La violencia en las escuelas

La mañana del pasado viernes 10 de enero, un estudiante de primaria del Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, disparó en el interior del instituto educativo con dos armas hiriendo a compañeros y profesores, una de las cuales murió, para luego suicidarse el agresor; hecho que una vez más ha provocado un debate público sobre las causas y formas de enfrentar el asunto.

Se tenía el antecedente de la balacera ocurrida el 18 de enero del 2017, en el Colegio Americano de Monterrey, que igualmente provocó el asesinato de una profesora y el suicidio del menor agresor; como consecuencia de este hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había propuesto el establecimiento de un protocolo para la revisión de las mochilas de los estudiantes, eventual solución que ha quedado en el limbo y que ahora vuelve a formar parte de la discusión al respecto.

El tema de la violencia en las escuelas en México en los diferentes niveles educativos, es por demás vigente y su abordaje extraordinariamente complejo, de modo que exige un análisis que abarque los diferentes factores que le dan origen, por lo cual no basta con que las diferentes autoridades se focalicen en las manifestaciones de la enfermedad, una de las cuales por demás terrible, ha sido realizar una balacera en una institución educativa.

Entre los factores que habría que identificar y atender se encuentra la forma como actualmente se entiende y se asume el espacio público y, por ende, las formas de socialización que hoy predominan; pues en ambas cuestiones, prevalece un exacerbado individualismo y una apelación a la violencia para imponerse.

De acuerdo con esta lógica, en el espacio público es dable hacer lo que mejor le conviene al individuo para satisfacer sus intereses particulares, pudiendo apelar a la violencia en sus diversas formas, para triunfar sobre sus adversarios, sabiendo que sólo los más competitivos habrán de alcanzar el éxito, que se expresa esencialmente en la posesión de bienes materiales.

Esas concepciones se han convertido en una ideología, que dado su carácter hegemónico ya no necesita justificación, la sociedad en general la asume como válida y normal; esa ideología es transmitida y reproducida por los grandes monopolios de la comunicación a nivel mundial, mediante las vastas posibilidades que hoy la tecnología les permite, especialmente a través de las plataformas digitales.

Basta ver y escuchar los contenidos denominados de entretenimiento y deportivos que hoy ofertan dichas cadenas trasnacionales, incluida la programación en señal abierta que es la que más cobertura alcanza entre la población en general, cargados de violencia física extrema, misoginia, racismos, clasismo, prejuicios y estereotipos que justifican y normalizan la forma antes descrita de entender el espacio público y de socializar, para alcanzar el éxito individual y el reconocimiento colectivo.

Hay que subrayar que ese alimento inmaterial que se le administra a las personas de manera permanente, es recibido en contextos de extrema desigualdad social y de alejamiento del estado de derecho, por ende, donde priva la impunidad y la ley del más fuerte; esta involución a estadios primitivos contribuye a explicar que enfrentemos hechos de extrema violencia física, como la balacera en el colegio de Torreón.

De modo que intentar hacerle frente a ese grave problema mediante una revisión de mochilas de manera indiscriminada, no sólo constituye una violación a la privacidad y un paliativo contra los síntomas, sino una evidente ignorancia y un desdén por los factores estructurales que lo están determinando.

Nuevo conflicto entre Irán y EUA

Iniciamos el año 2020 en un entorno internacional convulso, luego de que el pasado jueves 2 de enero fue asesinado el general iraní, Qasem Suleimani, por órdenes del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump.

Es factible establecer dos razones fundamentales que han dado origen a las históricas confrontaciones entre ambos países: en primer lugar la lucha ideológica y cultural entre dos formas de entender al mundo, que se podría expresar como la lucha entre las civilizaciones occidental y oriental; en segundo lugar y no por ello menos importante, la intromisión de occidente en oriente con el objetivo de extraer bienes materiales y de obtener beneficios económicos.

