América Latina frente a la pandemia

Como ha venido ocurriendo desde hace décadas e incluso siglos, los problemas sociales se agravan y perduran más tiempo, en las regiones donde prevalece una mayor desigualdad social; de modo que ante la pandemia causada por el Covid-19, diversos pronóstico vaticinan que la región más inequitativa del planeta, América Latina, será donde se agudicen los problemas de salud, de economía y de disminución del bienestar social.

Tanto la Organización Mundial de la Salud, como el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, están aportando cifras en el sentido de que habrá una caída drástica del PIB en los países de la región; asimismo, que el virus se ha venido desplazando hacia las zonas urbanas marginadas, que pululan en las grandes ciudades de esta zona del continente; donde existe la mayor densidad de población, que no dispone de acceso a los servicios de salud, que sobrevive mediante la economía informal, y que carece de los mínimos de bienestar social.

Estos diagnósticos permiten comprender que en México, los principales focos de contagio estén ubicados en dichas zonas marginadas, que suelen rodear a los grandes centros urbanos, de modo que estas zonas con un grado de complejidad mayúsculo y donde se registran los niveles de pobreza más altos, se han convertido en el principal desafío para las autoridades gubernamentales en materia de combate al Covid-19.

En este marco habría que subrayar que si el principal objetivo no de coyuntura para los gobiernos democráticos latinoamericanos, es revertir la enorme desigualdad social en la región, la cual luego de la llamada década pérdida de los años 80, lejos de disminuir se ha agudizado en las últimas tres décadas, resulta por demás contradictorio escuchar voces que dicen pretender un resultado diferente pero aplicando las mismas recetas.

En contraparte, para enfrentar las consecuencias en materia de pobreza por la improductividad que ha propiciado la pandemia, resulta prioritario frenar al capital especulativo, proteger los recursos naturales, impulsar de manera masiva programas regionales de desarrollo productivo sustentable, con inclusión de los más pobres, focalizando a las micro y pequeñas empresas; hace falta universalizar los servicios de salud y de educación pero de calidad, todo ello a fin de combatir al principal flagelo para América Latina que es la desigualdad social.

Lo anterior sólo será posible con la presencia de gobiernos legítimos con visión de Estado independiente, dotados de lo que los clásicos grecolatinos llamaban juicio político, lo que llanamente significa, con capacidad para diferenciar entre el interés particular y el bienestar general; juicio ético que les obligue a optar invariable e incontrovertiblemente por el bienestar general, por ende, a garantizar que todos los representados mejoren sus condiciones de vida de manera permanente y que, por tanto, consigan que la brecha entre pobreza y opulencia sea cada vez más corta.

Equilibrar el pago de los costos por la pandemia

Con la advertencia de que la pobreza y la desigualdad social aumentarán con la actual pandemia del Coronavirus, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, presentó el informe titulado: “La pandemia mundial, recuperación económica sostenible y fiscalidad internacional”.

La Comisión formada por prominentes economistas y organizaciones de la sociedad civil, destaca que rebajar los impuestos a las grandes empresas con el objetivo de estimular la inversión, no será una opción económicamente efectiva ni socialmente adecuada, pues ello implicaría cargar de manera desproporcionada en los más pobres los costos de la crisis.

A fin de ampliar el debate público con miras al establecimiento de un sistema tributario internacional a favor del interés público mundial, la Comisión propone cinco medidas que los gobiernos pueden adoptar para frenar la evasión, acabar con los paraísos fiscales y, revertir la disminución de la tributación de las grandes empresas trasnacionales:

Como primer punto propone introducir impuestos sobre los servicios digitales, con carácter progresivo y que se apliquen sobre las rentas económicas generadas por las empresas globalizadas de este sector, que hoy como nuca gozan de prosperidad.

El segundo punto contempla aplicar un tipo impositivo más elevado, sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas, y en los sectores que actualmente constituyen oligopolios.

La tercera propuesta implica acordar a nivel global un tipo de impuesto mínimo efectivo del 25% a las empresas, para detener la erosión de las bases imponibles y el desplazamiento de beneficios a países con tasas diferenciadas.

La propuesta número cuatro es exigir más transparencia a las empresas que reciben apoyo público, y que estén obligadas a publicar su reporte con los principales datos financieros y tributarios, en cada país en el que operan.

