su conducta arrogante y desafiante evidenciada en el llamado a sus simpatizantes a revelarse ante su derrota en las urnas, que derivó en los significativos desmanes del 06 de enero en el Capitolio.

Al cierre de su periodo de gobierno, en el que no logró reelegirse como lo hicieron sus tres predecesores, Trump ha seguido sumando agravantes, particularmente la pésima gestión de la pandemia por el coronavirus, así como sus políticas proteccionistas y xenófobas hacia América Latina, no obstante su discurso de campaña con el que intentó conciliarse con la población hispana, mucha de la cual abonó a los 74 millones que le apoyaron con su voto. A estos agravantes habría que sumar su reiterada indiferencia ante la desigualdad social, no obstante que deja al país como líder en desigualdad en el continente Americano.

De igual forma, destaca su desdén frente el cambio climático causado por la acción humana; así como su misoginia, racismo y aliento del odio, que usados como estrategia mediática propiciaron el apoyo exacerbado de grupos ultra conservadores, los cuales asumen a los migrantes latinos como la causa de su inestabilidad.

De modo que sobran las voces en nuestro país que están celebrando la salida de Trump de la Casa Blanca, deseando que el segundo juicio que seguramente enfrentará, le cierre la puerta a cualquier intento de retorno a la vida política, lo que efectivamente sería deseable dado el potencial peligro que representa para el endeble orden internacional.

No obstante, es necesario dimensionar las repercusiones para el pueblo de México por el cambio de gobierno en la democracia norteamericana, que en sí misma arrastra vicios significativos como la pervivencia injustificable de la elección indirecta mediante un colegio electoral; pues si bien es importante la personalidad de quien ocupa la titularidad del poder Ejecutivo, históricamente y con independencia del partido en el gobierno norteamericano, nuestra relación con la vecina potencia ha sido poco favorable para nosotros.

Más allá de que algunas élites de los republicanos han tenido relaciones más cercanas con los priistas y de los demócratas con los panistas, los gobiernos mexicanos no han logrado incidir de manera efectiva en la conformación de la agenda bilateral, de modo que en el presente siglo hemos sido en esencia una pieza más de la estrategias de seguridad nacional norteamericana.

Ante ello, es prioritario que el gobierno mexicano se constituya en un auténtico interlocutor, es decir, con agenda propia y capacidad para exigir su atención, en la que deben estar los temas de la migración, el empleo, el narcotráfico, la corrupción y el intercambio comercial.

Cabe subrayar que sobre este último punto, no se nos ha explicado en qué nos beneficiamos, luego de la firma del último tratado, en el que ya participó el gobierno federal en funciones.

Parafraseando al difunto Adolfo Aguilar Zinser, México debe dejar de ser concebido por el gobierno norteamericano como su patio trasero, lo cual sólo será posible cuando la llegada y la permanencia en el poder nacional, no dependan de las simpatías de las élites económicas y políticas de la vecina potencia.

Elecciones 2021

En 2021 están convocados a las urnas casi 95 millones de electores en México, en tanto estarán en disputa más de 21 mil cargos de elección popular, destacando 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados Federal; de modo que nuestra democracia será puesta a prueba una vez más, en cuanto a su papel como mecanismo para trasmitir el poder de manera institucional. Más allá de lo procedimental que debe ser atendido con puntualidad, es imprescindible reflexionar que el modelo representativo sigue dando muestras de agotamiento, tomando en cuenta que ha sido insuficiente para constituir el vehículo que posibilite la solución de los grandes problemas nacionales, como el analfabetismo incluido el funcional, la pobreza, la desigualdad social, la inseguridad pública, el deterioro del medio ambiente y, la propia calidad de la representación, entre otros.

En este último sentido, sus protagonistas actuales, es decir, los partidos políticos más no la ciudadanía, la han pervertido, pues se han alejado del debate ideológico y programático, el cual debe permitir a la ciudadanía diferenciar proyectos y potenciales resultados de sus propuestas de políticas públicas; en forma paralela y privilegiando lo individual, han hecho posible el arribo al poder de personajes que de manera directa o indirecta, se han visto inmiscuidos en la violación al Estado de Derecho, que constituye el sustento normativo del gobierno democrático. Justamente uno de los principales problemas que no resuelve el paradigma actual, es la puntualización de aquello que sus ideólogos del liberalismo llamaron el gobierno por mérito; esa ambigüedad conceptual, ha abierto la puerta para la llegada a los gobiernos, de personajes que han privilegiado los intereses personales por encima de las necesidades sociales.