Bajo esas claves habría que interpretar las sistemáticas injerencias de los gobiernos norteamericanos en países islámicos, destacando en el presente siglo la invasión a Irak en 2003, con el pretexto de que el régimen de Sadam Huséin, poseía armas de destrucción masiva con las que amenazaba la paz en occidente, y de que daba protección al terrorismo; argumentos que en un inicio resultaron verosímiles, en tanto estaba fresco el recuerdo del atentado a las torres gemelas de Nueva York en 2001, que se adjudicó el grupo islámico Al Qaeda.

La acusación sobre la existencia de dichas armas en Irak resultó una mentira, pero sirvió al gobierno de George Bush para eliminar a quien años antes había sido su aliado, precisamente en contra de Irán; al tiempo que pudo reivindicar su papel de máxima potencia militar. Asimismo, esa acción bélica le permitió sostener su intervención en el mercado petrolero, controlando las vastas reservas que existen allá y, por esa vía, en el negocio mundial de los hidrocarburos.

Hay que tomar en cuenta que en el actual contexto, Estados Unidos dispone de su alianza también histórica con el Reino Unido, con Israel y con Turquía; no obstante, gracias en mucho al trabajo político y militar que venía realizando el finado Suleimani, se ha establecido una alianza opositora en la que confluyen los gobiernos de Siria, Irán y Rusia entre otros países de la región, de tal forma que luego del asesinato del militar iraní, es previsible que esta última alianza se fortalezca, a pesar de las diferencias que enfrentan las diversas comunidades islámicas.

Asimismo, se puede inferir que habrá una reacción cruenta de Irán hacia Estados Unidos, que podría derivar en una guerra de dimensiones mundiales, a la luz de la personalidad iracunda, violenta y autoritaria del presidente Trump, quien no dudará en distraer la atención sobre el juicio político que se la ha iniciado en su propio país, por los delitos de abuso de poder y obstrucción al congreso norteamericano; al tiempo que intentará recuperar legitimidad entre los grupos más conservadores, vía la guerra contra sus presuntos enemigos históricos en oriente.

Ya advertía Samuel Huntington que estamos ante un choque de civilizaciones, con la singularidad de que en las actuales circunstancias al bloque occidental lo encabeza un desquiciado e irresponsable mandatario, que privilegia sus intereses económicos personales, familiares y de grupo; mientras en el otro bando se encuentran líderes ortodoxos, que arrastran el peso de una historia de conquista y opresión por parte de occidente.

Esta historia se sigue escribiendo, aunque con letras manchadas por la ignominia entre ambos mandos. La contraparte la deben representar los pueblos de ambas civilizaciones, que debieran manifestarse pública y masivamente en contra de más guerra y a favor de más convivencia constructiva.

El Partido Comunista Mexicano

Se cumple un siglo de la fundación del Partido Comunista Mexicano, acontecida el 24 de noviembre de 1919, cuyo principal legado fue su aporte a la formación de organizaciones de trabajadores del campo y de la industria, muchas de las cuales trascienden hasta nuestros días aunque con otro signo ideológico.

Desde su fundación, el PCM constituyó una auténtica alternativa ideológica y política, frente al sistema capitalista que ya se había cimentado en la sociedad mexicana de finales del siglo XIX, y que en la Constitución de 1917 el grupo encabezada por Venustiano Carranza plasmó como eje del desarrollo nacional, vigente hasta ahora.

Tomando en cuenta sus objetivos, el PCM fue un partido extraordinario en el sistema político nacional, pues su lucha no estuvo centrada únicamente en la conservación del poder, como fue el caso del PRI fundado 10 años después, ni en la consecución del mismo, como fue el caso del PAN fundado 20 años después.

El objetivo fundamental del PCM fue la formación de cuadros con una ideología comunista, impulsada desde la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que permitiera transformar las relaciones de producción y por ende finiquitar al capitalismo.

No obstante, su principal obstáculo siempre fue el gobierno de la república, pues a pesar de que en los primeros años de la posrevolución, logró convivir con el partido oficial en el sistema institucional, siempre fue visto con reticencias que durante la guerra fría se transformaron en total desconfianza, obligando a sus miembros a sobrevivir en la clandestinidad.

