Las caravanas de migrantes centroamericanos

Fueron alrededor de 300 hondureños, quienes convocados a través de Facebook aquel 12 de octubre decidieron emprender la huida de su país, en busca de una vida digna para ellos y sus familias. A la fecha suman alrededor de 7,000 y en breve serán 10,000, entre hondureños, salvadoreños, y guatemaltecos, los que hayan ingresado a nuestro territorio en su marcha hacia la Ciudad de México, con destino a los Estados Unidos de Norteamérica.

Han decidido emprender la huida en grupo y no de manera solitaria, pues las historias de quienes les antecedieron les han enseñado que en su trayecto al sueño americano, particularmente en México, les ha ido muy mal, pues han padecido violaciones físicas, secuestros, extorsiones, asesinatos, decapitaciones, por parte de bandas criminales coludidas o al menos solapadas, por autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Los motivos que los han orillado a abandonar sus lugares de origen son varios y complejos, entre ellos destacan: la exacerbada violencia que incluye crímenes por homofobia, la enorme desigualdad social causada por la falta de empleo y de salarios suficientes para tener una vida digna, la corrupción en los ámbitos gubernamental y empresarial que anula el derecho elemental a una vida segura, la fragmentación de sus familias, los daños materiales a su precario entorno que les han provocado fenómenos naturales como sequías y huracanes, y de manera superlativa, la prevalencia de una clase política parasitaria, voraz, depredadora, impune, e insensible a los problemas de los sectores pobres.

Este fenómeno de desplazamiento forzado de centroamericanos constituye una expresión diáfana de desesperación, de hartazgo, pero también de enorme valentía; representa un mensaje político categórico de rechazo a sus gobiernos, y por esa vía, de repudio a las políticas neoliberales impuestas por los capitalistas trasnacionales, que los han condenado a sobrevivir en condiciones infrahumanas.

Frente a este hecho de magnitud internacional, la posición del gobierno norteamericano ha sido utilizar el éxodo forzado como tema de campaña electoral, criminalizando, despreciando, humillando y amenazando a los migrantes; paralelamente ha desplazado tropas militares a la frontera con México, lo cual para una potencia bélica resulta muy beneficioso.

Por su parte, el gobierno mexicano lejos de emprender un análisis estructural sobre las causas del fenómeno, en el cual vienen participando de manera ininterrumpida, millones de mexicanos pobres, ha intentado paliar la situación tomando medidas de carácter humanitario y con programas asistenciales, que lejos de abonar a una solución de largo plazo, ubica a los desplazados en una posición humillante, además de complicarles aún más su situación al colocarlos en un estatus jurídico indefinido.

Ante el mensaje político contundente que representan los desplazados, es urgente una intervención diplomática de la ONU, a fin de propiciar y condicionar la toma de acciones de fondo, que permitan vigilar y depurar a esas clases políticas corruptas, así como emprender un ambicioso programa de desarrollo económico y social, que genere riqueza suficiente y que garantice su distribución equitativa.

Hay que tener presente que el problema del endeudamiento de los países latinoamericanos, ha sido la palanca para el sometimiento de la región a los designios de los organismos y gobiernos acreedores; por ende, cabría recuperar la estrategia emprendida por el gobierno norteamericano en la segunda posguerra, para reconstruir a los países perdedores de Europa occidental, que en esencia consistió en anulación de deudas, moratorias de largo plazo, los créditos del Plan Marshall sin intereses, aumento regular de los ingresos de los trabajadores, altos impuestos sobre altos ingresos para evitar la concentración de capital, límite de pago de deuda sujeto a un porcentaje de las exportaciones locales, entre otras medidas.

Se dirá que ahora el imperio norteamericano no enfrenta el desafío del comunismo, para adoptar medidas de este tipo, no obstante, enfrenta amenazas a su seguridad y, sobre todo, deudas históricas con los pueblos latinoamericanos, explotados por oligarquías y milicias auspiciadas por él; de no actuar en consecuencia el gobierno norteamericano, condicionado por los países asociados en la ONU, los éxodos masivos hacía su territorio habrán de continuar.