En esa tesitura hay que subrayar que el problema no es nacional sino global, basta voltear hacia el prototipo del modelo representativo en América, es decir, hacia nuestro vecino del norte, cuyos últimos acontecimientos nos permiten dimensionar la crisis en cuestión; la cual se ha evidenciado mediante la presencia de un gobierno que puso en peligro la endeble paz mundial; que se mofó del calentamiento global para favorecer los intereses de industrias altamente contaminantes, cuyos corporativos residen en aquel país; que ha incentivado el odio racial y en contra de los inmigrantes; que ante la derrota en las urnas, bajo un sistema por colegio electoral por demás vetusto, llamó a sus seguidores a rebelarse, y cuya tercera manifestación desembocó en acciones de violencia sin precedentes en el Capitolio.

Sin embargo y como se ha dicho, sería una visión limitada y errónea considerar que el problema es local o que se trata del caso aislado de un gobernante, y no tomar conciencia de que el problema es de diseño institucional, en otras palabras, reside en la forma como se ha institucionalizado la democracia representativa.

Por tanto y en forma paralela al cumplimiento cívico de votar en las próximas elecciones de junio, es prioritario repensar el modelo desde la realidad de América Latina, para hacerlo realmente representativo, que garantice la elección de la ciudadanía más competente para el ejercicio de gobierno, cuya característica se sintetiza en poseer criterio social probado, es decir, sabiduría para ponderar lo colectivo y lo social por encima de lo personal y lo familiar.

Cristalizar una democracia que deje de ser un medio para hacer negocios personales; que haga posible profundos cambios económicos, culturales, de civilización, es decir, que le vuelva a representar un sentido positivo a la población en general, sobre todo la que ahora no se implica en ella. Es menester instituir un modelo auténticamente libertario, que propicie una convivencia constructiva para todos.

Cierre de año en un escenario de pandemia

A un año del aviso oficial en China sobre la presencia de una enfermedad respiratoria atípica causada por un virus, y de su contagio entre humanos que derivó en una pandemia cuya contención está en curso; al día de hoy en México ha dejado un millón 255 mil 974 casos de infectados y, 114 mil 298 defunciones a causa del SARS-CoV-2, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal.

Funcionarios de dicha Secretaría han anunciado que la vacunación al respecto comenzará a partir del 22 del presente mes, no obstante, también han destacado que la escalada de la pandemia se mantendrá al menos hasta la primavera del 2021.

Ante el contagio generalizado en todo el territorio nacional, las autoridades han insistido en las medidas de confinamiento, las cuales y ante la crisis económica que también estamos encarando, deberían ir acompañadas de acciones, asesoramiento y apoyos efectivos, a las micro y pequeñas empresas, para que ellas puedan operar aún en el marco de dichas medidas, pues es prácticamente imposible que los millones de mexicanos que viven al día, puedan permanecer en casa, sin generar los recursos para satisfacer sus necesidades más elementales.

En ese sentido, es imprescindible que los tres órdenes de gobierno, den muestras fehacientes de austeridad y eficiencia en el ejercicio de sus presupuestos, dando estricta prioridad tanto al área de salud como a la activación económica.

Por otra parte, y como lo han advertido varios investigadores, queda aún pendiente determinar de manera científica, tanto el origen del virus como la forma de transmisión, pues de ello depende el éxito para hacerle frente de manera efectiva.

En lo que hace a la población en general, es necesario que se asuma la peligrosidad de la pandemia, que se respete la concurrencia en el espacio público para lo imprescindible y con las medida de protección, así como que sigamos con una profunda reflexión sobre la necesidad de cambiar nuestros hábitos de consumo, evitando la comida chatarra y la generación de desperdicios, por tanto, revisar nuestra relación con la naturaleza, pues debemos cuidarla y procurar su conservación, en tanto es la casa de todos.

Para este fin de año en confinamiento, les deseo una convivencia en familia sana, pacífica, respetuosa de la comunidad, que nos permita valorar lo mejor que tenemos y, replantear las prácticas que debemos modificar, empezando por disminuir el egoísmo y la insolidaridad, a fin de lograr una convivencia constructiva que propicie mayores niveles de bienestar social.

