Los 100 días del nuevo gobierno federal

Una metodología para explicar e interpretar la historia reside en constituir temporalidades, la cual hace posible al menos dos acciones: establecer un antes y un después del corte temporal fijado y, la segunda, contrastar ambos periodos en busca de similitudes y diferencias. Bajo esa lógica, el nuevo gobierno federal ha decidido marcar un corte en su mandato, para destacar lo hecho durante sus primeros 100 días, en otras palabras, para hablar de lo hecho durante el primer 5% del sexenio.

Al presente sexenio le queda un 95% de vigencia, por lo cual resulta prematuro e insolvente hacer balances generales sobre lo hecho; sin embargo, es posible identificar algunos rasgos que aportan luz sobre el camino que está siguiendo el gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación.

Cabe advertir que esos rasgos tienen que ver más con la personalidad del titular del Ejecutivo, que con aspectos estrictamente institucionales; estos últimos suelen ser los más significativos en una democracia consolidada, dada su trascendencia para la vida política y social de la nación en su conjunto, más allá de caprichos o deseos del mandatario en turno.

A modo de ejemplo de ese rasgo, cabe referir el interés del Presidente por explicar cada mañana, las decisiones que está tomando en materia de gobernabilidad y políticas públicas, lo cual en México no tiene precedentes y debiera ser visto de manera positiva, como una parte sustantiva de un ejercicio de gobierno abierto a la ciudadanía, que rinde cuentas sobre lo que hace y pretende hacer.

Siguiendo al estilo personal de gobernar de López Obrador, cabe reflexionar que gran parte de los temas que cada mañana viene abordando, aluden a la corrupción y su combate, uno de sus principales compromisos y una demanda ciudadana; sin embargo, a la fecha son precarias y por ende insuficientes las acciones concretas que se han tomado en contra de los presuntos responsables; es decir, el tema se ha focalizado en los hechos sin mirar a las personas que los han generado, lo cual se puede convertir en un aliciente para quienes han delinquido o pudieran hacerlo.

Otro ejemplo que llama la atención por su carga personalista y que se inscribe en una lógica neoliberal, al que por cierto decía combatir el Presidente, es la entrega de apoyos a las personas en situación de vulnerabilidad.

Pues además de que al benefactor que focalizan los beneficiarios es a la figura presidencial, el nuevo gobierno, presumiblemente de izquierda, parece olvidar que en esencia, los problemas que debe atender no son los individuales, sino los colectivos, los comunitarios, los sociales; de modo que se echa de menos una política de desarrollo social con generación de riqueza y distribución equitativa de la misma, con una perspectiva comunitaria, local, regional, que al mismo tiempo cuide y proteja el medio ambiente, garantizando así paz social y convivencia constructiva.

Frente a ese estilo unipersonal, sería encomiable que en los 2090 días que le quedan a este sexenio, veamos fortalecer nuestra vida institucional y, a partir de ella, se combatan los graves problemas de inseguridad, desigualdad social y corrupción que anidan en todas las regiones de nuestra geografía nacional.

Es necesario un gobierno de instituciones, no un gobierno personal, que explique y justifique sus decisiones, pero que se comprometa a emprender una auténtica política de participación ciudadana, que permita a las organizaciones de la sociedad civil y a los propios ciudadanos, ser parte activa en la conformación de las agendas de los gobiernos municipales, estatales y del federal.

Aniversario del PRI

El lunes 4 de marzo fue recordado el 90 aniversario de la fundación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, abuelo del actual Partido Revolucionario Institucional, denominación que le fue conferida en 1946 luego de que en 1938 en las postrimerías del sexenio de Lázaro Cárdenas, había sido renombrado el PNR como Partido de la Revolución Mexicana.

Los cambios en su denominación respondieron esencialmente a la reestructuración de sus sectores constitutivos, así como al replanteamiento de algunos de sus principios ideológicos y de acción política; sin embrago, en los tres cambios al partido que implicaron un nuevo nombre, se mantuvo como eje doctrinal básico el de ser el partido que pugnaba por la materialización de los ideales que dieron origen a la Revolución Mexicana, emprendida en 1910 por sectores de obreros y campesinos liderados por el grupo que encabezaba Francisco I, Madero.