Finalmente se propone publicar datos sobre la riqueza en la modalidad offshore, es decir, la de firmas ubicadas en el extranjero y que realizan operaciones que no están reguladas en el país de origen, para que cada jurisdicción pueda gravar de forma efectiva y progresiva, el patrimonio neto de sus residentes, con un mayor control de los tipos reales que pagan las grandes fortunas y los contribuyentes de altas rentas.

Estás propuestas toman mayor sentido si se consideran datos como que, en 2019 los 2,153 multimillonarios del mundo, tenían más riqueza que los 4 mil 600 millones de personas más pobres del planeta, según datos de la organización no lucrativa Oxfam.

En el mismo sentido, el FMI estima que en el mundo se desvía a paraísos fiscales 40% de los activos en el extranjero de las compañías, lo que implica pérdidas totales de impuestos empresariales asociados con esta desviación, que asciende a 500 mil millones de dólares anuales, en las que están implicados países miembros de la OCDE.

Asimismo, hay que observar que el contexto generado por la actual pandemia, ha sido una gran oportunidad para el florecimiento de los negocios de los gigantes de la tecnología, particularmente hay que registrar los casos de los dueños de Amazon y Facebook, cuyas fortunas crecieron en conjunto casi 60 mil millones de dólares; en tanto, más de mil millones de trabajadores en el mundo enfrentan riesgos de desempleo.

Paralelamente, hay que tomar en cuenta en este análisis que los gobiernos están emitiendo más deuda que nunca, adquiriendo préstamos mediante bonos que comprometen el desarrollo independiente de sus naciones.

Es pues imprescindible para la paz y el bienestar general que quienes más ganan y poseen, más impuestos paguen, Esto lo debe impulsar y exigir la sociedad civil organizada a nivel mundial; por su parte, los gobiernos deben responder al interés público y no al de las grandes empresas, si en verdad quieren abonar a la pervivencia de la democracia.

Barbarie en tiempos de nueva normalidad

El asesinato de una persona más de piel negra en los Estados Unidos de Norteamérica, ha sido el detonante de protestas multitudinarias que se han extendido por varias partes del mundo, en las cuales de manera indistinta se ha repudiado el racismo y el abuso de las autoridades policiales; mientras en las manifestaciones en aquel país se ha añadido el rechazo al despotismo presidencial, que ha caracterizado al gobierno del empresario Donald Trump, quien amenaza con pretender su reelección en el cargo, en las elecciones que se habrán de verificar en noviembre próximo.

George Floyd fue asesinado el reciente 25 de mayo en Minneapolis, Minnesota, por un policía de piel blanca, incrustando su rodilla sobre el cuello de la víctima durante varios minutos, no sólo para someterlo sino evidentemente con el objetivo de asesinarlo, ante la mirada complaciente de tres de sus compañeros policías, que nada hicieron para impedir la atrocidad.

Ante las masivas protestas de civiles negros y blancos en muchas ciudades norteamericanas, la respuesta del mandatario ha sido amenazar e intentar intimidar a quienes no han optado por el silencio y la pasividad, es decir, a quienes se han rebelado ante la violencia y la brutalidad de quienes se asumen como superiores, por el hecho de ser blancos, materialmente ricos o por detentar un poder legal; ideas que tienen una profunda raíz cultural.

Para analizar la personalidad de quienes se asumen como superiores y con el derecho a ejercer dominio por cualquier vía, es conveniente hurgar en las raíces de la civilización occidental, que dio como fruto el modelo económico y político hoy hegemónico, pues habría que recordar que fue la esclavitud, en esencia de negros y extranjeros, lo que permitió el desarrollo de la vida cívica desde la Grecia de Pericles. De tal forma que la disposición de tiempo libre, permitió a pequeños grupos compactos de hombres libres y propietarios, el desarrollo de una convivencia que derivó en la democracia, transformada muchos siglos después por el liberalismo en representación; ese paradigma tuvo como objetivo fundamental enquistar en el poder político a una élite al servicio de la clase poseedora.

