Nuestro poder judicial

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El pasado 03 de octubre Eduardo Medina Mora presentó una carta de renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante que su periodo debía concluir en 2030; la dimisión se da en el marco de la investigación que le sigue la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, luego de que recibió transferencias bancarias millonarias entre 2016 y 2018, presuntamente con recursos de procedencia ilícita.

El hecho nos remite al devenir contemporáneo del Poder Judicial Federal, cuya imparcialidad e incluso profesionalismo han sido puestos en tela de juicio en varias ocasiones, circunstancia que habría obligado al ex presidente Ernesto Zedillo a emprender una reforma constitucional para renovar a dicho poder.

En ese sentido cabe observar que sin una carrera judicial y sólo ostentando una licenciatura en Derecho, Medina Mora alcanzó el carácter de Ministro durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, destacando en su historia laboral su paso por dependencias policiales donde tomó decisiones altamente polémicas, como haber liberado 73 millones de dólares asegurados a Raúl Salinas de Gortari.

El hoy investigado ha sido un servidor público complaciente y comedido con los intereses políticos y económicos de sus jefes: durante el sexenio de Vicente Fox se desempeñó como Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el centro de espionaje político; luego en 2005 el guanajuatense lo designó Secretario de Seguridad Pública.

En el gobierno de Felipe Calderón ocupó la titularidad de la Procuraduría General de la República, cuando ese gobierno declaró la guerra al narcotráfico; luego lo abrigarían enviándolo como embajador en el Reino Unido. Enrique Peña lo hizo embajador de México ante Estados Unidos, ratificación que se retrasó varios meses, para finalmente en 2015 ser elegido Ministro, con un Congreso dominado por el PRI.

En su paso por la Corte defendió casos en los que estaba involucrado el círculo del ex presidente Peña Nieto; una de sus últimas decisiones fue otorgar una suspensión al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, que prohíbe al Congreso local sancionarlo no obstante haber utilizado en 2017, a empleados de su administración para recolectar firmas de apoyo a su candidatura presidencial; lo cual nos habla de los apoyos que habrían estado detrás de esa mal llamada candidatura independiente.

El caso de Medina Mora pone en evidencia diversas debilidades que aquejan al Poder Judicial de la nación y que como sociedad civil nos deberían ocupar, entre ellas el que la separación de poderes en México es una quimera, pues el Judicial no cumple el papel de contrapeso que está previsto en nuestra Constitución.

Lo anterior es consecuencia esencialmente de la manera como se conforma el poder Judicial, pues el procedimiento correspondiente permite a los otros dos poderes ser parte fundamental, de modo que los ministros arriban al cargo con un conflicto de intereses.

Eso es lo que se debería atender si en verdad se quiere un sistema político de frenos y contrapesos efectivo, a favor de la imparcialidad y el profesionalismo. En ese tenor, es exigible que el asunto del ex ministro se investigue con transparencia y apego a derecho, y que no se vaya a tratar sólo de un llamarada, o pero aún, de una amnistía de facto, de un perdón a cambio de su salida, que le permitirá al nuevo gobierno federal colocar una ficha más en ese poder.

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