En calidad de instancia intermedia, desde su origen como PNR este partido se convirtió en el instrumento para aglutinar y organizar a la sociedad civil y sus demandas, a fin de respaldar al gobierno federal más no para conformarlo, pues la integración de éste se haría mediante procesos electorales formales con una competencia prácticamente inexistente, salvo algunas excepciones de coyuntura.

Lo que interesa destacar es que el PRI no fue creado para competir por el poder político de la nación, y cuando se fue gestando una auténtica competencia en algunas regiones del país, el tricolor apelando al planteamiento de origen antes referido, consolidó su hegemonía a través de la cooptación y la represión de líderes, así como de un conjunto de acciones que al margen o en contra de la ley, le garantizaron el triunfo en las urnas, prolongando su dominio en los tres órdenes de gobierno por poco más de 70 años.

Como partido hegemónico en la vida electoral del país, se convirtió en una escuela para la formación de actores y competidores por los cargos de representación popular, de modo que sentó una cultura de cómo hacer política para garantizar el triunfo en las urnas; donde prácticamente la innovación estuvo centrada en los medios legales e ilegales, para alcanzar el único fin de hacerse con el cargo.

Esa cultura se arraigó de tal manera en la vida política y permeó a la sociedad en su conjunto, que a la fecha no existe partido político en México del que algunos de sus integrantes no hayan sido señalados y evidenciados, por recurrir a prácticas fraudulentas durante las campañas proselitistas. Incluso ahora, que los partidos y las propias reglas de competencia electoral, han soslayado la identidad ideológica de los militantes, como requisito esencial para aspirar a un cargo de representación, se han reproducido aún más esas prácticas viciadas en todos los institutos políticos, por lo cual parafraseando a Juan Linz, se puede establecer que una de las patologías de nuestro sistema político, reside en la ausencia de autenticidad democrática entre sus actores principales, es decir, la ausencia de apego a las reglas formales para la competencia política.

De modo que en el 90 aniversario del PRI y en el marco de los cambios que dicen ellos habrán de realizar, para intentar recuperar el poder ampliamente perdido, sería conveniente que emprendieran un cambio en esencia cultural, que altere de manera profunda la forma de concebir a la política y sus fines, recuperando como ideales realizables el servicio a la gente, la conciliación de intereses diversos, así como la consecución de una vida más prospera, digna, pacífica y civilizada para todos, sin que medie corrupción.

Ese cambio de cultura política, debería ser exigido por la sociedad civil organizada a todos los partidos políticos del país, pues enfrentan la misma enfermedad.

La importancia de las ASC

El pasado 14 de febrero, el presidente de la república dio a conocer el interés de su gobierno de suprimir los apoyos económicos a las asociaciones de la sociedad civil, a la luz de los desfalcos y desvíos de recursos que por esa vía se cometían y que presumiblemente han sido detectados; sin embargo, habría que señalar que el tema está siendo enfocado de manera limitada, y que la implementación de dicha medida podría provocar un problema mayor del que se pretende resolver.

Si bien es plausible que el gobierno federal ponga freno al enorme desvío de recursos públicos, opacidad y corrupción en que incurrieron anteriores gobiernos, mediante algunas de las 40 mil asociaciones registradas, algunas de las cuales han sido plenamente identificadas y que en su mayoría estaban enfocadas presuntamente al asistencialismo social, favoreciendo con ellas a intereses individuales y de grupos afines al gobierno en turno; constituiría un grave desacierto propiciar un decremento generalizado de las asociaciones, en tanto muchas de ellas vienen cumpliendo diversas tareas fundamentales para la salud pública de la nación.

El gobierno federal debería tomar en cuenta que históricamente el asociacionismo, definido en el ámbito académico como capital social, ha jugado un papel central en el impulso y el desarrollo de la implicación ciudadana en los asuntos públicos; en ese sentido se puede plantear a este capital como un prerrequisito social de la democracia liberal.