Si bien sería un exceso establecer una relación directa entre ese antecedente político y el racismo que hoy se patentiza en el asesinato de Floyd, el aire de familia reside en que a través de los siglos y hasta nuestros días, esa élite blanca y propietaria ha diseminado por la vía cultural la idea de que por esas razones, ajenas al mérito a favor del bien común, tiene el privilegio de ser distinta y superior a las demás personas, concibiendo a los negros y a los pobres como esclavos, como mercancías usables y desechables, que sólo constituyen una cifra, o en el mejor de los casos un voto, a favor de su enquistamiento en el poder político y económico.

En consecuencia, la gente que comparte la ideología de esa élite, al amparo de un iluso sentido de pertenencia, considera que puede apelar a cualquier medio para hacer prevalecer la ley y el orden beneficiosos para la élite a la cual sirve. Conductas públicas de esa índole no escapan a la cotidianeidad de México, como lo muestra el reciente asesinato del joven Giovanni López, en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, como consecuencia de la golpiza que recibió ante el presumible desacato de un acuerdo gubernamental por demás autoritario. De estos hechos, como suele suceder, se han pretendido deslindar las autoridades municipales y estatales, que irremisiblemente son responsables. Ante estos deleznables hechos de barbarie, que en nada contribuyen a por lo menos imaginar una nueva normalidad con mayor civilidad, cabe recapitular que en una disputa entre desiguales no tomar partido beneficia al poderoso; de modo que parafraseando a Camus y a Sartre cabría decir que, basados en lo que nos han convertido las circunstancias, es imprescindible actuar para que este mundo sea un lugar menos injusto y hostil; no obstante, el riesgo de fracasar.

Nueva normalidad con viejas causas de mortalidad

Este primero de junio México inició la denominada nueva normalidad, que más allá de lo impreciso e incluso contradictorio del término, implica que cada gobierno de las 32 entidades del país, será responsable de implementar las medidas para la contención del contagio por el Covid-19, disponiendo de la asesoría técnica de la Secretaría de Salud Federal.

Luego de cinco meses de que comenzamos a tener noticias del nuevo coronavirus, a cuyo combate se ha destinado una cantidad de recursos económicos, materiales y humanos sin precedentes en la historia contemporánea de la humanidad, resulta pertinente realizar algunos ejercicios de comparación, con otras patologías infecciosas o producto de carencias en el acceso a satisfactores básicos, a fin de dimensionar los potenciales efectos en lo que hace a la pérdida de vidas humanas.

En ese sentido, resulta ineludible referir a la malaria, la cual de acuerdo con datos de la OMS, tan sólo en 2018 causó la muerte de 405,000 personas en todo el mundo, no obstante, el 94% de esas defunciones tuvo verificativo en África, siendo los niños menores de cinco años las principales víctimas, al alcanzar el 67% del total mundial.

En cuanto a la tuberculosis y de acuerdo con la misma fuente y año, se registraron 1.2 millones de muertes, siendo los hombres de alrededor de 15 años los más afectados, residentes de Asia sudoriental, particularmente de India e Indonesia, y para variar, de África.

El propio organismo mundial ha alertado sobre el incremento de casos no reportados por esos países, dado que se trata de poblaciones que no tienen acceso a servicios básicos de salud y, por ende, se está hablando de casos que no son detectados ni atendidos de manera oportuna. Asimismo, el Ébola causó 11,308 muertes en tres países de África, entre 2014 y 2016, registrando una tasa de letalidad de alrededor del 45%. La OMS ha alertado sobre un rebrote en la República Democrática del Congo. Y qué decir de la población que padece hambre: de acuerdo con la UNICEF, en 2018, 821 millones de personas la padecían, el 98% de ellas vivían en países en desarrollo, específicamente en Asia 525 millones, en África 256 millones, en América Latina y el Caribe 42 millones. 60% de las personas que la padecían eran mujeres, destacando que 2.6 millones de muertes al año suceden por desnutrición.

Baste recapitular sobre este gravísimo problema de salud pública, que cada 10 segundos muere una niña o niño por casusas relacionadas con la desnutrición. Mientras por el covid-19 al cierre del mes de mayo en el mundo se han reportado alrededor de 6 millones de casos confirmados, 367 mil defunciones, siendo Europa central y Estados Unidos los más afectados, cabe decir que en este último país, alrededor del 37% de los registros de contagios, hospitalizaciones y muertes corresponden a latinos que no tiene acceso sistemático a los servicios de salud.

