A CONTRA CORRIENTE / La vinculación entre representantes y representados

Aún está en disputa interna la designación de las y los candidatos que los partidos políticos postularán para ocupar los 20, 868 cargos de representación popular, que se votarán el próximo seis de junio; no obstante, las filtraciones en los medios informativos sobre listas previas, han bastado para que circulan múltiples comentarios, especialmente en plataforma digitales, desaprobando nombres en función del descredito público de algunos aspirantes, o por ser desconocidos para los potenciales votantes.

Más allá de la ecuanimidad que se pueda reconocer a muchos de esos comentaristas, resulta pertinente reflexionar sobre la forma y los requisitos que debieran mediar la postulación de aspirantes a cargos de representación ciudadana, pues es mucho lo que ellos deciden sobre el futuro de la nación en su conjunto.

En ese sentido, el primer requisito que debiera satisfacer todo aspirante, es cumplir con una auténtica vinculación con quienes representará, la cual no se debería sustentar con la simple residencia, sino que debiera estar supeditada a la comprobación de trabajo comunitario.

De este modo, serían los propios residentes de la comunidad específica quienes promoverían las candidaturas. Algo parecido a lo que hoy se solicita a los candidatos independientes, salvo que a estos no se les requiere evidencia de trabajo comunitario previo. A diferencia de lo anterior, lo que hoy prevalece es una postulación desde la cúpula de los partidos, en muchos casos, sin reparar en el historial público del aspirante, en tanto se prioriza la disciplina del candidato a la dirigencia que lo postula.

Otro requisito fundamental debiera ser que los representados pudieran realizar una evaluación objetiva previa, sobre el desempeño de quienes pretendieran reelegirse, pues como en toda labor pública, deben ser los resultados avalados por los beneficiarios, los que sustenten la permanencia en el cargo. Sin embargo, lo que hoy ocurre es que la cúpula del partido político decide si un representante será nuevamente postulado al cargo, con base en la referida disciplina.

En cuanto a la permanencia en el cargo, debiera existir la posibilidad de que a todo representante popular que no rinda cuentas periódicas, sobre el trabajo que presumiblemente está realizando, se le pudiera revocar el cargo; ya que durante su mandato, se suele distanciar de los representados o, en el mejor de los casos, establece contacto para presentar informes anuales con base en metas que se auto fija, sin que haya forma de que los presuntos beneficiarios valoren y sancionen con oportunidad lo que se les está informando.

Bajo el actual modelo, los representantes saben que la rendición de cuentas la deben presentar a la dirigencia del partido que los postuló, y que además son inamovibles durante la vigencia del mandato, pudiendo separarse del mismo antes de concluido para obtener otra nominación, al margen de la opinión de quienes le votaron.

Requisitos como honorabilidad, honestidad, observancia de la ley, conocimiento de los problemas y las necesidades locales, regionales y nacionales, así como capacidad de conciliación de intereses en conflicto, debieran ser puntualmente reglamentados, pues resulta irónico que mientras se ensalza

la especialización del conocimiento para el ejercicio de funciones de gobierno, los únicos que no requieren especialización alguna para ocupar un cargo público son los representantes populares. Desde hace décadas, en varios estudios de opinión se ha puesto en evidencia la crisis de legitimidad que enfrentan los partidos y la propia figura de la presentación política, lo cual se explica en gran parte por el divorcio entre representantes y representados que el propio modelo propicia.

De modo que si la clase gobernante quisiera promover al menos la participación electoral, debiera comprometerse a replantear el paradigma, comenzando por restituir a la ciudadana el derecho a decidir sobre quién quiere que le represente y bajo qué objetivos; pues por ahora las tareas de representar, legislar y servir de contrapeso, se cumplen de manera muy deficitaria para la ciudadanía en general.

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