El capital social está constituido por las redes sociales y las normas de reciprocidad que las sustentan, en donde están implícitos valores sociales como la educación, la buena voluntad, la camaradería, la tolerancia, el respeto y la cooperación entre los miembros de un grupo o una comunidad; de modo que su existencia y evolución estarían determinadas por las condiciones culturales y de organización social prevalecientes.

Asimismo debía tener presente el gobierno federal que las condiciones sociales que hacen viable el desarrollo de la democracia son la reciprocidad, la cohesión social, la lealtad, la identidad, la horizontalidad en la organización de la vida pública; y precisamente, al fomento de estas condiciones contribuyen de manera fundamental las organizaciones sociales autónomas.

El movimiento asociativo civil y autónomo pone de manifiesto tanto la cultura cívica de la población, como su capacidad para organizar, articular y gestionar la atención de sus demandas e intereses. En ese sentido es importante considerar que las características específicas de las redes asociativas, repercuten en la salud de las comunidades y en la organización de la vida política.

Ha sido ampliamente demostrado por experiencias allende nuestras fronteras nacionales, que la interacción de las personas a través de organizaciones sociales autónomas, ayuda a los individuos a resolver problemas de acción colectiva, reduce de manera simultánea los incentivos para frenar el oportunismo y la corrupción en los ámbitos de gobierno, al tiempo que fortalece la capacidad de esas organizaciones para influir en la toma de decisiones de gobierno.

Es cierto que a la luz de las asimetrías culturales, educativas, económicas y políticas prevalecientes entre grupos y comunidades en nuestro país, el capital social suele estar más extendido entre grupos que disfrutan de ventajas comparativas respecto de la mayoría de la población, como su cercanía al poder; sin embargo, debía ser el gobierno un decidido impulsor de la organización de la sociedad al margen de los poderes políticos y económicos, lo cual no impide ser escrupulosos en la manera y en los montos como se apoya esta iniciativa, esencial para la salud de nuestra endeble democracia.

Aniversario de la Constitución de 1917

El día de hoy, 05 de febrero, conmemoramos y celebramos un aniversario más de la promulgación en 1917, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento fundamental que en sus dos partes, la dogmática y la orgánica, establece los valores supremos y regula nuestra convivencia social, al tiempo que instituye las obligaciones y los límites de los Poderes de la Unión.

De 1917 a 2018 el documento original ha sido modificado más de 700 veces, oscilando en extremos que van de menos de 20 por sexenio de Álvaro Obregón Salido a Gustavo Díaz Ordaz, pasando por el periodo de Luis Echeverría Álvarez a Vicente Fox Quesada que en promedio lo modificaron 50 veces cada uno, hasta los excesos de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, que lo hicieron en más de 100 ocasiones cada uno, aunque éste último lo alteró más de 150 veces.

De modo que desde su origen hasta el pasado sexenio, se puede registrar una tendencia ascendente en el número de reformas a la Carta Magna por gobierno, que si bien en alguna medida resultaría obvia dadas las necesidades de adaptar el marco jurídico a una realidad cambiante, cualitativamente habría que destacar que desde el sexenio de Miguel Alemán Valdés y bajo una marcada ideología de carácter liberal, se fueron profundizando los cambios que terminaron por invertir el principio normativo original de la Constitución, que era eminentemente nacional popular con un adjetivo liberal, consolidando al adjetivo liberal como la parte sustantiva del documento, tendencia que se agudizaría a partir del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, a la luz de las transformaciones impulsadas por las administraciones de corte neoliberal.

En este contexto reformador, destaca el número de modificaciones a la Constitución materializadas por el gobierno de Peña Nieto, particularmente las referentes a los temas económico y financiero, así como las que transformaron de manera radical el usufructo de las riquezas naturales del país, pues esos cambios jurídicos permiten identificar un interés en favorecer a sectores económicos específicos, particularmente a los capitales nacionales y trasnacionales, cuya apropiación de la riqueza nacional históricamente ha demostrado que lejos de contribuir al desarrollo social del país, ha derivado en mayor pobreza y desigualdad, saqueo del patrimonio natural, conflicto social e ingobernabilidad.