En México, estamos hablando de 90 mil casos confirmados y de 9,930 defunciones. No está a debate el valor de una vida humana, pero de acuerdo con los datos antes referidos, queda en evidencia que las casusas de las muertes, así como las regiones donde se registran, si cuentan y mucho, para los gobiernos que deberían ocuparse en combatir las causas y evitarlas. Los recursos para hacerlo están disponibles, pero prevalece una inequitativa distribución de los mismos, en el mundo capitalista que nos tocó vivir.

De modo que resulta por demás patético y deleznable que mientras deberíamos estarnos ocupando de cambiar radicalmente nuestras formas de convivencia, ponderando los intereses comunitarios y sociales por encima de los individuales, los familiares y de clase; algunas personas estén ahora mismo celebrando por ejemplo los onerosos viajes a la luna con fines turísticos, o que nos sigamos enterando de otro asesinato de un afronorteamericano a manos de un policía de la vecina potencia, o que en México se esté convocando a actos públicos por fortuna pírricos, sustentados en el odio, la mezquindad y la descalificación a priori. Sin duda, los cambios culturales que como civilización requerimos tardarán y mucho, no obstante la nueva normalidad que ahora oficialmente comenzamos.

Nueva normalidad y uso de los sentidos

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha informado que en la presente semana, última de la Jornada Nacional de Sana Distancia, se definirá el camino a seguir para transitar hacia la denominada nueva normalidad, la que en el mejor de los casos entrará de lleno en agosto, aludiendo a rubros como el regreso a clases, la reactivación de la economía, así como la recuperación del esparcimiento y de las actividades deportivas al aire libre.

Ese camino implica la adopción de un plan gradual que tiene como referente el uso de un semáforo de cuatro colores, basado en el seguimiento epidemiológico y en la ocupación hospitalaria. Asimismo, se ha iniciado la apertura de actividades laborales colocadas como prioritarias, focalizando a la industria de la construcción, la minería y la automotriz, esta última vinculada de manera estrecha con las similares de Estados Unidos.

Ante este contexto de reactivación de la economía, cabe tomar en cuenta que de acuerdo con el Instituto de Responsabilidad Climática, desde 1965 han sido 90 industrias en su mayoría privadas, sustentadas en reservas de combustibles fósiles y dedicadas al carbón, al gas, al petróleo y al cemento, las que han emitido más de 480 billones de toneladas de dióxido de carbono, responsables de alrededor del 35% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que están propiciando el cambio climático, con efectos desastrosas e incluso irreversibles para la vida y la salud de la población mundial.

Son las industrias históricamente responsables de la contaminación atmosférica y del agua; a pesar de ello, en las reuniones cumbres sobre cambio climático convocadas por la Organización de Naciones Unidas, la tendencia ha sido escuchar buenos propósitos sin compromisos tangibles y ni sancionables, e incluso el escepticismo y hasta la negación de la crisis climática, en voz del gobierno norteamericano, país donde residen 4 de las 20 industrias más contaminantes al momento.

El citado plan de acceso a la nueva normalidad, acorde con los intereses de esas grandes industrias, conlleva acciones de salud pública permanente, como la implementación de medidas de distanciamiento incluido el uso de cubrebocas; de modo que resulta por demás injusto que esas trasnacionales responsables en gran parte de la insalubridad pública, permanezcan en la impunidad en tanto pretenden condenar al común de la población a esa normalidad de temor y aislamiento, que implica privarla del uso de los sentidos, particularmente del olfato y del tacto, lo que es tanto como renunciar a las formas tradicionales de relación que han dado sentido a la condición humana, como la entendemos hasta hoy.

Mientras no se entienda y se asuma que la nueva normalidad debe residir en transformar radicalmente la forma de relacionarnos con el medio ambiente, que como civilización necesitamos restituir los equilibrios naturales que hemos roto, que necesitamos generar menos desperdicios, menos basura, menos artículos suntuosos y superfluos, menos contaminantes, menos depredación, menos competencia y menos acumulación; si no comprendemos que hay que cambiar todo eso, la convivencia en esencia no va a ser mejor.

