La amenaza arancelaria de Trump

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El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, ya arrancó su campaña proselitista pretendiendo ser reelecto en 2020; y como lo hiciera hace tres años en su primera travesía electoral por el mismo cargo, decidió que México le sirviera de plataforma para convencer al voto conservador, que representa más de la mitad del padrón.
En esta ocasión optó por vincular dos temas, los aranceles y la migración, los cuales son de gran interés para dichos votantes, particularmente para los empresarios que inciden de manera significativa sobre los integrantes del colegio electoral, pues hay que recordar que el sistema norteamericano es de elección indirecta.
Con esos dos ejes temáticos externados en calidad de intimidaciones, Trump trata por un lado de obstaculizar la entrada de productos extranjeros al mercado interno, en clara violación a los tratados internacionales en la materia; por otra parte, con el segundo aspecto toca una fibra muy sensible para la sociedad norteamericana, pues gran parte de ella lo viene asociando con el tema de la seguridad nacional.
De modo que comercio, aranceles y migración ya se convirtieron en parte sustantiva de su campaña partidista, alrededor de los cuales recientemente amenazó al gobierno mexicano de que, si no frenaba inmediatamente el flujo migratorio de Centroamérica hacia la vecina potencia, impondría aranceles ascendentes a los productos que México exporta hacia aquel país.
La respuesta pronta del gobierno mexicano se desplegó en dos frentes: uno interno, convocando a manifestaciones públicas para externar el rechazo a tales medidas; y otro externo que consistió en solicitar una mesa de discusión entre representantes de ambos países, a fin de encontrar una solución negociada.
Con base en lo que hasta hoy han hecho público ambos gobiernos, México aceptó desplegar de inmediato a miles de integrantes de la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país, a fin de inhibir y contener a los migrantes, en tanto recibirá y mantendrá a los solicitantes de asilo al gobierno norteamericano, hasta que sean resueltas las solicitudes. A cambio, la administración de Trump pospondrá la concreción de sus amenazas arancelarias, cuya ejecución quedó supeditada a los resultados que vaya obteniendo México en materia migratoria.
De lo anterior se puede deducir que quien fijó la agenda, los tiempos y los
alcances de la presumible negociación fue precisamente Trump, aceptando el
gobierno mexicano por la vía de los hechos, convertirse una vez más en
trampolín del aspirante a la Casa Blanca, en esta ocasión en calidad de reelecto;
pues no se tuvo la capacidad de escindir los temas, exigir el cese de las
amenazas haciendo valer el derecho internacional, ni colocar en la agenda el
tema del desarrollo regional, que según se nos había dicho, sería la principal
estrategia del gobierno federal para frenar el flujo migratorio hacia nuestra
frontera sur.
Antes de celebrar la suspensión del chantaje electoral de Trump, el gobierno de
la república debería replantear su posición y las estrategias al respecto, pues
con el respaldo del Senado y de los gobernadores, y apelando a sus buenas
relaciones con los gobiernos de la región, de manera conjunta deberían exigir al
gobierno norteamericano un compromiso explícito y por escrito con la inversión
productiva en la región, que rebase la coyuntura electoral de aquel país; de lo
contrario, los adversarios internos y los aduladores externos seguirán exhibiendo
al gobierno nacional como débil, e incapaz de enfrentar a la potencia
norteamericana.

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