La rebelión de los límites

El proceso de globalización inherente al pensamiento neoliberal, que determina a la actual clase política hegemónica, ha propiciado que la humanidad enfrente hoy tres grandes problemas: 1) los fenómenos de exclusión social, que por ejemplo toman rostro con los hechos de migración masiva forzada, que en este momento vivimos en nuestro país; 2) la disolución de las relaciones sociales, atravesadas y fracturadas ahora por la virtualidad y la universalidad de lo digital, que irónicamente acaba por propiciar aislamiento, individualismo, insolidaridad, inmaterialidad; 3) la amenaza a la naturaleza ante la destrucción de los ecosistemas, la generación masiva de desperdicios, la cultura de lo desechable, inherentes a la sociedad de consumo global, impuesta por este modelo económico.

En ese contexto general habría que colocar e interpretar lo ocurrido en torno a la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México; convocada por el gobierno que oficialmente entrará en funciones el próximo 1 de diciembre, y celebrada el pasado fin de semana en el país, cuyos resultados, frente a las tres amenazas referidas, resultan alentadores.

Veamos: Del 1, 069, 870 participantes en la consulta, el 70% votó por la opción impulsada por el próximo gobierno, consistente en reacondicionar los actuales aeropuertos de la Ciudad de México y de Toluca, así como construir dos pistas en la base área de Santa Lucía; mientras el 29% prefirió la opción del gobierno que se va, consistente en continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual de la Ciudad de México. El 1% de votos fueron nulos.

Cabe subrayar que en todas las entidades federativas vecinas a la construcción y en el Estado de México, sede de la misma, ganó con claridad la primera opción, incluso en la entidad sede, el 64% de los participantes votó por la opción ofrecida por el nuevo gobierno. Cabe destacar dos casos: Guanajuato, porque la competencia fue más cerrada, y donde por cierto fue el único estado que Morena no ganó en la pasada elección presidencial; y Nuevo León, único estado donde ganó la propuesta de la continuidad, con una diferencia de 47 votos.

Decía yo que estos resultados representan un aliciente, pues la lógica mercantilista y depredadora inherente al proyecto de construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, constituye una expresión exacerbada de la idea neoliberal del crecimiento económico, que irremisiblemente ha implicado una gran concentración de capital y, por ende, una gran desigualdad social; en ese sentido, se puede decir que la continuación de ese proyecto, habría implicado ahondar las tres amenazas globales inicialmente apuntadas.

Me explico: La conceptualización del crecimiento económico desde la óptica del capitalismo financiero y especulativo, ha implicado históricamente convertir a las relaciones humanas en mercancías, intercambiables mediante el dinero; privatización de la riqueza social, es decir, socialización de costos y privatización de utilidades; así como una vasta acumulación de capital con una inequitativa distribución de la riqueza socialmente producida, que ha derivado en procesos de exclusión, violencia e inseguridad, sobre los que México tiene vastos testimonios.

A ello habría que agregar la profunda crisis del clima y consecuentemente de disponibilidad de alimentos para los más pobres, pues además de que se están erosionando suelos fértiles, y contaminando aguas y tierras, la lógica de apropiación y explotación irracional de los recursos naturales, para satisfacer intereses personales y de grupo, está normalizando hechos aberrantes, como que la producción de alimentos esté siendo desviada del consumo humano, hacia la producción de fuentes de energía, particularmente para la fabricación de combustibles para automóviles, de cuyas ganancias se apropian los hoy aterrorizados dueños de los mercados, ante los resultados de la consulta.

De modo que el rechazo popular a continuar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, constituye una expresión diáfana de los límites a los que ha llegado la racionalidad del crecimiento económico, que sustenta a la lógica de la globalización neoliberal, individualista y hedonista. Es, asimismo, una expresión de rebeldía cívica ante la lógica y supremacía del mercado, que trastorna y atenta contra la soberanía del pueblo, esencia de todo sistema auténticamente democrático.

La consulta sobre el nuevo aeropuerto

La consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México convocada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que se llevará a cabo el próximo fin de semana en 538 municipios del país, está en el centro de la agenda de todos los medios informativos, señaladamente en los que integran los monopolios de la comunicación masiva en México, con un manejo editorial que en general reprueba dicha iniciativa, argumentando que está en riesgo la inversión privada, la confianza de los mercados y la estabilidad macroeconómica de México.