Mientras las reformas constitucionales que han abordado el tema del desarrollo social, han hecho posible que las políticas y los programas respectivos, permanezcan enfocados básicamente a la asistencia temporal e individual de la población que sobrevive con múltiples carencias, sin que se implementen programas para la producción de riqueza social amplia, suficiente y duradera, de modo que esa población pueda salir de manera paulatina pero efectiva de las condiciones de pobreza en sus múltiples expresiones.

Este aniversario debería servir por ende, para recordar al gobierno en sus diferentes órdenes, particularmente al poder Legislativo, que no basta con legislar a favor de derechos, sino legislar para hacer efectivo el cúmulo de derechos que ya prevé nuestra Constitución; para establecer sanciones ejemplares a los servidores públicos que omitan o contravengan el mandato de cumplir y hacer cumplir la ley; así como para garantizar una distribución equitativa de la riqueza social.

En suma, legislar para hacer efectivos los derechos elementales de las personas a la vida, a la libertad y a la propiedad no sólo material.

El placer de leer

Si no leo encuentro enormes dificultades para pensar, señalaba José Emilio Pacheco, ese escritor, poeta, traductor y periodista nacido en la Ciudad de México en 1939 y fallecido el 26 de enero de 2014, que nos legó, esencialmente a través de su columna semanal Inventario, enormes enseñanzas en materia de cultura mundial, producto de su inmensa erudición y vasta sabiduría.

El tema de la lectura que tanto interesó y disfrutó Pacheco, fue puesto sobre la mesa por el gobierno federal el pasado 27 de enero, con el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Lectura, presentada por el controvertido titular del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo 2, quien anunció el objetivo general de convertir a México en la democrática república de los lectores; el tema conlleva una relevancia superlativa para la nación, que sería deseable todas y todos dimensionáramos.

Frente al avasallamiento de la tecnología con su insondable información caótica difundida por los múltiples medios señaladamente los digitales, que todos los días nos presentan un mundo de barbarie, primitivismo, criminalidad, violencia e insolidaridad, que fomentan miedo y enclaustramiento en tanto justifican cada vez más control policial y militar; la lectura constituye la más amplia oportunidad para desarrollar la imaginación, la creatividad, para plantear utopías sobre un mundo donde imperen los equilibrios, quebrantados por la acción humana, un mundo menos brutal y violento, un mundo con una convivencia humana que respete el entorno natural, que rompa con la lógica de la acumulación material, de la competitividad que va dejando a la deriva en su imparable carrera, enormes cantidades de perdedores y de desperdicios, incluida la condición humana.

Un mundo sin lectura es aquel donde los otros, son sólo enemigos, rivales, amenazas, obstáculos para la autorrealización; es un mundo sin ideas colectivas a favor de un bien común, en donde prevalecen las ocurrencias sobre los mecanismos para obtener la mayor utilidad al menor costo posible. Sin lectura que incite a la imaginación creativa, el ser humano sigue estacionado en los dogmas ancestrales, que lo mismo han vaticinado el apocalipsis, que un futuro lleno de progreso y prosperidad; sin que a la fecha la realidad haya inclinado la balanza hacia fanatismo alguno, a pesar de las luchas cruentas por imponerlos.

De ahí la necesidad de que en el mediano y largo plazos llegue a buen puerto la estrategia de lectura planteada por el gobernó federal, para lo cual será imprescindible que el acceso a la lectura, se convierta en un derecho efectivamente garantizado por el Estado y no sólo legislado, que se disponga de un sistema institucional de cooperación de alcance nacional para tal fin, con el objeto de que desde la niñez hasta la senectud se logre convertir en realidad el acceso sistemático, efectivo y placentero a la lectura.

Pues la lectura constituye el antídoto más efectivo para contrarrestar la banalidad, la violencia simbólica, los estereotipos, la enajenación, la discriminación, el materialismo y consumismo, en suma, la erosión de la racionalidad a favor del bien común; la refeudalización ideológica y cultural, que van imponiendo día a día los contenidos culturales y de entretenimiento, de la gran mayoría de los actuales medios masivos de comunicación.