Sería hasta la reforma política materializada en el primer año del sexenio de López Portillo, cuando se reintegró a la vida institucional, aunque como tal vivió poco tiempo, pues dado el declive del bloque comunista fue necesaria su transformación, más de forma que de fondo, por lo cual mutó a PSUM y luego a PMS, el cual en 1989 cedió su registro para la fundación del PRD, del que surgiría en 2014 Morena, actualmente en el gobierno federal.

A los partidos políticos se les han asignado tareas importantes para la democracia liberal, como ser el vehículo principal para la postulación a cargos de representación, la integración y movilización de los diversos sectores sociales, limitar el gobierno de minorías, la articulación de demandas y su transmisión al gobierno, la elaboración de la agenda pública, la orientación de las preferencias de los ciudadanos, así como la representación de intereses.

Sin embargo, en la actualidad los partidos se han erigido en los actores principales en la esfera política, gracias a que de facto ostentan el monopolio de las candidaturas a cargos de representación, que les garantiza la disciplina y la lealtad de aspirantes y representantes, así como por el control que regularmente ejercen sobre afiliados y simpatizantes a través de prácticas corporativas y clientelares.

Este protagonismo de los partidos que se centraliza en sus élites dirigentes, también se expresa a través de su capacidad para determinar las prioridades en la agenda pública, dado el dominio que ejercen sobre los distintos ámbitos e instituciones gubernamentales, en cuya integración y evaluación participan directamente, de conformidad con las facultades que sus propios legisladores establecen.

Ante este escenario poco halagüeño para la salud democrática de México, es necesario subrayar la imperiosa necesidad que enfrentamos como nación, de disponer de un instituto político que efectivamente represente de nueva cuenta una alternativa y, por ende, un contrapeso a los actuales partidos, que de inicio sirva para deliberar de manera intensa y extensa, sobre otra forma de organización política y económica, la cual permita revertir los desastrosos resultados que para el grueso de la población, ha derivado el modelo capitalista hoy arropado en el neoliberalismo.

Golpe de Estado y Racismo en Latinoamérica

De vuelta el golpismo militar aqueja a Latinoamérica, arropado por el racismo heredado de los siglos en que la región vivió bajo el estatus de colonias; cuyo último episodio lo testimonia Bolivia donde se han violentado los poderes legal y legítimamente constituidos, imponiendo de facto a un gobierno títere de los intereses de la burguesía local y de los capitales trasnacionales.

El ex presidente Evo Morales, de origen nativo y formado en la lucha sindical, se vio obligado a renunciar a su cargo, luego de que un sector de las fuerzas armadas y de la policía local lo presionó para que dimitiera, bajo el argumento de que había violentado el proceso electoral del que resultó nuevamente electo; siendo significativo que días antes el secretario general de la OEA, Luis Almagro, proclive a las directrices del gobierno norteamericano, había descalificado dicho proceso cívico.

El desinterés por las formas propio de los gobiernos autoritarios, evidenció al presidente norteamericano Donald Trump, quien de formas inmediata se congratuló públicamente de la posición de las fuerzas armadas bolivianas, que fijaron el ultimátum a Morales para que abandonara el poder, lo que permite inferir una colusión al menos indirecta del ese gobierno en los deleznables hechos.

Las cifras del gobierno de Morales son elocuentes sobre el avance soberano de la nación andina, que paralelamente ha provocado el descontento de los sectores que históricamente han saqueado a la región: Bolivia pasó de ser uno de los países más pobres de América a ser la nación con el mayor crecimiento, incrementando su PIB en 400%; se nacionalizó el gas y el agua que habían sido privatizados; se construyeron tres fábricas de cemento, dos en el sector automotriz, 28 en el sector textiles, en tanto se crearon 12,694 cooperativas que permitieron socializar las utilidades del trabajo.

