El espectáculo del fútbol soccer

La empresa FCC Construcción, de la cual uno de los principales socios es Carlos Slim Helú, se adjudicó el contrato para la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, ubicado en la emblemática avenida madrileña del Paseo de la Castellana, y que es sede del equipo de futbol Real Madrid; según informó recientemente este Club Deportivo.

El contrato tiene un valor aproximado de 475 millones de euros, 532 millones de dólares, unos 10,640 millones de pesos; cifra que pone en evidencia tanto la gran capacidad financiera del citado club deportivo, como su nivel de utilidad neta, que le permite erogar esa cantidad en la remodelación de un estadio que podría ser calificada de suntuaria.

En lo que hace a los socios del club de fútbol, con justa razón se podrá decir que cada quien es libre de ocupar su dinero ganado lícitamente, en lo que mejor le plazca; sin embargo, en lo que hace a Slim Helú, es de llamar la atención que sea uno de los hombres más ricos del mundo, que ha acumulado su vasto capital esencialmente producto de su actividad en México, y que precisamente en nuestro país alrededor de la mitad de la población viva en condiciones de pobreza material.

Estas circunstancias colocan a la vista la gran concentración de capital y la consecuente desigualdad social que enfrenta México, problemas antiquísimos y que perviven no obstante las asignaciones que los gobiernos federales hacen cada sexenio a la política de desarrollo social.

Ya que tanto dinero se dedica y obtiene a través del fútbol soccer en calidad de espectáculo, cabría reflexionar que éste forma parte de la vida cotidiana de millones de compatriotas, siendo el deporte más popular y visto por televisión; cuyas reglas de juego abren un amplio margen para la interpretación discrecional del árbitro, al tiempo que los jugadores suelen incurrir en simulaciones que en la mayoría de los casos no son sancionadas con los mismos criterios.

Esos usos y costumbres subyacentes a todo partido de fútbol soccer, que los propios comentaristas deportivos califican como colmillo, es decir, prácticas loables, invitan a cuestionar que a pesar de la existencia de múltiples recursos humanos y tecnológicos, que podrían acotar esas discrecionalidades, a la fecha no sean incorporados de manera integral.

Es factible inferir que la amplia afinidad del mexicano con el fútbol soccer en calidad de espectador, tiene su residencia en el ámbito cultural, pues esa identificación estaría relacionada con la habilidad de un sujeto, en este caso un jugador, para alterar las reglas del juego en beneficio personal, o en el mejor de los casos del grupo afín, la cual es juzgada por el común como una atribución que enaltece a quien la realiza.

De modo que el espectáculo del fútbol soccer, del que se obtienen enormes ganancias económicas no siempre transparentadas, estaría contribuyendo de manera directa a generar una cultura de la simulación, del fraude, de la corrupción, legitimando la habilidad para conducirse al margen o incuso en contra de las reglas del juego; prácticas y habilidades por las cuales los jugadores profesionales reciben salarios que, difícilmente obtendrá un trabajador ordinario a lo largo de su vida productiva.

Así de irracional la vida alrededor del espectáculo del fútbol soccer, que semana tras semana sigue millones de mexicanas y mexicanos, mientras unos pocos ensanchan sus bolsillos construyendo y remodelando estadios, otros hacen lo propio entreteniendo al respetable.

La migración centroamericana continúa

La migración de centroamericanos, particularmente de menores de edad, desde sus países de origen hacia los Estados Unidos de Norteamérica se sigue intensificando, sin que organismos multilaterales como la ONU se impliquen de manera efectiva para implementar una solución de fondo.

Para dimensionar la magnitud del caso, baste citar que la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, informó hace unos días que en el sector que colinda con Ciudad Juárez, Chihuahua, aumentaron las detenciones de menores de edad que viajan solos, destacando que desde finales de octubre de 2018 a marzo de este año, han detenido a 7 mil 565 niños no acompañados.

Asimismo se informó que han detenido a 53 mil 565 personas, cifra que significa un aumento inconmensurable frente a las 3 mil 27 detenidas durante el mismo periodo un año antes.