México ante la crisisi en Venezuela

Recientemente en diversos medios informativos nacionales e internacionales, se ha venido comentando y sobre todo condenando implícita e incluso explícitamente, la posición asumida por el actual gobierno mexicano, frente a la declaración del Grupo de Lima sobre la crisis en Venezuela; Grupo multilateral formalmente creado para buscar una solución pacífica, ante la presunta violación sistemática a los derechos humanos, en el país gobernado por Nicola Maduro en un segundo periodo consecutivo.

Cabe precisar que este Grupo es auspiciado por el gobierno de Estados Unidos y avalado de manera especial por la Organización de Estados Americanos, afín a las directrices de la potencia norteamericana, lo integran países de la región con gobierno declaradamente de derecha, conservadores, simpatizantes con las posturas proteccionistas y xenófobas de Donald Trump, asimismo ha sido avalado por la Unión Europea, que también mantiene intereses económicos en la zona.

Ese Grupo acusa de igual forma al gobierno venezolano de una presunta ruptura con el orden democrático, que para la democracia liberal representativa se circunscribe a la realización de procesos electorales, condena que desde tiempos del extinto Hugo Chávez se le hacía al país Andino, no obstante que periódicamente ha realizado comicios para elegir a sus autoridades, incluso con la presencia de observadores internacionales.

Una queja más de ese Grupo, que evidentemente intenta aniquilar a uno de los pocos contrapesos al gobierno norteamericano que existe en la región, ha sido que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas; No obstante, la memoria selectiva de los gobiernos del grupo de Lima, intentan soslayar que la potencia norteamericana ha pasado por alto a la ONU en innumerables ocasiones, decidiendo unilateralmente invadir países de acuerdo a sus intereses económicos y militares.

Frente a ese contexto internacional, habría que subrayar la gravísima crisis de derechos humanos que experimenta México, heredada al actual gobierno de la nación particularmente por las dos pasadas administraciones federales; crisis que se expresa entre otras vertientes en que a la fecha, hay más de 40 mil personas desaparecidas, un número indeterminado de personas sin identificar, así como miles de delitos sin denuncia formal, mientras una altísima proporción de los casos denunciados espera turno para ser atendidos.

Por ende, México carece de autoridad moral para hacer condenas a un país en una materia en la que arrastra deudas de enorme magnitud y, en cambio, de pronunciarse en contra del gobierno venezolano, cuyo desempeño en efecto ha dejado mucho que desear, sólo le haría el juego a la vecina potencia sin beneficio alguno para el pueblo de México; potencia cuyo gobierno por cierto sigue criminalizando a los migrantes mexicanos, e insiste en construir un muro en nuestra frontera compartida que constituye un símbolo del rechazo, la repugnancia e insolidaridad hacia los mexicanos que carecen de dólares para derramarlos en sus centros de ocio y consumo, incluido el vicio.

De modo que en materia de política internacional, recuperar la esencia de la Doctrina Estrada, de no intervención, no violencia, solución pacífica de los conflictos, autodeterminación de los pueblos, y cooperación para el desarrollo, lejos de ser un anacronismo, parece ser la mejor estrategia para un gobierno al que le urge no abrir más frentes, sino dedicarse a atender los asuntos domésticos, que son muchos y apremiantes; además de que le deja abierta la puerta para incluso poder servir de intermediario en la solución del conflicto venezolano.

Combate al Huachicol

La acometida que ha emprendido el gobierno federal contra el robo de combustibles a Pemex, constituye un combate a la corrupción e impunidad tanto en el ámbito gubernamental como en la iniciativa privada, que irremisiblemente debe pasar por el combate a las instancias y procesos de carácter financiero, que hacen tan atractivo y rentable el negocio del robo de combustibles.

Es evidente la campaña de desinformación y alarmismo emprendida por gran parte de los medios de comunicación masiva, con el objetivo de desacreditar esta iniciativa del Ejecutivo Federal; se extraña que durante años esos medios, ahora tan críticos con el gobierno, hayan hecho caso omiso a este gravísimo problema.