Asimismo, Bolivia se asumió como nación plurinacional, reconociendo la autodeterminación y cultura de los pueblos originarios; en ese sentido, la mitad de los cargos públicos fueron ocupados por mujeres, de las cuales el 68% son de población originaria; el salario mínimo aumentó en mil por ciento; se construyeron carreteras, hospitales, centro deportivos, escuelas, el analfabetismo pasó de 22.7% a 2.3%; el nuevo orden jurídico otorgó derechos a los trabajadores, a los campesinos, a los estudiantes, a las mujeres y a los pueblos autóctonos; en ese marco, se creó la pensión para los adultos mayores y se estableció un bono para los estudiantes.

El gobierno de Morales ejerció el poder tomando en cuenta a los movimientos sociales, fue un gobierno promotor de la cultura y del respeto al medio ambiente; de modo que para las oligarquías locales y para los capitales extranjeros, el avance de los sectores más pobres bajo un gobierno con gente del pueblo, ha significado su derrota económica y cultural, ante lo cual no han cejado en emprender acciones para derrocar de cualquier forma a ese contrapeso político.

Dos datos más del gobierno de Morales contribuyen de manera significativa a explicar el golpe de Estado en Bolivia: la desaparición de las ocho bases militares que EUA tenía en esa nación, así como la construcción de 12 fábricas de litio y el acuerdo comercial con Alemania y China para explotar ese recurso, cuyas reservas más grandes del mundo posee la nación andina y que le están dotando de grandes recursos económicos; ambas acciones han merecido la reprobación del gobierno de Estados Unidos.

El nuevo gobierno interino encabezado por una mujer rubia artificial, ha propinado múltiples agravios a los sectores inconformes, sobresaliendo la represión física que ha derivado en muertes, sin que en este caso los organismos multinacionales se hayan pronunciado al respecto; incluso ese gobierno se ha dado tiempo para externar su pena por el gobierno mexicano que otorgó asilo político a Morales, cuya vida estaba en peligro.

El camino para el ex mandatario de Bolivia, junto con el grueso de la población que lo ha apoyado, es seguir la lucha política y diplomática; pues la militar está perdida mientras el gobierno golpista siga contando con el apoyo de la principal potencia militar del mundo, a quien dicho sea de paso, le urge sostener y generar conflictos bélicos.

Asimismo, es menester destacar que Morales dispone para esa lucha de un gran capital político y moral, pues justo es reconocer que se está hablando de un mandatario que no acumuló riquezas materiales, como maliciosamente se sigue insistiendo en medios conservadores afines a los usurpadores, y en cambio sí cumplió con el mandato de atender los interese de quienes lo habían elegido.

Violencia vs política

Si bien la violencia en sus diversas manifestaciones ha estado presente en toda organización humana, siendo interpretada y sancionada de acuerdo con las valoraciones culturales y jurídicas de cada sociedad, cabe observar que desde hace varias décadas ha venido ocupando un lugar preponderante en la vida social, a la luz de múltiples y complejos fenómenos.

Entre esos fenómenos habría que destacar el desarrollo científico y tecnológico, que asociado al armamentismo ha multiplicado las capacidades destructivas, como lo ilustran los actuales conflictos bélicos entre comunidades y naciones.

Asimismo, ese desarrollo aplicado a la comunicación masiva, ha hecho posible la existencia de internet y por ende de las plataformas digitales, en cuyos vastos contenidos con altas dosis de violencia que oscila entre lo sutil y lo burdo, permanecen inmersas las generaciones contemporáneas.

Para naciones como México, es factible sumar el fenómeno de la histórica desigualdad social cada vez más acentuada, el cual explica que en la violencia asociada con la inseguridad pública que enfrentamos desde hace varios lustros, estén inmersos amplios sectores sociales, particularmente los que han venido quedando al margen del desarrollo y del bienestar.

En este contexto y parafraseando al filósofo alemán Theodor Adorno, la extrema violencia vista como normalidad continúa siendo la patología moral más extendida en nuestro siglo, dado que en esa condición se suelen asumir las más aberrantes atrocidades que pueda producir el ser humano, como los asesinatos, los secuestros, las discriminaciones y, en general, las violaciones a los derechos humanos, que invariablemente se repiten en diferentes latitudes.