En Tamaulipas y según fuentes oficiales, el pasado lunes la Policía Federal habría rescatado a más de 280 migrantes centroamericanos, procedentes de Guatemala, El Salvador, Ecuador y Honduras, que eran transportados en dos cajas de tráiler tipo contenedor, la mayoría mujeres y menores de edad.

En este contexto, mientras empleadores del vecino país del norte dicen necesitar con urgencia más mano de obra, la agencia AP difundió que el gobierno del presidente Donald Trump, planea permitir el ingreso de 30.000 trabajadores temporales extranjeros, para hacer labores estacionales hasta finales de septiembre; medida que pondría en evidencia que el auge económico norteamericano requiere de la mano de obra centroamericana, contradiciendo a los republicanos que aseguran que las visas de empleo quitan trabajos a los estadounidenses.

La medida en cuestión beneficiaría a compañías específicas como las madereras, las dedicadas a desbullar ostras, las pescaderías, así como a los hoteles estacionales, las cuales contratan migrantes para trabajos temporales que, según han denunciado diversas organizaciones de activistas, los norteamericanos no harían. Habría que subrayar que el mandatario Trump también se ha beneficiado de trabajadores temporales que lo hacen sin autorización, por ejemplo en sus clubes de golf.

Por su parte, el gobierno federal mexicano anunció hoy que ya está listo el plan de desarrollo para Centroamérica y el sureste de nuestro país, el cual será presentado dentro de diez días. Se dijo que el plan es una estrategia para atender las causas de la migración, y que en su elaboración participó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Es deseable que el plan contemple de manera fundamental la atención a los migrantes para proteger sus derechos humanos, así como la generación de empleos estables y bien remunerados en la región; pues como se ha señalado, la migración debe ser un acto voluntario, no propiciado por la falta de oportunidades o por la violencia.

A propósito de la ONU, es urgente su intervención diplomática directa, a fin de conducir la toma de acciones contundentes entre los gobiernos de la región, para emprender de inmediato un ambicioso programa de desarrollo económico y social, que genere riqueza suficiente y que garantice su distribución equitativa.

Para ello será fundamental el concurso del gobierno norteamericano, que arrastra deudas históricas con los pueblos latinoamericanos, explotados por oligarquías y milicias auspiciadas por él; de no ser así, los éxodos masivos hacía el territorio vecino habrán de continuar.

Aniversario luctuoso de Emiliano Zapata

Mañana 10 de abril se cumplirán 100 años del asesinato del líder revolucionario Emiliano Zapata Salazar, producto de una traición y una emboscada perpetrada en la Hacienda de Chinameca, en Morelos; este aniversario luctuoso es momento para rendir homenaje a ese líder universal, para recuperar su exigencia de emprender un camino distinto, que cristalice la transformación social a favor del pueblo de México.

Parafraseando a Mariano Azuela, Zapata fue la voz de los de abajo, de los campesinos despojados de sus tierras por terratenientes y latifundistas explotadores, de los excluidos del progreso porfirista que hoy reencarna en los neoliberales; Zapata era la voz de un pueblo ávido de respeto, paz y justicia.

Precisamente los ideales por los que luchó Zapata al frente del Ejército Libertador del Sur, con énfasis durante la segunda etapa de la Revolución Mexicana, fueron la justicia, la libertad, la igualdad, la democracia social, sintetizados en el lema tierra y libertad; ideales que serían arrebatados por los constitucionalistas, quienes luego de arrogarse el triunfo revolucionario continuaron combatiendo a quienes, como Zapata, seguían en la lucha armada, convencidos de las insuficiencias plasmadas en la Constitución de 1917, así como de las acciones del gobierno emanado de la gesta revolucionaria.

El oriundo de Anenecuilco pugnó por un presente distinto para los trabajadores del campo históricamente oprimidos, reclamando que la tierra debía ser de quienes la trabajaban; por un destino nacional construido con base en nuestros factores de identidad, en nuestras raíces, con un sentido de pertenencia a un territorio próspero y generoso.