Causar esos daños al medio ambiente y a la convivencia, debería ser sancionado de manera ejemplar. Sobre eso no se escucha opinión ni se observan acciones efectivas de nuestros gobernantes, ocupados en cambio en la coyuntura de los negocios privados y su rentabilidad.

Nueva normalidad para el Estado Mexicano

La función que debe cumplir el Estado Mexicano en la economía, en el contexto de la emergencia sanitaria mundial por la que atravesamos, sigue siendo tema de debate en diversos foros, lo cual es sano para la vida pública del país; sin embargo, se ha ido polarizando en dos posiciones diseminadas por evidentes detractores y simpatizantes de la denominada Cuarta Transformación: los primeros, planteando que debe circunscribirse a apoyar económicamente a los sectores productivos incluidos los más solventes, mientras los otros argumentan que debe implicarse de manera directa en el impulso de la actividad productiva, privilegiando a los más pobres.

A los protagonistas de ese debate maniqueo que de manera cada vez más explícita se desarrolla en clave electoral, cabría recordar de inicio que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, a fin de garantizar que éste sea integral y sustentable, al tiempo que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, para lo cual en el artículo 26 de la misma, se prevé que dicha rectoría se debe materializar a través de un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.

En consecuencia, hay que subrayar que al Estado no sólo le corresponde garantizar el libre concurso de los particulares en el mercado; sino sobre todo orientar y regular ese concurso a fin de que la producción, la distribución, la comercialización y el consumo se den en un marco de sustentabilidad y reparto equitativo de los beneficios.

Para el logro de estos objetivos a los que les subyace un principio de justicia distributiva, es imprescindible la participación directa e indirecta del Estado en la economía, pues en las últimas décadas de capitalismo financiero y especulativo, ha quedado ampliamente demostrado que el mercado ni posee una mano invisible que lo autorregula, ni por sí mismo garantiza equidad en la distribución del ingreso, sino, más bien, propicia la lógica del incremento de la tasa de ganancia y la inevitable acumulación de riqueza en pocas manos.

Una de las grandes lecciones que nos está dejando esta crítica coyuntura de pandemia, es que como civilización necesitamos replantear nuestra relación con el medio ambiente, lo que implica contrarrestar de manera paulatina pero sostenida, el dominio sobre el mundo de las grandes corporaciones privadas que hoy vigilan y determinan hasta nuestra imaginación.

En ese sentido es prioritario que como nación avancemos hacia un modelo de convivencia constructiva y sustentable, lo que para el Estado Mexicano implica dar cumplimiento cabal a la rectoría que le mandata la Constitución, encausando y regulando con visión de largo plazo las áreas productivas fundamentales para la vida, de que aún disponemos, tal cual lo hacen las grandes potencias como Estados Unidos y China, por encima del mito de la libre competencia que ellos imponen a las economías dependientes.

Con base en esa rectoría, el Estado debe garantizar para todos, el derecho a una vida digna y a un medio ambiente más limpio, ponderando el interés colectivo por encima de los particulares, por legítimos que estos puedan ser.

De tal forma que la tarea para el Estado no es su retraimiento, sino su implicación directa para democratizar la gobernabilidad, fortaleciendo la vida institucional apegada a la ley, transparente, eficiente, oportuna y participativa; por ende, su compromiso verificable y sancionable debe ser la solución de los grandes problemas estructurales, que históricamente han impedido que el grueso de la población mexicana acceda a mayores niveles de bienestar, lo que el mercado y los particulares por sí mismos no lo aportarán.

La amenza mundial por el Coronavirus

El contagio a nivel internacional por el virus Covid-19, que la Organización Mundial de la Salud ha colocado en el nivel de pandemia, es tema principal en la agenda de nuestro país, alrededor del cual el gobierno de la nación y varios estatales han emprendido un conjunto de acciones, encaminadas a intentar detener la propagación del virus en nuestro territorio.

Como lo comenté semanas atrás, la evidencia científica disponible permite establecer que se trata de un virus de fácil contagio pero de letalidad variable e incluso no alta, salvo para las personas que por su edad o precaria condición de salud, sean proclives a enfrentar complicaciones mayores; no obstante, el nivel tan alto de especulación alrededor de la enfermedad, está propiciando una parálisis a nivel mundial sin precedentes, lo que conmina a realizar un análisis más amplio.