Ante ello, el monopolio sobre el uso de la violencia legítima para la conservación de la paz, que postulara Max Weber, como atribución esencial de la estructura del Estado, ha venido perdiendo vigencia en contextos como el mexicano, pues el recurso de la violencia tanto concreta como simbólica, es generada por diversos actores para imponer un orden, sin que en muchos casos la sociedad cuestione su validez.

De cara a este panorama que obstaculiza la convivencia constructiva en nuestro país, es de vital importancia el desarrollo del movimiento asociativo autónomo, entendido como el conjunto de relaciones sustentadas en la reciprocidad que se articula en las asociaciones civiles, mediante las cuales se pone de manifiesto tanto la cultura cívica de la población, como su capacidad para organizar, articular y gestionar la atención de sus demandas e intereses.

Como lo ha probado la evidencia empírica incluso en nuestro país, la calidad del asociacionismo incide de manera directa en la salud pública, así como en la calidad de sus gobiernos. Frente a la vía de la violencia y del golpismo, la política constituye el mejor mecanismo para ganar voluntades, de modo que es preciso que los pueblos hagan más política a partir de una mayor y mejor información.

Revocación de Mandato

La Revocación de Mandato ha sido incorporada a nuestra Constitución Federal, luego de que el pasado 15 de octubre el Pleno del Senado, con base en la minuta que le había enviado la Cámara de Diputados, aprobó por mayoría calificada el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones sobre la materia, incluida la Consulta Popular, cuya ley había sido expedida en 2014 y que deberá ser armonizada con esta última reforma constitucional.

La Revocación de Mandato es un mecanismo de democracia directa, que puede ser solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo, de un representante popular que ha perdido la confianza de los representados; razón por la cual se convoca al electorado para que decida al respecto mediante votación libre, directa y secreta.

En el dictamen del Senado se especifica que el procedimiento podrá ser invocado para los casos del Presidente de la República, de los gobernadores y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en una sola ocasión durante su ejercicio de gobierno, en tanto su realización no podrá coincidir con elecciones federales ni locales; lo cual es saludable a fin de no mezclar y por tanto confundir objetivos.

Como condicionantes se establece que será el Instituto Nacional Electoral el facultado para activar el procedimiento, a petición de al menos el tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores (actualmente alrededor de 2.7 millones), que deberán estar distribuidos en por lo menos 17 entidades federativas, que a su vez representen como mínimo al tres por ciento de la referida lista de cada una de esas entidades. Asimismo, para que el proceso de Revocación de Mandato sea válido, deberá participar al menos el 40% de las personas inscritas en dicha lista; en caso de solicitar la activación del proceso para el actual Ejecutivo Federal, se verificaría en los dos primeros meses del 2022.

En el supuesto de haberse revocado el mandato al Presidente de la República, la titularidad del Ejecutivo la asumirá provisionalmente quien ocupe la presidencia del Congreso de la Unión; debiendo el Poder Legislativo nombrar al sustituto dentro de los 30 días siguientes, para que concluya lo que reste del periodo constitucional de seis años.

Para el caso de los gobernadores, igualmente el proceso podrá ser solicitado durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de gobierno, por un número equivalente al diez por ciento de la Lista Nominal de Electores de la entidad correspondiente, y que ostenten representación de la mitad más uno de los municipios o alcaldías respectivos.

Con la entrada en vigor de esta ley se otorga a los ciudadanos el derecho de retirar del cargo de representación popular, a quien presumiblemente no esté cumpliendo su tarea; es decir, hay una apelación a la dimensión sustantiva de la representación política, que implica tomar en cuenta el impacto del trabajo del representante en la calidad de vida de los representados, sin tener que esperar un sexenio.

Sin embargo, el mecanismo aprobado adolece de un procedimiento de evaluación institucional, que garantice la vinculación entre los compromisos adquiridos durante las campañas electorales y a través de los planes de gobierno, con los resultados que los representantes van obteniendo, de modo que la Revocación de Mandato corre el riesgo de quedar sujeta sólo a percepciones sin fundamento objetivo.