En esos medios no se comentan las razones que dan sentido a la consulta, en cambio intentan extraviar a la audiencia con la discusión sobre el medio, es decir, la legalidad de la consulta, así como haciendo generalizaciones para todo el país sobre las presumibles consecuencias; sin precisar quiénes ganan con ese macro proyecto, cuáles son las consecuencias ambientales, territoriales, sociales de esa iniciativa.

Propongo incorporar los siguientes elementos, que contribuyen a entender lo que está en disputa:

1. Como beneficiarios directos hay que señalar a un selecto grupo de empresarios amigos del presidente Peña, particularmente y para variar, constructores relacionados vía familiar y de negocios con el priismo mexiquense, los cuales tienen como prioridad multiplicar sus ganancias con dicho proyecto, más no el desarrollo social del país; de otra manera no se podría explicar que el número de pobres en México siga creciendo con todo y sus inversiones, a pesar de que según el INEGI, con una nueva metodología aplicada desde 2016, diga que está sucediendo lo contrario.

2. El gobierno saliente ha comprometido una millonaria erogación con cargo al erario público, que implicará seguir desatendiendo por muchos años necesidades básicas para los millones de pobres, en salud, educación, vivienda, empleo estable y suficientemente remunerado, seguridad social, acceso al agua potable, a un medio ambiente sano, a la cultura.

3. Se está materializando una enorme devastación del medio ambiente y de los ecosistemas alrededor de la obra, que lleva un avance de menos del 30% y que sus costos se siguen elevando por encima de los inicialmente presupuestados; además del costosísimo mantenimiento permanente que tendría que realizarse en el aeropuerto en construcción, pues parece que se les sigue olvidando que ese terreno es extraordinariamente endeble, que está sobre una zona de lagos. Ese suelo débil aunado a que está en zona sísmica, explica que los daños ante fenómenos naturales, cada vez más frecuentes, sean asimismo cada vez más desastrosos.

4. La lógica exclusivamente mercantilista, de especulación y de apropiación, que todo lo taza en dinero y que inspira a los referidos inversionistas, eufemísticamente llamados mercados, les impide oír los reclamos de los habitantes de esa región, quienes siguen alertando sobre los daños irreversibles al medio ambiente, a sus tierras y aguas, que para ellos constituyen un elemento esencial de identidad, de pertenencia, de reproducción de su cultura.

5. La zona metropolitana de la Ciudad de México ya no requiere más aeropuertos, está saturada, rebasada su capacidad, ahí están los ingentes problemas de agua y basura que enfrenta; requiere desatascarla, ya no es viable llevar más gente, de ahí la prudencia de pensar en descentralizar la vida administrativa; esos macro proyectos de miles de millones de dólares habría que realizarlos en otras partes del país.

6. Tal vez el punto más consistente que hace justificable la consulta, es el descrédito del actual gobierno federal, la desconfianza del pueblo hacia él, dados los incontables escándalos de corrupción, de conflicto de intereses, de uso indebido de atribuciones y facultades, de peculado, en que han incurrido los miembros de la llamada nueva clase política, así como la enorme impunidad de ellos aún en el marco de la ley.

Estos elementos, entre otros, son los que dan sentido a la consulta; sin embargo, habría que destacar que el nuevo gobierno ya goza del respaldo de 30 millones de mexicanos, que le han dado su confianza para transformar al régimen, ese es el cambio por el que votaron, ahora hay que hacerlo.

La consulta, en los términos y en las condiciones en que se está convocando, resulta poco útil e incluso puede resultar contraproducente, pues se desvirtúa y desgasta un mecanismo de participación ciudadana directa, que efectivamente es necesario tener a la mano, para materializar un ejercicio efectivo de la soberanía del pueblo, que se establece en el artículo 39 constitucional.

