Las escuales normales rurales

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Han pasado cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Chilpancingo, Guerrero, sucedida aquella noche del 26 de septiembre del 2014, que dejó como saldo más de 180 víctimas directas de violaciones a derechos humanos, y alrededor de 700 víctimas indirectas, tomando en cuenta los núcleos familiares de las y los agraviados.

El caso Ayotzinapa es emblemático de la crisis de violaciones a derechos humanos e impunidad por la que atraviesa México desde hace varias décadas, pero que se ha profundizado desde los primeros lustros del presente siglo, frente a una sociedad civil que en general parece indiferente y adormecida, ante hechos que laceran lo más básico de nuestra condición humana.

No obstante, esos hechos cruentos y las investigaciones que pudieron efectuar tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como particularmente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han permitido identificar y dimensionar diversos elementos que resultan significativos, como la combativa y digna lucha de los familiares de los desparecidos, la solidaridad y movilización de los compañeros de los jóvenes victimados, la intervención de periodistas y defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales, la manipulación de los hechos para intentar imponer una verdad que se ha ido desmoronando, así como el origen estudiantil de los desaparecidos y la historia de lucha de las Escuelas Normales.

En esta última cuestión interesa detenerse, en el marco de la reciente aprobación de tres leyes secundarias en materia educativa, por parte del Senado de la República, que fueron enviadas al Ejecutivo Federal para su publicación; pues resulta prioritario reivindicar a esas escuelas normales rurales, que desde su creación en el gobierno de Plutarco Elías Calles, y con el firme impulso durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, han contribuido a impartir educación en las zonas más pobres del país.

Los problemas que debían atender esa escuelas persisten, particularmente el de hacer frente a la carencia de instrucción en las poblaciones rurales marginadas, de modo que se justificar su permanencia y fortalecimiento.

En contraparte, existen evidencias de los intentos de los últimos gobiernos federales por desaparecerlas, dado su origen combativo y de ser formadoras de conciencia crítica.

Es fundamental por tanto romper el ciclo de demandas, protestas y represiones en que históricamente han estado inmersos los estudiantes y los profesores de las normales rurales, ante carencias presupuestales, de infraestructura y de contenidos curriculares.

La pobreza, la marginación y la falta de educación de calidad persisten en el ámbito rural nacional, de ahí la urgencia de que esas escuelas normales sean fortalecidas con la nueva reforma educativa nacional.

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