Finalmente, cabe subrayar que los poderes legislativos no deben legislar para complacer necesidades de los ejecutivos en turno, por lo cual esta ley no se debería invocar para el actual Presidente de la República, quien la ha impulsado para ser aplicada en su mandato.

Laicidad del Estado Mexicano

El carácter laico del Estado Mexicano es objeto de discusión una vez más, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador apelara al cristianismo, al hablar de la justicia social que su gobierno promueve. Ante integrantes de la etnia Mayo, en la localidad de Etchojoa, Sonora, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que su gobierno trabaja para conseguir mejores condiciones de vida para los más pobres, lo cual subrayó es humano, es justicia social, es cristianismo; con lo cual el mandatario pareció olvidar lo que le mandatan los artículos 40 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de laicidad del Estado y separación entre éste y las iglesias.

La apelación al cristianismo del jefe del Estado Mexicano es reprobable en términos jurídicos pero también sociales; en este último sentido, habría que destacar que por definición todas las identidades implican exclusión, la cual han puesto en evidencia varios representantes de ese credo, al asumir una posición intolerante censurando por ejemplo, a quienes luchan a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, a quienes optan por diferentes géneros, o a quienes se han pronunciado a favor de legislar sobre el consumo de drogas.

La apelación pública de López Obrador a esa doctrina religiosa resulta por demás reprochable, pues tanto dirigentes del cristianismo como de otros dogmas religiosos, han probado ser los menos autorizados para cuestionar las diferencias y presumir de una vida ejemplar, ya que son innumerables los casos en que se han visto involucrados en hechos de pederastia, de corrupción, gozando de escandalosos privilegios sin rendir cuentas, de complicidades con presuntos delincuentes, entre otros.

En política no hay casualidades, de modo que es dable identificar una clara intencionalidad del Presidente de la República, de obtener respaldo social a través de la apelación religiosa, lo que ya hizo desde la campaña electoral al coligarse con el Partido Encuentro Social, que en su momento congregó a los más conservadores de las iglesias cristianas.

Hasta en la selección del contexto se cometió un agravio a la vida pública, pues no se puede pasar por alto que han sido las comunidades errónea y denigrantemente denominadas indígenas, las que desde hace más de quinientos años han sido ofendidas y manipuladas por el cristianismo.

Nuestra historia nos ha dado innumerables lecciones del beneficio social de separar al Estado de las iglesias, el contexto internacional del siglo XXI hace lo propio, al alertarnos sobre las graves consecuencias que para la humanidad han traído los gobiernos conservadores, dogmáticos e intolerantes, basta mirar hacia Argentina, Brasil, Chile, Perú e incluso Ecuador, sin que México pueda quedar al margen.

De tal forma que el Ejecutivo Federal debe demostrar con hechos ser juarista, absteniéndose de fomentar divisiones y llamando no sólo a la tolerancia, sino a desarrollar una convivencia constructiva a partir de nuestras saludables diferencias, a que las iglesias respeten los derechos humanos. Ética y Estado sí, dogma religioso y Estado no.

A propósito de sindicalismo en México

A lo largo del siglo XX y hasta nuestros días, el sindicalismo en México ha sido tanto el producto de auténticos liderazgos sociales, como el espacio donde han florecido esos liderazgos, que han luchado a favor de la democracia en el interior de sus organizaciones, por la justicia laboral y por la obtención de más y mejores prestaciones sociales, así como por la consolidación de una vida institucional que dé certeza a los trabajadores frente a los patrones.

En ese sentido, podemos recordar a dirigentes que han dignificado al sindicalismo, como los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, impulsores de las huelgas de Cananea y de Río Blanco, que fueron detonantes de la Revolución Mexicana; así mismo a los líderes ferrocarrileros Demetrio Vallejo y Valentín Campa, luchadores sociales incansables.

En esa tesitura, habría que recordar no sólo a personas sino a movimientos sindicales que sentaron precedentes a favor de los trabajadores, como el de los telegrafistas, el de los médicos, el Movimiento Revolucionario del Magisterio, y las luchas del gremio petrolero, entre otros, que en su momento representaron un dique a la intromisión y al autoritarismo de los gobiernos en turno.