Préstamo o recuperación de nuestro patrimonio histórico

Luego de la gira que realizó en octubre Beatriz Gutiérrez Müller, para gestionar en Francia, Italia, El Vaticano y Austria, el préstamo de piezas arqueológicas y códices de las civilizaciones prehispánicas que habitaron nuestro territorio, con el objetivo de ser expuestas aquí el próximo año, con motivo del Bicentenario de la Independencia y de los 500 años de la caída de Tenochtitlan; el pasado tres de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto, por el que se adiciona el artículo 37 ter al Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con lo cual se podrán solicitar y traer temporalmente al país bienes como los citados, incluido el Penacho de Moctezuma.

Cabe recordar que después de la gira de Gutiérrez Müller por Europa, el Nuncio Apostólico en México, Franco Coppola, declaró que El Vaticano no podría prestar los códices, porque las leyes entonces vigentes en México no clarificaban la obligación de devolver esas piezas a los actuales poseedores, añadiendo que algunos juristas le habían comentado que el préstamo sería en los hechos un regalo, lo cual no estaban dispuestos a realizar.

Como respuesta a la posición del Nuncio, en el citado decreto se estableció que la Secretaría de Cultura, previo acuerdo con el Presidente de la República y con la opinión favorable de la Secretaría de Relaciones Exteriores, podrá celebrar acuerdos interinstitucionales con órganos gubernamentales extranjeros, o con organizaciones o instituciones internacionales, que tengan por objeto el traslado temporal al territorio nacional, de bienes muebles que se consideren o pudieran declararse como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, con fines de estudio o exhibición pública.

La decisión gubernamental traducida en ley resulta por demás cuestionable, pues con la vista puesta en la coyuntura de un festejo, “con la nueva disposición jurídica ahora ya podremos traer prestado a México, el patrimonio arqueológico del cual fuimos despojados, para luego devolverlo a las potencias coloniales que nos lo arrebataron”, según ha interpretado el arqueólogo Leonardo López Luján, director del Proyecto Templo Mayor.

En el mismo sentido, López Luján ha destacado que la modificación a la ley fue una decisión individual improvisada, pues no mediaron consultas a especialistas, en tanto dicha ley tendrá múltiples y adversas implicaciones para la recuperación del patrimonio cultural de México, de modo que se ha sacrificado la dignidad de una nación libre y soberana, por un mezquino y coyuntural interés político electoral.

Habría que subrayar que la cultura constituye el alma de una nación, por lo cual el ultraje histórico de bienes culturales por las potencias colonizadoras, ha privado a los pueblos saqueados de una parte significativa de su historia y su tradición. La restitución de ese patrimonio constituye el único medio digno y legal, para paliar el daño y restaurar la dignidad de los pueblos originarios. A propósito de la narrativa sobre derechos humanos y respeto a la soberanía de las naciones, que tanto se propaga en aquellos países europeos, hace falta recordar a las potencias en cuestión que, es imprescindible abolir la jerarquía de facto ente civilizaciones y culturas.

Guía ética del gobierno federal

De vuelta al tema de la crisis moral que presumiblemente enfrenta el país, el gobierno de la república ha presentado la “Guía Ética para la Transformación de México”, que tiene como objetivo recuperar los valores morales, culturales y espirituales que se perdieron durante el periodo neoliberal, según la Presidencia.

En el acto en que fue presentada la Guía, efectuado en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador reiteró que la crisis de México no es solo económica, ni de bienestar material, sino que también es una crisis de valores culturales y morales, con lo cual justificó retomar el tema que había planteado al anunciar que su gobierno elaboraría una Constitución Moral para atender dicha crisis, lo que había quedado en la Cartilla Moral que se comenzó a distribuir el año pasado.

El antecedente en el ámbito nacional de un documento de tales características, está en La Cartilla Moral escrita por Alfonso Reyes en 1944, en las postrimerías del sexenio de Manuel Ávila Camacho, la cual fue concebida como un complemento a la Cartilla Nacional de Alfabetización.