Transparencia y combate a la corrupción 2012-2018

Hace unos días Enrique Peña Nieto, aún presidente de México, aunque a veces pareciera que ya se ha ido, dado el protagonismo anticipado del presidente electo, afirmó que nuestro país cuenta con un sistema de transparencia y de combate a la corrupción sólido, amplio y robusto; no obstante que su dicho carece de elementos suficientes que lo puedan sustentar.

Cabe recordar que el 27 de mayo del 2015 fue promulgada la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, con el objetivo, según se dijo, de coordinar y homologar en los tres órdenes de gobierno, las políticas sobre prevención, detección, investigación y sanción de dichos actos. En ese marco fue creado el Sistema Nacional Anticorrupción.

Sin embargo, a la luz de los precarios resultados del sistema se puede anticipar que está impedido para cumplir sus ambiciosos objetivos, dado que desde su diseño institucional respondió al interés de simular para preservar las necesidades y privilegios de un régimen corrupto, bajo la lógica histórica de cambiar para que todo siguiera igual.

Para comprobar lo anterior, baste señalar que lo aprobado por los legisladores y publicado por el Presidente Peña, además de que no le es aplicable a éste, no garantizó la autonomía de las instancias encargadas de tal tarea, de hecho hasta el momento no se dispone de un fiscal anticorrupción, y su autonomía sigue siendo un dilema con un previsible desenlace poco halagüeño; asimismo, no se estipularon sanciones ejemplares para quienes incurran en actos de corrupción, en ese sentido hubiera fortalecido al sistema que esos delitos se tipificaran en el ámbito de lo penal, y se sancionaran con cárcel, dejando atrás su carácter de faltas administrativas castigadas con inhabilitación y multas, que resultan irrisorias.

Un combate frontal y efectivo contra la corrupción y la impunidad en el gobierno y sus socios privados, requiere garantizar que el sistema funcione con absoluta independencia de los tres poderes, así como con oportunidad, eficacia y eficiencia en el castigo a los infractores, lo cual a la fecha no se ha cumplido y por tanto su vigencia resulta contraproducente, pues lejos de inhibir esas conductas las incentiva.

Otra acción del actual gobierno en la materia, que merece ser señalada por su insuficiencia y magros resultados, es la Plataforma Nacional de Transparencia, que ha sido un ejemplo de opacidad y por ende un fracaso, de acuerdo con datos de la propia Auditoria Superior de la Federación; asimismo, habría que señalar la vinculación partidista inicial de los directivos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que contaminó su autonomía.

Frente a la lógica del derroche de dinero como medio para alcanzar los objetivos, propia del actual sexenio, habría que observar que en la presente administración México pasó del lugar 105 al 135 entre los países más corruptos, de acuerdo con Transparencia Internacional. Como una de las ironías del actual modelo político, hay que observar que en la actualidad y sin precedentes, dados los alcances que posibilita la tecnología, las personas son vigiladas a través de cámaras en la vía pública, de monitoreo a los intercambios en las redes sociales, de intervención a los correos electrónicos, entre otros mecanismos; siendo que quienes deberían ser vigilados de manera sistemática y obligados a rendir cuentas de manera oportuna, expedita, transparente y suficiente son los servidores públicos en su función de gobierno; lo cual sigue siendo un tema pendiente en la agenda nacional.

Tan está pendiente esa asignatura que alrededor del ámbito gubernamental seguimos enterándonos de actos de corrupción, de falta de transparencia, de impunidad aún en el marco de la ley, como lo ejemplifica el caso Duarte. De modo que si bien es cierto que las reformas legales e institucionales son importantes para hacer frente a este flagelo nacional, hay que tener presente también el factor cultural, pues el principal obstáculo para la materialización del Sistema Nacional Anticorrupción, es la falta de congruencia así como de autoridad moral entre la clase política.

La herencia del gobierno que se va en materia de transparencia y combate a la corrupción, representa en esencia una simulación que se replica en la mayoría de las entidades del país, como un problema sistémico; por lo cual es válido concluir que más que la legalidad es la legitimidad de las instituciones la que está en crisis en el país, debido esencialmente a la falta de credibilidad de los ciudadanos en quienes las encabezan y dicen representarles.

Foros Participativos del nuevo gobierno

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha retomado la iniciativa de la participación ciudadana, más allá del derecho al voto; iniciativa que tiene como objetivo democratizar la toma de decisiones de gobierno.