Sin embargo, el sindicalismo independiente en México ha enfrentado al corporativismo de Estado, que históricamente ha implicado el control de los trabajadores mediante la imposición de dirigencias, las cuales a cambio de prebendas y privilegios básicamente de orden económico, han servido para garantizar respaldos electorales, así como para subordinar los intereses de los trabajadores al capital.

La segunda mitad del siglo XX, con la llegada de la visión liberal a los gobiernos de la república, aporta innumerables ejemplos de este tipo de dirigencias sindicales, integradas de manera corporativa a partidos políticos, que además de no representar los interese básicos de la clase trabajadora, se han dedicado a acumular fortunas económicas, ya mediante la apropiación de la cuotas sindicales sin la debida rendición de cuentas, ya a través de negocios legales e ilegales, por la venta de contratos y mediante la obtención de diversas prebendas de usufructo personal y grupal, incluidos los cargos de representación popular, bajo el cobijo de los gobiernos respectivos.

El caso de Carlos Romero Deschamps, ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, embona perfectamente en el prototipo de dirigente sindical antes descrito, que ha gozado de la impunidad que le otorgaron cinco ex presidentes de la nación, y que ahora enfrenta varias demandas judiciales.

Esta caída del líder sindical hace recordar lo que en su momento le pasó a Joaquín Hernández Galicia, en el inicio del sexenio de Carlos Salina de Gortari, o a Elba Esther Gordillo Morales, en el comienzo del mandato de Enrique Peña Nieto, quienes además de ostentar cuentas pendientes al menos en materia de democracia sindical, fueron encarcelados luego de desafiar al mandatario en turno.

Más allá de cuál sea el paradero de Romero Deschamps luego de enfrentar a la justicia, sería deseable que el gobierno de la Cuarta Transformación, desde su ámbito de competencia, impulsara, garantizara y consolidara la democracia en el seno de las organizaciones de los trabajadores, así como un auténtico ejercicio de rendición de cuentas de las dirigencias gremiales a las bases.

El sindicalismo no debe estar a discusión, lo que se debe debatir y exigir es la garantía de su autonomía con trasparencia, para beneficio de los representados.

El legado de Miguel León Portilla

El pasado 01 de octubre, a los 93 años de edad, murió Miguel León-Portilla, filósofo, historiador y antropólogo que deja para la humanidad una invaluable obra académica sobre el pensamiento y la literatura náhuatl. Gracias a sus aportaciones junto con las de investigadores como el sacerdote Ángel María Garibay y el arqueólogo Manuel Gamio, ha dejado de prevalecer la narrativa hispánica según la cual, Mesoamérica era la tierra donde sólo se cultivaba maíz, se hacían sacrificios humanos y se jugaba pelota.

León Portilla emprendió una amplia labor de investigación científica, con el objetivo de entender y revaluar a la cultura náhuatl precortesiana, cuya profundidad le permitió cubrir a la que sobrevive hasta nuestros días, tomando en cuenta que a la fecha son más de un millón y medio de compatriotas que tienen a esa lengua como materna, por lo cual en forma paralela impulsó la educación rural bilingüe, como parte de la defensa de los derechos de las poblaciones originarias.

Sus contribuciones en materia de filología náhuatl son inconmensurables, en cuyo marco destacan sus obras ya clásicas: La Filosofía Náhuatl, escrita en 1956, y La Visión de los Vencidos, escrita en 1959 y que ha sido traducida a 15 idiomas, en la cual se describen diversos hechos sobre la conquista española desde la perspectiva de los conquistados, que parten de las premoniciones de Moctezuma hasta los Cantos Tristes, luego de la caída de Tenochtitlán.

Su vasta obra recoge y estudia las creencias, las tradiciones y el pensamiento de culturas prehispánicas; en ese sentido, revela la existencia de la filosofía azteca mediante un acercamiento al objeto de estudio, que inicia con el aprendizaje del náhuatl, para luego analizar la poesía, la pintura, la escultura y la oralidad que evidencian la riqueza de esa civilización, dotada de una ética sobre la vida cotidiana, de una estética y de una erótica; poseedora de una visión sobre el quehacer humano ligado de manera armónica al cosmos, sin las ataduras de la visión teológica sobre un mundo que terminará.