Si bien la incitativa gubernamental ha causado un desabasto transitorio en algunas regiones del país, no existe ante la medida un hartazgo generalizado, como pretenden imponer los citados medios informativos en calidad de opinión pública; en cambio, los beneficios a mediano y largo plazo serán mucho mayores, pues el erario público recuperará enormes recursos económicos, que podrá destinar a inversión productiva respetuosa del medio ambiente, lo que a su vez contribuirá a disminuir las desigualdades sociales en el país.

Habría que destacar que para la ofensiva en contra de los saqueadores de Pemex, el gobierno federal ha contado y está contando con el respaldo de las fuerzas armadas, así como con la solidaridad de millones de ciudadanos que sí han manifestado su hartazgo, ante la prevalencia y dominio de los delincuentes en la vida pública.

A diferencia de lo hecho ante el problema por al menos los tres últimos gobiernos federales, que por acción u omisión permitieron la proliferación de este ominoso delito, el actual gobierno de la nación está poniendo en evidencia que el respeto al estado de derecho y la supremacía de la vida lícita, pueden ser una realidad en nuestro país.

La magnitud del robo, la corrupción e impunidad alrededor de Pemex es enorme y sin precedentes en la vida moderna del país; de modo que el primer logro de la iniciativa presidencial ha sido que los mexicanos por primera vez estamos siendo informados de lo que sucede en el seno de la principal empresa del país, el segundo logro es que se está combatiendo de manera frontal el saqueo; falta que los responsables sean ejemplarmente castigados conforme a derecho; asimismo, fortalecer a las instituciones para que ese delito no se vuelva a cometer.

Para combatir este delito no sólo se necesita apelar a la ley, hay que tener sobre todo autoridad moral, tal vez por eso nuca antes se había emprendido ese camino.

Derechos humanos y justicia en México

Ayer, 10 de diciembre, se conmemoraron los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948 en Paris, una vez concluida la lucha armada y las masacres de la Segunda Guerra Mundial.

En sus 30 artículos se hace referencia a los derechos inalienables de todo ser humano, como al derecho a la vida, la igualdad, la seguridad, la educación, la salud, el trabajo, la libertad de expresión, de movimiento, de acceso a la justicia.

De aquella fecha en que México signó ese documento declarativo a la fecha, la situación de los derechos humanos en nuestro país es deplorable, baste retomar las cifras recientemente presentadas por José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch: más de 238 mil homicidios dolosos desde 2006 y un promedio de 90 asesinatos diarios en el último año; datos que habilitan a concluir que la situación en México es dramática, especialmente por la ausencia de justicia.

Por su parte, José Antonio Guevara, miembro del grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, ha destacado tres condiciones imprescindibles para que el país avance en el respeto a los derechos humanos: desmilitarizar la seguridad, contar con una fiscalía autónoma, e instalar un mecanismo internacional contra la impunidad y la corrupción.

Habría que subrayar por tanto la importancia de que México disponga de un sistema de justicia autónomo, independiente de los poderes económico y político, que se aboque de tiempo completo a terminar con la impunidad que lacera la vida institucional; pues la realidad que reflejan los datos antes citados, pone en evidencia que la procuración e impartición de justicia en nuestro país es inaccesible e incompetente.

Frente a esta realidad de injusticia e impunidad resulta por demás contradictoria e injustificable la postura de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de suspender la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impulsada por los legisladores federales de Morena, que de aplicarse les representaría una gran disminución en el monto de sus salarios.

El principal argumento que han esgrimido los integrantes del poder Judicial es que con dicha ley se viola la autonomía y la división de poderes; lo extraño es que dicha autonomía no la hayan puesto en tela de juicio cuando fueron propuestos por el poder Ejecutivo para ocupar el cargo que ostentan, y seleccionados por el Legislativo.

Asimismo, resulta aberrante que digan los juzgadores que su autonomía está garantizada precisamente por los enormes salarios que perciben, monto que por cierto no tiene comparación con el que perciben por la misma función sus pares en los países más ricos del planeta; mientras aquí el salario mínimo, la precarización laboral, la informalidad, la concentración de capital y el desempleo, permiten que haya alrededor de 50 millones de pobres que perciben menos de 30 mil pesos al año.