No obstante que su mandato oficial comenzará hasta el 1 de diciembre próximo, el futuro gobierno ha convocado a diversos foros que han denominado participativos, particularmente en materia de educación y de pacificación.

Cabe precisar que la participación ciudadana implica que, una vez electos los representantes políticos, se establezcan mecanismos institucionales para facilitar la interacción periódica entre las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de corresponsabilizarse en la construcción de la agenda pública y, de las decisiones de gobierno para atender los diversos problemas que enfrentan las comunidades.

Tomando en cuenta la complejidad de las sociedades contemporáneas, para el futuro de la democracia resulta apremiante consultar periódicamente a los representados, a través de mecanismos horizontales que abonen a una convivencia constructiva, y que sustituyan a las tradicionales estructuras verticales de decisión.

En ese sentido se puede establecer que sin el poder para organizarse, deliberar, elegir y actuar en el espacio público, los individuos no son verdaderamente ciudadanos de su república.

Sin embargo, sería conveniente que el presidente electo y su equipo hicieran un alto en el camino, para analizar y aprender de lo que vienen haciendo en materia de participación ciudadana, pues además de actuar de manera prematura y apresurada; están reproduciendo los defectos de las experiencias de participación que se han implementado en México, sin reparar en la pérdida de credibilidad, es decir, de legitimidad que le están acarreando, cuando ni siquiera ha comenzado su mandato.

Esos errores se pueden sintetizar en que se habilitan instancias bajo un carácter absolutamente consultivo, es decir, sin que implique compromiso vinculante para la autoridad; además, en esas instancias sólo algunos ciudadanos exponen sus quejas y demandas, en muchos casos sin ser los directamente afectados, sobre temáticas y reglas previamente definidas y, sin poder verificar las consecuencias de su participación; de modo que con esos ejercicios, en el mejor de los casos, se está haciendo posible una catarsis colectiva y, en alguna medida, se están haciendo efectivos los derechos de audiencia y de petición, pero ante personas que no son aún autoridad.

Han sido de tal magnitud los errores en estos primeros ensayos de participación ciudadana, que han provocado que algunos ejercicios hayan abortado, mientras otros han tenido que ser pospuestos, como el caso del foro de pacificación que se había anunciado para Tamaulipas, donde estamos urgidos de que el tema sea abordado y resuelto.

Si bien ya Maquiavelo había sentenciado que el origen de la corrupción está en la exclusión de la participación del pueblo en los asuntos de gobierno; habría que subrayar ahora que esos ejercicios no deben ser simulaciones, engaños; pues de otra manera habrán de ser contraproducentes, al generar en el pueblo y especialmente en los directamente afectados, desconfianza, frustración y resentimiento, en la medida en que vayan tomando conciencia de que se les ha engañado, pues su participación no tendrá impacto alguno en la vida de sus comunidades, ni en la solución de sus problemas.

El movimiento estudiantil del 68

Para una parte significativa de la población mexicana, el conflicto social de 1968 se resume en lo que fue su momento culminante: la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco. Para ese sector de la población que interpreta el conflicto a través del prisma de la moral, constituyó una tragedia, un crimen que no debe repetirse pero sobre el cual ha caído el telón. De modo que a 50 años de los hechos y frente al intento de apelar al olvido, la tarea sigue siendo transitar del terreno de lo moral y del mito, al terreno de lo político-concreto, tomando conciencia de lo que ocurrió en aquel otoño de 1968.

Contextualizando los hechos, habría que señalar que para finales de la década de los cincuenta, los resultados de la estrategia desarrollista saltaban a la vista: la riqueza nacional había venido incrementando bajo el impulso del crecimiento industrial, pero esa riqueza tendía a concentrarse cada vez más en unas cuantas manos, mientras en forma paralela la miseria también crecía. Entre 1958 y 1959 estallaron innumerables luchas obreras y campesinas que buscaron organizarse al margen del corporativismo estatal.