Hoy Zapata representa la reivindicación del derecho ancestral de los pueblos originarios a decidir, a construir su propio destino, y por esa vía, constituye un rechazo a la subordinación a intereses ajenos, a los de extranjeros e invasores; Zapata representa la exigencia de un México construido desde abajo, con proyecto propio y soberano, sin las ambiciones de poder de los insaciables oportunistas, sin la hipocresía y la traición de lacayos disfrazados de progresistas; sin las arbitrariedades de quienes sólo saben imponer más no conciliar.

Conmemoremos a Emiliano Zapata, a su pensamiento y acción, íntegros y coherentes con el pueblo, exaltemos su renuncia a seguir los caminos de la subordinación al poderoso, su rechazo a la explotación y a la discriminación; su lucha por la dignidad del pueblo y la justicia para los pobres, que a la fecha siguen pendientes.

Bien decía el caudillo Zapata: es mejor morir de pie, que vivir toda una vida arrodillado.

La reforma educativa del nuevo gobierno federal

La reforma educativa sigue presente en la agenda del poder legislativo federal, luego de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se opusieron al dictamen que pretendían aprobar los legisladores hace unos días.

Uno de los temas que sigue estando en el centro de la discusión es el referente a la evaluación de los docentes, que en la reforma materializada por el anterior gobierno de la república, tenía implicaciones de carácter laboral, con clara dedicatoria a la educación pública y con mayor énfasis, hacia la educación que se imparte en las escuelas normales.

Sería conveniente que antes de discutir el tema de la evaluación, se deliberara de manera amplia y profunda con el concurso directo de los profesores, sobre el modelo educativo que se pretende llevar a cabo para el país, pues del modelo se habrán de derivar todas las partes constitutivas del sistema, incluida la evaluación.

Al respecto cabe sugerir a los legisladores que replanteen el modelo por competencias, implementado hace varias décadas en México, y que había demostrado sus insuficiencias y limitaciones, particularmente en su pretensión por homogeneizar lo que por definición implica diversidad.

La lógica del modelo por competencias está centrada en los medios, en el mercado donde impera la rivalidad y por ende la exclusión, en la competitividad para encarar a los adversarios, en la coyuntura; en otras palabras, centra su atención en los procesos, en las herramientas, más que en los fines; características que han sido impuestas allende nuestras fronteras desde una lógica empresarial, para la consecución del interés privado, por encima del bienestar colectivo.

De ahí que en ese modelo basado en la acumulación y la mercancía, se ponga tanta atención en herramientas como la tecnología y en el idioma inglés, que permiten precisamente uniformar criterios y procesos, así como imponer ideas sobre lo correcto y lo justo.

Frente a esa lógica del modelo educativo eminentemente neoliberal, habría que elaborar una nueva propuesta que posibilite una auténtica inclusión de la diversidad inherente a nuestras sociedades contemporáneas, que promueva la solidaridad humana y el respeto a la pluralidad, que fomente el pensamiento crítico, analítico, las matemáticas, la lógica, la innovación, los derechos humanos no solo los inherentes al consumo, la historia y la filosofía.

Hace falta un modelo educativo que desde la infancia promueva la generación de conocimiento socialmente útil, y no sólo la gestión del conocimiento generado desde los países desarrollados, de habla inglesa, que históricamente nos han condenado a la calidad de receptores, reproductores y suministradores de materia prima a bajo costo, incluida la condición humana.

En cuanto a la evaluación a los docentes para obtener una plaza, resulta patético que se les exija, pues los profesores ya disponen de un certificado y un título que acredita sus capacidades académicas; con esa iniciativa se está refrendando el mensaje de desacreditación hacia la educación pública que imparte el Estado, lo cual urge revertir.

De paso y para que pongan el ejemplo, habría que empezar por someter a evaluación a quienes pretenden legislar en ese sentido.