En el tratado de Reyes sobre la moral humana, se destacaba la importancia del respeto y del amor propio, a la familia, a la sociedad, a la patria, a la humanidad y a la naturaleza. Cabe recordar que en su momento, esa Cartilla fue tachada de tener un sustento conservador, e incluso de ser un instrumento de apología de la religión, por lo cual no vio la luz pública sino hasta 1952, cuando el autor la publicó por su cuenta.

El presidente López Obrador ha dicho que la Guía Ética, constituye un primer paso para iniciar una reflexión nacional, sobre los principios y los valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, haya una convivencia armónica y respeto a la diversidad cultural.

En consecuencia, en la Guía que tiene un carácter orientativo, se abordan 20 principios y valores, que van del respeto a la diferencia, pasando por la libertad, el sufrimiento, el perdón, las leyes y la justicia, para terminar con los animales, las plantas y las cosas.

Si bien la iniciativa de impulsar una recuperación de valores morales, por parte del gobierno federal no es novedosa, resulta interesante referir este tema para reflexionar sobre la importancia de que los distintos órdenes de gobierno, asuman la obligación jurídica y ética que tienen de procurar las condiciones para que los gobernados gocen de felicidad, tal cual en su momento lo postuló John Stuart Mill, uno de los padres del liberalismo, quien estableció como estrategias para el cumplimiento de ese fin de gobierno, la protección de la libertad individual y el fomento de la educación.

Más allá de las buenas intenciones por recuperar e inculcar valores morales, propias del humanismo que ha adoptado el pensamiento liberal hoy predominante, desde una perspectiva social, lo que requerimos de los gobernantes es una eticidad que constituya un referente de respeto a las normas jurídicas, de cumplimiento puntual de sus obligaciones institucionales, de rendición de cuentas con apego a criterios sancionables públicamente, de respeto y protección al medio ambiente, de freno en el afán de acumulación material y, de procuración de justicia expedita que contrarreste la impunidad e insolencia.

Los códigos de ética para servidores públicos serán mejor entendidos y reproducidos por el resto de la sociedad, cuando la norma jurídica quede menos sujeta a interpretaciones discrecionales y, su cumplimiento por parte de aquellos sea una norma universal de conducta.

Reunión del G-20

El pasado fin de semana, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó en la reunión virtual cumbre del G-20, es decir, del grupo conformado por los gobiernos de las 20 economías más prósperas del mundo, entre las cuales se encuentran Rusia, China, Alemania, Canadá y los Estados Unidos.

En su participación el primer mandatario se refirió al contexto mundial de crisis determinado por la pandemia del Covid-19, cuyos planteamientos se pueden desagregar en los cinco puntos siguientes:

En primer lugar cabe citar su referencia a la salud como un derecho humano fundamental, en cuyo marco conminó a los jefes de Estado a garantizar la atención médica, las medicinas y las vacunas, soslayando el afán de lucro.

En segundo lugar, habló de la importancia de prevenir enfermedades como la hipertensión, la obesidad y la diabetes cuyos enfermos han enfrentado de peor manera la pandemia; esas enfermedades son causadas en gran medida por el consumo de alimentos con excesos de sal, azúcares, grasas y químicos, los cuales son comercializados por empresas trasnacionales.

En tercer lugar pugnó por la salvaguarda de la familia, en calidad de principal institución de seguridad social. Asimismo, invitó a confiar en la responsabilidad de la gente ante el peligro de la pandemia y garantizar la libertad, de modo que instó a los gobernantes a no optar por medidas que impliquen un confinamiento excesivo.

El presidente hizo asimismo un llamado a los mandatarios del G-20, a realizar un rescate económico de abajo hacia arriba, es decir, ayudar a los más pobres y no centrar la asistencia en las empresas o en las instituciones financieras en quiebra; en ese sentido, solicitó condonar deuda e intereses a las economías más pobres.

Este llamado, cobra singular relevancia para países como México, si tomamos en cuenta que en el contexto de la pandemia, el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, creció este año en 11.6 millones, de acuerdo con cifras del Coneval.

En el mismo sentido, hay que subrayar que México paga un alto costo financiero por la deuda pública externa, frente a la capacidad de recaudación y el crecimiento económico; pues tan sólo el pago de intereses y servicios de la deuda ha crecido a una tasa promedio anual de 6.6% en los últimos 10 años.

En otras palabras, el presupuesto destinado a la deuda crece más rápido que el destinado para ofrecer bienes y servicios por parte del gobierno.