Desde hace varios años el modelo económico neoliberal ha venido dando muestras de agotamiento y, por ende, de una irremisible recesión global, que se ha evidenciado en las cíclicas disminuciones de las tasas de crecimiento en diferentes economías.

Cabe registrar la saturación de los mercados con mercancías que disponen de una vida efímera, pero con un costo en ascenso, que simultáneamente permiten una mayor acumulación privada de ganancias y, una creciente generación de desperdicios altamente contaminantes.

En ese sentido, otra señal alarmante para la sobrevivencia humana, constituye la ruptura irreversible de los equilibrios en los diversos ecosistemas del planeta, ante su sobreexplotación y depredación, que viene provocando sistemáticos desplazamientos humanos, migraciones masivas, desempleo, precariedad laboral, marginación y pobreza.

Por lo cual no deja de extrañar que el Ejecutivo Federal esté celebrando la noticia de que grandes capitalistas de este país, a los que tildaba de mafia en el poder, realizarán nuevas inversiones en los sectores minero y de hidrocarburos, que implican abonar al mismo modelo económico depredador; sin que en contraparte, se estén impulsando alternativas netamente locales de desarrollo industrial, que permitan ir revirtiendo nuestro papel de economía dependiente.

Asimismo, habría que subrayar que el modelo neoliberal bajo la supremacía de la lógica del mercado y su mito de autorregulación, posibilita amplios márgenes de especulación económico financiera, que agudizan los niveles de informalidad, defraudación, corrupción e impunidad.

Contener el caos social que está derivando el dogma económico neoliberal, de mantener altos niveles de concentración de utilidad en pocas manos, requiere de acciones globales que permitan desarticular la organización popular, los movimientos sociales, la reflexión colectiva; lo cual contribuye a explicar que como en una guerra mundial, se estén generando climas de opinión con altas dosis de violencia, de tensión y de miedo, que justifican la presencia de gobiernos más militarizados, pues como ya lo advertía Foucault: mayor inseguridad justifica mayor represión.

A pesar de la exhortación desde la ONU a no aprovechar este contexto mundial para conculcar derechos humanos, la respuesta social que se está propiciando y esperando es la pasividad, el conformismo, el aislamiento, asumidos como acción responsable ante la pandemia.

De modo que ante la amenaza que se expande, ya se están girando instrucciones al respecto prácticamente en todos los ámbitos de gobierno, ponderando el interés por la sobrevivencia individual, sin que medie reflexión ni análisis colectivo mayor sobre las repercusiones sociales.

Será cuestión de semanas, tal vez de algunos meses, para que se encuentre el antídoto al virus, de hecho China, donde se originó éste, ya habla de su control total; las grandes empresas trasnacionales que como siempre no pierden, habrán diseñado nuevas estrategias de mercado, las bolsas de valores retomarán sus márgenes de ganancia, mientras las clases trabajadoras seguirán enfrentando una realidad de menor bienestar y más violencia, bajo este modelo económico que sólo se habrá reciclado a fin de seguir privilegiando las grandes ganancias para muy pocos.

Una nueva clase política para México

La construcción de un nuevo paradigma social que haga posible una transformación profunda de México a favor de mayor bienestar, justicia, equidad y paz, requiere irremisiblemente de una nueva clase política y empresarial, de las cuales seguimos adoleciendo en lo general, con honrosas excepciones. Seguimos enterándonos de casos de corrupción en el ámbito gubernamental, en los que se ventila la connivencia de empresarios.

Están en curso varias investigaciones judiciales sobre ex integrantes de los poderes ejecutivo y judicial, en cuyo marco el pasado fin de semana salió una vez más a la palestra el caso del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, a quien junto con su familia el Departamento de Estado Norteamericano le ha negado el acceso a ese país, ante la presunción de que durante su mandato se involucró en actos significativos de corrupción, de modo que registra un enriquecimiento inexplicable.

El tema no es privativo de un partido político, ni de un poder, ni de un sector específico de la iniciativa privada, se trata de un problema sistémico a nivel nacional, es decir, de un problema inherente al andamiaje institucional, deficiente en sus controles e incapaz de auditar de manera efectiva y oportuna a los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno y, en su caso, de sancionarlos de manera ejemplar.