Además de lo discutible, en términos de legitimidad, del concepto de justicia que hace posible que un servidor público obtenga como salario alrededor de 500 mil pesos mensuales, cabría considerar que no existe evidencia empírica que demuestre que los altos salarios garantizan imparcialidad, prontitud y eficiencia en la impartición de justicia, en cambio, lo que sí se puede comprobar empíricamente es el fracaso del sistema de impartición de justicia en México. De modo que la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituye una extraordinaria oportunidad para colocar en la mesa del debate, la ilegitimidad de las remuneraciones en el sistema de impartición de justicia nacional que, aunque legales, constituyen en sí mismas un agravio al interés general y, por esa vía, un atentado a la justicia, a la que todo ser humano tiene derecho según la ONU.

Inicia el gobierno de la Cuarta Transformación Nacional

En el recinto de San Lázaro en la Ciudad de México, donde hace poco más de 13 años y ocupando el cargo de Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, fue desaforado con la intención de impedir que compitiera por la Presidencia de la República, el pasado 01 de diciembre Andrés Manuel López Obrador, tomó protesta del cargo más importante en el gobierno de la nación; en una ceremonia que distó radicalmente de las que protagonizaron sus dos predecesores: en el caso del panista Felipe Calderón, le bastaron unos segundos para que le tomaran la protesta de ley, en medio de un tumulto y con un presídium tomado por la oposición, ante el presunto fraude electoral que le permitió resultar ganador; mientras la ceremonia del priista Enrique Peña, se realizó teniendo como telón de fondo la represión a la protesta civil masiva en contra de su ascenso, que se realizaba en los alrededores del mismo recinto.

Otra gran diferencia con sus antecesores inmediatos fue que tras tomar protesta como Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, López Obrador dirigió ahí mismo un discurso a los representantes populares, a invitados y a la nación en su conjunto, en el cual bajo un tono conciliador pero sin dejar de hacer las puntualizaciones sobre la crítica situación que atraviesa el país, refrendó los compromisos que han despertado una enorme expectativa entre los mexicanos: acabar con el México oprobioso de la corrupción, la impunidad, la pobreza, la desigualdad, la violencia e inseguridad, los privilegios, que durante los últimos 36 años han dejado los gobiernos orientados por el neoliberalismo.

Asimismo, en un hecho sin precedentes modificó el ostentoso ritual del presidencialismo mexicano, participando en la ceremonia de purificación de la investidura presidencial, en la que representantes de los pueblos originarios le dispensaron sus consagraciones y le entregaron el bastón de mando, en un templete colocado en la Plaza de la Constitución, frente a Palacio Nacional, la nueva residencia oficial del poder Ejecutivo Federal.

En sus discursos de aquel sábado, el presidente López Obrador subrayó los grandes males de México, iniciando por la política neoliberal; la corrupción que se convirtió en la principal función del poder político; el paupérrimo salario de los mexicanos; los déficits en la balanza comercial, señaladamente nuestras oprobiosas importaciones de maíz y petróleo; la migración obligada; la violencia; el robo de las riquezas de la nación por parte de los poderes político y económico.

De igual forma enunció sus 100 compromisos, de los cuales cabría rescatar la cancelación de la reforma educativa, la austeridad de la burocracia, no privatizar el agua, fijar el salario mínimo por encima de la inflación, contratación como aprendices de 2 millones 300 mil jóvenes, entrega de 10 millones de becas a estudiantes en todos los niveles de escolaridad, cien nuevas universidades públicas, créditos a la palabra para productores, evitar afectaciones al medio ambiente, castigar con cárcel los delitos electorales, revocación del mandato y no reelección, cancelar fueros, creación de la Guardia Nacional, respetar contratos y garantizar inversiones, construir una refinería y rehabilitar las existentes, construcción de los trenes maya y del istmo, así como el nuevo aeropuerto, creación de zona libre de 3 mil kilómetros en la frontera con Estados Unidos, cooperación con este país y con Canadá para promover el desarrollo económico en México y Centroamérica, convertir a la corrupción en delito grave y que el presidente de la república pueda ser juzgado aun estando en funciones, así como la creación de una comisión de la verdad que investigue el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la cual fue creada ayer.