El Estado sistemáticamente respondió al descontento y a la protesta de los trabajadores mediante la represión física; muchos dirigentes de la oposición fueron encarcelados, perseguidos o terminaron asesinados. Prevalecía una gran concentración del poder y una intolerancia hacia la disidencia. Ante ese escenario, las luchas estudiantiles comenzaron a ocupar el primer plano en la escena política nacional. Entre 1958 y 1967 se registraron diversos movimientos estudiantiles en Guerrero, Puebla, Michoacán, Distrito Federal, Sinaloa, Durango, Sonora, Chihuahua y Tabasco. Incluso entre enero y julio de 1968, hubo numerosas luchas estudiantiles en varios lugares del país. De tal forma que el movimiento social que culminó con la matanza de octubre de 1968, fue sólo la manifestación emblemática de la crisis del capitalismo mexicano de entonces.

Se pueden identificar tres grandes factores internos que determinaron al movimiento del 68: la proletarización del trabajo intelectual; la crisis del sistema educativo que se expresaba en la obsolescencia de planes y programas; así como la crisis de valores identitarios, producto en mucho del derrumbe de la ideología del progreso, propia de la modernidad.

En el orden externo, tuvieron una gran incidencia política e ideológica la crítica al régimen de Stalin iniciada por Nikita Jruschov, en la extinta URSS; la guerra de Vietnam y; sobre todo, el triunfo de la revolución cubana.

En el plano nacional, con el fin de obtener la sede de la décima novena Olimpiada que debía desarrollarse en octubre del 68, el gobierno mexicano proyectaba al exterior la imagen de un país con índices de crecimiento económico, que avanzaba en la ruta del desarrollo con estabilidad política. En la lógica de Díaz Ordaz, los juegos olímpicos darían la posibilidad de colocar a México entre los países desarrollados.

Pero la realidad de la vida política nacional era otra: Por la fuerza física habían sido exterminados el movimiento obrero independiente, casi todos los movimientos campesinos, las luchas de sectores medios como los maestros y los médicos, y las mencionadas de los estudiantes.

La gota que derramó el vaso fue la crisis política que desencadenó en la Universidad Nacional la violación a la autonomía universitaria. Esta violación se consumó cuando el gobierno del presidente Díaz Ordaz ordenó, la madrugada del 30 de julio del 68, que el ejército ocupara los recintos de varias preparatorias. El primero de agosto, el Recto Javier Barros Sierra y demás autoridades universitarias encabezaron una gran manifestación de protesta contra la violación a la autonomía y exigieron respeto a los derechos democráticos, en ella participaron alumnos y maestros del IPN, de la Normal, de Chapingo y de la propia UNAM. Barros Sierra asumió con valentía una posición política coherente con los intereses populares que estaban en juego en ese momento, aun cuando esta posición implicara para él su expulsión de la clase gobernante. El 15 de agosto, por iniciativa del rector, el Consejo Universitario expidió una resolución en la cual la Universidad apoyaba el conjunto de demandas que el movimiento estudiantil, a través del Consejo Nacional de Huelga, presentaba al gobierno. Un hecho sin precedentes en la historia, que contribuyó a la continuidad del movimiento.

Entre las tesis con las que se ha intentado explicar el movimiento estudiantil del 68, se encuentra la del complot internacional por parte de los comunistas, que con el paso de los años ha sido insostenible; en tanto ha alcanzado mayor verosimilitud la teoría que intenta explicar el fenómeno como resultado del conflicto interno por el poder presidencial; sin embargo, las luchas sociales que antecedieron a la matanza de Tlatelolco no se inventaron, y como he dicho, en innumerables ocasiones el Estado había reprimido brutalmente a los sectores sociales que escapaban a su control y que lo desafiaban.

Cabe recapitular como una lección histórica, que el crimen masivo que tuvo lugar el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, mostró la incapacidad del poder para enfrentar y resolver políticamente un fenómeno de disidencia real, autónomo, con una base social amplia y de reivindicaciones auténticamente democráticas; cuyas demandas básicas sintetizaban su lucha contra la represión.

Parafraseando a Gilberto Guevara Niebla; en la lucha del 68, el estudiantado se reveló como la memoria política del pueblo mexicano. Y la lucha, al menos en el plano ideológico, sigue.