No obstante, el llamado del mandatario mexicano a la cooperación global efectiva, sólo tuvo el eco de los mandatarios del G-20 de comprometerse a congelar la deuda de los países pobres hasta el próximo año.

Estos fueron los alcances de la reunión del G-20 en materia de deuda externa, dicho coloquialmente, los mandatarios reconocieron que estamos en crisis mundial pero dejaron claro que en materia de deuda, que cada quien se rasque como pueda.

Inundaciones en Tabasco

Las inundaciones en Tabasco, Campeche y Chiapas, de los últimos días y que siguen afectando a cientos de familias, particularmente a las más pobres que están literalmente con el agua hasta el cuello, no es ninguna casualidad ni producto de designios divinos, sino consecuencia de omisiones y errores que ante la impunidad se siguen repitiendo.

En especial sobre el caso de Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, ante la intensidad de las lluvias registradas en el sureste y, el incremento del caudal de agua de los ríos, se tuvo que optar entre inconvenientes, por lo cual al desfogar la presa “Peñitas”, si bien se evitó un daño mayor a Villahermosa, se afectó gravemente a la zona chontal, una de las más marginadas.

Cabe destacar que desde hace siglos, en Villahermosa se han efectuado una serie de cortes a las rutas de escurrimiento de los ríos, que han contribuido de manera decisiva a la generación de los desastres de los que ahora nos enteramos una vez más.

En este marco, diferentes estudios ha puesto en evidencia que desde el siglo antepasado, en promedio cada 10 años se han presentado este tipo de inundaciones mayores, sin que las autoridades hayan sido capaces de tomar medidas contundentes para evitarlas.

En ese sentido habría que subrayar que en los últimos 17 años, los gobiernos federal y estatal han puesto en marcha diversos planes y presupuestos, para enfrentar el problema de las inundaciones en la región, los cuales como se puede ver han servido de nada.

De modo que desde hace una década la CNDH ha detectado obras inconclusas, omisiones, presuntos actos de corrupción e incumplimiento de normas.

Estos hechos nos conminan a reflexionar que no ha prosperado la idea de limitar la explotación y el uso indiscriminado de los recursos naturales, debido a conflictos e intereses locales y trasnacionales, en tanto siguen imperando los modelos extractivos de petróleo, litio, minerales, tierras raras y metales, básicamente por los gobiernos de Estados Unidos, China y varias naciones europeas, que los consideran sustentables.

El concepto de sustentabilidad está sujeto a interpretaciones basadas en ideologías e interese económicos dominantes, pues vivimos en un sistema económico globalizado, cuyo principal interés es la reproducción del capital, y no la articulación de esfuerzos nacionales para revertir el hambre y la falta de acceso a servicios básicos, que enfrentan tres mil millones de personas en el planeta.

Hay que destacar entonces que en este mundo globalizado, la sustentabilidad y la transición energética, están basadas en el dominio de aquellos países sobre los denominados periféricos, de los cuales acaparan sus bienes naturales, mientras los convierten en depósitos de agentes externos.

Debemos tener presente que el sector extractivo está considerado como principal generador de basura, a la luz de los daños socio ambientales que deriva, baste decir que tan sólo en la década pasada rebasó los 300 mil millones de dólares, por concepto de accidentes y daños territoriales causados.

Habría que asumir que hemos sido depredadores, destruimos el hábitat natural, introducimos agentes invasores, contaminamos agua, suelo, aire, sobreexplotamos especies y calentamos el planeta, lo que ha llevado a la pérdida de ecosistemas acuáticos, matorrales, pastizales, bosques y selvas.

En suma, hay que precisar que no hay desastres naturales, sino que estamos ante fenómenos antropogénicos, es decir, acciones humanas que están afectando a la naturaleza y que seguirán propiciando desastres, ante omisiones y complacencias de los diferente órdenes de gobierno.

Sistema Nacional de Investigadores

México cuenta con un mayor número de investigadores con relación al año anterior inmediato, según se desprende de la información que ha difundido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), sobre los resultados de la convocatoria 2020 para ingreso o permanencia, en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

De acuerdo con dichos resultados, fueron aprobados 9,186 investigadores nacionales en esta última convocatoria, lo cual es una excelente noticia, pues se había especulado en los medios informativos que, a raíz de que fueron cancelados varios fideicomisos en distas áreas de la actividad productiva nacional, el sector de investigación se vería afectado; sin embargo, al menos en las instituciones públicas nacionales de educación superior, las y los integrantes del SNI serán más.