Sustentado en el gran impulso popular que ningún mandatario nacional había tenido desde la época de Lázaro Cárdenas, López Obrador sentenció no tener derecho a fallar al pueblo, cuyo cumplimiento, habría que subrayar, dependerá en gran medida de que, en lo personal, su estatura sea la de un estadista no la de un redentor, mientras en lo social deberá crear y fortalecer el andamiaje institucional que paulatinamente frene la corrupción y la impunidad, rehabilite el estado de derecho y ponga freno a la violación sistemática a los derechos humanos, garantice producción amplia y distribución equitativa de la riqueza, evite la concentración y centralización del poder económico pero también del político, amplíe el debate público inclusivo. Esos serán los indicadores de que se está poniendo en marcha la Cuarta Transformación Nacional.

Cae eltelón del sexenio peñista

El gobierno federal que comenzó aquel 1 de diciembre del 2012, teniendo como antesala la represión a la sociedad civil que protestaba en las afueras del palacio de San Lázaro en la Ciudad de México, ante la inminente toma de protesta de Enrique Peña Nieto como titular del Poder Ejecutivo Federal, terminará en tres días con cifras que evidencian su fracaso en el combate a los tres problemas lacerantes que enfrenta el país: la corrupción, la desigualdad social y la inseguridad.

El problema de la corrupción marcó al propio presidente, a familiares cercanos, a subordinados del gabinete y a militantes del mismo partido político, que en su gran mayoría sobreviven bajo el manto de la impunidad; la que por cierto amenaza con dejar intacta el nuevo gobierno. Incluso en un hecho sin precedentes, el 11 de octubre de este año, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional contra posibles actos de investigación, iniciados por las autoridades locales en contra de funcionarios federales.

En ese tenor, baste citar el índice Global de Corrupción de febrero de este año, elaborado por Transparencia Internacional, en el cual México ocupa el lugar 135 de 180 países, observando una caída sistemática; es uno de los peores evaluados de América Latina, del grupo de las 20 economías más grandes y, de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El fracaso en el combate a la pobreza y la desigualdad social, tiene una vinculación directa con los magros resultados para el grueso de la población, de las denominadas reformas estructurales, que constituyeron la piedra angular del sexenio que fenece; asimismo este fracaso tiene una relación puntual con la insistencia en confundir de manera deliberada, entre políticas de desarrollo social y programas asistenciales, pues en lugar de generar riqueza suficiente y garantizar su distribución equitativa entre la población, el asistencialismo al amparo de instituciones como el DIF, lo único que ha garantizado ha sido que el número de pobres no disminuya, mientras se incrementa la dependencia de éstos de la ayuda gubernamental de coyuntura, que abre un amplio margen al manejo clientelar y electorero de la miseria.

El fracaso del gobierno federal saliente en el combate a la inseguridad es de dimensiones trágicas. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el sexenio termina con: 122 mil muertos, 37 mil desaparecidos y una tasa de impunidad del 98%; lo que pone en evidencia que las autoridades correspondientes, no sólo no avanzaron en la resolución de los innumerables casos heredados por la administración panista de Felipe Calderón, sino que durante este sexenio aumentó de manera considerable el número de víctimas; realidad a la que subyace la falta de profesionalismo, autonomía e imparcialidad de las fiscalías, otro punto medular en la agenda del nuevo presidente, que de no resolver en el corto plazo impedirá materializar la llamada cuarta transformación.

De modo que salir el presidente Peña Nieto a vanagloriarse en redes sociales por según él, haber cumplido el 97% de los compromisos hechos durante su campaña proselitista en 2012, resulta irrisorio e insultante para la población mayoritaria del país, que sigue enfrentando en su cotidianeidad las consecuencias de los graves problemas de corrupción, pobreza e inseguridad.

En consecuencia, estos son los tres grandes desafíos que enfrentará el nuevo Ejecutivo Federal. Le deseamos y exigimos claridad, imparcialidad, transparencia, sensibilidad, contundencia y legalidad para enfrentarlos; características de las que ha adolecido el gobierno saliente.