A unos días de haber conmemorado el Día de la Raza, al cual le sobrevive el debate sobre el eufemísticamente denominado encuentro de dos mundos, con que desde la ONU se ha pretendido matizar el proceso de conquista violenta y sanguinaria de los españoles que llegaron a América; sería bueno recordar que León-Portilla defendió la autonomía de los pueblos autóctonos, como fundamento para la comprensión de nuestro pasado. En ese marco, al igual que su tío Gamio, LeónPortilla sostenía que los gobernantes debían conocer los orígenes de México, para poderlo comprende y gobernar.

En suma, León-Portilla ha contribuido a reivindicar el valor de las civilizaciones prehispánicas, destacando su valor simbólico de dignidad y de orgullo por lo que fuimos y que en alguna medida trasciende hasta el siglo XXI; de modo que más allá de los discursos protocolarios alrededor de la vida y la obra del humanista, sería loable que los gobernantes asumieron la recomendación de estudiar la historia de México, desde la visión de los conquistados, y que las autoridades educativas garantizaran el acercamiento de niñas y niños de educación básica a ese conocimiento y a esa lengua; en lugar de estar tan ocupadas en imponer a los estudiantes el aprendizaje del idioma inglés, que los va distanciando cada vez más de sus orígenes, y por cuya vía, se sigue facilitando la conquista cultural bajo la cual hoy nos dominan las naciones hegemónicas.

Las escuales normales rurales

Han pasado cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Chilpancingo, Guerrero, sucedida aquella noche del 26 de septiembre del 2014, que dejó como saldo más de 180 víctimas directas de violaciones a derechos humanos, y alrededor de 700 víctimas indirectas, tomando en cuenta los núcleos familiares de las y los agraviados.

El caso Ayotzinapa es emblemático de la crisis de violaciones a derechos humanos e impunidad por la que atraviesa México desde hace varias décadas, pero que se ha profundizado desde los primeros lustros del presente siglo, frente a una sociedad civil que en general parece indiferente y adormecida, ante hechos que laceran lo más básico de nuestra condición humana.

No obstante, esos hechos cruentos y las investigaciones que pudieron efectuar tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como particularmente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han permitido identificar y dimensionar diversos elementos que resultan significativos, como la combativa y digna lucha de los familiares de los desparecidos, la solidaridad y movilización de los compañeros de los jóvenes victimados, la intervención de periodistas y defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales, la manipulación de los hechos para intentar imponer una verdad que se ha ido desmoronando, así como el origen estudiantil de los desaparecidos y la historia de lucha de las Escuelas Normales.

En esta última cuestión interesa detenerse, en el marco de la reciente aprobación de tres leyes secundarias en materia educativa, por parte del Senado de la República, que fueron enviadas al Ejecutivo Federal para su publicación; pues resulta prioritario reivindicar a esas escuelas normales rurales, que desde su creación en el gobierno de Plutarco Elías Calles, y con el firme impulso durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, han contribuido a impartir educación en las zonas más pobres del país.

Los problemas que debían atender esa escuelas persisten, particularmente el de hacer frente a la carencia de instrucción en las poblaciones rurales marginadas, de modo que se justificar su permanencia y fortalecimiento.

En contraparte, existen evidencias de los intentos de los últimos gobiernos federales por desaparecerlas, dado su origen combativo y de ser formadoras de conciencia crítica.

Es fundamental por tanto romper el ciclo de demandas, protestas y represiones en que históricamente han estado inmersos los estudiantes y los profesores de las normales rurales, ante carencias presupuestales, de infraestructura y de contenidos curriculares.

La pobreza, la marginación y la falta de educación de calidad persisten en el ámbito rural nacional, de ahí la urgencia de que esas escuelas normales sean fortalecidas con la nueva reforma educativa nacional.