A CONTRA CORRIENTE / Plan nacional de paz y seguridad

Nuestra forma de gobierno de carácter republicana, tiene como uno de sus principios esenciales la división de poderes, que históricamente ha tenido como premisa establecer frenos y contrapesos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, de modo que en los hechos funcionen como diques a la concentración de atribuciones y facultades en un solo poder.

De cara a este principio fundamental de los gobiernos democráticos, llama la atención que en el Plan Nacional de Paz y Seguridad del Ejecutivo Federal, que iniciará funciones el próximo 1 de diciembre, se contemple la puesta en marcha de una Guardia Nacional Militar para las tareas de seguridad pública; pues su diseño institucional implicará una extraordinaria concentración de poder en la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la claudicación a la esencia civilista, prevista en el artículo 21 de la Constitución para las instituciones de seguridad pública; no obstante que el mando de las fuerzas armadas recae por ley en el presidente de la república, es decir, en un civil.

Cabe precisar que la Guardia Nacional con un carácter civil estipulada en la Fracción XV del artículo 73 constitucional, otorga la facultad al Congreso de organizarla, armarla y disciplinarla, reservando a los ciudadanos que la formen, el nombramiento de jefes y oficiales, en tanto las entidades federativas tienen la facultad de instruirla; empero, ese contrapeso nunca se ha implementado.

Por otra parte y aunque con un enorme retraso a fin de no incomodar al sexenio que fenece, el pasado jueves 15 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional a la Ley de Seguridad Interior del gobierno peñista, argumentando que la Constitución limita a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad nacional, así como que el Congreso no está facultado para legislar en materia de seguridad interior; no obstante, con su propuesta de Guardia Nacional Militar, el futuro gobierno federal pretende sobreponerse a esta discusión.

Diversas experiencias nacionales allende nuestras fronteras, han demostrado la virtud de que incuso el mando de las secretarías o ministerios de Defensa, estén en manos civiles, como una forma tanto física como simbólica de evidenciar que la toma de decisiones en la materia enfrenta el contrapeso de la política; es decir, que se tiene presente la obligación de asumir que antes de la violencia física, se debe recurrir a los mecanismos del diálogo y la conciliación, a fin de encontrar en las diferencias sociales, los puntos de confluencia que hagan posible la convivencia constructiva.

Afortunadamente el Plan Nacional de Paz y Seguridad contempla otros aspectos fundamentales para pacificar al país, como el combate a la corrupción en el seno de las instituciones de gobierno; garantizar empleo, salud, educación y bienestar a los más pobres; respeto y promoción de los derechos humanos; la regeneración ética, que imprescindiblemente debe comenzar por la clase gobernante; reformular la prohibición de las drogas; adopción de modelos transicionales de justicia; así como la citada reorientación de la labor de las fuerzas armadas en temas de seguridad púbica.

Frente a la crisis de inseguridad en el país, así como de la evidente debilidad de las fuerzas civiles en estados y municipios para hacer frente al caos; sería plausible que además de la referida reorientación de las fuerzas militares en las tareas de seguridad pública, cuya participación directa debería ser temporal, lo cual comprometería a establecer objetivos por cumplir en tiempos específicos, se emprendiera una tarea profunda de saneamiento y fortalecimiento institucional, que rebase el ámbito de las buenas intenciones a título personal.

La violencia exacerbada que enfrenta el país genera miedo, y el miedo inacción individual y colectiva, de tal forma que militarizar aún más el espacio de lo civil no parece ser el mejor camino para fortalecer las redes vecinales; es deseable que ni por acción ni por omisión, el nuevo gobierno contribuya a la generación de más temor entre la población, pues la inacción civil es el caldo de cultivo para la corrupción, y ésta junto con la impunidad, el móvil de muchos de los problemas que nos aquejan.

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