Cabe reconocer que durante el presente siglo se ha registrado una tendencia ascendente en el número de integrantes del SNI, los cuales hasta enero de 2019 eran 30, 548. Si bien el número puede parecer óptimo, hay que subrayar que esa cantidad representaba una tasa de alrededor de 23 investigadores por cada 100 mil habitantes, mientras la tasa en los países más desarrollados suele estar en alrededor de 400 investigadores por cada 100 mil habitantes.

El avance en esta materia, como en todas, no debiera limitarse a cuestiones cuantitativas, pues hace falta que la investigación que se desarrolla en las instituciones públicas del país, esté directamente vinculada con las áreas productivas y los problemas que aquejan a la nación. Es decir, el gobierno federal debería impulsar como política de Estado, la vinculación obligatoria de la investigación que patrocina, con los sectores público y social, de modo que atrás de toda investigación patrocinada por el CONACYT vía el SNI, debería existir un proyecto individual y/o colectivo que esté contribuyendo a atender una problemática local, regional o nacional.

De ahí la importancia de que de manera paulatina pero ascendente, todas y todos los investigadores nacionales estén adscritos a centros de investigación, a través de los cuales se de impulso y seguimiento a su labor, sin demérito de su contribución a la formación de recursos humanos vía la docencia. Lo anterior implica que tengamos efectivamente investigadores de tiempo completo, con un salario digno integrado, que no estén supeditados a las fluctuaciones administrativas por cambios de gobiernos, ni a las evaluaciones discrecionales y cuantitativas.

Hace falta que los investigadores tengan estabilidad laboral y posibilidades de dedicación íntegra a esta imprescindible labor, para un país auténticamente independiente por su generación de conocimiento socialmente útil.

La relevancia de los congresos universitarios

Entre las actividades esenciales de las universidades públicas en nuestro país, se encuentran la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Asimismo, se han sumado las actividades de extensión y de vinculación con los sectores público, social y privado. En este marco, resulta de gran relevancia la realización de foros académicos, como los congresos, seminarios y coloquios, a través de los cuales se pueden compartir los conocimientos generados por los docentes e investigadores, sumando la interacción de los estudiantes de los diversos niveles educativos.

Cabe entonces compartir que los días 25 y 26 de noviembre del presente año, se habrán de llevar a cabo, de manera virtual, las X Jornadas de Investigación y Posgrado, organizadas por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra UAT.

Esta actividad tiene como objetivo, promover las investigaciones básicas y aplicadas entre docentes y estudiantes de los programas educativos en Ciencias Sociales y Administrativas, mediante la presentación y discusión de resultados parciales o finales de investigaciones científicas. Asimismo, se pretende habilitar los espacios virtuales para el encuentro entre Cuerpos Académicos y Grupos Disciplinares, a fin de consolidar redes de investigación a nivel regional, nacional e internacional.

Los ejes temáticos con carácter de orientativos, que se abordarán en las Jornadas contemplan las disciplinas del Derecho, la Comunicación, la Ciencia Política, la Administración Pública, el Turismo y los Negocios Internacionales.

Las Jornadas contarán con una conferencia inaugural a cargo del destacado investigador del Colegio de la Frontera Norte, Vicente Sánchez Munguía. Además de la presentación de ponencias, se habilitará un espacio virtual para la presentación de libros de reciente publicación. La participación como asistente o ponente no tiene costo, sólo basta registrarse en la página respectiva: https://fdcsv.uat.edu.mx/jornadasdeinvestigacion/ Cabe decir que la fecha para el registro y envío de resúmenes de las ponencias, se ha ampliado al 08 de noviembre, dado que se espera una amplia participación de investigadores de varias universidades del país, e incluso de instituciones educativas extranjeras a las que se les ha hecho la invitación.

Las Jornadas constituyen una gran oportunidad para que los universitarios interactúen con la sociedad en general, mediante este foro virtual en el cual podrán intercambiar conocimientos, experiencias, puntos de vista y propuestas en torno a los problemas locales, regionales y nacionales. Bien por la UAT, bien por la FDCSV.