Aniversario de la expropiación petrolera

El día de ayer, 18 de marzo, se conmemoró el octogésimo primer aniversario de la expropiación petrolera, realizada mediante decreto del Presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1938, a fin de rescatar a esa industria de los monopolios extranjeros que la usufructuaban; hecho que se convirtió en un símbolo de independencia y ejercicio de soberanía nacional.

Fueron compañías norteamericanas, británicas y holandesas las que desde finales del siglo XIX y hasta el primer tercio del XX, ostentaron el control de la exploración, explotación y distribución del petróleo en México, las que luego del triunfo del movimiento revolucionario encabezado por Francisco I. Madero, enfrentaron con vastas reticencias las medidas regulatorias vía impuestos, que se les intentaron imponer.

Hay que recordar que en la Constitución de 1917, mediante el párrafo IV del artículo 27, se estableció la restitución a la nación de los derechos de propiedad del suelo y subsuelo relacionados con el petróleo; sin embrago, ante la carencia de la ley reglamentaria respectiva, los conflictos diplomáticos y legales persistieron, básicamente con Estados Unidos.

Sería en 1925 cuando el Presiente Plutarco Elías Calles la promulgaría, la cual obligaba a las empresas a renovar sus concesiones bajo las nuevas leyes, que preveían un pago de impuestos más justo para México, lo que exacerbó el ánimo belicoso de los empresarios extranjeros. Cabe referir también el antecedente de la formación del sindicato petrolero, el 27 de diciembre de 1935, ante la necesidad de organizar a los trabajadores para exigir el cumplimiento de un contrato colectivo que defendiera sus derechos básicos, incluido el de huelga.

En esa tesitura, habría que agregar la expropiación de los Ferrocarriles en junio de 1937, que sentó un precedente significativo sobre el derecho constitucional del gobierno, a expropiar empresas y propiedades por causas de utilidad pública y en beneficio de la nación.

Ante un contexto hostil generado por la intransigencia de las empresas extranjeras con el respaldo de sus gobiernos, finalmente la noche del 18 de marzo de 1938 el Presidente Cárdenas del Río decretó la expropiación petrolera, previendo la creación de un fondo para el pago de las debidas indemnizaciones, que generó acciones extraordinariamente solidarias del pueblo de México para saldar esas deudas.

Conocer esta parte de nuestra historia resulta fundamental, pues Petróleos Mexicanos ha representado no sólo la disposición de una empresa altamente productiva y rentable a nivel mundial, sino el medio para generar un gran capital simbólico que permitió cohesionar a los mexicanos, enriqueciendo nuestros factores de identidad nacional; capital que los gobiernos neoliberales dilapidaron sin reparar en los altos costos para la gobernabilidad y la paz social.

De ahí la relevancia que el nuevo gobierno federal dimensione la importancia práctica y simbólica de esta empresa; pues con independencia de la necesidad que tenemos de explorar sobre energías renovable, menos contaminantes, es una realidad que requerimos en lo inmediato superar nuestra dependencia del extranjero, para consumir gasolina y otros derivados del petróleo a precios más accesibles.

Para lograr esas metas es menester limpiar a la empresa de tanta corrupción, señaladamente en el seno del sindicato petrolero, de sus ineficiencias operativas y en la distribución de sus utilidades, sin necesidad de privatizarla. PEMEX representa un gran negocio, de cuyas utilidades debe beneficiarse de manera efectiva el pueblo de México; lo que le devolverá su contribución a generar lazos de identidad nacional, tan escasos en nuestros tiempos de trasnacionales, especulación financiera y competitividad.

Los 100 días del nuevo gobierno federal

Una metodología para explicar e interpretar la historia reside en constituir temporalidades, la cual hace posible al menos dos acciones: establecer un antes y un después del corte temporal fijado y, la segunda, contrastar ambos periodos en busca de similitudes y diferencias. Bajo esa lógica, el nuevo gobierno federal ha decidido marcar un corte en su mandato, para destacar lo hecho durante sus primeros 100 días, en otras palabras, para hablar de lo hecho durante el primer 5% del sexenio.