De modo que el nivel de autonomía que la clase política se dio, al amparo del modelo de la democracia representativa, lejos de irse achicando se ha mantenido e incluso ampliando, pues las élites enquistadas en los poderes de la unión siguen disponiendo de las vías formales e informales para determinar y conducir la vida institucional, con vasta autonomía e incluso al margen del grueso de los representados, particularmente en lo que hace a la conformación de las instancias que se han ido creando para controlar y vigilar a los servidores públicos, como es el caso del sistema nacional anticorrupción.

Si esas instancias estuvieran cumpliendo su cometido evidentemente no estaríamos hablando de esos casos de corrupción, que a todas luces no se habrán de inhibir con la simple buena voluntad o el dicho del primer mandatario, por más que éste asegure que ya no se comenten delitos en el ámbito del gobierno federal. A ese fenómeno de la corrupción lacerante para la vida cívica nacional, habría que sumar el oportunismo de la clase política, que lo mismo intenta lucrar con el asesinato de mujeres, que apropiarse de una reivindicación histórica como lo es la lucha feminista.

Al día de hoy hasta los conservadores se han pronunciado a favor de las acciones que vienen impulsando diversos colectivos feministas, irónicamente en contra de esos grupos dogmáticos e intolerantes, quienes han sido al menos omisos por no decir promotores de la discriminación y la violencia hacia las mujeres.

Considerando las décadas pérdidas, ante la promesa incumplida de que el entreveramiento generacional de la clase política, habría de implicar un cambo a favor de la mayoría de los mexicanos, cabe recapitular que el tránsito del país hacia un modelo de organización social que garantice una mayor inclusión, equidad, distribución de la riqueza y solidaridad social, implica invariablemente que la sociedad civil organizada vaya ganando espacios a favor de su participación directa en la toma de decisiones, lo que le permita incidir de manera efectiva en la conformación de los gobiernos, lo que a su vez implica redefinir el perfil humano y profesional que deberían cumplir quienes participan en la labor de representar y de encabezar un gobierno.

Amenaza de nueva pandemia

Por Ernesto Casas
El tema del contagio por el brote de coronavirus Covid-19, está en la agenda internacional desde hace varias semanas y, sobre todo ahora, que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha declarado que el mundo debe estar preparado para una potencial pandemia.

El denominado coronavirus que se originó en la ciudad de Wuhan, en China, se ha propagado a 32 países, ha causado la muerte de más de 2 mil 600 personas y contagiado a casi 80 mil. De acuerdo con dicho funcionario, se ha registrado un súbito incremento de casos: en Italia 220 contagios y seis muertes; en Corea del Sur, 830 personas infectadas y al menos siete muertes; mientras en Irán se han contabilizado 50 casos con 12 personas fallecidas.

Cabe precisar que el término de pandemia hace referencia a un brote de un nuevo agente patógeno, que se transmite fácilmente de persona a persona en todo el planeta, según ha puntualizado el portavoz de la OMS.

De modo que para declarar una pandemia, la OMS debe registrar casos en todas las regiones del mundo y, debe observar un aumento sostenido de casos; sin embrago, hasta el momento no se ha registrado la presencia del virus ni en América Latina ni en el continente Africano.

No obstante que de acuerdo con los últimos informes del gobierno chino, los casos de infectados en ese país han disminuido y han logrado controlar la propagación al interior del mismo, hemos comenzado a observar las irremisibles repercusiones de carácter económico, esencialmente en lo que se refiere a la disposición de productos relacionados con las tecnologías, que se fabrican en aquella potencia; aunado a la pérdida de valor de las acciones de empresas ligadas con ese sector, que se ha reflejado en la caída de algunas bolsas de valores, incluida la mexicana.

Este fenómeno hace recordar que como ocurriera en 2009 cuando la propagación a nivel mundial del virus tipo H1N1, hubo un caos de orden económico donde pocos ganaron, como las grandes farmacéuticas, mientras muchos perdieron; con lo cual cabe destacar que las pérdidas económicas, de las que ahora mismo nos estamos enterando, aluden a los grandes inversionistas, si bien de manera escalonada irán repercutiendo hasta los pequeños consumidores.

