A CONTRA CORRIENTE /

La profesionalización en el sector público ha sido un proceso que ha permeado prácticamente a todos los gobiernos democráticos en el mundo, a lo largo del siglo XX y de lo que llevamos del XXI, lo que se ha traducido en el arribo a las burocracias gubernamentales de los técnicos, es decir, de los especialistas en las distinta áreas de la administración pública, formados en universidades públicas y privadas.

Este proceso de especialización en el ejercicio de la función pública, al que el teórico alemán Max Weber dedicó amplios estudios, tiene como antecedente fundamental el servicio civil inglés, propio del Estado moderno, lo que implica que está sujeto a la ley, y que todo ciudadano tiene el derecho de acceder al cargo con base en el mérito profesional, comprometiéndose a cumplir con las obligaciones de ley y responder por su incumplimiento.

El servicio civil está basado en el principio del mérito profesional, que ha implicado que los servidores públicos no dependan de la voluntad o el favor del jefe en turno para su llegada, ascenso y permanencia en el cargo.

Asimismo, la situación laboral está supeditada a evaluaciones transparentes y periódicas, las relaciones con las esferas del gobierno están reglamentadas, las obligaciones nítidamente establecidas, los derechos laborales a salvo y son responsables, es decir, rinden cuentas por lo que hacen o dejan de hacer. El tema vuelve a tener relevancia en nuestro país a propósito del nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán, como Embajador de México en Estados Unidos de América, luego de ocupar la titularidad de la Secretaría de Educación Pública.

Para obtener ambos cargos, le ha bastado su relación personal con el presidente de la república, sin que se deba dejar del lado el hecho de que entre 2002 y 2018, formó parte del Grupo Salinas, donde ocupó la presidencia de la Fundación Azteca. Lo reprobable del caso para las políticas públicas respectivas, es que el ahora embajador extraordinario y plenipotenciario en el vecino país del norte, carece de una trayectoria profesional que lo avale para el desempeño del cargo, y si bien eso no le impide asumir la tarea, lo lamentable es que teniendo un amplio equipo de expertos en la propia cancillería, se soslaya a ese capital humano para favorecer a alguien que, en el mejor de los escenarios, llega para aprender.

De modo que lejos de impulsar a plenitud el servicio civil de carrera en la administración pública federal, con los beneficios antes señalados, el gobierno de la nación, como la mayoría de los estatales, desdeña esta iniciativa que daría autonomía, certeza y transparencia a la administración de lo público, evitando la improvisación, la discrecionalidad y la opacidad en el ejercicio de gobierno.

Esta es una de las reformas administrativas que necesita el país, para los tres poderes y órdenes de gobierno, si de verdad se quiere combatir la corrupción, con una perspectiva de Estado de Derecho y, sin disimulaciones. Desafortunadamente para la ciudadanía, este no es un tema en la agenda de los partidos políticos, eso sí, prestos para las campañas proselitistas ya en curso.

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