Al presente sexenio le queda un 95% de vigencia, por lo cual resulta prematuro e insolvente hacer balances generales sobre lo hecho; sin embargo, es posible identificar algunos rasgos que aportan luz sobre el camino que está siguiendo el gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación.

Cabe advertir que esos rasgos tienen que ver más con la personalidad del titular del Ejecutivo, que con aspectos estrictamente institucionales; estos últimos suelen ser los más significativos en una democracia consolidada, dada su trascendencia para la vida política y social de la nación en su conjunto, más allá de caprichos o deseos del mandatario en turno.

A modo de ejemplo de ese rasgo, cabe referir el interés del Presidente por explicar cada mañana, las decisiones que está tomando en materia de gobernabilidad y políticas públicas, lo cual en México no tiene precedentes y debiera ser visto de manera positiva, como una parte sustantiva de un ejercicio de gobierno abierto a la ciudadanía, que rinde cuentas sobre lo que hace y pretende hacer.

Siguiendo al estilo personal de gobernar de López Obrador, cabe reflexionar que gran parte de los temas que cada mañana viene abordando, aluden a la corrupción y su combate, uno de sus principales compromisos y una demanda ciudadana; sin embargo, a la fecha son precarias y por ende insuficientes las acciones concretas que se han tomado en contra de los presuntos responsables; es decir, el tema se ha focalizado en los hechos sin mirar a las personas que los han generado, lo cual se puede convertir en un aliciente para quienes han delinquido o pudieran hacerlo.

Otro ejemplo que llama la atención por su carga personalista y que se inscribe en una lógica neoliberal, al que por cierto decía combatir el Presidente, es la entrega de apoyos a las personas en situación de vulnerabilidad.

Pues además de que al benefactor que focalizan los beneficiarios es a la figura presidencial, el nuevo gobierno, presumiblemente de izquierda, parece olvidar que en esencia, los problemas que debe atender no son los individuales, sino los colectivos, los comunitarios, los sociales; de modo que se echa de menos una política de desarrollo social con generación de riqueza y distribución equitativa de la misma, con una perspectiva comunitaria, local, regional, que al mismo tiempo cuide y proteja el medio ambiente, garantizando así paz social y convivencia constructiva.

Frente a ese estilo unipersonal, sería encomiable que en los 2090 días que le quedan a este sexenio, veamos fortalecer nuestra vida institucional y, a partir de ella, se combatan los graves problemas de inseguridad, desigualdad social y corrupción que anidan en todas las regiones de nuestra geografía nacional.

Es necesario un gobierno de instituciones, no un gobierno personal, que explique y justifique sus decisiones, pero que se comprometa a emprender una auténtica política de participación ciudadana, que permita a las organizaciones de la sociedad civil y a los propios ciudadanos, ser parte activa en la conformación de las agendas de los gobiernos municipales, estatales y del federal.

Aniversario del PRI

El lunes 4 de marzo fue recordado el 90 aniversario de la fundación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, abuelo del actual Partido Revolucionario Institucional, denominación que le fue conferida en 1946 luego de que en 1938 en las postrimerías del sexenio de Lázaro Cárdenas, había sido renombrado el PNR como Partido de la Revolución Mexicana.

Los cambios en su denominación respondieron esencialmente a la reestructuración de sus sectores constitutivos, así como al replanteamiento de algunos de sus principios ideológicos y de acción política; sin embrago, en los tres cambios al partido que implicaron un nuevo nombre, se mantuvo como eje doctrinal básico el de ser el partido que pugnaba por la materialización de los ideales que dieron origen a la Revolución Mexicana, emprendida en 1910 por sectores de obreros y campesinos liderados por el grupo que encabezaba Francisco I, Madero.

En calidad de instancia intermedia, desde su origen como PNR este partido se convirtió en el instrumento para aglutinar y organizar a la sociedad civil y sus demandas, a fin de respaldar al gobierno federal más no para conformarlo, pues la integración de éste se haría mediante procesos electorales formales con una competencia prácticamente inexistente, salvo algunas excepciones de coyuntura.