Frente a este escenario de incertidumbre, es imprescindible que tomemos consciencia del alcance de esta nueva enfermedad, que no es comparable al de aquella pandemia, según han insistido diferentes autoridades del sector salud a nivel internacional y, sobre todo, de no propiciar ni incurrir en situaciones de pánico; paralelamente las autoridades federales de salud de los tres órdenes de gobierno, están obligadas a mantenernos informados con prontitud y objetividad, aunque por ahora han insistido en que están preparadas para una eventual llegada del virus.

Una nueva Constitución Política para México

Ante el contexto nacional de creciente inseguridad y violación sistemática de los derechos fundamentales a la vida, a la libertad y a la propiedad no sólo material, se han venido planteando diferentes alternativas que irremisiblemente, pasan por la renovación del marco jurídico.

Desde el poder federal se ha responsabilizado de la presente situación al ideario del neoliberalismo, que ha fomentado la corrupción, el individualismo, la pérdida de valores y, por ende, la degradación de la sociedad.

En ese marco, el Ejecutivo Federal ha insistido en la urgencia de disponer de lo que ha denominado una Constitución Moral, como una guía de valores que estimule mejores patrones de conducta; no obstante, cabe advertir que al no poderse convertir en un documento de carácter jurídico, sólo tendría un alcance orientativo cuya repercusión podría observarse en el largo plazo, por lo cual hace falta paralelamente recurrir a otras opciones.

En ese sentido se han venido realizando planteamientos básicamente desde la academia, sobre modificaciones sustantivas al orden jurídico básico, a fin de revertir muchas de las modificaciones que en particular los últimos gobiernos federales, han hecho a la Constitución y a las leyes reglamentarias, que han derivado en la instauración de privilegios en detrimento del interés general.

Uno de esos esfuerzos lo ha coordinado el Dr. Luis Ponce de León Armenta, en el que han participado muchos investigadores y representantes sociales para construir un nuevo orden jurídico, partiendo de la tesis de que nuestro país enfrenta un desorden generalizado que lo propicia y cobija el propio marco constitucional, a cuyo amparo se ha enquistado en el poder de la nación un gobierno de y para pocos.

Para sustentar la iniciativa apelan a argumentos de tres tipos: inicialmente proponen cambiar de nombre al país recurriendo a la denominación de México, como generalmente se le conoce incluso allende nuestras fronteras; de tal manera que la justificación sociológica jurídica, estribaría en que a una nueva persona jurídica le correspondería una nueva acta constitutiva.

El argumento propiamente jurídico lo toman del Artículo 39 constitucional, que a la letra dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Asimismo, en el Artículo 135 de la misma, se establece que ésta puede ser adicionada o reformada, observando el procedimiento que ahí se prevé.

Finalmente los autores de la iniciativa aportan un argumento que califican de revolucionario, relacionado con la inconformidad creciente del pueblo con el actual sistema político y económico, que ha generado el cotidiano derramamiento de sangre a lo largo y ancho del país, según lo subrayan.

Esta iniciativa producto de la realización entre 2016 y 2017, del Congreso Constituyente Ciudadano, ha sido presentada bajo el formato de libro, y constituye en suma una propuesta de nueva Constitución Política para México, en la que a través de ocho títulos se plantea dotar al país de nuevas leyes e instituciones, que den orden, certeza jurídica, eficiencia, transparencia y justicia.

En este espacio de opinión se ha coincidido en que nuestro país enfrenta graves problemas estructurales, acumulados a lo largo de siglos y relacionados en esencia, con la inequitativa distribución de la riqueza material y cultural; problema que se ha acentuado para hacer crisis en distintas etapas, particularmente desde los últimos lustros del siglo XX cuando nos fue impuesto el modelo económico neoliberal, cuyos componentes exacerbados de competencia, rivalidad, individualismo, violencia e injusticia, han propiciado un sistemático encono social.

Ante este contexto, la propuesta de crear una nueva Constitución Política es encomiable, en la medida en que mediante ella se establezca un orden con apego a Derecho, que a su vez garantice a los ciudadanos y a las comunidades contextos propicios para crear de manera lícita riqueza social y distribuirla equitativamente.

De otra manera, el esfuerzo por cimentar una nueva moral republicana, puede convertirse en un distractor para encubrir por ejemplo la impunidad, que tanto nos ha lacerado socialmente.