Lo que interesa destacar es que el PRI no fue creado para competir por el poder político de la nación, y cuando se fue gestando una auténtica competencia en algunas regiones del país, el tricolor apelando al planteamiento de origen antes referido, consolidó su hegemonía a través de la cooptación y la represión de líderes, así como de un conjunto de acciones que al margen o en contra de la ley, le garantizaron el triunfo en las urnas, prolongando su dominio en los tres órdenes de gobierno por poco más de 70 años.

Como partido hegemónico en la vida electoral del país, se convirtió en una escuela para la formación de actores y competidores por los cargos de representación popular, de modo que sentó una cultura de cómo hacer política para garantizar el triunfo en las urnas; donde prácticamente la innovación estuvo centrada en los medios legales e ilegales, para alcanzar el único fin de hacerse con el cargo.

Esa cultura se arraigó de tal manera en la vida política y permeó a la sociedad en su conjunto, que a la fecha no existe partido político en México del que algunos de sus integrantes no hayan sido señalados y evidenciados, por recurrir a prácticas fraudulentas durante las campañas proselitistas. Incluso ahora, que los partidos y las propias reglas de competencia electoral, han soslayado la identidad ideológica de los militantes, como requisito esencial para aspirar a un cargo de representación, se han reproducido aún más esas prácticas viciadas en todos los institutos políticos, por lo cual parafraseando a Juan Linz, se puede establecer que una de las patologías de nuestro sistema político, reside en la ausencia de autenticidad democrática entre sus actores principales, es decir, la ausencia de apego a las reglas formales para la competencia política.

De modo que en el 90 aniversario del PRI y en el marco de los cambios que dicen ellos habrán de realizar, para intentar recuperar el poder ampliamente perdido, sería conveniente que emprendieran un cambio en esencia cultural, que altere de manera profunda la forma de concebir a la política y sus fines, recuperando como ideales realizables el servicio a la gente, la conciliación de intereses diversos, así como la consecución de una vida más prospera, digna, pacífica y civilizada para todos, sin que medie corrupción.

Ese cambio de cultura política, debería ser exigido por la sociedad civil organizada a todos los partidos políticos del país, pues enfrentan la misma enfermedad.

La importancia de las ASC

El pasado 14 de febrero, el presidente de la república dio a conocer el interés de su gobierno de suprimir los apoyos económicos a las asociaciones de la sociedad civil, a la luz de los desfalcos y desvíos de recursos que por esa vía se cometían y que presumiblemente han sido detectados; sin embargo, habría que señalar que el tema está siendo enfocado de manera limitada, y que la implementación de dicha medida podría provocar un problema mayor del que se pretende resolver.

Si bien es plausible que el gobierno federal ponga freno al enorme desvío de recursos públicos, opacidad y corrupción en que incurrieron anteriores gobiernos, mediante algunas de las 40 mil asociaciones registradas, algunas de las cuales han sido plenamente identificadas y que en su mayoría estaban enfocadas presuntamente al asistencialismo social, favoreciendo con ellas a intereses individuales y de grupos afines al gobierno en turno; constituiría un grave desacierto propiciar un decremento generalizado de las asociaciones, en tanto muchas de ellas vienen cumpliendo diversas tareas fundamentales para la salud pública de la nación.

El gobierno federal debería tomar en cuenta que históricamente el asociacionismo, definido en el ámbito académico como capital social, ha jugado un papel central en el impulso y el desarrollo de la implicación ciudadana en los asuntos públicos; en ese sentido se puede plantear a este capital como un prerrequisito social de la democracia liberal.

El capital social está constituido por las redes sociales y las normas de reciprocidad que las sustentan, en donde están implícitos valores sociales como la educación, la buena voluntad, la camaradería, la tolerancia, el respeto y la cooperación entre los miembros de un grupo o una comunidad; de modo que su existencia y evolución estarían determinadas por las condiciones culturales y de organización social prevalecientes.

Asimismo debía tener presente el gobierno federal que las condiciones sociales que hacen viable el desarrollo de la democracia son la reciprocidad, la cohesión social, la lealtad, la identidad, la horizontalidad en la organización de la vida pública; y precisamente, al fomento de estas condiciones contribuyen de manera fundamental las organizaciones sociales autónomas.

El movimiento asociativo civil y autónomo pone de manifiesto tanto la cultura cívica de la población, como su capacidad para organizar, articular y gestionar la atención de sus demandas e intereses. En ese sentido es importante considerar que las características específicas de las redes asociativas, repercuten en la salud de las comunidades y en la organización de la vida política.

Ha sido ampliamente demostrado por experiencias allende nuestras fronteras nacionales, que la interacción de las personas a través de organizaciones sociales autónomas, ayuda a los individuos a resolver problemas de acción colectiva, reduce de manera simultánea los incentivos para frenar el oportunismo y la corrupción en los ámbitos de gobierno, al tiempo que fortalece la capacidad de esas organizaciones para influir en la toma de decisiones de gobierno.

Es cierto que a la luz de las asimetrías culturales, educativas, económicas y políticas prevalecientes entre grupos y comunidades en nuestro país, el capital social suele estar más extendido entre grupos que disfrutan de ventajas comparativas respecto de la mayoría de la población, como su cercanía al poder; sin embargo, debía ser el gobierno un decidido impulsor de la organización de la sociedad al margen de los poderes políticos y económicos, lo cual no impide ser escrupulosos en la manera y en los montos como se apoya esta iniciativa, esencial para la salud de nuestra endeble democracia.

Aniversario de la Constitución de 1917

El día de hoy, 05 de febrero, conmemoramos y celebramos un aniversario más de la promulgación en 1917, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento fundamental que en sus dos partes, la dogmática y la orgánica, establece los valores supremos y regula nuestra convivencia social, al tiempo que instituye las obligaciones y los límites de los Poderes de la Unión.

De 1917 a 2018 el documento original ha sido modificado más de 700 veces, oscilando en extremos que van de menos de 20 por sexenio de Álvaro Obregón Salido a Gustavo Díaz Ordaz, pasando por el periodo de Luis Echeverría Álvarez a Vicente Fox Quesada que en promedio lo modificaron 50 veces cada uno, hasta los excesos de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, que lo hicieron en más de 100 ocasiones cada uno, aunque éste último lo alteró más de 150 veces.

De modo que desde su origen hasta el pasado sexenio, se puede registrar una tendencia ascendente en el número de reformas a la Carta Magna por gobierno, que si bien en alguna medida resultaría obvia dadas las necesidades de adaptar el marco jurídico a una realidad cambiante, cualitativamente habría que destacar que desde el sexenio de Miguel Alemán Valdés y bajo una marcada ideología de carácter liberal, se fueron profundizando los cambios que terminaron por invertir el principio normativo original de la Constitución, que era eminentemente nacional popular con un adjetivo liberal, consolidando al adjetivo liberal como la parte sustantiva del documento, tendencia que se agudizaría a partir del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, a la luz de las transformaciones impulsadas por las administraciones de corte neoliberal.

En este contexto reformador, destaca el número de modificaciones a la Constitución materializadas por el gobierno de Peña Nieto, particularmente las referentes a los temas económico y financiero, así como las que transformaron de manera radical el usufructo de las riquezas naturales del país, pues esos cambios jurídicos permiten identificar un interés en favorecer a sectores económicos específicos, particularmente a los capitales nacionales y trasnacionales, cuya apropiación de la riqueza nacional históricamente ha demostrado que lejos de contribuir al desarrollo social del país, ha derivado en mayor pobreza y desigualdad, saqueo del patrimonio natural, conflicto social e ingobernabilidad.

Mientras las reformas constitucionales que han abordado el tema del desarrollo social, han hecho posible que las políticas y los programas respectivos, permanezcan enfocados básicamente a la asistencia temporal e individual de la población que sobrevive con múltiples carencias, sin que se implementen programas para la producción de riqueza social amplia, suficiente y duradera, de modo que esa población pueda salir de manera paulatina pero efectiva de las condiciones de pobreza en sus múltiples expresiones.

Este aniversario debería servir por ende, para recordar al gobierno en sus diferentes órdenes, particularmente al poder Legislativo, que no basta con legislar a favor de derechos, sino legislar para hacer efectivo el cúmulo de derechos que ya prevé nuestra Constitución; para establecer sanciones ejemplares a los servidores públicos que omitan o contravengan el mandato de cumplir y hacer cumplir la ley; así como para garantizar una distribución equitativa de la riqueza social.

En suma, legislar para hacer efectivos los derechos elementales de las personas a la vida, a la libertad y a la propiedad no sólo material.

El placer de leer

Si no leo encuentro enormes dificultades para pensar, señalaba José Emilio Pacheco, ese escritor, poeta, traductor y periodista nacido en la Ciudad de México en 1939 y fallecido el 26 de enero de 2014, que nos legó, esencialmente a través de su columna semanal Inventario, enormes enseñanzas en materia de cultura mundial, producto de su inmensa erudición y vasta sabiduría.

El tema de la lectura que tanto interesó y disfrutó Pacheco, fue puesto sobre la mesa por el gobierno federal el pasado 27 de enero, con el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Lectura, presentada por el controvertido titular del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo 2, quien anunció el objetivo general de convertir a México en la democrática república de los lectores; el tema conlleva una relevancia superlativa para la nación, que sería deseable todas y todos dimensionáramos.

Frente al avasallamiento de la tecnología con su insondable información caótica difundida por los múltiples medios señaladamente los digitales, que todos los días nos presentan un mundo de barbarie, primitivismo, criminalidad, violencia e insolidaridad, que fomentan miedo y enclaustramiento en tanto justifican cada vez más control policial y militar; la lectura constituye la más amplia oportunidad para desarrollar la imaginación, la creatividad, para plantear utopías sobre un mundo donde imperen los equilibrios, quebrantados por la acción humana, un mundo menos brutal y violento, un mundo con una convivencia humana que respete el entorno natural, que rompa con la lógica de la acumulación material, de la competitividad que va dejando a la deriva en su imparable carrera, enormes cantidades de perdedores y de desperdicios, incluida la condición humana.

Un mundo sin lectura es aquel donde los otros, son sólo enemigos, rivales, amenazas, obstáculos para la autorrealización; es un mundo sin ideas colectivas a favor de un bien común, en donde prevalecen las ocurrencias sobre los mecanismos para obtener la mayor utilidad al menor costo posible. Sin lectura que incite a la imaginación creativa, el ser humano sigue estacionado en los dogmas ancestrales, que lo mismo han vaticinado el apocalipsis, que un futuro lleno de progreso y prosperidad; sin que a la fecha la realidad haya inclinado la balanza hacia fanatismo alguno, a pesar de las luchas cruentas por imponerlos.

De ahí la necesidad de que en el mediano y largo plazos llegue a buen puerto la estrategia de lectura planteada por el gobernó federal, para lo cual será imprescindible que el acceso a la lectura, se convierta en un derecho efectivamente garantizado por el Estado y no sólo legislado, que se disponga de un sistema institucional de cooperación de alcance nacional para tal fin, con el objeto de que desde la niñez hasta la senectud se logre convertir en realidad el acceso sistemático, efectivo y placentero a la lectura.

Pues la lectura constituye el antídoto más efectivo para contrarrestar la banalidad, la violencia simbólica, los estereotipos, la enajenación, la discriminación, el materialismo y consumismo, en suma, la erosión de la racionalidad a favor del bien común; la refeudalización ideológica y cultural, que van imponiendo día a día los contenidos culturales y de entretenimiento, de la gran mayoría de los actuales medios masivos de comunicación.